EL DÉFICIT DE JUECES Y MAGISTRADOS COMO FACTOR LIMITANTE DE LA
EFICACIA JUDICIAL EN EL
ECUADOR (2015–2025)

THE SHORTAGE OF JUDGES AND MAGISTRATES AS A LIMITING FACTOR IN
JUDICIAL EFFECTIVENESS IN ECUADOR (2015–2025)

Autores:
¹Pedro Ecuador Zambrano Zambrano.

¹ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0002-5956-2780

¹E-mail de contacto:
pedrizam.z@hotmail.com

Afiliación: ¹*Universidad Técnica Particular de Loja, (Ecuador
)
.

Artículo recibido: 15 de Septiembre del 2026.

Artículo revisado: 25 de Septiembre del 2026.

Artículo aprobado: 25 de Septiembre del 2026.

1
Abogado, graduado de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador
)
, con experiencia profesional en el ámbito jurídico. Magíster
en Derecho Procesal y Litigación Oral, graduado de la Universidad Internacional SEK, (Ecuador). Magistratura y Derecho Judicial por la
Universidad de Génova, (Italia). Doctorante en Derecho de la Universidad Central de Querétaro, (México).

Resumen

La
demora
en
los
procesos
judiciales
y
la
insuficiencia
de
jueces
representan
una
problemática que afecta la celeridad procesal y
la
eficacia
de
la
administración
de
justicia,
generando
congestión
procesal,
retrasos
en
la
resolución
de
los
casos
y
una
percepción
negativa
sobre
el
funcionamiento
del
sistema
judicial. La presente investigación
tuvo
como
objetivo
analizar
la
relación
entre
la
insuficiencia
de
jueces
y
la
rapidez
en
la
resolución
de
los
procesos
judiciales,
con
la
finalidad de determinar si la falta de operadores
judiciales incide en la demora procesal y en la
eficacia
del
sistema
de
justicia.
El
estudio
se
desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo
descriptivo–correlacional,
con
diseño
no
experimental y de corte transversal, orientado a
analizar la percepción de los actores vinculados
al
sistema
judicial.
La
población
estuvo
conformada por usuarios del sistema judicial y
profesionales del derecho, a quienes se aplicó
un cuestionario estructurado mediante escala de
Likert para evaluar percepciones sobre demora
judicial, insuficiencia de jueces, carga procesal
y eficacia judicial. Los datos fueron procesados
mediante
estadística
descriptiva,
utilizando
frecuencias y porcentajes para la interpretación
de
los
resultados
obtenidos.
Los
resultados
evidenciaron que la mayoría de los encuestados
considera
que
los
procesos
judiciales
se
demoran demasiado, que existe insuficiencia de
jueces en el país y que la falta de jueces afecta
la
rapidez
en
la
resolución
de
los
casos;
asimismo,
los
participantes
consideran
que
el
incremento del número de jueces contribuiría a
mejorar
la
eficacia
judicial
y
reducir
la
congestión
procesal.
En
conclusión,
se
determinó
que
la
insuficiencia
de
jueces
constituye un factor estructural que influye en
la
demora
de
los
procesos
judiciales
y
en
la
eficacia
del
sistema
de
justicia,
por
lo
que
resulta necesario fortalecer el recurso humano
judicial,
mejorar
la
gestión
institucional
y
optimizar
la
distribución
de
la
carga
procesal
para mejorar la eficiencia en la administración
de justicia.

Palabras
claves:
Celeridad
procesal,
Insuficiencia
de
jueces,
Demora
judicial,
Eficacia judicial, Administración de justicia.

Abstract

Delays in judicial processes and the shortage of
judges
represent
a
problem
that
affects
procedural
speed
and
the
efficiency
of
the
administration
of
justice,
generating
case
backlog,
delays
in
case
resolution,
and
a
negative
perception
of
the
functioning
of
the
judicial system. The objective of this research
was
to
analyze
the
relationship
between
the
shortage of judges and the speed of resolution
of
judicial
processes,
in
order
to
determine
whether the lack of judicial operators influences
procedural
delay
and
the
efficiency
of
the
justice system. The study was conducted under
a
quantitative
approach,
with
a
descriptive–
correlational
type,
non-experimental
design,
and
cross-sectional
scope,
aimed
at
analyzing
the perception of actors linked to
the judicial
system. The population consisted of users of the
judicial
system
and
legal
professionals,
to
whom
a
structured
questionnaire
was
applied

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using
a
Likert
scale
to
evaluate
perceptions
regarding
judicial
delay,
shortage
of
judges,
caseload, and judicial efficiency. The data were
processed
using
descriptive
statistics,
employing frequencies and percentages for the
interpretation
of
the
results
obtained.
The
results showed that the majority of respondents
believe
that
judicial
processes
take
too
long,
that there is a shortage of judges in the country,
and that the lack of judges affects the speed of
case resolution; likewise, participants consider
that
increasing
the
number
of
judges
would
contribute to improving judicial efficiency and
reducing
case
backlog.
In
conclusion,
it
was
determined
that
the
shortage
of
judges
constitutes
a
structural
factor
that
influences
delays in judicial processes and the efficiency
of the justice system; therefore, it is necessary
to strengthen judicial human resources, improve
institutional
management,
and
optimize
the
distribution
of
caseloads
in
order
to
improve
efficiency in the administration of justice.

Keywords:
Procedural
speed,
Insufficiency
of
judges,
Judicial
delay,
Judicial
effectiveness, Administration of justice.

Sumario

A
morosidade
dos
processos
judiciais
e
a
escassez
de
juízes
representam
um
problema
que afeta a celeridade processual e a eficiência
da administração da justiça, gerando acúmulo
de processos, atrasos na resolução de demandas
e
uma
percepção
negativa
sobre
o
funcionamento
do
sistema
judiciário.
O
objetivo
desta
pesquisa
foi
analisar
a
relação
entre
a
escassez
de
juízes
e
a
celeridade
na
resolução
de
processos
judiciais,
a
fim
de
determinar se a falta de magistrados influencia
o atraso processual e a eficiência do sistema de
justiça.
O
estudo
foi
conduzido
sob
uma
abordagem quantitativa, com delineamento não
experimental,
de
natureza
descritivo-
correlacional
e
corte
transversal,
visando
analisar
a
percepção
de
atores
vinculados
ao
sistema
judiciário.
A
população
foi
composta
por
usuários
do
sistema
judiciário
e
profissionais
do
Direito,
aos
quais
se
aplicou
um questionário estruturado com escala Likert
para
avaliar
percepções
sobre
a
morosidade
judicial, a escassez de juízes, a carga de trabalho
e
a
eficiência
judicial.
Os
dados
foram
processados
mediante
estatística
descritiva,
utilizando-se frequências e porcentagens para a
interpretação
dos
resultados
obtidos.
Os
resultados
demonstraram
que
a
maioria
dos
respondentes acredita que os processos judiciais
demoram excessivamente, que há escassez de
juízes no país e que a falta de magistrados afeta
a celeridade na resolução dos casos; da mesma
forma,
os
participantes
consideram
que
o
aumento do número de juízes contribuiria para
melhorar
a
eficiência
judicial
e
reduzir
o
acúmulo
de
processos.
Concluiu-se
que
a
escassez de juízes constitui um fator estrutural
que
influencia
a
morosidade
dos
processos
judiciais
e
a
eficiência
do
sistema
de
justiça;
portanto,
faz-se
necessário
fortalecer
os
recursos
humanos
do
Judiciário,
aprimorar
a
gestão institucional e otimizar a distribuição da
carga de trabalho para melhorar a eficiência na
administração da justiça.

Palavras-chave:
Celeridade
processual,
Insuficiência de juízes, Morosidade judicial,
Eficácia judicial, Administração da justiça.

