Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 4 No. 9
Septiembre del 2023
Página 15
LUCES Y SOMBRAS EN LA JUSTICIA ECUATORIANA. EXPLORANDO LA CORRUPCIÓN
EN LA ACTUALIDAD.
LIGHTS AND SHADOWS IN THE ECUADORIAN JUSTICE. EXPLORING CORRUPTION
TODAY.
Autores: ¹Santiago Elías Cárdenas Villacrés, ²Mayeixi Melisa Pita Moreira, ³Hugo Hernán
Chavarrea Sela y
4
Isaac Alberto Cárdenas Villacrés.
¹ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7394-6839
²ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3604-1245
³ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9720-5106
4
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8044-9382
¹E-mail de contacto: lexmasterabogados@gmail.com
²E-mail de contacto: melisa-pita@hotmail.com
³E-mail de contacto: hernan1524@outlook.com
4
E-mail de contacto: iacvi@hotmail.com
Afiliación: ¹Presidente de compañía LEXMASTER ²*Presidenta de la Fundación FUNPIAFILD ³*Agente Fiscal de la provincia de los
Ríos (Ecuador)
Articulo recibido: 27 de Junio del 2023
Articulo revisado: 29 de Julio del 2023
Articulo aprobado: 31 de Agosto del 2023
¹Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República egresado de la Universidad Autónoma de Quito (Ecuador) posee 10 años de
experiencia. Investigador Jurídico y científico. Presidente de compañía LEXMASTER (Ecuador).
²Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República egresada de la Universidad de Guayaquil (Ecuador). Posee 7 años de experiencia
laboral. Posee una Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Tecnológica ECOTEC (Ecuador). Presidenta de la Fundación
FUNPIAFILD (Ecuador).
³Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República egresado de la Universidad de Guayaquil (Ecuador). Ex Agente Fiscal de la
provincia de los Ríos (Ecuador). Posee 22 años de experiencia laboral.
4
Investigador Criminológico, jurídico y de campo, estudiante de Criminología y Criminalística por la Universidad Tecnológica en Línea.
UTEL (México).
Resumen
Este artículo científico aborda la persistente
corrupción en el sistema judicial ecuatoriano. La
investigación incluye diversos participantes,
como ciudadanos, abogados, jueces y
funcionarios judiciales, con el propósito de
analizar la percepción de la corrupción,
identificar áreas problemáticas y sugerir
soluciones. La corrupción, influida por factores
políticos y económicos y la falta de transparencia,
afecta al sistema judicial. La percepción
generalizada y negativa de la corrupción se
refleja en que más del 60% considera un
problema serio y el 55% cree que afecta la
imparcialidad. Preocupaciones identificadas
incluyen falta de citación adecuada, aplicación
irregular de prisión preventiva y deficiencias en
jueces y fiscales. Factores que contribuyen a la
corrupción son falta de transparencia, influencia
política, baja remuneración y escasa supervisión.
Las soluciones propuestas abarcan programas de
formación ética, mayor transparencia en
selección de jueces, mejor remuneración y
fortalecimiento de mecanismos de control. Como
conclusión se determinó que la corrupción
judicial ecuatoriana afecta la imparcialidad, la
confianza y la democracia. La investigación
destaca la necesidad de reformas integrales para
combatir la corrupción y restaurar la confianza en
la justicia.
Palabras clave: Corrupción, Sistema judicial,
Administración pública, Transparencia,
Destitución, Jueces, Fiscales, Justicia.
Abstract
This scientific article addresses the persistent
corruption in the Ecuadorian judicial system.
The research includes various participants,
such as citizens, lawyers, judges and court
officials, with the purpose of analyzing the
perception of corruption, identifying problem
areas and suggesting solutions. Corruption,
influenced by political and economic factors
and a lack of transparency, affects the judicial
system. The widespread and negative
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perception of corruption is reflected in that
more than 60% consider it a serious problem
and 55% believe that it affects impartiality.
Identified concerns include lack of proper
summons, irregular application of pretrial
detention, and deficiencies in judges and
prosecutors. Factors that contribute to
corruption are lack of transparency, political
influence, low pay, and poor supervision. The
proposed solutions include ethics training
programs, greater transparency in the selection
of judges, better remuneration, and
strengthening of control mechanisms. As a
conclusion, it was determined that Ecuadorian
judicial corruption affects impartiality, trust
and democracy. The research highlights the
need for comprehensive reforms to combat
corruption and restore trust in justice.
Keywords: Corruption, Judicial system,
Public administration, Transparency,
Removal, Judges, Prosecutors, Justice.
Sumário
Este artigo científico aborda a corrupção
persistente no sistema judicial equatoriano. A
investigação inclui vários participantes, como
cidadãos, advogados, juízes e funcionários
judiciais, com o objetivo de analisar a perceção
da corrupção, identificar áreas problemáticas e
sugerir soluções. A corrupção, influenciada por
factores políticos e económicos e pela falta de
transparência, afecta o sistema judicial. A
percepção generalizada e negativa da corrupção
reflecte-se no facto de mais de 60% a
considerarem um problema grave e 55%
acreditarem que afecta a imparcialidade. As
preocupações identificadas incluem a falta de
intimações adequadas, aplicação irregular da
prisão preventiva e deficiências nos juízes e
procuradores. Os factores que contribuem para
a corrupção são a falta de transparência,
influência política, baixos salários e má
supervisão. As soluções propostas incluem
programas de formação em ética, maior
transparência na seleção dos juízes, melhor
remuneração e fortalecimento dos mecanismos
de controle. Como conclusão, determinou-se
que a corrupção judicial equatoriana afeta a
imparcialidade, a confiança e a democracia. A
investigação destaca a necessidade de reformas
abrangentes para combater a corrupção e
restaurar a confiança na justiça.
