Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 9.1
Edición Especial IX 2026
Página 578
RESPONSABILIDAD CIVIL NOTARIAL EN LA PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL
HEREDITARIA POR ERRORES EN LA DETERMINACIÓN DE LEGÍTIMAS
CIVIL LIABILITY OF NOTARIES IN EXTRAJUDICIAL INHERITANCE PARTITION
FOR ERRORS IN DETERMINING FORCED SHARES
Autor: ¹Patricio Alfredo Belalcazar Apuntel.
¹ORCID ID: https://orcid.org/0009-0003-5652-5092
¹E-mail de contacto: patobelalcazar@hotmail.com
Afiliación: ¹*Autor independiente, (Ecuador).
Artículo recibido: 07 de Septiembre del 2026.
Artículo revisado: 09 de Septiembre del 2026.
Artículo aprobado: 09 de Septiembre del 2026.
¹Máster en Derecho del Comercio Internacional, graduado de la Universidad Internacional de la Rioja, (Ecuador).
Resumen
La partición extrajudicial de bienes hereditarios
exige conciliar la autonomía de los
coasignatarios con la protección de las
asignaciones forzosas y los deberes de
diligencia inherentes a la función notarial. El
objetivo fue analizar los presupuestos de
responsabilidad civil del notario ecuatoriano
cuando autoriza escrituras con errores en la
determinación de legítimas, especialmente por
el tratamiento incorrecto de la porción conyugal
o la exclusión de herederos. Se desarrolló una
revisión narrativa jurídica, cualitativa y
documental, complementada con interpretación
dogmática y sistemática de normativa
ecuatoriana y de una sentencia constitucional
relevante para los deberes de información y
protección. El análisis identificó tres núcleos de
riesgo: confusión entre gananciales, porción
conyugal y cuota hereditaria; insuficiente
comprobación de la participación o
representación de todos los coasignatarios; y
falta de trazabilidad del cálculo y de las
advertencias previas a la autorización. Los
hallazgos muestran que los principales vacíos se
concentran en la articulación procedimental y la
estandarización documental, pues el
ordenamiento ya contiene reglas sustantivas
sobre sucesión, comparecencia y reparación de
daños. La responsabilidad civil requiere
acreditar un deber exigible incumplido, culpa o
dolo, daño cierto y relación causal; no surge
automáticamente de toda diferencia en las
adjudicaciones. Se propone un expediente de
control preventivo que documente titularidad,
composición familiar, capacidad,
representación, formación del acervo,
imputaciones conyugales y consentimiento
informado. Se concluye que la prevención debe
fortalecer los controles existentes y reservar a la
autoridad judicial las controversias y los
supuestos excluidos de la partición
convencional.
Palabras clave: Responsabilidad civil,
Función notarial, Partición hereditaria,
Legítimas, Porción conyugal, Herederos
ausentes.
Abstract
The extrajudicial partition of inherited assets
requires reconciling the autonomy of co-
beneficiaries with the protection of compulsory
entitlements and the duties of diligence inherent
in the notarial function. This article aimed to
analyze the conditions for civil liability of
Ecuadorian notaries who authorize deeds
containing errors in the determination of forced
shares, particularly due to the incorrect
treatment of the spousal portion or the exclusion
of heirs. A qualitative and documentary
narrative legal review was conducted,
complemented by doctrinal and systematic
interpretation of Ecuadorian legislation and a
constitutional judgment relevant to duties of
information and protection. The analysis
identified three main areas of risk: confusion
among matrimonial property entitlements, the
spousal portion, and inheritance shares;
inadequate verification of the participation or
representation of all co-beneficiaries; and
insufficient traceability of calculations and
warnings before authorization. The findings
indicate that the main gaps concern procedural
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coordination and documentary standardization,
since substantive rules on succession,
participation, and compensation already exist.
Civil liability requires proof of breach of an
enforceable duty, negligence or intent, actual
harm, and causation; it does not arise
automatically from every difference in asset
allocation. A preventive control file is proposed
to document ownership, family composition,
legal capacity, representation, estate formation,
spousal offsets, and informed consent. The
study concludes that prevention should
strengthen existing safeguards while reserving
disputes and cases legally excluded from
consensual partition for judicial determination.
