Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 9
Septiembre del 2026
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ANÁLISIS AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE EL ESTUDIO DE CASO DEL
MERCADER DE VENECIA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
ANALYSIS OF ACCESS TO JUSTICE FROM THE CASE STUDY OF THE MERCHANT
OF VENICE FOR UNDERGRADUATE STUDENTS
Autores: ¹Ana Ruth Citlaly Batris De La Cruz.
1
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0002-5083-2860
1
E-mail de contacto: batris_21@hotmail.com
Afiliación:
1*
Instituto Universitario Luis Felipe Dominguez Suárez, Tabasco, (México).
Artículo recibido: 5 de Septiembre del 2026.
Artículo revisado: 14 de Septiembre del 2026.
Artículo aprobado: 14 de Septiembre del 2026.
¹Licenciada en Derecho, graduada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, (México). Maestra en Medios de Solución de
Conflictos y Derechos Humanos, graduada de UJAT-División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, (México). Doctora en
MASCyDH, graduada de la UJAT-División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, (México). Maestrante de la Maestría en
Educación por el Instituto Universitario Luis Felipe Dominguez Suárez, Tabasco, (México).
Resumen
El mercader de Venecia, obra de William
Shakespeare, constituye un recurso literario
que permite reflexionar sobre la importancia de
la argumentación jurídica, la ética, la moral y el
reconocimiento de los derechos humanos. Uno
de los ejes centrales de la obra es el acceso a la
justicia, lo que posibilita que los estudiosos del
Derecho analicen este concepto como un
derecho humano desde diversas circunstancias
y escenarios. El presente estudio de caso
permitirá abordar la obra desde diferentes
perspectivas jurídicas, identificando las
implicaciones que surgen en torno a la
impartición de justicia, la aplicación de la
norma, la argumentación y los principios éticos
y morales que intervienen en la resolución de
un conflicto. Asimismo, su análisis puede
generar diversas interpretaciones y
conclusiones, dependiendo del enfoque desde
el cual sea estudiado, contribuyendo así al
fortalecimiento del andamiaje jurídico y al
desarrollo del pensamiento crítico del
educando. Desde esta perspectiva, se plantea la
posibilidad de explorar mecanismos
autocompositivos, como la conciliación y la
negociación, en los que son las propias partes
quienes participan activamente en la
construcción de una solución al conflicto. Sin
embargo, en la obra, ante la ausencia de una
conciliación y negociación efectiva entre las
partes, el conflicto termina resolviéndose
mediante un mecanismo heterocompositivo, en
el que el juzgador interviene para dirimir la
controversia.
En este sentido, el análisis de El mercader de
Venecia constituye no solo un ejercicio de
reflexión jurídica, sino también una crítica y
una invitación a evaluar la evolución de los
sistemas de impartición de justicia, tanto desde
una perspectiva histórica como en el contexto
actual de los distintos Estados.
Palabras clave: Justicia, Derechos
Humanos, Conciliación, Imparcialidad,
Educación.
Abstract
The Merchant of Venice, a work by William
Shakespeare, is a literary resource that allows
us to reflect on the importance of legal
argumentation, ethics, morality, and the
recognition of human rights. One of the central
themes of the play is access to justice, which
enables legal scholars to analyze this concept
as a human right from diverse circumstances
and perspectives. This case study will allow us
to approach the play from different legal
perspectives, identifying the implications that
arise regarding the administration of justice, the
application of the law, argumentation, and the
ethical and moral principles involved in
conflict resolution. Furthermore, its analysis
can generate diverse interpretations and
conclusions, depending on the approach taken,
thus contributing to strengthening the legal
framework and developing students' critical
thinking skills. From this perspective, the
possibility of exploring self-composition
mechanisms, such as conciliation and
negotiation, is raised, in which the parties
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themselves actively participate in constructing
a solution to the conflict. However, in the play,
due to the absence of effective conciliation and
negotiation between the parties, the conflict is
ultimately resolved through a
heterocompositive mechanism, in which the
judge intervenes to settle the dispute. In this
sense, the analysis of The Merchant of Venice
constitutes not only an exercise in legal
reflection, but also a critique and an invitation
to evaluate the evolution of justice systems,
both from a historical perspective and within
the current context of different states.
Keywords: Justice, Human Rights,
Conciliation, Impartiality, Education.
Sumário
O Mercador de Veneza, obra de William
Shakespeare, é um recurso literário que nos
permite refletir sobre a importância da
argumentação jurídica, da ética, da moral e do
reconhecimento dos direitos humanos. Um dos
temas centrais da peça é o acesso à justiça, o que
possibilita aos estudiosos do direito analisar
esse conceito como um direito humano a partir
de diversas circunstâncias e perspectivas. Este
estudo de caso nos permitirá abordar a peça sob
diferentes perspectivas jurídicas, identificando
as implicações que surgem em relação à
administração da justiça, à aplicação da lei, à
argumentação e aos princípios éticos e morais
envolvidos na resolução de conflitos. Além
disso, sua análise pode gerar diversas
interpretações e conclusões, dependendo da
abordagem adotada, contribuindo assim para o
fortalecimento do arcabouço jurídico e para o
desenvolvimento das habilidades de
pensamento crítico dos estudantes. A partir
dessa perspectiva, levanta-se a possibilidade de
explorar mecanismos de autoconstituição,
como a conciliação e a negociação, nos quais as
próprias partes participam ativamente da
construção de uma solução para o conflito. No
entanto, na peça, devido à ausência de
conciliação e negociação eficazes entre as
partes, o conflito é resolvido, em última
instância, por meio de um mecanismo
heterocompositivo, no qual o juiz intervém para
solucionar a disputa. Nesse sentido, a análise de
O Mercador de Veneza constitui não apenas um
exercício de reflexão jurídica, mas também uma
crítica e um convite à avaliação da evolução dos
sistemas de justiça, tanto numa perspectiva
histórica quanto no contexto atual de diferentes
estados.
Palavras-chave: Justiça, Direitos Humanos,
Conciliação, Imparcialidade, Educação.
Introducción
La relación entre Derecho y literatura
constituye un campo de análisis
interdisciplinario que permite examinar
problemas jurídicos a partir de situaciones
narrativas en las que convergen normas,
conflictos, derechos, valores y decisiones
humanas. La literatura no se limita a representar
acontecimientos sociales, sino que ofrece
escenarios capaces de estimular la reflexión
sobre el sentido de la justicia, los límites de la
ley y las consecuencias derivadas de su
interpretación. En el ámbito de la formación
jurídica, su utilización puede contribuir al
fortalecimiento de la lectura crítica, la
argumentación y la comprensión del Derecho
más allá de una perspectiva exclusivamente
normativa (Curto, 2022; Holanda et al., 2022).