Palavras-chave: Corrupção, Sistema
Judiciário, Administração Pública,
Transparência, Destituição, Juízes,
Promotores, Justiça.
Introducción
La corrupción, un fenómeno que trasciende
fronteras, se convierte en un flagelo que arroja
su sombra sobre diversos estratos de la
sociedad, y uno de sus blancos más perniciosos
es el sistema judicial. En Ecuador, esta
problemática ha persistido como una inquietud
constante, arraigándose en los cimientos
mismos de la administración de justicia. El
propósito de este estudio radica en la detenida
exploración de la envergadura de la corrupción
en el entramado judicial ecuatoriano, en la
identificación aguda de sus múltiples
manifestaciones y en la meticulosa disección de
sus repercusiones en la administración de
justicia y la fe que los ciudadanos depositan en
ella.
A lo largo de los años, Ecuador ha encarado la
ominosa presencia de la corrupción en su
sistema judicial. En este escenario, el estudio
persigue el noble fin de arrojar luz sobre el
alcance de este flagelo en el contexto judicial
del país. Revelar su ámbito de acción y sus
distintas manifestaciones es crucial para
entender cómo mina las bases mismas de la
justicia, sutil pero inequívocamente. El
despliegue de sobornos, el insidioso tráfico de
influencias, el nepotismo descarado y otras
formas de corrupción se han filtrado en el tejido
de las instituciones encargadas de salvaguardar
la equidad y la imparcialidad en la toma de
decisiones judiciales.
Una consecuencia directa de esta infiltración
corrupta es la erosión insidiosa de la
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credibilidad y confianza que los ciudadanos
depositan en el sistema judicial. A medida que
el velo de la corrupción se cierne sobre las
decisiones judiciales, el pilar mismo de la
justicia se tambalea. La confianza de la
ciudadanía en la integridad de las instituciones
judiciales se desgasta, cuestionando la esencia
misma del Estado de derecho. La autenticidad
de cada fallo y resolución queda potencialmente
en entredicho, creando una brecha entre las
aspiraciones de justicia y su ejecución real.
La corrupción judicial no es simplemente un
conjunto de incidentes aislados, sino una trama
compleja y arraigada que requiere un abordaje
riguroso. La argumentación legal y la
justificación sólida de las decisiones judiciales
se ven amenazadas, y la confianza en que el
derecho prevalecerá se desdibuja (Cárdenas
Villacrés S. E., 2020). Este estudio surge como
un faro de esperanza en la lucha contra la
corrupción, proyectando un camino hacia la
transparencia, la ética y la restauración de la
integridad en el sistema judicial ecuatoriano.
Desarrollo
La corrupción.
De acuerdo con Soto (2003), la corrupción es un
enigma oscuro que penetra en los cimientos de
la integridad ética y desgarra los principios
fundamentales que sostienen un sistema. Se
erige como un proceso maquinado con
deliberación y guiado por intenciones egoístas,
que busca minar no solo los valores morales
esenciales, sino también el funcionamiento
idóneo de una estructura establecida. Este
complejo fenómeno tiende a enredarse con la
transgresión de las leyes y a manipular a otros
para ejecutar actos ilícitos en busca de beneficio
personal.
A menudo, la corrupción encuentra su hogar en
el ámbito político, donde actores avivados por
deseos de poder y enriquecimiento ilícito se
sumergen en sus tramas. Esta manifestación es
la más evidente y vistosa, alimentando una
narrativa que vincula corrupción con escándalos
y esquemas de soborno. Sin embargo, no
debemos caer en el error de pensar que sus
garras solo alcanzan a ese rincón. Las
implicaciones de la corrupción van mucho más
allá de las esferas políticas y la obtención de
riqueza a través de medios ilegales (Miranzo
Diaz, 2018).
Según un documento elaborado por la
INTERPOL (2023) expone que la corrupción es
una sombra que se extiende de muchas maneras,
adoptando distintos rostros y desplegándose en
variados escenarios. Su naturaleza versátil
permite que se manifieste en diversas formas,
cada una de las cuales proyecta un reflejo de los
motivadores subyacentes que impulsan sus
raíces. Entre las múltiples facetas que puede
adoptar, destaca la corrupción política,
económica, sexual y más, todas arraigadas en
los impulsos poderosos del poder, el dinero y el
deseo sexual.
La corrupción política, una de las expresiones
más visibles, surge cuando los agentes públicos,
en busca de favores y oportunidades,
transgreden la confianza que la sociedad les ha
conferido. Los vínculos entre el poder y la
corrupción son inextricables, ya que el acceso a
decisiones y recursos puede cegar a los
individuos a los valores éticos y llevarlos por el
camino de la manipulación y el soborno. Este
tipo de corrupción erosiona la integridad de las
instituciones democráticas, minando la
representación genuina y debilitando la voz del
pueblo (Cárdenas Villacrés S. E., 2023).