Keywords: Civil liability, Notarial function,
Inheritance partition, Forced shares,
Spousal portion, Absent heirs
Sumário
A partilha extrajudicial de bens hereditários
exige conciliar a autonomia dos coerdeiros com
a proteção das atribuições obrigatórias e os
deveres de diligência inerentes à função
notarial. O objetivo foi analisar os pressupostos
da responsabilidade civil do notário equatoriano
quando autoriza escrituras com erros na
determinação das legítimas, especialmente pelo
tratamento incorreto da porção conjugal ou pela
exclusão de herdeiros. Desenvolveu-se uma
revisão narrativa jurídica, qualitativa e
documental, complementada pela interpretação
dogmática e sistemática da legislação
equatoriana e de uma decisão constitucional
relevante para os deveres de informação e
proteção. A análise identificou três núcleos de
risco: confusão entre direitos decorrentes do
regime matrimonial, porção conjugal e quota
hereditária; verificação insuficiente da
participação ou representação de todos os
coerdeiros; e falta de rastreabilidade do cálculo
e das advertências anteriores à autorização. Os
achados mostram que as principais lacunas
concentram-se na articulação procedimental e
na padronização documental, pois o
ordenamento já contém regras substantivas
sobre sucessão, comparecimento e reparação de
danos. A responsabilidade civil exige
comprovar o descumprimento de um dever
exigível, culpa ou dolo, dano certo e nexo
causal; não decorre automaticamente de toda
diferença nas adjudicações. Propõe-se um
expediente de controle preventivo que
documente titularidade, composição familiar,
capacidade, representação, formação do acervo,
imputações conjugais e consentimento
informado. Conclui-se que a prevenção deve
reforçar os controles existentes e reservar à
autoridade judicial as controvérsias e os casos
legalmente excluídos da partilha convencional.
Palavras-chave: Responsabilidade civil,
Função notarial, Partilha hereditária,
Legítimas, Porção conjugal, Herdeiros
ausentes.
Introducción
La muerte de una persona produce una
reorganización jurídica y patrimonial que
comprende bienes, derechos, obligaciones y
expectativas sucesorias de sujetos cuyos
intereses no siempre coinciden. La partición
hereditaria constituye el mecanismo mediante el
cual la comunidad sucesoria se transforma en
adjudicaciones individualizadas; sin embargo,
esta operación no es meramente aritmética,
porque presupone determinar quiénes están
llamados a suceder, qué bienes forman
efectivamente parte del acervo, qué
deducciones o imputaciones deben practicarse y
cuál es el título jurídico que justifica cada
atribución. Cuando estas decisiones se
formalizan mediante escritura pública, la
seguridad del tráfico jurídico depende tanto de
la validez del acuerdo entre los consignatarios
como de la calidad de las verificaciones
realizadas antes de su autorización.
En el derecho sucesorio ecuatoriano, la
protección de la autonomía privada convive con
reglas de orden público destinadas a preservar
derechos de legitimarios y otros asignatarios
protegidos. Torres et al. (2024) muestran que la
evolución normativa de las sucesiones en
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Ecuador se encuentra estrechamente vinculada
con la búsqueda de una distribución
jurídicamente equitativa de los bienes
hereditarios. A su vez, Vilela et al. (2025)
destacan que la capacidad para suceder, la
dignidad, la indignidad y los límites del
testamento condicionan la adquisición de
derechos hereditarios. Estas categorías revelan
que la adjudicación final no puede construirse
únicamente a partir de la voluntad de quienes
comparecen, sino que debe responder al título
sucesorio, a la composición real del acervo y a
las restricciones establecidas por el
ordenamiento.
La función notarial adquiere especial relevancia
en este escenario porque, en Ecuador,
constituye un servicio público ejercido por
profesionales investidos de fe pública dentro de
competencias legalmente delimitadas. Los
artículos 199 y 200 de la Constitución y el
artículo 296 del Código Orgánico de la Función
Judicial permiten comprender al notario como
un operador de seguridad jurídica con una
función preventiva. Esta posición no lo
transforma en juez de controversias sucesorias,
pero tampoco permite reducir su actuación a
una recepción formal de firmas. Rodríguez y
Venegas (2025), al analizar la incidencia de los
derechos fundamentales en el servicio notarial
ecuatoriano, subrayan que la actuación notarial
debe articular legalidad, información suficiente
y protección efectiva de los derechos de quienes
intervienen.
En el mismo sentido, la Sentencia 832-20-JP/21
de la Corte Constitucional del Ecuador (2021)
desarrolla deberes reforzados de comprobación
e información en el servicio notarial,
especialmente cuando están comprometidos
derechos patrimoniales de personas en situación
de vulnerabilidad. Dentro del itinerario
sucesorio, resulta indispensable diferenciar la
posesión efectiva de la partición. Guanoquiza-
Arellano et al. (2025) concluyen que la posesión
efectiva cumple una función declarativa y
habilita a los herederos para determinadas
actuaciones de administración, conservación e
inscripción, pero no constituye por sí misma un
título de propiedad individual sobre bienes
específicos. Segovia y García (2024) también
advierten que este trámite debe acompañarse de
garantías suficientes para proteger a los
herederos, mientras Martínez et al. (2025)
resaltan su carácter de antecedente relevante
para la posterior partición extrajudicial.