Estudios recientes también destacan que la
enseñanza jurídica basada en casos y problemas
favorece el pensamiento crítico y la formación
en derechos humanos de los futuros
profesionales del Derecho (Quezada et al.,
2022). Dentro de esta perspectiva, El mercader
de Venecia, de William Shakespeare, constituye
una obra especialmente relevante para el
análisis jurídico. Lejos de limitarse a narrar una
historia articulada en torno a la amistad, la
solidaridad, los intereses económicos y las
relaciones personales, presenta un conflicto que
permite examinar instituciones y problemas
relacionados con el Derecho Mercantil, las
obligaciones contractuales, el Derecho Civil, las
consecuencias jurídico-penales de
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determinadas conductas y, especialmente, la
interpretación y argumentación jurídica. Portela
(2020) sostiene que la obra permite reflexionar
sobre la relación entre Derecho, contrato,
interpretación y justicia, mientras que estudios
más recientes continúan identificando en ella un
espacio privilegiado para analizar la tensión
existente entre la fuerza de la ley y las
exigencias materiales de justicia (Gómez y
Lara, 2025; Walayat, 2026).
Esta característica convierte la obra en un
recurso pertinente para la formación de
estudiantes de la Licenciatura en Derecho, ya
que permite trasladar categorías jurídicas
abstractas a un conflicto concreto y discutir las
diferentes alternativas que puede adoptar quien
interpreta y aplica una norma. La incorporación
de textos literarios en la enseñanza jurídica
facilita que el estudiante contraste reglas,
principios, derechos e intereses, al mismo
tiempo que desarrolla capacidades de
razonamiento y argumentación frente a
problemas que no siempre admiten una única
respuesta jurídicamente evidente (Curto, 2022;
Holanda et al., 2022). En este sentido, el estudio
de El mercader de Venecia posibilita abordar el
acceso a la justicia desde distintos campos del
Derecho y analizar cómo la aplicación de una
disposición puede producir consecuencias
diferentes dependiendo del método
interpretativo empleado.
Uno de los principales problemas que plantea la
obra se relaciona precisamente con la tensión
entre legalidad y justicia. De esta problemática
surgen interrogantes esenciales para la teoría y
la práctica jurídica: ¿qué debe entenderse por
justicia?, ¿el cumplimiento estricto de una
norma garantiza necesariamente una decisión
justa?, ¿hasta dónde debe llegar la literalidad
cuando su aplicación genera consecuencias
incompatibles con otros principios jurídicos?
Estas preguntas mantienen vigencia porque la
seguridad jurídica y el principio de legalidad
exigen respeto por las normas válidamente
establecidas; sin embargo, la interpretación
jurídica contemporánea reconoce que el
significado de una disposición no siempre
puede determinarse exclusivamente mediante
su tenor literal.
La discusión resulta particularmente importante
en el ámbito contractual. Barcia Lehmann y
Rivera Restrepo (2022) explican que el
literalismo contractual históricamente otorgó
una posición central al cumplimiento específico
de las obligaciones, mientras que la evolución
del Derecho de contratos ha incorporado
discusiones relacionadas con los remedios
contractuales, la razonabilidad y la equidad.
Desde esta perspectiva, la obligatoriedad del
contrato no elimina necesariamente la
necesidad de examinar sus condiciones, sus
efectos y su compatibilidad con otros principios
jurídicos. Así, el cumplimiento de lo pactado
constituye una garantía esencial para la
seguridad de las relaciones jurídicas, pero el
análisis jurídico también debe considerar las
consecuencias que produce la aplicación de las
cláusulas contractuales.
Esta tensión aparece con particular claridad en
El mercader de Venecia. El conflicto entre
Shylock y Antonio se origina en un acuerdo
contractual mediante el cual se garantiza el
cumplimiento de una obligación con una libra
de carne del cuerpo del deudor. La trama sitúa
posteriormente a los personajes ante un tribunal
en el que la pretensión de ejecutar literalmente
la garantía transforma una controversia
patrimonial en un conflicto relacionado con la
vida, la integridad, la dignidad, la equidad y los
límites de la autonomía contractual. Estudios
contemporáneos sobre la obra destacan
precisamente esta confrontación entre contrato,
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legalidad, justicia y misericordia (Portela, 2020;
Godlewski, 2024). Walayat (2026), por su
parte, observa que la obra permite analizar
cómo el Derecho atribuye posiciones jurídicas a
Antonio y Shylock y cómo la aplicación de esas
categorías puede, simultáneamente, reconocer
derechos y ocultar dimensiones humanas
relevantes del conflicto.
El proceso representado en la obra adquiere
especial complejidad porque las autoridades
venecianas se enfrentan a la necesidad de
preservar la fuerza del ordenamiento jurídico y
la seguridad de las relaciones comerciales. La
propia estructura narrativa muestra que el
respeto de los contratos se encuentra
relacionado con la confianza de quienes
realizan actividades económicas en Venecia.
Sin embargo, cuando la pretensión de Shylock
deja de dirigirse simplemente a recuperar una
deuda y busca ejecutar la cláusula de la libra de
carne, la aplicación literal del acuerdo revela
una contradicción entre el cumplimiento formal
de lo pactado y las consecuencias materiales de
esa decisión. De ahí que el juicio pueda
estudiarse como un problema de interpretación
jurídica y no únicamente como una controversia
contractual. Estudios recientes han destacado
que la argumentación desarrollada en la escena
judicial permite discutir las relaciones entre
razonamiento jurídico, equidad, justicia y
cultura de paz (Gómez y Lara, 2025).
Desde una perspectiva contemporánea de
derechos humanos, esta problemática permite
vincular el análisis literario con el principio pro-
persona, también denominado pro homine. Este
criterio hermenéutico orienta la interpretación
hacia la alternativa que otorgue una protección
más amplia a la persona y sus derechos cuando
existen distintas posibilidades jurídicamente
admisibles. Ramírez (2021) señala que este
principio expresa la centralidad de la persona
dentro del Estado de derecho y orienta la
práctica jurídica hacia la protección de intereses
humanos fundamentales. Por consiguiente, la
interpretación jurídica contemporánea no puede
concebirse exclusivamente como una operación
mecánica de reproducción del texto normativo,
especialmente cuando se encuentran
comprometidos derechos fundamentales.
Lo anterior no significa que el intérprete pueda
apartarse arbitrariamente de las normas o
sustituirlas por apreciaciones subjetivas. El
desafío consiste en armonizar legalidad,
seguridad jurídica, derechos y principios
mediante una argumentación jurídicamente
fundamentada. El principio pro-persona
funciona precisamente como un criterio
interpretativo y no como una autorización para
desconocer el ordenamiento. Su relevancia para
este estudio radica en permitir una reflexión
contemporánea sobre el conflicto presentado
por Shakespeare: frente a diversas
interpretaciones posibles, resulta necesario
preguntarse hasta qué punto la protección de la
persona debe constituir un elemento relevante
de la decisión jurídica.
Esta discusión se encuentra igualmente
vinculada con el acceso a la justicia, entendido
en un sentido que trasciende la mera posibilidad
formal de acudir ante un tribunal. Minow
(2022) advierte que el acceso efectivo a la
justicia requiere mecanismos capaces de
convertir los derechos reconocidos
jurídicamente en soluciones reales para las
personas. Desde la perspectiva de los derechos
humanos, el acceso a recursos efectivos
constituye además una condición importante
para la protección de otros derechos. Por ello,
una decisión jurídicamente válida en términos
formales no agota necesariamente la discusión
sobre la justicia de sus consecuencias. En esta
misma línea, el estudio del conflicto permite
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examinar la posibilidad de utilizar mecanismos
alternativos de solución de controversias. Desde
la perspectiva jurídica contemporánea, el
acceso a la justicia no se limita necesariamente
al proceso judicial tradicional, sino que puede
complementarse mediante negociación,
conciliación, mediación y otros procedimientos
orientados a alcanzar soluciones consensuadas.