De lo expuesto se define que la corrupción es un
problema grave que puede afectar a todos los
niveles de la sociedad y tener consecuencias
negativas en muchos aspectos de la vida. Puede
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erosionar la confianza en las instituciones,
distorsionar la toma de decisiones, envenenar la
justicia y socavar la equidad. En el ámbito
empresarial, puede llevar a prácticas
comerciales injustas y amenazar la sana
competencia. En el plano social, puede
perpetuar desigualdades y trastocar la noción
misma de equidad. Es importante tomar
medidas para combatir la corrupción y
promover la transparencia y la integridad en
todas las esferas de la sociedad.
La corrupción no solo se trata de un conjunto de
actos aislados, sino de un sistema que se
autoalimenta y perpetua. La consecuencia
directa es el deterioro de la confianza ciudadana
en las instituciones y en la misma noción de
justicia. El tejido social se resquebraja, y la
esperanza en un sistema en el que se espera que
prevalezcan la justicia y la equidad se
desvanece.
Por otro lado, la corrupción económica es un
virus que socava los cimientos de la
competencia justa y el crecimiento sostenible.
Aquí, el deseo de enriquecimiento a menudo
supera los límites legales y éticos, dando lugar
a prácticas comerciales desleales, fraudes
financieros y evasión fiscal. Esta forma de
corrupción distorsiona mercados, perpetúa
desigualdades y debilita el tejido económico de
una nación.
En una nota más oscura, la corrupción sexual
involucra la explotación de posiciones de poder
para obtener gratificaciones sexuales indebidas
o coercitivas. Este tipo de corrupción no solo
viola la dignidad y la autonomía de las personas,
sino que también socava el equilibrio de poder
y la confianza en las instituciones. Además,
puede tener consecuencias devastadoras para
las víctimas, generando un entorno de
impunidad y silencio.
Según López Jara (2018), un aspecto alarmante
es cómo la corrupción establece una plataforma
para actividades delictivas aún más serias. La
colusión entre funcionarios públicos corruptos
y delincuentes organizados crea un caldo de
cultivo para el crimen organizado, el tráfico de
drogas, la trata de personas e incluso el
terrorismo. La connivencia y la complicidad de
funcionarios permeados por la corrupción
allanan el camino para que los criminales
operen con relativa impunidad, desgarrando el
tejido social y amenazando la seguridad
nacional.
La corrupción en el sistema judicial
ecuatoriano.
La corrupción en Ecuador es un problema
generalizado y en constante crecimiento. Se
manifiesta en la conducta de los funcionarios
públicos, jueces y fiscales que supuestamente
aceptan sobornos a cambio de impunidad.
(Cárdenas Villacrés S. E., 2023). En la difusión
de la corrupción en el ámbito judicial
ecuatoriano han intervenido diversos factores.
Entre estos, resalta la injerencia política y
económica, que se ha mantenido como una
preocupante constante. La influencia ejercida
por grupos influyentes y la manipulación de
determinaciones judiciales en aras de intereses
personales o partidistas han minado la
independencia de los jueces y la integridad de
sus dictámenes.
Existen también múltiples motivos que
impulsan la corrupción entre los funcionarios
judiciales en Ecuador, los cuales varían según
las circunstancias de cada caso. Entre estos
motivos se incluye la búsqueda de ganancias
personales o grupales, la presión ejercida por
actores internos o externos, la carencia de
controles efectivos y la adopción de prácticas
corruptas como parte de la cultura
organizacional o social. Estos elementos
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pueden influir en la decisión de involucrarse en
actos corruptos y contribuyen a la persistencia
de este problema en el sistema judicial (Basabe-
Serrano, 2003).
Por otra parte, la lentitud y falta de
transparencia en los procesos judiciales han
proporcionado un caldo de cultivo para la
corrupción. La lentitud en el despacho de
determinados casos de acuerdo con su
naturaleza y en la toma de decisiones ha
fomentado la percepción de que las
resoluciones se obtienen mediante influencias
indebidas (Pastrana Valls, 2019).
La impunidad ante los actos corruptos dentro
del sistema judicial ha erosionado los incentivos
para abordar esta problemática, dado que la
ausencia de responsabilidad legal para aquellos
involucrados en tales prácticas ha engendrado
un ciclo en el cual los individuos corruptos se
sienten resguardados, perpetuando de este
modo la corrupción. Esta corrupción arraigada
en el sistema judicial ecuatoriano tiene
repercusiones que trascienden a toda la
sociedad, minando la confianza en la
imparcialidad de la justicia y minando los
cimientos de la democracia y el Estado de
derecho, lo que a su vez suscita una
desconfianza generalizada en las instituciones
públicas. Además de esto, la corrupción
presente en el ámbito judicial afecta de manera
directa la salvaguardia de los derechos y
garantías establecidos de los ciudadanos
establecidos en la y la equitativa aplicación de
la ley (Cárdenas Villacrés S. E., 2021).
La corrupción puede estar arraigada en la
cultura y las normas sociales de una sociedad, si
la corrupción es tolerada o incluso aceptada en
ciertos círculos, es más probable que se filtre en
instituciones como el sistema judicial. Debido a
esto, la adaptación o la imitación de prácticas
corruptas, que se convierten en parte de la
cultura organizacional o social. Algunos
servidores judiciales pueden asumir que la
corrupción es algo normal, natural o inevitable
en el sistema judicial, y que para sobrevivir o
progresar en él hay que seguir las reglas no
escritas o los códigos informales que rigen el
comportamiento de sus miembros (Morales
Inga y Morales Tristán, 2022).