En consecuencia, que una persona figure en un
acta de posesión efectiva no elimina la
necesidad de verificar, al momento de partir, la
integridad de la comunidad hereditaria, la
representación válida de quienes no
comparecen personalmente y la existencia de
eventuales derechos de terceros. La literatura
reciente ha identificado dificultades vinculadas
con la uniformidad de las prácticas notariales y
con la trazabilidad documental de los
procedimientos sucesorios. Guerrero et al.
(2025) señalan que la posesión efectiva presenta
vacíos y variaciones procedimentales que
pueden generar incertidumbre, especialmente
cuando la información sobre filiación o calidad
de heredero depende de las declaraciones
aportadas al trámite.
García y Chimborazo (2026), al comparar la
partición extrajudicial con la vía judicial,
sostienen que la eficacia de la primera depende
del cumplimiento de los requisitos materiales y
de la ausencia de controversias que exijan
decisión jurisdiccional. Estas investigaciones
permiten situar el problema no solo en la
existencia de normas sustantivas, sino también
en la forma en que tales normas son
coordinadas, verificadas y documentadas
durante la actuación notarial. Uno de los puntos
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de mayor complejidad se encuentra en la
determinación de las legítimas y en la
depuración de la masa sobre la cual deben
calcularse. La identificación de bienes propios,
gananciales, deudas, agregaciones, donaciones
y asignaciones forzosas condiciona el resultado
distributivo. En este contexto, la porción
conyugal requiere un tratamiento diferenciado
respecto de los gananciales y de la eventual
cuota hereditaria del cónyuge sobreviviente,
porque cada figura responde a presupuestos y
finalidades distintas.
Las investigaciones de Torres et al. (2024) y
Vilela et al. (2025) refuerzan la necesidad de
interpretar sistemáticamente las reglas
sucesorias para evitar que una lectura
fragmentaria transforme una garantía mínima
en una cuota final o duplique atribuciones
patrimoniales. Por ello, un error de clasificación
puede alterar simultáneamente el acervo
computable y la participación de los demás
coasignatarios. Un segundo núcleo de riesgo
corresponde a la participación de herederos
ausentes, no comparecientes o representados.
Reyes et al. (2025) advierten que la protección
de los herederos ausentes constituye una
cuestión crítica dentro de los actos posesorios
notariales ecuatorianos, porque la sola
declaración de quienes comparecen no siempre
permite excluir razonablemente la existencia de
otros interesados. En la partición convencional,
este problema adquiere mayor intensidad: la
adjudicación concreta de bienes exige
comprobar que todos los coasignatarios
necesarios intervienen de manera jurídicamente
válida, ya sea personalmente o mediante
representación suficiente. La ausencia física, la
residencia en el extranjero o la imposibilidad
temporal de comparecer no equivalen a
renuncia, y tampoco autorizan a sustituir el
consentimiento faltante mediante
publicaciones, reservas unilaterales de cuotas o
cláusulas de exoneración. La eventual
responsabilidad civil del notario debe analizarse
con igual cautela. Rodríguez-Arévalo et al.
(2025) relacionan la responsabilidad notarial
con el incumplimiento profesional y la
producción de un daño jurídicamente atribuible,
mientras Gutiérrez et al. (2025) muestran, en
materia de poderes revocados, que la valoración
de la diligencia exige reconstruir la información
disponible, las verificaciones razonablemente
exigibles y la conducta de los demás
intervinientes.
De manera complementaria, Vera y Delgado
(2024) distinguen la responsabilidad
disciplinaria de la reparación civil, evitando que
una infracción administrativa sea tratada
automáticamente como prueba del daño
resarcible. Desde esta perspectiva, una escritura
con una adjudicación discutible no genera por sí
sola responsabilidad: deben acreditarse un
deber exigible incumplido, culpa o dolo, daño
cierto y relación causal. A partir de este marco,
el problema de investigación consiste en
determinar en qué condiciones los errores en la
determinación de legítimas, el tratamiento
incorrecto de la porción conyugal o la exclusión
de coasignatarios pueden ser imputados
civilmente al notario y qué insuficiencias del
procedimiento favorecen su aparición.
El objetivo general es analizar los deberes de
control y los presupuestos de reparación
aplicables a las escrituras de partición
extrajudicial en Ecuador. Se sostiene como tesis
que el ordenamiento dispone de bases
suficientes para exigir diligencia, proteger
asignaciones forzosas y reparar daños cuando
concurren sus presupuestos, pero persisten
necesidades de articulación procedimental,
estandarización documental y trazabilidad del
cálculo. El aporte del estudio consiste en
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vincular la regla sucesoria vulnerada, el control
notarial omitido, el perjuicio concreto y la
respuesta jurídica pertinente, proponiendo
medidas preventivas que fortalezcan la
seguridad jurídica sin ampliar indebidamente la
competencia notarial sobre materias reservadas
al juez.