Barrientos et al. (2023) destacan que una
concepción amplia del acceso a la justicia
incorpora mecanismos alternativos de
resolución de controversias como instrumentos
que pueden contribuir a superar determinadas
barreras del procedimiento jurisdiccional. Esta
perspectiva ofrece un marco útil para
preguntarse si el conflicto entre Antonio y
Shylock habría admitido alternativas distintas
de la ejecución judicial estricta de la cláusula
contractual.
No obstante, el análisis de la obra exige evitar
una lectura simplificada en la que la literalidad
represente necesariamente la injusticia y la
interpretación flexible garantice
automáticamente una solución justa. Godlewski
(2024) destaca que la relación entre justicia y
misericordia en El mercader de Venecia resulta
más compleja que una oposición absoluta entre
ambas categorías. De igual modo, la escena
judicial permite cuestionar no solo la pretensión
de Shylock, sino también las consecuencias de
la decisión adoptada contra él. Esta
circunstancia amplía el problema jurídico, pues
conduce a examinar la igualdad ante la ley, la
proporcionalidad de las consecuencias, la
protección de las partes y los límites que debe
respetar la autoridad al solucionar una
controversia.
A pesar de la existencia de investigaciones que
han estudiado por separado la interpretación
jurídica, el contrato, la justicia y la
argumentación presentes en El mercader de
Venecia (Portela, 2020; Gómez y Lara, 2025;
Walayat, 2026), continúa siendo pertinente
abordar la obra desde una perspectiva
integradora que articule interpretación jurídica,
acceso a la justicia, protección de derechos y
mecanismos alternativos de solución de
conflictos. Esta aproximación permite trasladar
un conflicto literario originado en un contexto
histórico diferente hacia categorías jurídicas
contemporáneas, no con la finalidad de aplicar
retroactivamente el Derecho actual a los
personajes, sino de utilizar la obra como un caso
académico para fortalecer la reflexión y la
argumentación de los estudiantes de Derecho.
En consecuencia, el presente artículo tiene
como objetivo analizar el conflicto jurídico
planteado en El mercader de Venecia desde la
perspectiva de la interpretación jurídica, el
acceso a la justicia, la protección de los
derechos humanos y los mecanismos
alternativos de solución de controversias, con la
finalidad de identificar los límites de una
aplicación estrictamente literal del contrato y
fortalecer el razonamiento jurídico de los
estudiantes de la Licenciatura en Derecho.
A partir de este propósito, se formula la
siguiente pregunta de investigación: ¿La
solución del conflicto planteado en El mercader
de Venecia debía limitarse a la aplicación literal
del contrato o era jurídicamente posible
considerar otros criterios de interpretación y
mecanismos alternativos que permitieran
alcanzar una solución distinta a la controversia?
Materiales y Métodos
El presente documento se desarrolla bajo un
enfoque dogmático-jurídico, mediante el
análisis de los instrumentos normativos y
fuentes jurídicas relacionadas con el objeto de
estudio, entre ellos tratados, pactos,
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convenciones, leyes y demás disposiciones
aplicables. Asimismo, se recurrirá a los aportes
de la doctrina especializada, con la finalidad de
construir un marco jurídico que permita
sustentar el argumento planteado y realizar un
análisis crítico de las cuestiones derivadas del
caso (Witker, 1995). Asimismo, uno de los
métodos de investigación de especial relevancia
en el campo de las ciencias sociales es el
método cualitativo, el cual busca comprender
los fenómenos sociales a partir de las
experiencias, interpretaciones y significados
construidos por las personas. Este método se
nutre epistemológicamente de corrientes como
la hermenéutica, la fenomenología y el
interaccionismo simbólico.
Desde esta perspectiva, el pensamiento
hermenéutico que orienta el presente artículo
permite aproximarse al objeto de estudio desde
una visión interpretativa, considerando a las
personas no únicamente como fuentes de datos,
sino como sujetos dotados de raciocinio,
capaces de tomar decisiones, reflexionar sobre
determinadas situaciones y construir
significados a partir de sus experiencias. En este
sentido, se reconoce a las personas como seres
libres y autónomos, otorgando mayor
relevancia a las dimensiones sociales, culturales
y subjetivas que intervienen en la construcción
de la realidad, sin reducir el análisis a la
obtención de datos específicos.
Por tanto, el método cualitativo permite realizar
una aproximación más profunda al fenómeno
estudiado, privilegiando la interpretación y
comprensión de los significados que las
personas atribuyen a determinadas situaciones.
Desde esta perspectiva, el iusnaturalismo puede
vincularse con una concepción del Derecho
centrada en la persona, la dignidad humana, la
justicia y los principios inherentes al ser
humano.
Resultados y Discusión
En el primer cuadro de este análisis se establece
la estructura del estudio de caso. La historia gira
en torno a dos personajes principales: Antonio
y Bassanio, quienes se desempeñaban en la
actividad mercantil, entendida como el
intercambio de bienes y servicios entre las
partes que intervienen en una relación
comercial. Antonio se dedicaba a invertir y
comerciar, principalmente mediante el
transporte marítimo de sus mercancías.
Asimismo, aparece un tercer personaje, de
origen judío, llamado Shylock, quien se
dedicaba a la actividad de la usura, consistente
en otorgar préstamos de dinero que debían ser
reintegrados en su totalidad, además de los
intereses correspondientes, incluidos los
ordinarios y, en su caso, los moratorios. A
diferencia de Shylock, Antonio también
realizaba en diversas ocasiones actividades
relacionadas con el préstamo de dinero, pero sin
establecer el cobro de intereses. Derivado de
estas prácticas y de sus diferencias respecto de
la actividad crediticia, entre ambos personajes
existía cierta rivalidad.
Dentro de los planes de Bassanio se encontraba
contraer matrimonio con Porcia, una mujer
soltera que buscaba esposo y que había
heredado una importante fortuna de su padre.
Con el propósito de contar con los recursos
necesarios para cortejarla y aspirar al
matrimonio, Bassanio solicita a Antonio un
préstamo de tres mil ducados. Sin embargo,
Antonio no disponía de dicha cantidad en
efectivo, debido a que sus recursos se
encontraban invertidos en sus actividades
comerciales y en las mercancías transportadas
por vía marítima. Ante esta situación, decide
recurrir a Shylock, un prestamista de la
localidad, quien accede a otorgarle el préstamo.
Ambas partes acuerdan la celebración de un
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contrato por la cantidad de tres mil ducados, en
el que se establece una condición para el
supuesto de incumplimiento. Conforme a lo
pactado, si Antonio no reintegraba el préstamo
dentro del plazo establecido, Shylock tendría
derecho a exigir como penalización una libra de
carne del cuerpo de Antonio. De esta manera, el
acuerdo contractual adquiere especial
relevancia dentro de la trama, pues la cláusula
pactada constituye posteriormente el
fundamento de la controversia jurídica entre
ambos personajes.