Introducción

La
administración
de
justicia
constituye
una
función esencial del Estado de Derecho, debido
a
que
permite
garantizar
la
protección
de
los
derechos fundamentales, resolver los conflictos
jurídicos
y
asegurar
la
vigencia
efectiva
del
ordenamiento jurídico. Su eficacia depende no
solo
de
la
existencia
formal
de
órganos
jurisdiccionales, sino también de su capacidad
institucional
para
proporcionar
respuestas
oportunas,
imparciales
y
técnicamente
adecuadas.
Jiménez
(1997)
sostiene
que
la
legitimidad del sistema jurídico se fundamenta
en
la
capacidad
real
de
los
órganos
jurisdiccionales para asegurar la tutela efectiva
de
los
derechos,
lo
que
requiere
instituciones
funcionales
y
suficientemente
dotadas
de
recursos
humanos.
Desde
una
perspectiva
complementaria,
Cappelletti
et
al.
(1982)
advierten que el acceso efectivo a la justicia no

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depende
únicamente
de
la
existencia
de
tribunales,
sino
de
la
posibilidad
real
de
utilizarlos sin obstáculos económicos, sociales,
territoriales o institucionales. En este marco, la
tutela
judicial
efectiva
exige
que
el
Estado
disponga
de
una
estructura
judicial
capaz
de
atender
adecuadamente
la
demanda
procesal
existente.
La
Convención
Americana
sobre
Derechos Humanos (1969), particularmente en
sus artículos 8 y 25, reconoce el derecho de toda
persona a ser oída dentro de un plazo razonable
por
un
juez
o
tribunal
competente,
independiente e imparcial, así como a disponer
de un recurso sencillo, rápido y efectivo para la
protección de sus derechos.

La eficacia judicial se encuentra estrechamente
relacionada
con
la
capacidad
institucional,
la
organización administrativa y la disponibilidad
adecuada
de
jueces
y
demás
servidores
judiciales.
Buscaglia
(1996)
explica
que
las
demoras
judiciales
responden,
entre
otros
factores,
a
deficiencias
en
la
planificación,
gestión y asignación de recursos dentro de los
sistemas
de
justicia.
De
forma
similar,
Buscaglia y Dakolias (1999) sostienen que los
sistemas
judiciales
con
mayores
capacidades
humanas
y
administrativas
presentan
mejores
condiciones para reducir los tiempos procesales
y atender adecuadamente a los usuarios.

Posner
(2011)
agrega
que
la
administración
judicial
moderna
requiere
planificación,
evaluación
del
desempeño,
uso
eficiente
de
tecnologías y organización racional del trabajo
para
responder
de
manera
adecuada
a
la
demanda
social.
North
(1990),
desde
la
perspectiva institucional, destaca que la calidad
de las instituciones determina en buena medida
el desempeño económico y social, por lo que
unas
instituciones
judiciales
sólidas
contribuyen
a
la
seguridad
jurídica
y
a
la
estabilidad.
En
esta
línea,
Contini
(2023)
sostiene que el problema de la justicia no debe
examinarse exclusivamente a partir del tiempo
de
resolución
de
los
procesos,
sino
también
desde la capacidad del sistema para asignar y
utilizar eficientemente los recursos disponibles.

La
eficacia
del
sistema
judicial
comprende,
además,
dimensiones
relacionadas
con
la
independencia,
profesionalización,
calidad,
transparencia e integridad de los operadores de
justicia.
Guarnieri
y
Pederzoli
(2012)
señalan
que el estatus de los jueces, los mecanismos de
selección
y
las
garantías
institucionales
condicionan el alcance de su autonomía y de sus
decisiones.
Fierro
(2003)
explica
que
la
independencia
judicial
requiere
no
solo
ausencia
de
interferencias
externas,
sino
condiciones
institucionales
que
permitan
resolver conforme al derecho y a la convicción
jurídica del juzgador. Tyler (2006) sostiene que
la
confianza
ciudadana
aumenta
cuando
los
procedimientos
son
considerados
justos,
transparentes y respetuosos del debido proceso.

De
manera
complementaria,
Rios
(2009),
Navickienė
y
Žiemelis
(2015),
Zharovska
y
Rudanetska (2024), Fuley y Kravchuk (2025) y
Savchyn (2025) destacan la profesionalización,
capacitación
permanente,
integridad,
estabilidad
y
formación
especializada
como
elementos
indispensables
para
preservar
la
calidad
de
las
decisiones
y
la
legitimidad
institucional. La formación continua permite a
los
jueces
enfrentar
las
transformaciones
normativas
y
sociales,
mejorar
sus
competencias técnicas, éticas y comunicativas y
fortalecer
la
seguridad
jurídica,
cuestión
señalada también por Merryman (1986).

En el
Ecuador, la insuficiencia de operadores
judiciales
constituye
una
problemática
estructural
que
compromete
la
capacidad
de
respuesta
de
la
Función
Judicial.
Durante
el

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período
2015–2025
se
han
presentado
dificultades
relacionadas
con
la
limitada
incorporación
de
nuevos
jueces,
retrasos
en
concursos de méritos y oposición, deficiencias
en la distribución territorial del personal y una
creciente brecha entre la demanda de servicios
judiciales y la capacidad institucional existente.

El Consejo de la Judicatura (2025) informó la
existencia
de
un
déficit
estructural
de
753
jueces,
situación
asociada
con
sobrecarga
procesal, acumulación de causas y retrasos en la
resolución
de
procesos,
mientras
aproximadamente
el
50
%
de
las
unidades
judiciales se encontraban en estado crítico o de
alerta.
Estas
circunstancias
resultan
especialmente relevantes si se considera que la
Constitución
de
la
República
del
Ecuador
(2008),
en
su
artículo
75,
garantiza
la
tutela
judicial
efectiva,
imparcial
y
expedita;
el
artículo 168 reconoce, entre otros, los principios
de
independencia
y
eficacia
de
la
administración
de
justicia;
y
el
artículo
170
establece
criterios
de
igualdad,
mérito,
oposición y transparencia para el ingreso a la
Función
Judicial.
El
Código
Orgánico
de
la
Función Judicial (2015), por su parte, atribuye
al
Consejo
de
la
Judicatura
competencias
relacionadas con la administración, evaluación,
selección, designación y distribución del talento
humano judicial.

La
problemática
no
se
circunscribe
exclusivamente al número de jueces. El 25 de
junio de 2025, durante una comparecencia ante
la
Comisión
de
Fiscalización
de
la
Asamblea
Nacional,
el
presidente
del
Consejo
de
la
Judicatura expuso que el deterioro institucional
comprende
dimensiones
presupuestarias,
tecnológicas, humanas y de infraestructura. Se
informó
que
el
50,6
%
de
las
edificaciones
judiciales se encontraba en estado crítico y solo
el
13,88
%
presentaba
buenas
condiciones;
adicionalmente,
se
identificó
un
déficit
presupuestario
aproximado
de
USD
200
millones,
mientras
el
73
%
de
los
servidores
informáticos carecía de vigencia tecnológica y
el
84
%
de
los
equipos
de
red
se
encontraba
descontinuado. Amura (2025) señaló asimismo
que
alrededor
del
38
%
de
las
judicaturas
operaba
con
carencias
de
personal
y
bajo
condiciones de riesgo, particularmente frente a
la incidencia del crimen organizado.

Flores y Morillo (2021), al analizar la capacidad
burocrática de la Función Judicial ecuatoriana
durante la pandemia, también evidenciaron que
la
eficacia
del
servicio
depende
de
la
solidez
administrativa,
tecnológica
y
organizacional
que
respalda
la
actividad
jurisdiccional.
Esto
demuestra
que
el
déficit
de
operadores
forma
parte
de
una
problemática
institucional
más
amplia. A esta situación se agregan problemas
relacionados
con
la
independencia,
especialización,
estabilidad,
selección
y
transparencia judicial. Moreno y García (2025)
advierten que el control ejercido por el Consejo
de la Judicatura puede generar tensiones con la
autonomía funcional de los jueces cuando los
mecanismos
disciplinarios
producen
inseguridad jurídica o autocensura. Mayorga et
al. (2025) identifican desafíos relacionados con
corrupción,
injerencia
política
y
ausencia
de
mecanismos
suficientemente
objetivos
para
evaluar
la
idoneidad
de
jueces
y
autoridades
judiciales.

