El déficit de jueces y magistrados como factor limitante de la eficacia judicial en el Ecuador (2015–2025)

Resumen

La demora en los procesos judiciales y la insuficiencia de jueces representan una problemática que afecta la celeridad procesal y la eficacia de la administración de justicia, generando congestión procesal, retrasos en la resolución de los casos y una percepción negativa sobre el funcionamiento del sistema judicial. La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la insuficiencia de jueces y la rapidez en la resolución de los procesos judiciales, con la finalidad de determinar si la falta de operadores judiciales incide en la demora procesal y en la eficacia del sistema de justicia. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo–correlacional, con diseño no experimental y de corte transversal, orientado a analizar la percepción de los actores vinculados al sistema judicial. La población estuvo conformada por usuarios del sistema judicial y profesionales del derecho, a quienes se aplicó un cuestionario estructurado mediante escala de Likert para evaluar percepciones sobre demora judicial, insuficiencia de jueces, carga procesal y eficacia judicial. Los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias y porcentajes para la interpretación de los resultados obtenidos. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los encuestados considera que los procesos judiciales se demoran demasiado, que existe insuficiencia de jueces en el país y que la falta de jueces afecta la rapidez en la resolución de los casos; asimismo, los participantes consideran que el incremento del número de jueces contribuiría a mejorar la eficacia judicial y reducir la congestión procesal. En conclusión, se determinó que la insuficiencia de jueces constituye un factor estructural que influye en la demora de los procesos judiciales y en la eficacia del sistema de justicia, por lo que resulta necesario fortalecer el recurso humano judicial, mejorar la gestión institucional y optimizar la distribución de la carga procesal para mejorar la eficiencia en la administración de justicia.