Por lo expuesto anteriormente y consiente de
esta problemática, Ecuador ha establecido
instituciones clave, como la Fiscalía General del
Estado y la Defensoría del Pueblo, para
combatir la corrupción en todas las esferas
gubernamentales, incluyendo el sistema
judicial. A través de la Resolución No. 190-
2021 (Consejo de la Judicatura, 2023) y a la Ley
Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de
la Función Judicial, difundida en el Suplemento
del Registro Oficial No. 345 el 8 de diciembre
de 2020 (en su artículo 45), estableció la
formación de jueces y juezas especializados con
la finalidad de llevar a cabo el enjuiciamiento
de los delitos asociados con la corrupción y la
actividad criminal organizada. Corte Nacional
de Justicia (2023) se creó la Unidad Judicial y
el Tribunal de Garantías Penales
Especializados, dedicados a abordar delitos
relacionados con la corrupción y el crimen
organizado. Estos tribunales especializados
tendrán jurisdicción a nivel nacional y tienen su
base de operaciones en la ciudad de Quito.
El Consejo de la Judicatura, ha introducido
programas de formación y ética destinados a
jueces, fiscales y otros actores judiciales para
fomentar la integridad en sus decisiones.
Además, se han instaurado mecanismos
internos de control y supervisión que buscan
evitar la corrupción y garantizar la
responsabilidad de los funcionarios judiciales.
Se ha incentivado la participación activa de la
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sociedad civil en la supervisión del sistema
judicial, a fin de identificar y denunciar casos de
corrupción (UAFE, 2021).
Casos de corrupción en el sistema judicial.
Sin embargo, y pese a las acciones tomadas, la
corrupción en el sistema judicial ecuatoriano es
una realidad, convirtiéndose en un problema
grave que afecta a la democracia, el estado de
derecho, los derechos humanos y el desarrollo
del país. Según algunos estudios y reportes, el
sistema judicial ecuatoriano presenta altos
niveles de corrupción, impunidad, politización,
ineficiencia e injerencia de otros poderes del
estado. Algunos ejemplos de la situación de la
corrupción en el sistema judicial ecuatoriano
son los siguientes:
➢ En 2018, el Departamento de Estado de los
Estados Unidos publicó un informe sobre
los derechos humanos en Ecuador, en el
que señaló que “el débil poder judicial y la
falta de capacidad de investigación de las
agencias de control gubernamentales
contribuyen a la existencia de una
atmósfera de impunidad”. El informe
también identificó la presencia de
“corrupción y negación del debido
proceso” en el sistema judicial ecuatoriano
(Chevron Corp, 2015).
➢ En 2019, una investigación académica
analizó la corrupción en el sistema judicial
ecuatoriano a partir de una revisión de
literatura y entrevistas a expertos y actores
clave. El estudio concluyó que la
corrupción en el sistema judicial es un
fenómeno complejo y multidimensional,
que se manifiesta en diferentes formas y
niveles, y que tiene diversas causas y
consecuencias. El estudio también propuso
algunas recomendaciones para combatir la
corrupción en el sistema judicial, como
fortalecer la independencia judicial,
mejorar la transparencia y la rendición de
cuentas, promover la participación
ciudadana y la educación jurídica, y
sancionar efectivamente los actos de
corrupción (Erazo Macías, 2019).
➢ En 2021, el Consejo de la Judicatura
recibió 979 denuncias ciudadanas sobre
presuntos actos de corrupción de servidores
judiciales. De ese total, el Consejo
destituyó a 66 funcionarios, entre ellos 11
jueces, 5 notarios, 4 fiscales y 2 defensores
públicos. También presentó 30 denuncias y
cuatro acusaciones particulares en la
Fiscalía, que originaron siete procesos
judiciales y dos causas penales contra
funcionarios judiciales (Plan V, 2021).
➢ De acuerdo con Borja (2022), entre marzo
de 2019 y mayo de 2022, tuvieron lugar 24
procedimientos legales dirigidos a jueces
de distintos niveles, así como 30
procedimientos contra fiscales. Dentro de
estos casos, 5 estuvieron relacionados con
acusaciones de enriquecimiento ilícito, 3
por concusión (solicitud indebida de pagos
o imposición de requisitos injustos), 2 por
asociación ilícita y concusión, 1 por
falsificación y uso de documentos falsos, 1
por violación de sistemas informáticos, 1
por oferta de tráfico de influencias, 1 por
tráfico de influencias y finalmente, 1 por
cohecho. Todos estos delitos se encuentran
tipificados en el Código Orgánico Integral
Penal, como delitos contra la eficiente
administración pública. Como resultado, se
destituyó a 5 jueces (1,22% del total) y un
fiscal (o,1% del total), cifra que representa
una proporción mínima frente al conjunto
de 1954 jueces y 874 fiscales que
conforman el sistema legal del Ecuador, lo
que en la percepción de la ciudadanía
genera impunidad.
➢ Según el Consejo de la Judicatura (2023),
dentro del contexto de las disciplinas
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judiciales y en pleno respeto a la autonomía
de la judicatura, durante el año 2022, se
llevó a cabo la destitución de 77
profesionales ligados al ámbito judicial.