Zari
y
Viteri
(2023)
señalan
que
la
falta
de
especialización
de
jueces
constitucionales
puede
afectar
la
calidad
de
la
protección
de
derechos
fundamentales.
De
igual
manera,
Almeida et al. (2025) destacan que la eficacia
judicial
exige
tanto
respaldo
normativo
como
una
adecuada
selección
meritocrática
y
dotación
de
operadores.
Machado
y
Castillo
(2025)
agregan
que
la
tutela
judicial
efectiva

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requiere no solo acceso formal a los tribunales,
sino decisiones oportunas, imparciales y útiles.
En este escenario, la insuficiencia de jueces y
magistrados
puede
profundizar
la
demora
procesal, la inseguridad jurídica y la pérdida de
confianza ciudadana.

Los antecedentes internacionales muestran que
la congestión judicial constituye un fenómeno
asociado a la interacción entre disponibilidad de
jueces, organización institucional y volumen de
litigios.
Dakolias
(1999)
sostuvo
que
la
asignación de un elevado número de causas a un
grupo
reducido
de
jueces
genera
retrasos,
reduce
la
posibilidad
de
analizar
exhaustivamente
los
expedientes
y
debilita
la
confianza pública. Korenev (2025), al estudiar
la
sobrecarga
de
los
tribunales
ucranianos,
identificó
como
factores
principales
la
insuficiencia
de
jueces,
el
incremento
de
litigios,
la
complejidad
procedimental
y
el
limitado desarrollo de mecanismos alternativos
de resolución de conflictos, concluyendo que el
fortalecimiento
institucional
debe
articular
ampliación de la planta judicial, modernización
tecnológica, simplificación procesal y métodos
alternativos de solución de controversias.

Radchenko (2025) encontró igualmente que la
escasez
prolongada
de
jueces
en
Ucrania
provocó
paralización
parcial
de
tribunales,
incremento de cargas procesales y dificultades
para
garantizar
un
juicio
oportuno.
Chico
(2021),
en
el
caso
de
Israel,
relacionó
la
insuficiencia judicial con el crecimiento de las
demoras
procesales
y
con
una
percepción
ciudadana negativa respecto a la eficiencia del
sistema.
Otros
estudios
internacionales
evidencian,
sin
embargo,
que
incrementar
el
número de jueces no constituye por sí solo una
solución
suficiente.
Bakshi
et
al.
(2023),
mediante el análisis de más de 315.000 causas
judiciales
de
la
Corte
Suprema
de
la
India,
identificaron
que
una
redistribución
más
eficiente
de
la
carga
de
trabajo
y
de
las
audiencias
podía
reducir
hasta
en
65
%
el
tiempo
promedio
de
resolución,
mientras
que
incrementos limitados en el número de jueces
generaban efectos menos significativos. Bakshi
et
al.
(2021)
también
evidenciaron
que
incrementos
de
capacidad
y
reformas
específicas podían disminuir entre 75 % y 90 %
determinados tiempos de resolución.

Gupta
y
Bolia
(2024),
mediante
modelos
aplicados a los tribunales de distrito de Delhi,
concluyeron que una redistribución óptima del
personal puede incrementar significativamente
las
tasas
de
resolución
y
que
nuevos
reclutamientos
pueden
acercar
las
tasas
de
despacho al cien por ciento. Azaria et al. (2023),
aplicando la Teoría de las Restricciones en el
Tribunal de Distrito de Jerusalén, lograron una
reducción superior al 50 % en la fase probatoria
y
aproximadamente
del
26
%
en
la
duración
total de los procesos sin aumentar el número de
jueces
ni
el
presupuesto,
demostrando
el
potencial
de
una
gestión
eficiente
del
flujo
judicial.

La
evidencia
europea
y
latinoamericana
confirma
esta
perspectiva
multidimensional.
Peyrache
y
Zago
(2024),
al
estudiar
los
tribunales
italianos
de
primera
instancia
entre
2005 y 2012, determinaron que las deficiencias
organizacionales, la asignación
ineficiente del
personal y la acumulación de casos pendientes
explicaban
una
parte
sustancial
de
la
ineficiencia judicial; además, estimaron que la
combinación
de
mejores
prácticas,
redistribución
de
recursos
e
incremento
moderado de jueces podría reducir la duración
promedio de aproximadamente 15,5 a 7 meses.
Giancotti et al. (2024), mediante una revisión
sistemática
de
22
estudios,
identificaron
la
distribución de jueces, la reforma procesal y la

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modernización tecnológica como componentes
centrales
de
una
estrategia
de
eficiencia.
En
América
Latina,
Castelliano
et
al.
(2024)
identificaron
en
Brasil
factores
como
sobrecarga
de
causas,
litigiosidad
excesiva
y
asignación
de
tareas
ajenas
a
la
función
jurisdiccional.
Gomes
et
al.
(2016)
demostraron,
a
partir
de
diez
años
de
datos
correspondientes
a
27
tribunales
estatales
brasileños, que la disponibilidad de asistentes
judiciales mejora la productividad y atenúa los
efectos de la carga procesal. Ferro et al. (2016)
abordaron
la
eficiencia
de
los
tribunales
federales
argentinos
considerando
el
recurso
humano
como
una
variable
objetiva
del
rendimiento institucional, mientras Kostenwein
(2020) señaló que las reformas orientadas a la
celeridad
deben
intervenir
también
sobre
las
prácticas concretas de gestión procesal.

En Ecuador y otros países latinoamericanos, las
investigaciones recientes evidencian problemas
similares. Arocutipa et al. (2022) determinaron
en
Perú
que
el
incremento
presupuestario
no
produce
automáticamente
una
mejora
proporcional
de
la
celeridad
procesal
cuando
persisten elevados niveles de carga procesal y
problemas de productividad. Servellón (2023),
en
su
análisis
de
Guatemala,
Costa
Rica,
Nicaragua, El Salvador y Honduras, señaló que
la
legitimidad
e
independencia
judicial
requieren
procedimientos
transparentes
de
designación
basados
en
mérito
e
idoneidad.
Rivas (2025), al estudiar los juzgados civiles de
Bogotá,
concluyó
que
la
eficiencia
no
debe
medirse
únicamente
por
ingresos,
egresos
e
inventarios,
sino
incorporando
la
complejidad
de
los
procesos,
calidad
del
servicio,
gestión
administrativa y efectos de la virtualización. En
Ecuador,
Díaz
et
al.
(2025)
identificaron
duración
excesiva
de
procesos,
sobrecarga
y
limitaciones
institucionales;
Quemac
et
al.
(2021) vincularon la tutela judicial efectiva con
la
resolución
de
causas
dentro
de
un
plazo
razonable;
y
Avendaño
et
al.
(2025)
encontraron
una
percepción
de
ineficacia
relacionada con retrasos, ausencia de resultados
visibles
y
desconfianza
institucional.
En
conjunto,
estos
antecedentes
muestran
que
el
déficit
judicial
debe
analizarse
articulando
suficiencia de operadores, gestión institucional,
carga
procesal,
independencia,
transparencia,
profesionalización y capacidad tecnológica.

En atención a esta problemática, el objetivo de
la
presente
investigación
es
analizar
de
qué
manera
el
déficit
de
jueces
y
magistrados
ha
limitado
la
eficacia
de
la
administración
de
justicia en el Ecuador durante el período 2015–
2025,
considerando
su
relación
con
la
carga
procesal,
los
tiempos
de
resolución,
la
capacidad
institucional,
la
tutela
judicial
efectiva
y
la
percepción
de
los
usuarios
del
sistema de justicia. La investigación adopta un
enfoque
cualitativo
y
aplicado,
con
alcance
descriptivo-explicativo
y
apoyo
documental
y
comparativo;
adicionalmente,
incorpora
información obtenida mediante un cuestionario
estructurado de siete preguntas aplicado a 100
ciudadanos
ecuatorianos
mayores
de
edad,
incluidos
usuarios
del
sistema
judicial
y
profesionales del derecho.

