Criminalización de la protesta social en Ecuador: Análisis del caso Leonidas Iza durante las movilizaciones de junio de 2022

Resumen

La protesta social en Ecuador es considerada un derecho esencial que protege la democracia y la participación ciudadana. Este se encuentra reconocido internacionalmente y en la Constitución de 2008. Pese a ello, su ejercicio según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] 2020 y la Fundación INREDH (2023) ha sido cuestionado por la criminalización de manifestantes, especialmente de líderes sociales, como se evidenció en la protesta de octubre de 2019, donde hubo un total de 11 muertos, 1.300 heridos y 1.192 detenidos. La investigación analiza dicha criminalización a través del caso de Leonidas Iza, líder indígena procesado penalmente. Para alcanzar nuestro cometido se adoptó un enfoque cualitativo con análisis dogmático y de caso, revisando documentos jurídicos, sentencias, informes y prensa. Además, se examina tanto el marco normativo nacional como el internacional aplicables a la protesta, los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, 2020, p. 15) y las tensiones entre represión estatal y derechos fundamentales. Los resultados revelan una incorrecta aplicación del derecho penal para desarticular movimientos sociales, configurando delitos como sabotaje para justificar detenciones arbitrarias. La propuesta planteada permite concluir que el Estado ecuatoriano ha incumplido compromisos internacionales de derechos, priorizando la seguridad pública sobre las garantías individuales en materia de derechos humanos. Para contrarrestar la criminalización de la protesta, se recomienda reformar la normativa penal y fortalecer los mecanismos de protección de los defensores de derechos humanos. También se sugiere el equilibrio entre el orden público y las libertades ciudadanas.