Esta cifra incluyó a 29 jueces, 6 fiscales y
2 notarios. Además, otras 231 personas
desempeñando funciones en esta esfera
fueron objeto de diversas medidas
disciplinarias, tales como multas,
suspensiones temporales de sus cargos y
amonestaciones por escrito, entre otros
ejemplos.
Declaratoria previa de dolo, negligencia
manifiesta o error inexcusable de los servidores
judiciales.
De acuerdo con la resolución emanada de la
Corte Nacional de Justicia (2023), se ha
establecido mediante la sentencia No. 3-19-
CN/20 de la Corte Constitucional que la
aplicación del artículo 109 numeral 7 del
(Código Orgánico de la Función Judicial,
2023), se encuentra en consonancia con los
preceptos constitucionales. Esto procede
siempre y cuando se cumpla con el requisito de
efectuar una declaración jurisdiccional
debidamente fundamentada, en la cual se
constate la presencia de conductas dolosas,
notorias negligencias o errores inexcusables
cometidos por parte de un magistrado, fiscal o
defensor público. Es importante destacar que
esta declaración debe ser emitida por un juez o
tribunal que ostente un nivel superior inmediato
respecto al órgano que está conociendo del
recurso en cuestión.
En otras palabras, para que se active el
procedimiento contemplado, es esencial que se
demuestre con suficientes argumentos la
existencia de actuaciones dolosas, negligentes o
gravemente erróneas por parte de un juez, fiscal
o defensor público, previo al inicio del proceso
administrativo en el seno del Consejo de la
Judicatura.
En armonía con la clarificación y ampliación
posterior por parte de la Corte Constitucional,
con el propósito de salvaguardar la garantía
administrativa en los procesos tanto actuales
como venideros, y con la finalidad de evitar
vacíos en la tramitación de estos
procedimientos, se establece que la Corte
Nacional de Justicia asume la responsabilidad
de identificar, tras una convocatoria dispuesta
por su Presidente o Presidenta y mediante una
resolución adoptada por el Pleno, cuál autoridad
jurisdiccional estará encargada de emitir la
mencionada declaración jurisdiccional,
debidamente fundamentada, sobre la presencia
de dolo, notoria negligencia o error inexcusable
por parte de un juez, fiscal o defensor público.
Esta determinación es especialmente relevante
en los casos en que el diseño organizativo del
sistema procesal no establezca de manera clara
quién ostenta la superioridad jerárquica en
términos jurisdiccionales.
Asimismo, se prevé que la Corte Nacional de
Justicia emita normativas transitorias con el
propósito de agilizar el proceso de emisión de la
declaración jurisdiccional y su posterior
notificación al Consejo de la Judicatura.
La Resolución No. 04-2023 establece el
procedimiento para la emisión de la declaración
jurisdiccional previa de la existencia de dolo,
negligencia manifiesta o error inexcusable por
parte de un juez, fiscal o defensor público, antes
del eventual inicio del sumario administrativo
en el Consejo de la Judicatura, con el fin de
garantizar el derecho a la seguridad jurídica y el
debido proceso.
Por consiguiente, esta resolución ratifica que la
declaración jurisdiccional anticipada debe ser
proferida por un juez o tribunal que posea un
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nivel superior inmediato con respecto al ente
que conoce el recurso en cuestión. Cabe
destacar que tanto el demandante como el
demandado no tienen la facultad de promover,
presentar solicitudes, modificar o adjuntar
nuevos elementos en el curso de la declaración
jurisdiccional previa. Adicionalmente, el
Tribunal Superior está facultado para requerir la
documentación correspondiente al proceso que
motiva la solicitud.
Metodología.
La corrupción en el sistema judicial representa
una seria amenaza para la imparcialidad y
objetividad en la toma de decisiones judiciales,
erosionando de manera significativa la
confianza en el Estado de derecho.
Investigaciones previas han arrojado luz sobre
diversos casos de corrupción en el sistema
judicial ecuatoriano, lo que subraya la urgente
necesidad de abordar este problema de manera
integral y decisiva. Además, se ha constatado
que la corrupción en el ámbito judicial puede
tener un impacto profundo en la distribución
equitativa de recursos, la salvaguardia de
derechos fundamentales y la accesibilidad a la
justicia para todos los ciudadanos.
Para abordar esta problemática de manera
rigurosa, se implementó una metodología
basada en un enfoque mixto de investigación
que combinó métodos cuantitativos y
cualitativos. La población bajo estudio abarcó a
jueces, abogados, litigantes y ciudadanos en
general con experiencia directa o indirecta en el
sistema judicial ecuatoriano. La selección de la
muestra se realizó mediante un proceso
aleatorio estratificado que tuvo en cuenta a
varios cantones de la provincia del Guayas.
En el proceso de recopilación de datos, se
emplearon dos enfoques complementarios. Por
un lado, se aplicaron encuestas estructuradas
que evaluaron de manera sistemática la
percepción de corrupción en el sistema judicial
y el nivel de confianza en sus instituciones.
Estas encuestas se basaron en escalas de
medición validadas, asegurando así la
consistencia y la objetividad en la recopilación
de información. Por otro lado, se llevaron a
cabo entrevistas semiestructuradas que
permitieron adentrarse en perspectivas más
profundas y detalladas sobre los mecanismos
subyacentes y las causas fundamentales de la
corrupción en el ámbito judicial.