Tabla 1. Síntesis de los resultados del análisis jurídico de El mercader de Venecia.
Eje de análisis
Situación identificada en la obra
Resultado del análisis jurídico
Interpretación del hallazgo
Relación
contractual
Antonio obtiene de Shylock un préstamo de
tres mil ducados y acepta como penalización
por incumplimiento la entrega de una libra de
su propia carne
Se identifica un contrato basado en la
autonomía de la voluntad, pero con una
cláusula cuya ejecución excede los efectos
ordinarios de una obligación patrimonial
La libertad contractual no puede entenderse
como absoluta cuando la ejecución de lo pactado
compromete bienes inherentes a la persona
Validez y límites
de la cláusula
El incumplimiento de Antonio permite a
Shylock exigir literalmente una libra de carne
La cláusula genera una tensión entre la fuerza
obligatoria del contrato y la protección de la
vida, integridad física y dignidad
El consentimiento de las partes no es suficiente
para legitimar cualquier consecuencia
contractual; existen límites derivados de la
protección de derechos fundamentales
Literalidad frente
a justicia
Shylock exige que el tribunal aplique
estrictamente lo establecido en el contrato
Se evidencia que una interpretación
exclusivamente literal puede generar una
solución formalmente sustentada pero
materialmente incompatible con la justicia
La actividad judicial requiere interpretar la
norma y valorar principios, derechos y
consecuencias, en lugar de limitarse a una
aplicación mecánica del texto
Ponderación de
derechos y
principios
En el conflicto se enfrentan el derecho de
Shylock a exigir el cumplimiento contractual
y los derechos de Antonio a la integridad,
vida y dignidad
El caso presenta una colisión entre posiciones
jurídicas que no puede solucionarse
únicamente mediante la regla contractual
Desde la teoría de la ponderación, la
interpretación debe valorar la intensidad de la
afectación de los derechos involucrados y
establecer límites a la ejecución del contrato
Finalidad de la
pretensión de
Shylock
Shylock rechaza distintas propuestas
económicas, incluso superiores al valor
original de la deuda, e insiste en obtener la
libra de carne
La pretensión deja de mostrar una finalidad
exclusivamente patrimonial y adquiere una
dimensión vinculada con la causación
deliberada de un daño físico
El análisis jurídico no debe considerar
únicamente la existencia formal de la cláusula,
sino también la finalidad perseguida y las
consecuencias de su ejecución
Protección de
derechos humanos
La ejecución de la cláusula representaría una
amenaza directa contra la integridad física y
la dignidad de Antonio
La controversia trasciende el ámbito privado y
contractual, pues exige la intervención de la
autoridad para impedir una afectación grave de
derechos
La autonomía privada encuentra límites cuando
sus efectos son incompatibles con la protección
de la persona; el Estado debe respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos
Interpretación
realizada por
Porcia
Porcia acepta inicialmente la literalidad del
contrato, pero determina que Shylock puede
tomar únicamente una libra exacta de carne
sin derramar sangre
La aplicación estricta de todos los términos de
la cláusula demuestra su imposibilidad práctica
y jurídica
La literalidad es utilizada paradójicamente para
establecer límites a la propia literalidad
contractual, evidenciando la importancia de
interpretar el acuerdo dentro del orden jurídico
completo
Acceso a la
justicia e
imparcialidad
Antonio dispone de la intervención de Porcia,
mientras que Shylock no cuenta con una
asistencia equivalente; además, la actuación
del Dux permite cuestionar la neutralidad del
proceso
Se identifican problemas relacionados con
igualdad procesal, representación jurídica e
imparcialidad
El acceso a la justicia no consiste únicamente en
acudir ante un tribunal, sino también en disponer
de condiciones de igualdad y de una autoridad
imparcial
Libertad religiosa
y no
discriminación
Shylock pertenece a una comunidad judía
objeto de rechazo y, como consecuencia del
juicio, se le impone, entre otras condiciones,
su conversión al cristianismo
La decisión que protege a Antonio tampoco
puede considerarse exenta de cuestionamientos
desde una perspectiva contemporánea de
derechos humanos
El análisis muestra que la protección de derechos
debe aplicarse a todas las partes; la solución de
una vulneración no justifica producir otra
relacionada con la libertad religiosa o la no
discriminación
Mediación y
negociación
Antes y durante el conflicto se formulan
alternativas dirigidas al pago de la deuda y se
ofrecen cantidades superiores a la
originalmente pactada
Existían posibilidades distintas de la ejecución
de la libra de carne para satisfacer el interés
económico derivado de la obligación
La negociación y la mediación aparecen como
vías potenciales para alcanzar una solución
menos lesiva, basada en el diálogo y la
satisfacción razonable de los intereses de las
partes
Función de los
derechos
fundamentales
La controversia revela que el ejercicio de un
derecho formalmente reconocido puede
afectar otros bienes jurídicos relevantes
Los derechos fundamentales operan como
límites frente a actuaciones que, aun teniendo
una apariencia de legalidad, pueden generar
consecuencias incompatibles con la dignidad
humana
El reconocimiento formal de derechos debe
complementarse con mecanismos efectivos de
protección y con límites frente al ejercicio
abusivo de posiciones jurídicas
Resultado
integrador del caso
El conflicto podía abordarse desde diferentes
vías: ejecución literal, interpretación
sistemática, ponderación, negociación o
mediación
El análisis no respalda que la controversia
tuviera que resolverse exclusivamente
mediante la aplicación literal del contrato
El hallazgo central muestra que era jurídicamente
argumentable considerar mecanismos
interpretativos y alternativos capaces de conciliar
seguridad jurídica, acceso a la justicia y
protección de la persona
Fuente: Elaboración propia.
En esta parte de la historia se presenta el núcleo
del conflicto jurídico, representado por la
cláusula contractual pactada entre Antonio y
Shylock. Si bien ambas partes manifiestan su
consentimiento respecto de las condiciones
establecidas en el contrato, la cláusula que
permite a Shylock exigir una libra de carne del
cuerpo de Antonio ante el incumplimiento de la
obligación económica plantea un problema
jurídico que trasciende la simple interpretación
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literal del acuerdo. En este sentido, el conflicto
no se limita a determinar si la cláusula debe
cumplirse en los términos en que fue pactada,
sino que cuestiona los límites de la autonomía
de la voluntad y de la libertad contractual frente
a la protección de derechos fundamentales. La
aplicación estrictamente literal de la cláusula
podría conducir a la afectación de la vida, la
integridad física y la dignidad humana de
Antonio, por lo que surge una tensión entre el
cumplimiento de una obligación derivada del
contrato y la protección de derechos
fundamentales.
Esta problemática puede analizarse a partir de
la teoría de la ponderación desarrollada por
Robert Alexy, particularmente cuando existe
una colisión entre principios jurídicos que
requieren ser considerados y satisfechos en la
mayor medida posible. Desde esta perspectiva,
el juzgador no debería limitarse a realizar una
interpretación estrictamente literal de la
cláusula contractual, sino que tendría que
valorar las consecuencias jurídicas de su
aplicación y determinar si el cumplimiento de lo
pactado puede prevalecer frente a la protección
de derechos fundamentales (Alexy, 2007, pp.