Materiales y Métodos
Se realizó una revisión narrativa jurídica, con
enfoque cualitativo y documental, con cierre de
consulta el 3 de septiembre de 2026. La
localización se efectuó mediante búsquedas
web dirigidas a portales de revistas, SciELO,
Dialnet y repositorios institucionales, junto con
fuentes oficiales ecuatorianas. Se combinaron
las expresiones «responsabilidad civil del
notario», «partición extrajudicial», «legítimas»,
«porción conyugal», «posesión efectiva» y
«herederos ausentes» con el término
«Ecuador». Se privilegiaron publicaciones de
2020 a 2026 y se incorporó una referencia
metodológica de 2019. No se utilizó una
búsqueda sistemática en bases de suscripción ni
se estimaron indicadores bibliométricos.
El núcleo documental comprendió trece
trabajos doctrinales, seis instrumentos
normativos, una sentencia constitucional y una
referencia metodológica. Se incluyeron textos
con autoría identificable, acceso a contenido
pertinente y relación directa con los ejes de
análisis; se descartaron materiales sin respaldo
verificable, duplicados y aportes sobre materias
ajenas al problema. Las normas se consultaron
en versiones institucionales cuya actualización
se indica en las referencias. La sentencia 832-
20-JP/21 se seleccionó por desarrollar deberes
notariales de información y protección,
aclarando que no resuelve una partición
hereditaria ni constituye un precedente
específico de cálculo de legítimas. La
información se organizó por competencia
notarial, determinación de cuotas, protección
conyugal, comparecencia, imputación del daño
y remedios. Se aplicaron interpretación literal y
sistemática, análisis de coherencia entre normas
y contraste crítico de las propuestas doctrinales.
Para la transparencia expositiva se tomaron
como orientación los criterios de justificación,
objetivos, descripción de búsqueda y
razonamiento de SANRA, sin atribuirle
validación específica para investigación
jurídica ni asignar puntuaciones retrospectivas
(Baethge et al., 2019). Se distinguieron las
obligaciones vigentes, las inferencias
interpretativas y las propuestas de reforma. Los
ejemplos monetarios son hipotéticos y no
representan expedientes reales; la revisión no
permite medir la frecuencia nacional de errores
ni evaluar causalmente la eficacia de los
controles propuestos.
Resultados y Discusión
El artículo 18, numeral 37, de la Ley Notarial
atribuye al notario la solemnización de la
partición hereditaria mediante declaración de
las partes, petición, reconocimiento de firmas y
documentos que acrediten la propiedad del
causante. Esta habilitación debe leerse
juntamente con el artículo 1345 del Código
Civil, que exige la concurrencia de todos los
coasignatarios y la libre disposición de sus
bienes. La petición de algunos familiares no
satisface por sí sola tales condiciones.
La competencia se configura por la naturaleza
del asunto y por la situación jurídica de todos
los participantes necesarios, no únicamente por
la forma que los solicitantes dan a su
requerimiento. El artículo 1346 impone la
partición judicial cuando alguno de los
coasignatarios carece de libre disposición,
mientras el artículo 1347 reserva a la justicia
ordinaria las controversias sobre el derecho a
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suceder, desheredamiento, incapacidad o
indignidad. La representación de un menor no
transforma automáticamente el asunto en una
partición convencional admisible. Tampoco
basta denominar «acuerdo» a un reparto en el
que subsiste una oposición sustancial. La
autorización notarial debe detenerse cuando el
supuesto requiere resolución jurisdiccional; una
cláusula por la cual los presentes asumen los
riesgos no amplía la competencia legal.
Desde el derecho comparado, Posteraro (2020)
distingue la modalidad de partición de su forma
instrumental y analiza la concurrencia,
capacidad y unanimidad como condiciones de
la partición privada. Su utilidad es conceptual:
advierte que la escritura no sustituye los
presupuestos del negocio. Las soluciones
argentinas descritas por ese autor no se
trasladan automáticamente a Ecuador. En el
ámbito nacional, García y Chimborazo (2026)
también vinculan la seguridad del
procedimiento extrajudicial con la efectiva
ausencia de controversia y el cumplimiento de
requisitos materiales.