Este enfoque metodológico integral ha
proporcionado una comprensión holística de la
corrupción en el sistema judicial ecuatoriano.
Los datos cuantitativos y cualitativos
recopilados han arrojado luz sobre la magnitud
del problema, así como sobre sus implicaciones
en la equidad, la justicia y la confianza en las
instituciones gubernamentales. Al abordar tanto
la percepción como las causas profundas de la
corrupción judicial, esta investigación se
presenta como un paso crucial hacia la
identificación de soluciones efectivas y el
fortalecimiento del sistema judicial para
restaurar la imparcialidad y la confianza en el
Estado de derecho en Ecuador.
Resultados y Discusión
Los resultados de una encuesta realizada a
diferentes segmentos de la sociedad, en la
ciudad de Guayaquil, Durán, Samborondón y
Daule, provincia del Guayas, incluyendo el
público en general, abogados, jueces y
servidores judiciales, con el objetivo de analizar
su opinión y perspectiva acerca de la corrupción
en el sistema judicial ecuatoriano. La encuesta
fue diseñada para evaluar la percepción actual
de corrupción, identificar áreas de preocupación
y proponer posibles medidas para abordar este
problema en el sistema judicial.
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La encuesta se llevó a cabo entre el 01 de mayo
y 31 de julio de 2023 a través de métodos en
línea y presenciales. Se recopilaron un total de
165 respuestas válidas, distribuidas de la
siguiente manera: Ciudadanía: 100 respuestas;
Abogados: 40 respuestas; Jueces: 5 respuestas;
Servidores Judiciales: 10 respuestas.
Ilustración 1 Numero de encuestados en la
investigación.
Fuente: Los autores.
La encuesta contenía preguntas cerradas y
abiertas, y abordó temas relacionados con la
percepción de corrupción, ejemplos de
situaciones corruptas, factores que contribuyen
a la corrupción y posibles soluciones.
Resultados
La mayoría de los participantes manifestaron
tener una percepción negativa de la corrupción
en el sistema judicial ecuatoriano.
Tabla 1 Percepción de Corrupción.
Preguntas
Si
No
Considera que la corrupción es un
problema serio en el sistema judicial.
60%
40%
Cree que la corrupción afecta la
imparcialidad de los fallos judiciales.
55%
45%
Cree que la corrupción es más
prevalente en casos de alta
repercusión pública.
30%
70%
Fuente: Los autores.
Las áreas identificadas como más propensas a
la corrupción según los encuestados incluyen.
Tabla 2 Áreas de Preocupación.
Preguntas
Si
No
La constante falta de citación a los
demandados por “falta de
información” en la dirección
proporcionada.
52%
48%
Las medidas alternativas a la prisión
preventiva dictadas a favor de
procesados de alta peligrosidad, y la
aplicación de la prisión preventiva sin
contar con suficientes elementos de
convicción. La falta de motivación en
las resoluciones que dictan la prisión
preventiva.
63%
37%
Criterio dividido en la resolución de
causas análogas y demora en el
despacho de las causas sin
justificación.
40%
60%
Falta de conocimiento, desarrollo
académico y experiencia de los jueces
para dirigir las audiencias.
40%
60%
Falta de conocimiento y experticia de
los fiscales para desarrollar de forma
adecuada las investigaciones debido a
los múltiples cambios de especialidad.
52%
48%
Fuente: Los autores.
Los encuestados identificaron los siguientes
factores que contribuyen a la corrupción en el
sistema judicial.
Tabla 3 Factores que Contribuyen a la Corrupción.
Si
No
20%
80%
35%
65%
10%
90%
38%
62%
60%
40%
70%
30%
65%
35%
Fuente: Los autores.
Los encuestados identificaron los siguientes
factores que contribuyen a la corrupción en el
sistema judicial.
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Tabla 4 Factores que Contribuyen a la Corrupción.
Preguntas
Si
No
Falta de transparencia en los procesos
judiciales
20%
80%
Influencia política en la toma de
decisiones judiciales.
35%
65%
Baja remuneración de jueces y
servidores judiciales.
10%
90%
Escasa supervisión y rendición de
cuentas.
38%
62%
Influencia externa ejercida por grupos
de delincuencia organizada
60%
40%
Influencia ejercida por abogados
corruptos.
70%
30%
Influencia ejercida por funcionarios
judiciales corruptos.
65%
35%
Fuente: Los autores.
Según los encuestados los factores que mas
contribuyen a la corrupción son la influencia
externa ejercida por grupos de delincuencia
organizada, la influencia ejercida por abogados
corruptos y la influencia ejercida por
funcionarios judiciales corruptos.
Tabla 5 Posibles Soluciones
Preguntas
Si
No
Implementación de programas de
formación ética para jueces y
servidores judiciales.
60%
40%
Mayor transparencia en la
selección y promoción de jueces.
70%
30%
Incremento de la remuneración y
beneficios para los profesionales
del sistema judicial.
10%
90%
Fortalecimiento de mecanismos
de control y supervisión
independientes.
50%
50%
Implementación de la modalidad
de jueces y fiscales sin rostro en
las audiencias de calificación de
flagrancia.