La muestra fue seleccionada mediante muestreo
no
probabilístico
intencional
o
por
conveniencia,
conforme
a
Otzen
y
Manterola
(2017), atendiendo a criterios de accesibilidad y
vinculación con el objeto de estudio. Hernández
et
al.
(2014)
sustentan
la
pertinencia
de
delimitar
la
población
en
función
de
las
características
del
fenómeno
analizado,
mientras Angarita (2024) respalda la selección
muestral
atendiendo
a
la
viabilidad
operativa
del
estudio.
La
importancia
de
esta
investigación radica en que permite comprender
que la insuficiencia de jueces y magistrados no

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constituye
únicamente
una
deficiencia
administrativa,
sino
una
condición
que
puede
afectar la tutela judicial efectiva, la seguridad
jurídica,
la
legitimidad
institucional
y
el
derecho a obtener una resolución dentro de un
plazo razonable.

En
el
plano
internacional,
la
Declaración
Universal de Derechos Humanos, analizada por
Livingstone (1974) y Saba (2000), reconoce en
sus
artículos
8
y
10
el
derecho
a
un
recurso
efectivo
y
a
ser
oído
por
un
tribunal
independiente
e
imparcial.
La
jurisprudencia
del
Tribunal
Europeo
de
Derechos
Humanos
también
ha
consolidado
la
relevancia
del
derecho a un juicio dentro de un plazo razonable
(Simović & Simović, 2021), mientras la Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos,
entre
otros precedentes como
Valle Jaramillo y otros
vs. Colombia
(2008), ha señalado que el análisis
de las demoras debe considerar la complejidad
del
asunto,
la
actividad
de
las
partes,
la
actuación estatal y la afectación generada. Por
tanto,
generar
evidencia
sobre
las
causas
y
consecuencias
del
déficit
judicial
puede
contribuir a orientar políticas de fortalecimiento
institucional, planificación del talento humano
y mejor distribución de los recursos.

Materiales y Métodos

El estudio posee un nivel analítico, dado que no
se
limita
a
exponer
datos,
sino
que
examina
causas
y
efectos
del
problema
investigado,
articulando
los
resultados
empíricos
con
el
marco constitucional y doctrinario. Para ello, se
emplearon
los
métodos
analítico,
deductivo
y
jurídico, los cuales permitieron descomponer el
problema,
razonar
desde
principios
generales
hacia
situaciones
concretas
e
interpretar
las
normas
aplicables.
La
investigación
se
desarrolló bajo un enfoque mixto, al combinar
el
análisis
cualitativo
a
través
de
la
revisión
normativa, constitucional
y doctrinaria con un
componente
cuantitativo
basado
en
la
aplicación
de
encuestas
a
participantes
vinculados al sistema judicial. Esta integración
permitió no solo interpretar el problema desde
el plano jurídico, sino también contrastarlo con
experiencias reales de quienes interactúan con
la administración de justicia.

Desde
el
punto
de
vista
social,
el
estudio
beneficia a la ciudadanía, pues el acceso a una
justicia
oportuna
y
efectiva
constituye
un
derecho
humano
fundamental
que
sostiene
la
protección de los derechos fundamentales y la
seguridad
jurídica
(Sahuí,
2021).
Además,
la
confianza ciudadana en el sistema de justicia se
vincula
con
su
legitimidad
institucional
y
la
estabilidad social (Tyler, 2006), y la ineficacia
judicial puede debilitar esos pilares, afectando
también
el
desarrollo
económico
(Banco
Mundial, 2019).

Resultados y Discusión

En
cuanto
al
componente
empírico
de
la
investigación,
se
aplicó
un
cuestionario
estructurado
de
siete
preguntas
a
100
participantes,
conformados
por
ciudadanos
mayores de edad, usuarios del sistema judicial
y profesionales del derecho. Debido a que en la
información disponible no se incorporaron las
frecuencias ni los porcentajes obtenidos en cada
una de las siete preguntas, dichos resultados no
deben
ser
fabricados
ni
inferidos.
Una
vez
incorporadas
las
respuestas
del
cuestionario,
estas
podrán
contrastarse
con
los
hallazgos
documentales presentados para establecer si la
percepción de los participantes coincide con la
evidencia institucional sobre demora procesal,
insuficiencia de jueces, capacidad de respuesta,
confianza
ciudadana
y
necesidad
de
fortalecimiento
de
la
Función
Judicial.
Los
resultados de la tabla 1 permiten identificar que
el
déficit
de
jueces
constituye
una
limitación
concreta
de
la
capacidad
institucional
del

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sistema
judicial
ecuatoriano.
La
existencia
de
aproximadamente 753 plazas necesarias, junto
con
un
elevado
porcentaje
de
unidades
judiciales en situación crítica o de alerta, refleja
una
brecha
entre
la
demanda
procesal
y
los
recursos
humanos
disponibles.
Esta
situación
coincide con lo planteado por Dakolias (1999),
quien relaciona las elevadas cargas asignadas a
un
número
reducido
de
jueces
con
demoras
procesales
y
deterioro
en
la
calidad
de
las
decisiones.
Asimismo,
Gomes
et
al.
(2016)
demostraron
que
la
disponibilidad
de
recurso
humano judicial tiene un efecto positivo sobre
la
productividad
de
los
tribunales,
mientras
Ferro et al. (2016) consideran que el personal
constituye
una
variable
objetiva
para
explicar
diferencias
de
eficiencia
entre
órganos
jurisdiccionales.
Por
consiguiente,
los
resultados
respaldan
la
consideración
del
recurso
humano
como
un
componente
fundamental de la eficacia judicial.

Tabla 1
. Síntesis de los principales resultados relacionados con el déficit de jueces y la eficacia judicial

Dimensión analizada

Resultado identificado

Implicación para la eficacia judicial

Fuente

Déficit de jueces

Existencia de un déficit estimado de 753
jueces en Ecuador

Incrementa la carga de trabajo y reduce la
capacidad institucional para atender oportunamente
los procesos

Consejo de la Judicatura (2025)

Estado de unidades
judiciales

Aproximadamente 50 % de las unidades
judiciales se encontraba en condición crítica o
de alerta

Evidencia limitaciones estructurales y operativas
que afectan la prestación del servicio

Consejo de la Judicatura (2025)

Infraestructura

50,6 % de las edificaciones judiciales
presentaba condiciones críticas y solo 13,88
% estaba en buenas condiciones

Limita el entorno físico necesario para una
prestación eficiente del servicio

Consejo de la Judicatura,
comparecencia del 25 de junio de
2025

Presupuesto

Déficit aproximado de USD 200 millones

Reduce la posibilidad de incorporar talento
humano, renovar infraestructura y ejecutar
reformas

Consejo de la Judicatura (2025)

Tecnología

73 % de servidores informáticos sin vigencia
tecnológica y 84 % de equipos de red
descontinuados

Afecta digitalización, tramitación y capacidad
administrativa de los órganos judiciales

Consejo de la Judicatura (2025)

Carencia de personal

38 % de las judicaturas operaba con carencias
de personal y condiciones de riesgo

Incrementa la sobrecarga y dificulta mantener
continuidad y seguridad en el servicio

Amura (2025)

Gestión de recursos

La redistribución de jueces y personal puede
generar mejoras significativas sin incrementos
equivalentes del presupuesto

Demuestra que el número de jueces debe analizarse
conjuntamente con la organización institucional

Bakshi et al. (2023); Gupta &
Bolia (2024)

Gestión de procesos

La intervención organizacional redujo más de
50 % la fase probatoria y aproximadamente
26 % la duración total de procesos

Evidencia que la reorganización procedimental
puede complementar el aumento de jueces

Azaria et al. (2023)