La posesión efectiva exige una distinción
adicional. El artículo 18, numeral 12, de la Ley
Notarial la concede pro indiviso a los
peticionarios y preserva los derechos de
terceros; no equivale a una adjudicación
singular ni demuestra, por sí misma, que no
existan otros sucesores. Martínez et al. (2025)
subrayan su relevancia como antecedente
documental de la partición. Sin embargo, aun
contando con ella, procede verificar
separadamente la integridad de la comunidad
hereditaria. La reserva de derechos de terceros
que acompaña a la posesión efectiva no autoriza
a repartir unilateralmente las cuotas de quienes
quedaron fuera. El cálculo requiere identificar
el título sucesorio y el acervo sobre el que
operan las asignaciones. El artículo 1204 del
Código Civil define la legítima, y el artículo
1205 reconoce como legitimarios a los hijos y
los padres, con la concurrencia, exclusión y
representación previstas en el artículo 1206. El
cónyuge sobreviviente no debe agregarse a esa
lista por analogía con otros países: sus posibles
derechos provienen de la sociedad conyugal, del
llamamiento sucesorio o de la porción
conyugal, según corresponda. Confundir esas
posiciones conduce a modificar
simultáneamente la base y el número de
beneficiarios.
La primera operación consiste en separar los
bienes propios de cada cónyuge de los que
integran la sociedad conyugal y determinar su
liquidación cuando corresponda. Los
gananciales del sobreviviente no se convierten
en herencia del causante. Luego se establece el
patrimonio sucesorio y se practican las
deducciones previstas en el artículo 1001.
Cuando existen donaciones relevantes, deben
examinarse las agregaciones e imputaciones de
los artículos 1208 y siguientes. Un inventario
que reproduce los títulos inscritos a nombre del
fallecido sin analizar su régimen patrimonial
puede estar jurídicamente equivocado, aunque
sus sumas sean correctas.
Con descendientes que tengan derecho a
suceder, el artículo 1207 reserva la mitad del
acervo computable a legítimas rigorosas, una
cuarta parte a mejoras y otra cuarta a libre
disposición. Sin esos descendientes, la
distribución de la mitad restante se rige por la
regla correspondiente del mismo artículo. Estas
fracciones no significan que los herederos
presentes puedan asignarse libremente las
porciones de una sucesión intestada. Si no hay
disposición testamentaria aplicable, deben
observarse los órdenes legales y el acrecimiento
previsto en el artículo 1214. La legítima
rigorosa, la legítima efectiva y la cuota intestada
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son categorías relacionadas, pero no
intercambiables. Como ejemplo estrictamente
didáctico, considérese un acervo computable de
USD 240.000, ya depurado, sin porción
conyugal pendiente ni donaciones que deban
agregarse, y tres hijos con igual derecho. En una
sucesión testamentaria, la mitad legitimaria
asciende a USD 120.000 y la legítima rigorosa
de cada hijo a USD 40.000; las mejoras y la
libre disposición deben asignarse conforme al
testamento y la ley. Si la sucesión es
enteramente intestada, bajo esos mismos
supuestos, corresponde USD 80.000 a cada hijo.
Autorizar solamente USD 40.000 para uno,
atribuyendo el resto a una supuesta libertad de
reparto de sus hermanos, confundiría el mínimo
protegido con su participación total.
Tampoco toda adjudicación desigual demuestra
lesión o negligencia. Un inmueble puede
adjudicarse a un heredero y compensarse a los
demás en dinero; además, personas capaces
pueden celebrar negocios posteriores sobre
derechos adquiridos dentro de los límites
legales. El control exige identificar y explicar
esa causa jurídica, su valoración y sus
formalidades. Presentar una cesión o liberalidad
como simple «ajuste de legítimas» impide
conocer qué aceptó realmente cada interesado.
La revisión documental debe hacer visible tanto
la cuota de origen como el resultado económico
y el negocio que explica cualquier diferencia.
La porción conyugal protege al cónyuge
sobreviviente que carece de lo necesario para su
congrua sustentación, conforme al artículo
1196. Su procedencia se aprecia al
fallecimiento: los artículos 1197 y 1198
impiden que las adquisiciones posteriores
extingan el derecho ya existente o que la
pobreza sobrevenida lo cree. El artículo 1201
fija la cuarta parte de los bienes de la persona
difunta en todos los órdenes sucesorios. Por
tanto, no corresponde importar una fórmula
extranjera que trate al cónyuge como un hijo
adicional para calcular esta asignación.
El artículo 1199 establece el complemento
cuando el sobreviviente dispone de bienes de
valor inferior a la porción e impone imputar lo
que tenga derecho a recibir en la sucesión,
incluida su mitad de gananciales si no la
renuncia. El artículo 1200 contempla opciones
patrimoniales que requieren una manifestación
consciente y valoración integral. El control debe
prevenir tanto la omisión de una porción
procedente como su reconocimiento íntegro a
quien solamente tiene derecho a complemento.
En particular, la existencia de matrimonio no
demuestra por sí sola la necesidad protegida ni
habilita una adición automática del veinticinco
por ciento.