67-75).
Por tanto, el caso plantea una cuestión de
especial relevancia para la argumentación
jurídica: ¿hasta dónde puede llegar la fuerza
obligatoria de un contrato cuando su
cumplimiento entra en conflicto con derechos
inherentes a la persona? El conflicto entre
Antonio y Shylock permite así analizar la
relación entre la autonomía de la voluntad, la
fuerza obligatoria de los contratos y los límites
impuestos por los derechos humanos, poniendo
de manifiesto que la interpretación jurídica no
puede desvincularse de los principios que
protegen la dignidad y la integridad de las
personas. En segunda escena, Antonio pierde su
mercancía que transportaba y como
consecuencia no tenía con los recursos
necesarios para la liquidación y el
cumplimiento oportuno de la deuda, llevando al
judío a exigir el pago de la penalización la cual
consistía en cortar la libra de carne, acuden ante
el tribunal el cual era presidido por el dux de
Venecia, posterior al inicio del juicio llega
Porcia disfrazada de abogado y realiza una serie
de argumentaciones apelando en un primer
momento a la misericordia del judío, acto
seguido llama al dux a aplicar la literalidad de
la norma argumentando que el Estado de
Venecia debe en todo momento priorizar lo
establecido en la ley y sus decretos.
En el desarrollo del juicio oral Shylock el
prestamista exige al tribunal que administrará
justicia respetando lo pactado en el contrato
escrito, pero habría que preguntarse ¿qué es
justicia? La concepción de justicia ha sido
objeto de estudio desde la filosofía clásica y ha
adquirido diferentes significados de acuerdo
con el contexto histórico y social en el que se
analiza. En este sentido, las aportaciones de
filósofos como Platón, Aristóteles y Sócrates
permiten identificar distintas aproximaciones al
concepto de justicia y a su función dentro de la
organización de la sociedad.
Murillo y Hernández (2011) señalan que estas
concepciones se relacionan con la búsqueda de
armonía y equilibrio dentro de la sociedad y con
la manera en que se establecen las relaciones
entre los individuos y el Estado. Asimismo,
desde la tradición jurídica romana, Ulpiano
definió la justicia como la constante y perpetua
voluntad de dar a cada uno su propio derecho.
Esta concepción permite advertir que la justicia
se encuentra estrechamente vinculada con la
idea de reconocer y garantizar aquello que
corresponde a cada persona conforme al
derecho. A partir de estas aproximaciones,
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puede sostenerse que la justicia no constituye un
concepto unívoco, sino que admite diversas
interpretaciones en función de las
circunstancias y de los valores jurídicos
involucrados. En el caso de Antonio y Shylock,
ambos personajes sostienen concepciones
diferentes respecto de lo que consideran justo:
mientras Shylock identifica la justicia con el
cumplimiento estricto de la obligación
contractual, la posición de Antonio conduce a
cuestionar si dicho cumplimiento puede
exigirse cuando sus consecuencias afectan
derechos inherentes a la persona.
Por tanto, el conflicto planteado en El mercader
de Venecia no puede reducirse únicamente a
determinar quién tiene la razón a partir de la
literalidad del contrato. Por el contrario, exige
analizar si aquello que fue formalmente pactado
puede ser jurídicamente exigible y cuáles son
los límites de la autonomía de la voluntad
cuando esta entra en tensión con derechos
fundamentales. De esta manera, el caso permite
observar que la justicia no necesariamente se
agota en la aplicación mecánica de una norma o
en el cumplimiento literal de una obligación,
sino que requiere un proceso de interpretación y
argumentación jurídica que atienda a los
principios y derechos involucrados en el caso
concreto.
En este contexto, el conflicto deja de ser
exclusivamente contractual y adquiere una
dimensión relacionada con la protección de los
derechos fundamentales. Por una parte, se
encuentra la pretensión de Shylock de exigir el
cumplimiento de lo pactado; por otra, la
necesidad de proteger la vida, la integridad
física y la dignidad de Antonio. Ante esta
tensión entre posiciones jurídicas que entran en
conflicto, resulta pertinente acudir a la teoría de
la ponderación desarrollada por Robert Alexy.
La ejecución de la cláusula contractual pactada
entre Antonio y Shylock plantea, además, una
problemática relacionada con la protección de
los derechos fundamentales. El cumplimiento
literal de dicha estipulación implicaría una
afectación directa a la integridad física de
Antonio y podría comprometer derechos
estrechamente vinculados con la dignidad y la
vida humana. Por ello, la fuerza obligatoria del
contrato encuentra un límite cuando su
ejecución supone la afectación de derechos
cuya protección constituye un elemento
esencial del orden jurídico.
Desde la perspectiva del derecho internacional
de los derechos humanos, la prohibición de
determinadas conductas que atentan
gravemente contra la dignidad y la integridad de
las personas ha adquirido especial relevancia y,
en determinados supuestos, puede relacionarse
con normas de carácter imperativo del derecho
internacional general (ius cogens). En
consecuencia, el análisis de la cláusula no puede
limitarse al derecho de las partes a contratar,
sino que debe considerar también las
obligaciones jurídicas relativas a la protección
de la persona humana.
Asimismo, la conducta pretendida por Shylock
puede ser analizada, desde una perspectiva de
derecho penal internacional, a partir de la
prohibición de la tortura y de otros actos que
impliquen la imposición deliberada de
sufrimientos físicos o mentales. Si bien el
supuesto planteado en la obra no puede
calificarse automáticamente como un delito de
tortura sin analizar los elementos jurídicos que
integran dicha conducta, la exigencia de extraer
una parte del cuerpo de Antonio constituye una
situación que permite cuestionar los límites
entre el cumplimiento de una obligación
contractual y la prohibición de causar
deliberadamente un sufrimiento grave a una
persona. En este sentido, el caso permite
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advertir que la autonomía de la voluntad y la
fuerza obligatoria del contrato no pueden
analizarse de manera aislada respecto de los
derechos fundamentales. La pretensión de
ejecutar literalmente la cláusula obliga al
juzgador a determinar si una obligación
contractual puede producir efectos cuando su
cumplimiento resulta incompatible con la
protección de derechos inherentes a la persona.
Es precisamente en esta tensión donde adquiere
relevancia la argumentación jurídica y,
particularmente, la ponderación de los
principios y derechos que se encuentran en
conflicto.
Como se observa en el desarrollo del juicio, uno
de los aspectos que adquiere relevancia para el
análisis jurídico es la intención de Shylock al
exigir la ejecución de la penalización pactada.
Si bien inicialmente la cláusula contractual se
encontraba vinculada al incumplimiento de la
obligación económica, las circunstancias
desarrolladas durante el juicio permiten
cuestionar si la pretensión del prestamista
perseguía realmente la satisfacción de un interés
patrimonial o si, por el contrario, existía una
intención deliberada de causar un daño físico a
Antonio.