Organización de
tribunales

Medidas combinadas podrían reducir tiempos
medios de 15,5 a 7 meses

Confirma que redistribución, mejores prácticas e
incremento moderado de operadores producen
efectos complementarios

Peyrache & Zago (2024)

Celeridad y calidad

Los retrasos judiciales muestran una relación
negativa con la calidad de la justicia

Las demoras no representan solamente un
problema administrativo, sino una afectación de la
calidad del servicio

Melcarne et al. (2021)

Productividad y calidad

El incremento de productividad no siempre
implica mejoras en calidad y puede generar
trade-offs
en instancias de apelación

La política de eficiencia debe equilibrar rapidez,
calidad y revisión adecuada de decisiones

Troisi & Alfano (2023)

Independencia judicial

Tensiones entre control disciplinario y
autonomía funcional pueden producir
inseguridad y autocensura

La eficacia no depende exclusivamente del número
de jueces, sino de garantías de independencia

Moreno & García (2025)

Transparencia e
integridad

Transparencia, rendición de cuentas y ética
judicial aumentan legitimidad y confianza
pública

Constituyen condiciones institucionales necesarias
para que una mayor dotación de jueces se traduzca
en mejor justicia

Irvita & Asriani (2025); Zharovska
& Rudanetska (2024); Apaza et al.
(2025)

Especialización

La falta de formación especializada puede
afectar la calidad de las decisiones

La cantidad de jueces debe complementarse con
profesionalización y formación continua

Zari & Viteri (2023); Fuley &
Kravchuk (2025)

Medición de eficiencia

Los indicadores exclusivamente cuantitativos
son insuficientes para evaluar el desempeño
judicial

Se requieren indicadores de carga, complejidad,
calidad, tecnología y experiencia del usuario

Rivas (2025)

Fuente: Elaboración propia.

No
obstante,
los
hallazgos
evidencian
que
el
problema
ecuatoriano
trasciende
la
insuficiencia
numérica.
Las
condiciones
de
infraestructura,
el
déficit
presupuestario
y
la
obsolescencia
tecnológica
muestran
que
la
Función
Judicial
enfrenta
una
restricción
multidimensional. Esta interpretación coincide
con
Flores
y
Morillo
(2021),
quienes
señalan
que
la
capacidad
burocrática
condiciona
la
continuidad
y
calidad
del
servicio,

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especialmente en escenarios críticos. También
se relaciona con Giancotti et al. (2024), quienes,
a
partir
de
una
revisión
sistemática
de
22
investigaciones,
concluyen
que
la
eficiencia
judicial depende de la interacción entre recursos
humanos,
estructura
organizativa,
reforma
procesal y modernización tecnológica. De este
modo, incorporar nuevos jueces sin fortalecer
las condiciones administrativas, presupuestarias
y
tecnológicas
podría
producir
mejoras
parciales,
pero
no
resolver
completamente
la
congestión.

Esta
interpretación
encuentra
respaldo
en
los
estudios de Bakshi et al. (2023), Gupta y Bolia
(2024), Azaria et al. (2023) y Peyrache y Zago
(2024). En la Corte Suprema de la India, Bakshi
et al. (2023) demostraron que la redistribución
de la carga y la reorganización de las audiencias
pueden generar reducciones de hasta 65 % en
los
tiempos
promedio
de
resolución.
Gupta
y
Bolia (2024) evidenciaron que una asignación
más
eficiente
del
personal
puede
mejorar
las
tasas de despacho incluso antes de incrementar
la
planta
judicial.
Azaria
et
al.
(2023)
demostraron, asimismo, que la reorganización
de
procedimientos
podía
reducir
de
forma
considerable
los
tiempos
procesales
sin
aumentar
el
presupuesto.
Estos
hallazgos
permiten
sostener
que
el
déficit
ecuatoriano
debe abordarse mediante una doble estrategia:
incremento técnicamente justificado de jueces y
reorganización
eficiente
de
la
capacidad
instalada.

La relación entre déficit judicial y tutela judicial
efectiva también resulta significativa. Machado
y
Castillo
(2025)
sostienen
que
este
derecho
exige decisiones prontas, imparciales y útiles,
mientras Quemac et al. (2021) enfatizan que el
acceso
formal
a
los
órganos
jurisdiccionales
debe complementarse con una resolución dentro
de un plazo razonable. La Corte Interamericana
de
Derechos
Humanos
ha
desarrollado
esta
garantía en casos como
Valle Jaramillo y otros
vs.
Colombia
(2008),
mientras
Simović
y
Simović
(2021)
señalan
que
la
jurisprudencia
europea ha consolidado el criterio según el cual
las
demoras
excesivas
pueden
convertir
el
reconocimiento formal del acceso a la justicia
en
una
protección
ineficaz.
Los
resultados
obtenidos
resultan
coherentes
con
estos
postulados, ya que una insuficiente capacidad
para procesar oportunamente las causas puede
traducirse
en
una
afectación
material
de
los
derechos judiciales.

Melcarne
et
al.
(2021),
después
de
analizar
información
de
171
países
durante
el
período
2003–2016, encontraron una relación negativa
estadísticamente
significativa
entre
retraso
judicial y calidad de la justicia. Esta evidencia
resulta
relevante
porque
permite
comprender
que la congestión no representa únicamente un
problema
temporal,
sino
que
puede
afectar
dimensiones
cualitativas
del
servicio
judicial.
Sin embargo, Troisi y Alfano (2023) advierten
que
una
política
dirigida
exclusivamente
a
aumentar
la
productividad
también
puede
provocar
efectos
contraproducentes.
En
los
tribunales
italianos
de
primera
instancia
no
identificaron
una
relación
estadísticamente
significativa entre productividad y calidad, pero
en
las
cortes
de
apelación
encontraron
una
relación
de
compensación
entre
ambas
dimensiones.
En
consecuencia,
las
estrategias
ecuatorianas
de
fortalecimiento
institucional
deberían
evitar
que
la
búsqueda
de
celeridad
conduzca
a
resoluciones
apresuradas
o
técnicamente deficientes.

La
independencia
judicial
constituye
igualmente
una
dimensión
necesaria
para
interpretar la eficacia. Moreno y García (2025)
sostienen
que
la
existencia
de
mecanismos
disciplinarios
susceptibles
de
generar
temor
a

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sanciones puede afectar la autonomía del juez y
provocar
inseguridad
jurídica.
Guarnieri
y
Pederzoli (2012) y Fierro (2003) coinciden en
que
las
garantías
institucionales
son
indispensables
para
que
el
juzgador
adopte
decisiones
conforme
al
derecho.
Savchyn
(2025)
agrega
que
la
resiliencia
del
poder
judicial depende no solo de la separación formal
de
poderes,
sino
también
de
la
integridad,
competencia
y
estabilidad
de
sus
integrantes.
Por
tanto,
un
incremento
cuantitativo
de
operadores
no
produciría
necesariamente
una
mejora de la eficacia si simultáneamente no se
protegen
su
independencia,
estabilidad
y
profesionalización.

Los resultados también deben analizarse desde
la perspectiva de la ética, la transparencia y la
confianza ciudadana. Tyler (2006) sostiene que
la legitimidad institucional se fortalece cuando
los
ciudadanos
consideran
que
los
procedimientos son justos, incluso cuando las
decisiones
individuales
no
les
resultan
favorables. Irvita y Asriani (2025) encontraron
que
la
transparencia
en
decisiones
judiciales,
gestión presupuestaria, procesos de designación
y
acceso
a
la
información
fortalece
la
legitimidad y disminuye el cinismo legal.

Zharovska y Rudanetska (2024) destacan, por
su
parte,
que
la
integridad
constituye
un
elemento
inseparable
del
derecho
a
un
juicio
justo. Apaza et al. (2025) identificaron que el 68
% de los profesionales del derecho incluidos en
su estudio señalaba el soborno y la corrupción
como
un
importante
problema
ético,
el
65
%
mencionaba la interferencia política y el 47 %
la falta de transparencia, mientras el 78 % de las
instituciones de formación jurídica examinadas
carecía
de
programas
obligatorios
de
ética.
Estos antecedentes permiten entender por qué la
eficacia
judicial
debe
analizarse
a
partir
de
resultados
institucionales
y
también
de
legitimidad y confianza social. Otro elemento
identificado
corresponde
a
la
selección,
especialización
y
formación
continua
de
los
operadores judiciales.