Conviene distinguir tres posiciones que pueden
concurrir en la misma persona. Los gananciales
provienen del régimen económico matrimonial;
la cuota hereditaria intestada del cónyuge,
cuando corresponde, surge del llamamiento
legal, como en el artículo 1030; y la porción
conyugal responde a su propia causa protectora.
La liquidación correcta exige coordinar estas
posiciones mediante las imputaciones legales.
Segovia Barreiro y García Segarra (2024)
advierten dificultades de precisión y protección
en los procedimientos sucesorios; a partir de ese
diagnóstico, este artículo propone que la
escritura explique separadamente el origen de
cada atribución patrimonial.
La tabla 1 ilustra el efecto del complemento. Se
asume, únicamente para comparar escenarios,
una base de USD 200.000 perteneciente al
causante después de separar los bienes ajenos y
las deducciones previas pertinentes, pero antes
de descontar la porción conyugal. Se prescinde
de donaciones, controversias de valoración y
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otras asignaciones. Cuando el patrimonio
imputable es inferior a USD 50.000, se supone
acreditada la necesidad exigida por el artículo
1196. La operación es pedagógica: la
calificación de la congrua sustentación y las
opciones del artículo 1200 requieren análisis
individual.
Tabla 1. Efecto ilustrativo de la imputación en la porción conyugal.
Patrimonio imputable del
sobreviviente
Cuarta parte de referencia
Porción o complemento
Remanente de la base
USD 0
USD 50.000
USD 50.000
USD 150.000
USD 20.000
USD 50.000
USD 30.000
USD 170.000
USD 70.000
USD 50.000
USD 0
USD 200.000
Fuente: Elaboración propia.
En el segundo escenario, conceder USD 50.000
sin efectuar la imputación reduciría
indebidamente en USD 20.000 el patrimonio
restante para otros asignatarios. Ese
desplazamiento permite identificar un posible
perjuicio, pero no basta para condenar al
notario: debe establecerse qué documentos
conoció, qué verificaciones eran exigibles y si
la autorización facilitó causalmente la
afectación. Si existe discrepancia sustancial
sobre los bienes del cónyuge, su valoración o la
procedencia del derecho, el notario no puede
resolverla adjudicando a una parte la razón. La
controversia excede la función de solemnizar un
acuerdo válido.
La expresión «heredero ausente» comprende
situaciones que requieren respuestas distintas.
Una persona puede encontrarse fuera del país y
conservar plena capacidad, estar localizable,
pero negarse a consentir, ser desconocida para
quienes solicitan el trámite o requerir una
curaduría en los términos legales. La mera
distancia geográfica no implica incapacidad ni
pérdida del derecho. Para el artículo 1345
resulta decisivo que todos los coasignatarios
intervengan de modo jurídicamente válido. Una
persona debidamente representada puede
participar mediante apoderado; quien no
comparece ni está representado no puede ser
sustituido por la declaración de sus familiares.
El artículo 28 de la Ley Notarial exige
comprobar las facultades del mandato. La
revisión debe atender al alcance del poder para
aceptar la partición concreta, adjudicar bienes,
recibir compensaciones y realizar, si se
pretenden, actos distintos del reparto. Un poder
para gestiones administrativas no demuestra
autorización para renunciar a derechos
hereditarios. Gutiérrez et al. (2025) identifican
riesgos derivados del uso de poderes revocados
y de las limitaciones de comunicación de la
revocatoria; su análisis refuerza la necesidad de
documentar las comprobaciones disponibles,
sin presumir que cualquier defecto oculto
convierte al notario en responsable.
La participación telemática tampoco debe
confundirse con ausencia de consentimiento.
Los artículos 64 y 68 de la Ley Orgánica para la
Transformación Digital y Audiovisual
reformaron las reglas del servicio y
mantuvieron la verificación de las obligaciones
notariales mediante tecnología. Esta modalidad
puede facilitar la intervención de personas
desplazadas, con sujeción a las condiciones
legales y al sistema autorizado. No legitima una
firma obtenida sin comprobación de identidad,
libertad o comprensión. El medio de
comparecencia cambia; la necesidad de
acreditar una voluntad válida permanece.
Cuando el asignatario ausente no comparece
por sí o mediante representante en el supuesto
del artículo 1255, la ley contempla el
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nombramiento de curador de bienes. El artículo
1346 regula su representación en la partición,
dentro del marco de protección judicial
aplicable. No procede reemplazar este
mecanismo con una reserva unilateral de un
porcentaje en la escritura.