Esta circunstancia adquiere especial relevancia
cuando Shylock rechaza las propuestas
realizadas para satisfacer la deuda mediante el
pago de una cantidad superior a la
originalmente pactada. Incluso cuando se le
ofrece pagar el doble y posteriormente una
cantidad considerablemente mayor a la deuda,
el prestamista mantiene su exigencia de ejecutar
la cláusula contractual. Lo anterior permite
advertir que su pretensión deja de estar
orientada exclusivamente a obtener el pago de
los tres mil ducados y adquiere una dimensión
relacionada con la intención de causar un
perjuicio físico a la contraparte. Desde esta
perspectiva, la conducta de Shylock puede ser
analizada a partir de la finalidad perseguida con
la ejecución de la cláusula. El hecho de que
rechace una reparación económica suficiente
para satisfacer la obligación principal permite
cuestionar si la exigencia de la libra de carne
constituye verdaderamente una consecuencia
contractual destinada a garantizar el
cumplimiento de la deuda o si representa un
mecanismo de venganza y de causación
deliberada de daño.
Por ello, el elemento subjetivo adquiere
importancia dentro del análisis del caso, pues no
basta con determinar la existencia de una
obligación contractual formalmente aceptada
por las partes; también resulta necesario
examinar la finalidad perseguida mediante su
ejecución y las consecuencias que esta
produciría sobre la persona afectada. En el caso
de Antonio, la insistencia de Shylock en obtener
la libra de carne, aun cuando se le ofrece una
compensación económica superior a la deuda,
permite cuestionar la legitimidad de dicha
pretensión y refuerza la necesidad de establecer
límites a la aplicación literal de la cláusula
contractual.
En consecuencia, el caso plantea una cuestión
adicional para la argumentación jurídica: si la
finalidad de una cláusula contractual deja de ser
el cumplimiento de una obligación patrimonial
y se convierte en un medio para causar
deliberadamente un daño físico, ¿puede el orden
jurídico reconocerle efectos y permitir su
ejecución? Esta interrogante permite fortalecer
el análisis sobre los límites de la autonomía de
la voluntad, la protección de los derechos
fundamentales y la función del juzgador frente
a una pretensión formalmente sustentada en un
contrato, pero materialmente incompatible con
la protección de la persona. En este sentido,
desde la perspectiva del derecho internacional
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de los derechos humanos, es obligación de los
Estados garantizar la protección de las personas
bajo su jurisdicción, particularmente cuando se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad,
teniendo como eje fundamental el respeto de la
dignidad humana. Esta obligación implica no
solamente abstenerse de vulnerar los derechos
humanos, sino también adoptar las medidas
necesarias para prevenir su afectación y
garantizar su ejercicio efectivo.
De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la obligación de respetar los
derechos humanos exige que los Estados se
abstengan de interferir en su disfrute o de
imponer limitaciones injustificadas; la
obligación de protegerlos implica adoptar
medidas para impedir que terceros vulneren los
derechos de individuos o grupos; mientras que
la obligación de hacerlos efectivos requiere la
adopción de medidas positivas que permitan
garantizar su disfrute.
Estas obligaciones adquieren especial
relevancia en el caso analizado, pues el
conflicto entre Antonio y Shylock no puede ser
entendido únicamente como una controversia
entre particulares derivada del incumplimiento
de un contrato. Una vez que la ejecución de la
cláusula contractual supone una amenaza para
la integridad física y la dignidad de Antonio,
surge la necesidad de que la autoridad
jurisdiccional intervenga para impedir que un
acuerdo entre particulares produzca
consecuencias incompatibles con la protección
de los derechos fundamentales.
En consecuencia, el papel del juzgador adquiere
especial importancia, ya que no debe limitarse a
verificar el cumplimiento formal de las
obligaciones contractuales, sino que debe
analizar si la pretensión de una de las partes
resulta compatible con el conjunto de principios
y derechos que integran el orden jurídico. Desde
esta perspectiva, la administración de justicia se
convierte en un mecanismo de protección frente
a posibles abusos y en un medio para garantizar
que la autonomía de la voluntad encuentre sus
límites en la dignidad y los derechos inherentes
a la persona.
En la interpretación de Shylock y, en un primer
momento, de Porcia, la ley debía aplicarse de
manera literal. Si bien la literalidad constituye
un principio fundamental en materia de títulos
de crédito, la justicia no puede limitarse
exclusivamente a lo expresamente escrito.
Corresponde a los juristas interpretar las normas
atendiendo a los principios y derechos
involucrados, procurando que su aplicación
favorezca, en la mayor medida posible, la
protección de la persona.
Antes de continuar con el análisis, es importante
considerar la concepción de justicia
desarrollada por John Rawls en su teoría de la
justicia como equidad. Para Rawls, las
personas, como sujetos libres y racionales,
establecen principios de justicia bajo
condiciones de igualdad y aceptan
voluntariamente reglas destinadas a garantizar
una convivencia justa. En este sentido, señala
que el objeto primario de la justicia es la
estructura básica de la sociedad, entendida
como “el modo en que las grandes instituciones
sociales distribuyen los derechos y deberes
fundamentales y determinan la división de las
ventajas provenientes de la cooperación social”
(Rawls, 2006, p. 20).
Volviendo al análisis de la obra, dentro de los
argumentos planteados ante el tribunal se
sostuvo inicialmente que debía cumplirse lo
pactado por las partes, atendiendo a las normas
y decretos vigentes en Venecia. En
consecuencia, se reconoce el derecho de
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Shylock a exigir la ejecución de la cláusula
contractual; sin embargo, la interpretación de
sus términos introduce una serie de límites que
modifican sustancialmente el alcance de dicha
exigencia. En este sentido, se establece que
Shylock únicamente podría obtener la libra de
carne expresamente pactada, sin excederse ni
tomar una cantidad menor a la acordada.
Asimismo, se advierte que no podría derramar
una sola gota de sangre de Antonio, debido a
que el contrato únicamente hacía referencia a
una libra de carne y no autorizaba la extracción
de sangre ni una afectación adicional al cuerpo
del deudor. De esta manera, Porcia recurre a una
interpretación estricta de los términos
contractuales para demostrar que el
cumplimiento literal de la cláusula resulta
prácticamente imposible sin transgredir otras
disposiciones jurídicas.
La situación se vuelve aún más compleja
cuando Shylock intenta modificar su pretensión
y aceptar nuevamente el pago de la deuda. En
ese momento, la interpretación jurídica del
tribunal cambia las condiciones del conflicto y
establece consecuencias patrimoniales para el
prestamista, incluyendo la pérdida de parte de
sus bienes. Lo anterior permite observar cómo
la interpretación de una disposición
aparentemente clara puede producir
consecuencias jurídicas distintas cuando se
analiza dentro del conjunto del ordenamiento.
Esta parte del juicio resulta particularmente
relevante, pues muestra que la aplicación
estricta de la legalidad no necesariamente
conduce a una interpretación aislada de la
norma. Por el contrario, el juzgador debe
considerar el contenido íntegro del orden
jurídico y los derechos que podrían resultar
afectados. Así, la decisión de Porcia permite
advertir una transición entre una interpretación
estrictamente literal del contrato y una
interpretación orientada a establecer límites
jurídicos a su ejecución. Desde esta perspectiva,
el caso también permite cuestionar si el
cumplimiento de una obligación contractual
puede ser exigido de manera absoluta cuando su
ejecución implica consecuencias contrarias a
derechos fundamentales. La controversia entre
Antonio y Shylock demuestra, por tanto, que la
función del juzgador no se limita a aplicar
mecánicamente aquello que las partes pactaron,
sino que implica interpretar las normas y
determinar su alcance frente a las circunstancias
concretas del caso.