45%
55%
Fuente: Los autores.
Los participantes sugirieron diversas medidas
para abordar la corrupción en el sistema judicial
considerando que debería haber una mayor
transparencia en la selección y promoción de
jueces y deberían implementar programas de
formación ética para jueces y servidores
judiciales.
Limitaciones
Es importante tener en cuenta que los resultados
de esta encuesta se basan en la percepción de los
participantes y pueden estar sujetos a sesgos
individuales. Además, la muestra puede no ser
totalmente representativa de toda la población
involucrada en el sistema judicial ecuatoriano
Los resultados revelaron que un porcentaje
significativo de participantes percibía la
presencia de corrupción en el sistema judicial
ecuatoriano. Se identificaron patrones de
favoritismo, influencias políticas y solicitudes
de sobornos que afectaban la toma de decisiones
judiciales. Además, se observó una correlación
entre la percepción de corrupción y la
disminución de la confianza en el sistema
judicial.
Discusión
Un análisis exhaustivo de la percepción de
corrupción en el sistema judicial ecuatoriano ha
arrojado resultados de alta relevancia que
reflejan una profunda inquietud en diversos
sectores de la sociedad. Los datos recopilados a
través de encuestas realizadas en las localidades
de Guayaquil, Durán, Samborondón y Daule,
pertenecientes a la provincia del Guayas, han
brindado una visión minuciosa sobre cómo se
percibe la corrupción en el sistema judicial, así
como las áreas que presentan margen de mejora.
Uno de los aspectos más notorios consiste en la
generalizada percepción negativa acerca de la
corrupción en el sistema judicial. Los resultados
indican que el 60% de los participantes en las
encuestas considera la corrupción como un
problema de considerable magnitud en el
sistema judicial, resaltando así la seriedad del
asunto. Además, más del 55% de los
encuestados sostiene la opinión de que la
corrupción impacta negativamente en la
imparcialidad de las decisiones judiciales, lo
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que insinúa que la confianza en la equidad del
sistema podría verse debilitada debido a la
percepción de parcialidad.
Otra inquietud de peso radica en la
identificación de áreas propensas a la
corrupción. Las respuestas proporcionadas por
los encuestados señalan problemáticas como la
insuficiente citación de los demandados, la
aplicación irregular de la prisión preventiva,
demoras injustificadas en el avance de los casos
y la carencia de competencia y experiencia por
parte de jueces y fiscales. Estos hallazgos
apuntan hacia una serie de desafíos
estructurales en el sistema judicial que
demandan abordaje para garantizar su
integridad.
Los factores subyacentes que contribuyen a la
corrupción también han sido identificados por
los participantes en las encuestas. Aspectos
tales como la falta de transparencia en los
procedimientos judiciales, la influencia política
en la toma de decisiones, las retribuciones bajas
para jueces y profesionales judiciales, junto con
la supervisión insuficiente y la carencia de
rendición de cuentas, son elementos señalados
como factores fomentadores de la corrupción.
Estos aspectos subrayan la necesidad de
implementar reformas tanto en la cultura
institucional como en las condiciones laborales
del sistema judicial.
En lo concerniente a las soluciones viables, las
recomendaciones formuladas por los
participantes apuntan hacia un enfoque integral
para atender el problema de la corrupción. Entre
las propuestas más destacadas se incluyen la
instauración de programas de formación ética
destinados a jueces y profesionales judiciales, la
transparencia en los procesos de selección y
ascenso de jueces, mejoras en los niveles de
remuneración y beneficios, así como el
fortalecimiento de mecanismos de control y
supervisión independientes. Estas medidas se
destacan como imperativas para promover la
integridad del sistema judicial.
Las conclusiones preliminares de esta
investigación poseen un peso sustancial. Los
resultados exponen una concordancia en la
percepción de la corrupción y las áreas de
inquietud entre diversos grupos encuestados.
Además, las propuestas de solución indican la
importancia de la educación, la ética y la
transparencia como fundamentos esenciales
para incrementar la efectividad del sistema
judicial en Ecuador. Sin embargo, es imperativo
reconocer las limitaciones inherentes a la
encuesta, incluyendo posibles sesgos
individuales y la falta de representatividad en la
muestra.
Esto subraya la necesidad de implementar
reformas integrales para encarar el desafío de la
corrupción en el sistema judicial ecuatoriano.
Estas reformas deben reforzar la independencia
de los jueces, aumentar la transparencia en los
procesos y asegurar una sanción efectiva para
los actos de corrupción. Adicionalmente, se
resalta la importancia de fomentar una cultura
ética en el sistema judicial y promover la
participación ciudadana en su supervisión.
Proyección para combatir la corrupción.
Para (Cárdenas Villacrés S. E., 2023), la
rectificación de comportamientos corruptos
entre los funcionarios del sistema judicial de
Ecuador se erige como un reto significativo,
aunque se puede abordar mediante acciones
efectivas. En adelante, se presentan algunas
sugerencias para llevar a cabo este proceso:
Se hace imprescindible fomentar una cultura
arraigada en ética y valores dentro del sistema
judicial. Esto conlleva la instauración de
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programas de formación continua que aborden
tópicos como integridad, imparcialidad,
responsabilidad y rendición de cuentas. Estas
capacitaciones deben abarcar la identificación y
prevención de actos de corrupción, así como la
integridad en la toma de decisiones judiciales.