Asimismo, la notificación informal, la
publicación en prensa o el silencio ante un aviso
no equivalen al consentimiento exigido para
una partición convencional. Las reglas sobre
citación y oposición de los artículos 335 y 336
del COGEP pertenecen al procedimiento
judicial y no pueden trasladarse al notario para
crear una aprobación tácita. Reyes et al. (2025)
proponen reforzar la información sobre
filiación, mientras Guerrero-Ruiz et al. (2025)
resaltan la necesidad de uniformidad
documental. Ambas orientaciones son
pertinentes, con una salvedad: ningún
certificado aislado garantiza que no existan
sucesores por representación, vínculos
pendientes de reconocimiento o derechos
derivados de un testamento. La diligencia
consiste en contrastar fuentes, requerir
explicaciones ante inconsistencias y conservar
el resultado de las verificaciones razonables. La
ausencia de un registro exhaustivo justifica
prudencia, pero no permite omitir a una persona
cuya posible calidad de heredero ya consta en el
expediente.
La responsabilidad civil exige diferenciar el
defecto del acto, la conducta profesional y el
daño. Los artículos 2214 y 2229 del Código
Civil proporcionan la base general para reparar
perjuicios imputables a conductas dolosas o
negligentes. Frente al heredero excluido, que no
contrató ni compareció, el fundamento
extracontractual ofrece una vía especialmente
relevante. La eventual discusión sobre otras
relaciones obligacionales con los otorgantes
debe resolverse según la pretensión y sus
hechos. El carácter público de la función y el
cobro de una tarifa no determinan por sí solos
un único régimen aplicable a cualquier
reclamación.
El primer elemento es un deber exigible y
concretamente incumplido. Los artículos 27 y
28 de la Ley Notarial sustentan controles sobre
capacidad, libertad, conocimiento y
representación, mientras las reglas sucesorias
delimitan el negocio autorizable. La lectura
sistemática permite sostener que un error
jurídico identificable en la composición de las
cuotas no se neutraliza porque la minuta haya
sido elaborada por un abogado. Sin embargo, el
deber profesional no comprende descubrir
hechos inaccesibles mediante diligencias
razonables ni garantizar que toda afirmación de
los comparecientes sea verdadera. La
valoración debe reconstruir la información
disponible antes de autorizar.
El segundo elemento es la imputación subjetiva.
Existe una diferencia entre ignorar una partida
que revela otro hijo, omitir el análisis de
gananciales consignados en los documentos y
enfrentar una filiación declarada judicialmente
años después, sin indicios previos. Rodríguez et
al. (2025), al estudiar la elaboración de
testamentos, vinculan la reparación con el
incumplimiento profesional y sus efectos
perjudiciales. Ese razonamiento resulta útil para
la partición, aunque sus conclusiones no
sustituyen el examen específico de la escritura,
del deber vulnerado y de las circunstancias que
hicieron el error detectable.
El tercer elemento es un daño cierto. Puede
consistir en la pérdida o disminución de una
adjudicación, frutos no percibidos o gastos
necesarios de recuperación, siempre que estén
acreditados y jurídicamente vinculados al
hecho. La diferencia entre la cuota debida y la
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recibida constituye una referencia inicial, no
una liquidación automática. Si el bien o su valor
son restituidos por otro heredero, esa
recuperación debe considerarse para impedir
una doble reparación. El daño moral tampoco se
presume por la sola existencia de una disputa
sucesoria: requiere una justificación propia.
El cuarto elemento es el nexo causal. Debe
explicarse cómo el control omitido habría
evitado la autorización defectuosa o reducido el
perjuicio. Si la exclusión fue posible porque el
notario ignoró información disponible, la
intervención puede ser causalmente relevante;
si el daño proviene de una actuación posterior
independiente, la conclusión exige mayor
cuidado. La participación de coherederos,
mandatarios o abogados debe analizarse según
su conducta, sin convertir al notario en único
deudor de toda pérdida. Tampoco debe
presumirse solidaridad sin comprobar la norma
y los hechos que la fundamentan.
La sentencia 832-20-JP/21 de la Corte
Constitucional desarrolla, en sus párrafos 140 a
144, deberes de comprobación e información y
estándares reforzados de atención a personas
vulnerables. Su caso versa sobre una
compraventa y afectaciones a una adulta mayor;
se utiliza aquí como fundamento transversal del
servicio, no como condena por errores
particionales. Aplicada al problema estudiado,
orienta a explicar las consecuencias
patrimoniales mediante información
comprensible y adaptada a las necesidades de
cada compareciente. Esta exigencia no autoriza
a presumir incapacidad por edad o discapacidad
ni a reemplazar la voluntad de la persona. La
responsabilidad disciplinaria debe mantenerse
diferenciada de la civil. Vera Yenchong y
Delgado Alcívar (2024) estudian las
infracciones y sanciones propias del ejercicio
notarial; su finalidad institucional no coincide
con la reparación del patrimonio individual.