De lo anteriormente expuesto, puede sostenerse
que, además de la prohibición de imponer penas
corporales, el conflicto debió ser abordado
desde una perspectiva de prevención de la
vulneración de los derechos humanos. El acceso
a la justicia no puede utilizarse como un medio
para materializar una venganza personal,
particularmente cuando existen antecedentes de
confrontación entre las partes. En este sentido,
la pretensión de Shylock de ejecutar la cláusula
contractual debe analizarse también a partir de
las circunstancias que dieron origen al conflicto
y de las relaciones de discriminación existentes
entre los personajes.
De acuerdo con la obra, la comunidad judía
enfrentaba rechazo y discriminación en Venecia
debido a sus diferencias religiosas. Esta
circunstancia resulta relevante para comprender
el contexto en el que se desarrolla el conflicto y
permite advertir que la decisión final impuesta
a Shylock, particularmente la exigencia de
convertirse al cristianismo también puede ser
cuestionada desde la perspectiva de la libertad
religiosa y del principio de no discriminación.
En este sentido, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos reconoce que toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión, así como a la igualdad
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y a la protección contra toda forma de
discriminación por motivos, entre otros, de
religión (Declaración Universal de los Derechos
Humanos, 1948).
Por otra parte, desde la perspectiva del acceso a
la justicia, el procedimiento también presenta
elementos que permiten cuestionar su
imparcialidad. Mientras Antonio contó con la
intervención de Porcia, quien asumió la
representación jurídica de sus intereses,
Shylock no contó con una asistencia
equivalente. Asimismo, la posición asumida por
el Dux y las circunstancias en las que se
desarrolla el juicio permiten cuestionar la
neutralidad de la autoridad encargada de
resolver la controversia. El acceso a la justicia
exige que las partes sean escuchadas en
condiciones de igualdad y que quien ejerce la
función jurisdiccional actúe con imparcialidad,
sin predisposición hacia alguna de ellas.
En consecuencia, el caso no solamente plantea
un conflicto respecto de la validez y ejecución
de una cláusula contractual, sino también
problemas relacionados con la protección de los
derechos humanos, la libertad religiosa, la no
discriminación y las garantías de un proceso
imparcial. Desde esta perspectiva, El mercader
de Venecia permite observar que la
administración de justicia no puede limitarse a
la aplicación formal de la ley, sino que debe
garantizar que su interpretación y ejecución
sean compatibles con la dignidad humana y con
los derechos de todas las personas involucradas.
Otro aspecto que se expone en el desarrollo del
proceso es el empleo de medios alternos de
solución de controversias, particularmente la
mediación y la negociación. En un primer
momento, se intentó recurrir a la mediación con
el propósito de comprender las posturas e
intereses de las partes y propiciar que fueran
ellas mismas quienes construyeran una posible
solución al conflicto, con la intervención del
Dux como tercero facilitador. Asimismo, se
advierte el empleo de la negociación, mediante
la cual se buscaba alcanzar un acuerdo que
redujera las afectaciones para ambas partes. De
haber aceptado Shylock la propuesta realizada,
el conflicto habría podido resolverse mediante
una solución que permitiera a Antonio evitar la
ejecución de la cláusula y a Shylock obtener el
pago de la suerte principal, los intereses e
incluso una cantidad superior a la originalmente
pactada (Cornelio, 2017, p. 59).
Independientemente de la religión o
nacionalidad de las partes, el conflicto forma
parte de las relaciones humanas y puede ser
abordado mediante mecanismos orientados al
diálogo y a la construcción de soluciones.
Desde una perspectiva positiva, el conflicto
planteado en El mercader de Venecia permite
identificar antecedentes literarios relacionados
con la solución de controversias y reflexionar
sobre la importancia de que las partes cuenten
con mecanismos que favorezcan el diálogo, la
negociación y el acceso a la justicia, sin
menoscabar sus derechos fundamentales.
Dependerá del jurista realizar una adecuada
interpretación de la norma, procurando
establecer un equilibrio entre los intereses de las
partes y una solución que permita aproximarse,
en la mayor medida posible, al cumplimiento
del orden jurídico. En este sentido, resulta
pertinente referirnos a la teoría de los derechos
fundamentales de Luigi Ferrajoli, quien destaca
la importancia de garantizar los derechos de las
personas sin distinción alguna, tanto en su
dimensión individual como colectiva. Para
Ferrajoli, los derechos fundamentales
constituyen derechos subjetivos que deben ser
reconocidos y garantizados con carácter
universal, al encontrarse vinculados con la
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dignidad de la persona y con su incorporación
al ordenamiento jurídico. Desde esta
perspectiva, los derechos fundamentales
adquieren relevancia como límites frente al
ejercicio arbitrario del poder y como
mecanismos de protección de las personas
frente a posibles vulneraciones (Ferrajoli, 2005,
p. 59).
Ferrajoli también señala que una persona puede
ser considerada titular de situaciones jurídicas y
autora de los actos que constituyen el ejercicio
de estas, en la medida en que dicha condición se
encuentre reconocida por el ordenamiento
jurídico. En este sentido, dentro de la obra de
Shakespeare se hace especial énfasis en la
aplicación de las disposiciones jurídicas
vigentes. Durante el juicio, Porcia sostiene
inicialmente una interpretación estricta de la ley
y del contenido del contrato, reconociendo el
derecho de Shylock a exigir aquello que fue
expresamente pactado.
Sin embargo, al interpretar literalmente los
términos de la cláusula, establece que este
únicamente puede tomar la libra de carne
acordada, sin derramar una sola gota de sangre,
pues dicha consecuencia no se encontraba
contemplada en el contrato. De esta manera, la
interpretación jurídica de la norma y del
acuerdo contractual permite establecer límites
al ejercicio de un derecho formalmente
reconocido (2004, p.37). Los derechos
fundamentales reconocidos en el ordenamiento
jurídico adquieren especial relevancia cuando
pueden ser efectivamente exigidos y protegidos,
y no únicamente cuando permanecen plasmados
en un documento de carácter teórico. En este
sentido, Norberto Bobbio señala que “el
problema de fondo de los derechos humanos no
es hoy tanto el de justificarlos como el de
protegerlos” (2000, p. 128). Esta afirmación
permite destacar que el reconocimiento formal
de un derecho constituye solamente el punto de
partida para su efectiva protección. Desde esta
perspectiva, Ferrajoli sostiene que, para
garantizar los derechos fundamentales, estos
deben sustraerse de la disponibilidad política,
de manera que su protección no quede sujeta
exclusivamente a decisiones o intereses
circunstanciales.