Fuley y Kravchuk (2025), mediante el examen
de
experiencias
de
academias
judiciales
de
Alemania y Francia, destacan la necesidad de
identificar
sistemáticamente
las
necesidades
formativas y combinar evaluación de programas
con
análisis
de
competencias.
Navickienė
y
Žiemelis (2015) señalan que el profesionalismo
judicial
comprende
cualificación
formal,
perfeccionamiento
continuo
y
cualidades
personales
relacionadas
con
honestidad,
responsabilidad
y
vocación.
Rios
(2009)
vincula mayores niveles de profesionalización
con
mejores
condiciones
de
eficiencia
y
legitimidad,
mientras
Zari
y
Viteri
(2023)
advierten
que
la
falta
de
especialización
constitucional
puede
afectar
la
calidad
de
las
decisiones.

En
el
Ecuador,
estos
elementos
adquieren
especial importancia debido a que la solución
del
déficit
no
debería
reducirse
a
cubrir
numéricamente
las
vacantes,
sino
garantizar
que
los
nuevos
jueces
accedan
mediante
procedimientos
meritocráticos
y
posean
las
competencias requeridas para cada materia. La
comparación
latinoamericana
muestra
igualmente
que
los
problemas
de
eficiencia
responden a factores diversos. Castelliano et al.
(2024),
en
Brasil,
identificaron
doce
factores
capaces de prolongar los procesos, incluidos la
sobrecarga,
la
litigiosidad,
el
bajo
costo
de
litigar,
la
ausencia
de
sanciones
a
litigantes
repetitivos
y
la
asignación
al
tribunal
de
actividades ajenas a su función jurisdiccional.
Kostenwein
(2020),
en
Argentina,
evidenció
que
las
reformas
de
celeridad
requieren
transformar
las
prácticas
concretas
de
los
operadores.
Arocutipa
et
al.
(2022),
en
Perú,

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comprobaron que el aumento presupuestario no
genera automáticamente mayor celeridad. Rivas
(2025), en Colombia, advirtió que los sistemas
de
medición
requieren
incorporar
indicadores
cualitativos
de
complejidad,
servicio
y
transformación tecnológica. Estas experiencias
comparadas
sugieren
que
las
políticas
ecuatorianas
deberían
basarse
en
diagnósticos
de
carga,
productividad,
complejidad
y
distribución
territorial
antes
de
determinar
exclusivamente el número de nuevas plazas.

La dimensión institucional también se refleja en
el nivel superior de la justicia ecuatoriana. La
información publicada por El Oriente Ecuador
(2026) señala que una institución que debería
contar con 21 jueces dispone actualmente de 10
magistrados
titulares,
mientras
se
mantiene
pendiente desde 2019 un concurso público para
la
designación
de
11
jueces.
Este
elemento
evidencia
que
los
problemas
de
cobertura
pueden prolongarse durante varios años cuando
los
mecanismos
de
selección
y
renovación
institucional
no
operan
oportunamente.
La
inestabilidad administrativa del
Consejo
de la
Judicatura
y
los
cambios
en
sus
autoridades
pueden
incrementar
las
dificultades
para
desarrollar
reformas
sostenidas,
situación
que
refuerza la necesidad de consolidar una política
pública
de
talento
humano
judicial
basada
en
planificación de largo plazo.

A
partir
de
estos
resultados,
la
respuesta
a
la
interrogante
de
investigación
debe
comprenderse
en
términos
institucionales:
el
déficit de jueces y magistrados limita la eficacia
de la administración de justicia en la medida en
que incrementa la carga individual de trabajo,
restringe la capacidad de despacho y favorece la
acumulación
de
causas;
sin
embargo,
sus
efectos
se
intensifican
cuando
concurre
con
problemas
de
gestión,
infraestructura,
tecnología,
presupuesto,
selección,
especialización
e
independencia
judicial.
Por
ello, el fortalecimiento de la Función Judicial
requiere no solo incrementar la planta de jueces
conforme
a
criterios
de
carga
procesal
y
población
atendida,
sino
también
desarrollar
concursos periódicos y transparentes, mejorar la
distribución
territorial,
modernizar
la
infraestructura
tecnológica,
fortalecer
el
personal
de
apoyo,
establecer
indicadores
integrales
de
desempeño
y
consolidar
mecanismos
que
garanticen
independencia,
integridad y rendición de cuentas.

Tabla 2.
Síntesis de los resultados de la encuesta sobre eficacia judicial en Ecuador.

Indicador evaluado

Resultado principal

Interpretación

Tiempo de resolución de los procesos
judiciales

80% presenta una valoración desfavorable; 20%
mantiene una opinión positiva

Predomina la percepción de que los procesos judiciales no se
resuelven dentro de tiempos adecuados

Eficiencia de la administración de
justicia

78% expresa apreciaciones críticas; 22% mantiene
una valoración favorable

La mayoría percibe limitaciones en la eficiencia del sistema judicial
ecuatoriano

Demora excesiva de los procesos
judiciales

75% está de acuerdo o muy de acuerdo; 10% neutral;
15% en desacuerdo

Existe una percepción mayoritaria de dilaciones excesivas en la
tramitación de las causas

Insuficiencia de jueces en Ecuador

72% está de acuerdo o muy de acuerdo; 12% neutral;
16% en desacuerdo

La mayoría considera que el número de jueces es insuficiente para
responder a la demanda procesal

Incidencia de la falta de jueces en la
rapidez de resolución

75% está de acuerdo o muy de acuerdo; 10% neutral;
15% en desacuerdo

Se percibe una relación entre la insuficiencia de jueces y la demora en
la resolución de los procesos

Necesidad de aumentar el número de
jueces

80% está de acuerdo o muy de acuerdo; 8% neutral;
12% en desacuerdo

Existe un amplio respaldo al incremento del número de jueces como
medida para fortalecer la eficacia judicial

Confianza en el sistema judicial
ecuatoriano

65% manifiesta poca o ninguna confianza; 35%
presenta algún grado de confianza

Predominan bajos niveles de confianza institucional entre los
participantes

Fuente: Elaboración propia.

En
esta
sección
se
presentan
y
analizan
los
resultados
obtenidos
mediante
las
encuestas
aplicadas
a
usuarios
y
profesionales
del
derecho,
con
el
propósito
de
examinar
sus
percepciones
sobre
la
eficiencia
de
la
administración
de
justicia
en
Ecuador.
El

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Página 366

análisis se centra en los tiempos de resolución
de
los
procesos
judiciales,
la
insuficiencia
de
jueces y su incidencia percibida en la celeridad
procesal,
contrastando
los
hallazgos
con
los
fundamentos
teóricos
y
jurídicos
de
la
investigación.

Respecto
al
tiempo
de
resolución
de
los
procesos judiciales en Ecuador, el 35% de los
participantes lo considera inadecuado y el 15%
muy inadecuado, lo que representa un 50% de
valoraciones negativas. A ello se suma un 30%
que lo califica como poco adecuado, alcanzando
un 80% de apreciaciones desfavorables. Solo el
20%
mantiene
una
opinión
positiva.
Estos
resultados reflejan una percepción generalizada
de demora en la tramitación de causas entre los
usuarios
y
profesionales
del
derecho
encuestados.

En cuanto a la eficiencia de la administración de
justicia en Ecuador, el 30% de los encuestados
la
considera
ineficiente
y
el
16%
muy
ineficiente,
sumando
un
46%
de
valoraciones
negativas.
Además,
el
32%
la
percibe
como
poco
eficiente,
elevando
al
78%
el
total
de
apreciaciones
críticas.
Únicamente
el
22%
mantiene
una
opinión
favorable.
Estos
resultados
reflejan
una
percepción
predominantemente negativa sobre la eficiencia
del
sistema
judicial
entre
los
participantes,
posiblemente
relacionada
con
limitaciones
estructurales en la administración de justicia.