Resulta esencial la creación de canales seguros
y confidenciales para que tanto los ciudadanos
como los propios funcionarios judiciales
puedan denunciar actos de corrupción sin temor
a represalias. Estos canales deben ser
accesibles, transparentes y eficientes,
incorporando salvaguardias para los
denunciantes.
La colaboración con organizaciones
internacionales especializadas en la lucha
contra la corrupción puede brindar una valiosa
contribución. Ecuador puede aprovechar la
experiencia y los recursos de tales
organizaciones para robustecer sus estrategias
de depuración en el sistema judicial, recibiendo
asesoramiento técnico en la implementación de
las mejores prácticas.
En delitos de alta peligrosidad o en los que se
vean comprometidos graves intereses se sugiere
Instauración de Identidades Resguardadas en el
Sistema Judicial Ecuatoriano"
La propuesta de "Transparencia Judicial" tiene
como finalidad salvaguardar la probidad y la
imparcialidad en el sistema judicial ecuatoriano
al implementar un enfoque de identidades
resguardadas para jueces y fiscales. Este
enfoque tiene el propósito de garantizar la
integridad y seguridad de los profesionales del
ámbito judicial, asegurando que puedan
desempeñar sus funciones de manera
independiente y justa, sin el riesgo de enfrentar
represalias o presiones indebidas provenientes
de acusados o grupos delictivos involucrados en
los casos.
Esta iniciativa busca fomentar un ambiente
propicio para el correcto ejercicio de la justicia,
donde los jueces y fiscales puedan actuar de
manera imparcial y objetiva, sin estar
influenciados por factores externos. La
adopción de identidades resguardadas asegura
que los profesionales judiciales no sean
identificados públicamente, reduciendo así las
posibilidades de intimidación o represalias que
podrían afectar su labor.
Al implementar este enfoque de identidades
resguardadas, se promueve la confianza en el
sistema judicial, ya que se elimina la
preocupación de los profesionales por su
seguridad personal y se evita la interferencia
indebida en su toma de decisiones. Esto
contribuye a la promoción de un sistema
judicial sólido y confiable, en el que las
decisiones y las sentencias se basen
exclusivamente en la evidencia y el derecho, sin
ser influenciados por consideraciones externas.
Conclusiones
Las conclusiones del estudio revelan un
panorama ampliamente pesimista y
generalizado en relación con la corrupción en el
sistema judicial ecuatoriano. Más del 60% de
los participantes identifican la corrupción como
un problema grave en el ámbito judicial, y el
55% considera que esta afecta la imparcialidad
de las decisiones judiciales. Las áreas
particularmente vulnerables a la corrupción
abarcan desde fallos inconsistentes en la
aplicación de medidas como la prisión
preventiva hasta deficiencias en la citación de
los demandados. Estas problemáticas también
están asociadas a la carencia de conocimientos
y experiencia por parte de jueces y fiscales.
Los motores que impulsan la corrupción en el
sistema judicial se reconocen en la opacidad de
los procedimientos, la influencia política en las
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decisiones judiciales, la remuneración
insuficiente de los profesionales en el ámbito
legal y la falta de supervisión y rendición de
cuentas. Frente a estas constataciones, los
participantes del estudio sugieren respuestas
como la instauración de programas de
formación ética, una selección y promoción de
jueces más transparente, mejores
compensaciones y beneficios, así como el
fortalecimiento de mecanismos de control
independientes.
En última instancia, el estudio enfatiza la
urgente necesidad de abordar la corrupción en
el sistema judicial ecuatoriano de manera
integral. Las conclusiones resaltan la
importancia de reformar tanto los aspectos
estructurales como culturales del sistema,
fortaleciendo la independencia judicial,
incrementando la transparencia, fomentando la
ética y promoviendo la supervisión ciudadana
en el ámbito judicial. Es crucial entender que la
corrupción en el sistema judicial no solo mina
la confianza en la justicia, sino que también
tiene impactos significativos en la democracia,
el Estado de derecho y la salvaguardia de los
derechos ciudadanos.
La persistente corrupción en el sistema judicial
ecuatoriano requiere una acción inmediata. Los
resultados de esta investigación subrayan la
necesidad de afrontar este problema desde
diversas perspectivas, incluyendo reformas
legales, controles rigurosos y campañas de
sensibilización pública. La lucha contra la
corrupción en el sistema judicial no solo
contribuirá al fortalecimiento del Estado de
derecho, sino que también restaurará la
confianza en la administración de justicia.
A pesar de las medidas implementadas, la
corrupción en el sistema judicial ecuatoriano
sigue siendo una problemática significativa que
tiene un impacto negativo en la democracia, el
estado de derecho, los derechos humanos y el
desarrollo del país. La existencia de altos
niveles de corrupción, impunidad, politización,
ineficiencia e injerencia de otros poderes
estatales en el sistema judicial son evidentes y
preocupantes.
Las investigaciones y análisis realizados sobre
la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano
han concluido que esta es una realidad compleja
y multidimensional, manifestándose en
diferentes formas y niveles. Para abordar
eficazmente este problema, se han propuesto
medidas como fortalecer la independencia
judicial, mejorar la transparencia, la rendición
de cuentas y la participación ciudadana, así
como sancionar de manera efectiva los actos de
corrupción.
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