Asimismo, resulta relevante considerar que, aun
cuando determinadas prerrogativas no se
encuentren previstas de manera expresa y
estructurada en una norma, ello no elimina la
necesidad de reconocer y proteger los derechos
inherentes a la persona, particularmente cuando
se encuentran en situación de vulnerabilidad. En
consecuencia, el reconocimiento universal de
los derechos fundamentales debe orientarse
hacia su protección efectiva y hacia el
establecimiento de límites frente a cualquier
actuación que pueda vulnerarlos.
En contraposición y con mayor relación con el
caso analizado, John Rawls establece en su
teoría de la justicia como equidad que los
principios que regulan una sociedad justa deben
surgir de un acuerdo entre personas libres y
racionales, situadas en condiciones de igualdad.
A través de este planteamiento, Rawls busca
establecer principios de justicia que puedan ser
aceptados de manera imparcial y aplicados con
carácter general. Asimismo, reconoce la
capacidad moral de las personas para formar
una concepción de lo justo y de lo injusto, a
partir de sus propias experiencias y de las
circunstancias sociales, económicas y culturales
en las que se desarrollan. Estas condiciones
pueden influir en la manera en que cada
individuo interpreta aquello que considera
justo, generando distintas concepciones sobre la
justicia (Caballero, 2006, pp. 2-5). Así pues,
aunque las personas pueden tener distintas
concepciones acerca de lo que consideran justo,
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la justicia como equidad requiere establecer
condiciones de imparcialidad que permitan
determinar principios aceptables para todos. En
este sentido, adquieren relevancia elementos
como el respeto a la persona, la igualdad, la
capacidad racional, el reconocimiento de los
derechos y la construcción de acuerdos bajo
condiciones imparciales. Desde esta
perspectiva, el caso de Antonio y Shylock
permite observar cómo las diferentes
concepciones de justicia sostenidas por las
partes pueden entrar en conflicto y cómo la
función del juzgador consiste en resolver dicha
controversia mediante criterios jurídicos que
permitan alcanzar una decisión imparcial.
Conclusiones
El mercader de Venecia, obra de William
Shakespeare, permite reflexionar sobre la
importancia de la argumentación jurídica, la
ética, la moral, la justicia y el reconocimiento
de los derechos fundamentales, teniendo como
eje central el acceso a la justicia. A través del
conflicto entre Antonio y Shylock se evidencia
que una controversia jurídica no puede
resolverse únicamente mediante la aplicación
literal de una disposición, sino que requiere
interpretar las normas considerando los
principios y derechos involucrados en el caso
concreto.
De igual manera, puede concluirse que la
función del jurista implica una responsabilidad
que trasciende la aplicación mecánica de la
norma. Su labor consiste en interpretar el
ordenamiento jurídico y construir argumentos
que permitan aproximarse a una decisión justa e
imparcial. En aquellos casos en los que exista
una colisión entre principios o derechos,
adquiere relevancia la ponderación, mediante la
cual debe valorarse el grado de afectación o
satisfacción de los principios involucrados y
determinar cuál debe prevalecer atendiendo a
las circunstancias concretas del caso. El acceso
a la justicia, por su parte, no debe entenderse
únicamente como el reconocimiento formal de
un derecho en la doctrina o en una norma
jurídica, sino como la posibilidad real de que
una persona pueda acudir ante una autoridad
jurisdiccional competente, ser escuchada en
condiciones de igualdad y obtener una respuesta
fundada y motivada respecto de su controversia.
En este sentido, el Estado tiene la obligación de
generar las condiciones necesarias para
garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.
Asimismo, los derechos fundamentales
corresponden a todas las personas sin distinción
por motivos de raza, religión, origen o cualquier
otra condición. La obra permite advertir que el
acceso a la justicia debe garantizarse incluso
cuando existen diferencias entre las partes y
relaciones de poder o discriminación. Por ello,
la actuación de las autoridades debe orientarse
por criterios de igualdad, imparcialidad y
protección de la dignidad humana.
Más allá del andamiaje jurídico que sustenta un
proceso, la interpretación adquiere especial
relevancia cuando la aplicación literal de una
disposición puede producir consecuencias
incompatibles con los derechos fundamentales.
La autonomía de la voluntad y la fuerza
obligatoria de los contratos no pueden
entenderse como facultades absolutas cuando su
ejercicio implica una afectación grave a
derechos inherentes a la persona, como la vida,
la integridad física o la dignidad humana. Aun
cuando Antonio y Shylock hubieran
manifestado su voluntad al celebrar el contrato
y aceptar la cláusula prevista para el supuesto
de incumplimiento, dicha aceptación no
determina por sí misma la legitimidad de su
ejecución. La cláusula que establece como
consecuencia la extracción de una libra de carne
plantea un límite evidente frente a la protección
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de los derechos fundamentales. Desde una
perspectiva jurídica contemporánea, su
ejecución resultaría incompatible con los
principios de protección de la persona y con las
normas que salvaguardan la vida, la integridad
y la dignidad humana.
En consecuencia, El mercader de Venecia
demuestra que la justicia no puede reducirse al
cumplimiento estricto de lo pactado, sino que
exige una interpretación jurídica capaz de
armonizar la legalidad con los principios y
derechos fundamentales que sustentan el orden
jurídico. En este procedimiento, si bien se
reconoce a Shylock el acceso a la justicia y la
posibilidad de acudir ante una autoridad para
hacer valer su pretensión, también se presentan
circunstancias que permiten cuestionar el
respeto de las garantías propias del debido
proceso y la imparcialidad judicial. La
controversia resulta problemática desde su
origen, al admitirse una pretensión contractual
cuya ejecución implicaría una afectación directa
a la vida y a la integridad física de una persona.
Asimismo, la intervención de Porcia, quien
mantiene una relación previa con Antonio y
participa en el proceso bajo una identidad
distinta, plantea interrogantes respecto de la
imparcialidad de su actuación y de la influencia
que su interpretación jurídica tuvo en la
decisión adoptada por la autoridad. La relectura
de El mercader de Venecia permite reflexionar
sobre la manera en que las normas jurídicas,
particularmente aquellas relacionadas con los
derechos humanos, requieren de una
interpretación orientada a garantizar su
protección efectiva. Aunque las normas se
establecen con la finalidad de proteger,
garantizar y promover la igualdad y la dignidad
de las personas, su aplicación depende en gran
medida de quienes tienen la responsabilidad de
interpretarlas y hacerlas efectivas. Por ello,
resulta indispensable que los juristas mantengan
una formación constante y desarrollen criterios
de interpretación que les permitan actuar con
imparcialidad, evitando que sus decisiones sean
determinadas por prejuicios, percepciones
personales o intereses particulares de las partes,
especialmente cuando estos puedan entrar en
conflicto con los principios éticos, morales y
jurídicos que sustentan la protección de los
derechos humanos.
En este sentido, la obra demuestra que la justicia
no consiste únicamente en reconocer a las
personas la posibilidad de acudir ante un
tribunal, sino también en garantizar que el
procedimiento se desarrolle bajo condiciones de
igualdad, imparcialidad y respeto a los derechos
fundamentales. El verdadero desafío del jurista
consiste, por tanto, en interpretar y aplicar el
derecho de manera que la legalidad no se
convierta en un instrumento para legitimar la
vulneración de la dignidad humana.
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