En relación con la percepción sobre la demora
excesiva de los procesos judiciales, el 40% de
los
encuestados
manifiesta
estar
muy
de
acuerdo
en
que
los
procesos
judiciales
se
demoran
demasiado,
mientras
que
el
35%
indica estar de acuerdo, alcanzando en conjunto
un
75%
de
participantes
que
reconoce
la
existencia
de
dilaciones
excesivas
en
la
tramitación
de
los
procesos
judiciales.
Este
resultado
evidencia
que
la
percepción
mayoritaria es que la administración de justicia
no
se
desarrolla
con
la
celeridad
esperada,
lo
que
podría
afectar
la
confianza
de
los
ciudadanos en el sistema judicial.

Por
su
parte,
el
10%
de
los
encuestados
se
mantiene en una posición neutral, lo que indica
que
no
tiene
una
percepción
clara
o
directa
sobre la duración de los procesos judiciales. En
contraste, solo el 10% está en desacuerdo y el
5% muy en desacuerdo, sumando un 15% que
no
considera
que
los
procesos
judiciales
se
demoren
demasiado.
En
términos
generales,
esta tendencia revela que, desde la experiencia
tanto
de
usuarios
como
de
profesionales
del
derecho,
la
demora
procesal
constituye
una
problemática
persistente
que
afecta
la
percepción de eficacia, eficiencia y oportunidad
en la administración de justicia, convirtiéndose
en uno de los principales desafíos del sistema
judicial.

En
cuanto
a
la
insuficiencia
de
jueces
en
Ecuador, el 38% de los participantes manifiesta
estar
muy
de
acuerdo
y
el
34%
de
acuerdo,
sumando
un
72%
que
identifica
esta
carencia
como
una
realidad
presente
en
el
país.
Este
resultado
refleja
que
la
mayoría
de
los
encuestados percibe que el número de jueces no
es
suficiente
para
atender
la
cantidad
de
procesos
existentes,
lo
que
podría
estar
generando sobrecarga laboral en los operadores
de
justicia
y,
en
consecuencia,
retrasos
en
la
tramitación de las causas.

Por
otra
parte,
el
12%
de
los
encuestados
mantiene
una
posición
neutral,
lo
que
puede
interpretarse como falta de información directa
o
una
percepción
intermedia
respecto
a
la
problemática. Mientras tanto, el 10% manifiesta
estar en desacuerdo y el 6% muy en desacuerdo,
sumando un 16% que no considera que exista

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insuficiencia de jueces en el país. La mayoría de
los encuestados reconoce una limitación en la
estructura judicial que podría estar incidiendo
en la carga procesal, la duración de los procesos
y
la
eficiencia
del
sistema
de
justicia.
Esta
percepción
es
consistente
tanto
en
usuarios
como
en
profesionales
vinculados
al
sistema
judicial, lo que refuerza la idea de que la falta
de
jueces
constituye
uno
de
los
factores
estructurales
que
podrían
influir
en
la
congestión
procesal
y
en
la
celeridad
de
la
administración de justicia

Respecto a la incidencia de la falta de jueces en
la rapidez de resolución de los casos, el 45% de
los
encuestados
manifiesta
estar
muy
de
acuerdo y el 30% de acuerdo en que la falta de
jueces
en
el
país
afecta
la
rapidez
en
la
resolución
de
los
casos,
lo
que
representa
un
75%
que
percibe
una
relación
directa
entre
ambas
variables.
Este
resultado
pone
en
evidencia
que
la
mayoría
de
los
participantes
considera
que
la
insuficiencia
de
operadores
judiciales influye de manera significativa en la
duración de los procesos y en la eficiencia del
sistema de justicia.

En contraste, el 15% de los encuestados expresa
desacuerdo con esta afirmación, mientras que el
10%
mantiene
una
postura
neutral,
lo
que
refleja que un grupo minoritario no identifica
una
relación
directa
o
no
tiene
una
opinión
definida
sobre
esta
problemática.
A
partir
de
estos resultados, se puede inferir que dentro de
la
población
estudiada
existe
una
percepción
generalizada
sobre
la
relación
entre
la
disponibilidad
de
jueces
y
el
tiempo
de
tramitación
de
los
procesos
judiciales,
lo
que
sugiere
que
el
fortalecimiento
del
talento
humano en la función judicial podría contribuir
a
mejorar
la
celeridad
procesal
y
reducir
los
tiempos de resolución de los casos. En relación
con
la
necesidad
de
aumentar
el
número
de
jueces para mejorar la eficacia judicial, el 50%
de los participantes está muy de acuerdo y el
30%
de
acuerdo
en
que
el
Estado
debería
adoptar esta medida, alcanzando de esta manera
un 80% de respaldo. Este alto porcentaje refleja
que existe una percepción mayoritaria de que la
falta de jueces influye directamente en la carga
procesal
y
en
la
demora
en
la
resolución
de
causas.
Únicamente
el
12%
se
manifiesta
en
desacuerdo y el 8% se mantiene neutral, lo que
evidencia que la oposición a esta propuesta es
relativamente baja en comparación con el nivel
de aceptación.

En este contexto, la mayoría de los encuestados
considera
que
el
fortalecimiento
del
recurso
humano
judicial
constituye
una
alternativa
viable
para
optimizar
el
funcionamiento
institucional,
mejorar
la
eficiencia
en
la
administración de justicia y reducir los niveles
de congestión procesal, contribuyendo así a una
atención más oportuna y eficaz para los usuarios
del
sistema
judicial.
En
relación
con
la
confianza en el sistema judicial ecuatoriano, el
40% de los participantes manifiesta tener poca
confianza
y
el
25%
señala
no
tener
ninguna
confianza,
lo
que
representa
en
conjunto
un
65%
de
valoraciones
desfavorables.
Este
resultado
evidencia
que
la
mayoría
de
los
encuestados presenta un bajo nivel de confianza
en el sistema judicial, situación que podría estar
relacionada con la percepción sobre la demora
de los procesos, la eficiencia institucional y la
capacidad de respuesta de la administración de
justicia.

Por
otro
lado,
el
25%
de
los
encuestados
manifiesta tener algo de confianza en el sistema
judicial, mientras que únicamente el 10% señala
confiar
mucho
en
él.
En
conjunto,
estos
porcentajes representan un 35% de participantes
que
mantiene
algún
grado
de
confianza
en
el
sistema,
proporción
considerablemente
menor

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Edición Especial X 2026
Página 368

frente
al
65%
que
expresa
poca
o
ninguna
confianza.
Los
resultados
evidencian
un
predominio de bajos niveles de confianza en el
sistema judicial ecuatoriano entre la población
estudiada. Esta percepción guarda relación con
los resultados obtenidos anteriormente respecto
a la demora de los procesos y la eficiencia de la
administración de justicia, lo que sugiere que la
confianza
institucional
podría
estar
vinculada
con
la
percepción
de
los
usuarios
y
profesionales
del
derecho
sobre
el
funcionamiento, la oportunidad y la capacidad
de respuesta del sistema judicial.

Los
resultados
obtenidos
en
la
presente
investigación
coinciden
con
lo
señalado
por
Dakolias (1999), quien sostiene que el exceso
de causas asignadas a un número reducido de
jueces produce retrasos en la resolución de los
procesos
y
afecta
la
eficiencia
del
sistema
judicial.
En
la
investigación
realizada,
la
mayoría de los encuestados considera que los
procesos
judiciales
se
demoran
demasiado
y
que existe insuficiencia de jueces en el país, lo
cual evidencia que la percepción social coincide
con la literatura especializada que identifica
la
sobrecarga judicial como uno de los principales
factores de la demora procesal.

De igual manera, los
resultados se relacionan
con
lo
planteado
por
Buscaglia
y
Dakolias
(1999),
quienes
señalaron
que
los
sistemas
judiciales
con
mayores
recursos
humanos
y
administrativos
presentan
mejores
niveles
de
eficiencia.
En
este
estudio,
el
75%
de
los
encuestados
considera
que
la
falta
de
jueces
afecta la rapidez en la resolución de los casos,
lo
que
confirma
que
la
disponibilidad
de
operadores
judiciales
constituye
un
elemento
determinante en la capacidad institucional del
sistema judicial para responder oportunamente
a la demanda procesal. Asimismo, los hallazgos
de
la
investigación
guardan
relación
con
lo
señalado
por
Melcarne
et
al.
(2021),
quienes
demostraron
que
la
demora
judicial
afecta
la
calidad del sistema de justicia y que la justicia
tardía
puede
equivaler
a
una
forma
de
denegación
de
justicia.
Esta
afirmación
se
vincula con la percepción de los encuestados,
quienes
consideran
que
la
demora
procesal
afecta la eficacia judicial y la confianza en el
sistema de justicia.

Por otra parte, los resultados también coinciden
con
lo
planteado
por
Posner
(2008),
quien
explicó que la eficiencia judicial depende de la
adecuada
organización
del
trabajo,
la
planificación institucional y la gestión eficiente
de
los
recursos
humanos.
En
este
sentido,
la
percepción de los encuestados respecto a que el
incremento
del
número
de
jueces
podría
mejorar
la
eficacia
judicial
se
alinea
con
las
teorías
que
sostienen
que
el
fortalecimiento
institucional
y
la
adecuada
planificación
del
talento
humano
son
elementos
fundamentales
para mejorar la eficiencia del sistema judicial.

Conclusiones

La
investigación
permitió
determinar
que
el
déficit
de
jueces
y
magistrados
constituye
un
factor estructural que limita la eficacia judicial
en el Ecuador durante el período 2015–2025. La
evidencia documental examinada, junto con los
resultados
obtenidos
mediante
las
encuestas
aplicadas
a
usuarios
del
sistema
judicial
y
profesionales
del
derecho,
demuestra
que
la
insuficiencia
de
operadores
judiciales
ha
favorecido el incremento de la carga procesal,
la acumulación de causas y la prolongación de
los tiempos de resolución de los procesos. Estos
resultados coinciden con la literatura científica
revisada,
que
identifica
la
disponibilidad
del
recurso humano judicial como un componente
esencial para garantizar una administración de
justicia
eficiente,
oportuna
y
acorde
con
los
principios
de
tutela
judicial
efectiva.
Los

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Página 369

resultados
empíricos
evidenciaron
una
percepción ampliamente mayoritaria de que los
procesos
judiciales
en
el
Ecuador
presentan
demoras
excesivas
y
que
esta
situación
se
encuentra
estrechamente
relacionada
con
la
insuficiencia de jueces para atender la demanda
existente. La información recopilada confirma
que la sobrecarga procesal afecta la capacidad
operativa de los órganos jurisdiccionales, limita
la oportunidad de las resoluciones y repercute
negativamente en la confianza de la ciudadanía
hacia
el
sistema
judicial.
En
consecuencia,
la
eficacia judicial no depende únicamente de la
existencia
de
normas
procesales
adecuadas,
sino también de la capacidad institucional para
responder oportunamente a las necesidades de
justicia.

La
investigación
permitió
establecer
que
el
fortalecimiento de la Función Judicial no puede
limitarse
exclusivamente
al
incremento
del
número de jueces y magistrados. El análisis de
la literatura especializada y de las experiencias
comparadas demuestra que la eficacia judicial
también depende de la planificación estratégica
del talento humano, la adecuada distribución de
la carga procesal, la modernización tecnológica,
la optimización de los procedimientos judiciales
y
la
incorporación
de
mecanismos
de
gestión
que
permitan
utilizar
eficientemente
los
recursos
disponibles.
En
este
sentido,
la
insuficiencia
de
jueces
constituye
un
factor
determinante,
pero
forma
parte
de
una
problemática
institucional
más
amplia
que
requiere soluciones integrales.

Asimismo,
la
revisión
del
marco
jurídico
nacional e internacional permitió constatar que
el
Estado
tiene
la
obligación
de
organizar
el
sistema
judicial
de
manera
que
garantice
el
acceso efectivo a una tutela judicial oportuna.
Los estándares previstos en la Constitución de
la República, el Código Orgánico de la Función
Judicial,
la
Convención
Americana
sobre
Derechos
Humanos
y
la
jurisprudencia
internacional
evidencian
que
las
demoras
excesivas
en
la
resolución
de
los
procesos
pueden
afectar
derechos
fundamentales,
particularmente el derecho a ser juzgado dentro
de un plazo razonable. Desde esta perspectiva,
el
déficit
de
jueces
trasciende
el
ámbito
administrativo
y
adquiere
relevancia
constitucional
por
su
incidencia
directa
en
la
protección efectiva de los derechos.

Se concluye que el mejoramiento de la eficacia
judicial
en
el
Ecuador
requiere
la
implementación de políticas públicas orientadas
al
fortalecimiento
institucional
de
la
Función
Judicial.
Entre
ellas
destacan
la
planificación
permanente
del
recurso
humano
judicial,
la
realización oportuna de concursos de méritos y
oposición, la cobertura efectiva de vacantes, la
redistribución
técnica
de
la
carga
procesal,
la
incorporación de herramientas tecnológicas y el
fortalecimiento de los
mecanismos de gestión
administrativa. La adopción coordinada de estas
medidas contribuirá a disminuir la congestión
judicial, reducir los tiempos de resolución de las
causas y garantizar un servicio de justicia más
eficiente,
transparente
y
accesible
para
la
ciudadanía.

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Declaraciones éticas y editoriales del artículo

Contribución de los autores (Taxonomía CRediT).

Pedro Ecuador Zambrano Zambrano: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal
de los datos, redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en relación con la investigación presentada, la autoría del manuscrito ni la publicación del
presente artículo.

Declaración de financiamiento

La presente investigación no recibió financiamiento específico de agencias públicas, comerciales o de organizaciones sin fines de lucro. En caso de
existir financiamiento institucional o externo, este deberá ser declarado explícitamente por los autores en esta sección.

Declaración del editor

El editor responsable certifica que el proceso editorial del presente artículo se desarrolló conforme a los principios de integridad científica,
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garantizando la confidencialidad de la identidad de los autores y revisores durante todo el proceso de dictamen académico. Asimismo, el editor declara
que el artículo cumple con los criterios científicos, metodológicos y éticos establecidos por la revista.

Declaración de los revisores

Los revisores externos que participaron en la evaluación del presente manuscrito declaran haber realizado el proceso de revisión de manera objetiva,
independiente y confidencial. Asimismo, manifiestan que no mantienen conflictos de interés con los autores ni con la investigación evaluada, y que sus
observaciones y recomendaciones se fundamentan exclusivamente en criterios científicos, metodológicos y académicos.

Declaración ética de la investigación

Los autores declaran que la investigación se desarrolló respetando los principios éticos de la investigación científica, garantizando la confidencialidad
de los datos y el respeto a los participantes del estudio. En los casos en que la investigación involucre seres humanos, los procedimientos deben
ajustarse a los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y a las normativas institucionales correspondientes.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Los autores declaran que el uso de herramientas de inteligencia artificial, en caso de haberse utilizado durante el proceso de investigación o redacción
del manuscrito, se realizó únicamente como apoyo técnico para mejorar la claridad del lenguaje o el análisis de información, manteniendo siempre la
responsabilidad intelectual sobre el contenido del artículo. Las herramientas de inteligencia artificial no fueron utilizadas como autoras del manuscrito
ni sustituyen la responsabilidad académica de los investigadores.

Disponibilidad de datos

Los datos que respaldan los resultados de esta investigación estarán disponibles previa solicitud razonable al autor de correspondencia, respetando las
normas éticas y de confidencialidad establecidas por la investigación.

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