Puede existir incumplimiento sancionable sin
un daño civil acreditado, o una pretensión
resarcitoria que requiera pruebas distintas de las
utilizadas en sede disciplinaria. La concurrencia
de responsabilidades no elimina el deber de
fundamentar separadamente cada una ni
permite dar por demostrado el nexo causal a
partir de cualquier sanción administrativa.
La respuesta depende del origen del defecto. Si
una disposición testamentaria desconoce
derechos protegidos, deben examinarse las
acciones de reforma de los artículos 1239 y
siguientes del Código Civil; el artículo 1244 se
refiere a la integración de la porción conyugal.
Si una herencia está ocupada por quien actúa
como heredero frente a otro con mejor derecho,
el artículo 1287 contempla la petición de
herencia. En cambio, cuando el problema reside
en el negocio particional, el artículo 1364
remite a las reglas de nulidad o rescisión
aplicables a los contratos. Estas vías no son
sinónimas ni todas proceden por el mismo
hecho.
La rescisión por lesión requiere un perjuicio
superior a la mitad de la cuota, según el artículo
1364. Por ello, cualquier diferencia aritmética
no satisface ese umbral. La omisión
involuntaria de objetos admite partición
complementaria conforme al artículo 1365,
pero no debe equipararse sin análisis a la
exclusión de una persona. El artículo 1369
preserva otros recursos indemnizatorios del
partícipe. La reparación civil y la
recomposición del reparto pueden
complementarse, siempre que las pretensiones
respeten sus presupuestos y no indemnicen dos
veces la misma afectación. También deben
diferenciarse los defectos de la escritura y los
del negocio documentado. La Ley Notarial
contiene reglas de nulidad formal,
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particularmente en su artículo 48; su existencia
no significa que toda irregularidad material sea
una nulidad instrumental. Corregir una cifra de
transcripción no equivale a cambiar cuotas o
suplir el consentimiento faltante. Una
modificación sustancial requiere la intervención
válida de quienes resulten afectados o la
resolución judicial correspondiente. Los plazos
de las acciones deben analizarse
individualmente: el término del artículo 2235
para el régimen extracontractual no se traslada
sin más a las acciones sucesorias.
La síntesis permite identificar una insuficiencia
principal: las normas definen derechos y
requisitos, pero no desarrollan en el numeral 37
del artículo 18 una secuencia detallada para
documentar su verificación conjunta. Ese
espacio no debe describirse como inexistencia
de responsabilidad notarial. Más precisamente,
hay necesidades de estandarización de
antecedentes familiares, reconstrucción
patrimonial y justificación del cálculo. Los
trabajos revisados convergen en la conveniencia
de mejorar información y uniformidad, aunque
su concentración temática y la reiteración de
autores obligan a no tratarlos como pruebas
independientes de una frecuencia nacional de
irregularidades. Se propone que el expediente
previo permita reconstruir cinco decisiones:
quiénes deben participar; por qué pueden
hacerlo personalmente o mediante
representación; qué bienes y obligaciones
integran el acervo; cómo se obtienen las cuotas
y las imputaciones conyugales; y qué acepta
cada otorgante. No se plantea imponer una
investigación ilimitada de la historia familiar,
sino conservar evidencia suficiente de las
verificaciones efectuadas y de la respuesta a los
indicios concretos. El cálculo debería permitir
pasar del inventario a las adjudicaciones sin
saltos conceptuales ni operaciones no
explicadas.
Tabla 2. Matriz de control preventivo para la partición extrajudicial hereditaria
Dimensión
Verificación prioritaria
Trazabilidad documental
Participación y capacidad
Identificar a todos los coasignatarios, su
capacidad y la forma válida de intervención.
Documentos de identidad, registros familiares,
poderes y constancias de representación.
Formación del acervo
Distinguir bienes propios, gananciales,
deudas, deducciones y agregaciones
aplicables.
Inventario, títulos, certificados y hoja de liquidación
patrimonial.
Derechos del cónyuge
Separar gananciales, cuota hereditaria y
porción conyugal; efectuar las imputaciones
que correspondan.
Cálculo diferenciado y soporte de los bienes o
derechos imputables.
Determinación de cuotas
Explicar legítimas, mejoras, libre disposición,
cuotas intestadas y compensaciones.
Hoja de cálculo que permita reconstruir cada
operación desde el acervo hasta la adjudicación.
Información y
consentimiento
Advertir consecuencias patrimoniales,
diferencias de adjudicación y negocios
adicionales.
Constancia comprensible de información, aceptación
y advertencias previas a la autorización.
Fuente: Elaboración propia.
En la dimensión patrimonial, resulta útil una
hoja de liquidación que separe gananciales,
bienes hereditarios, deducciones, agregaciones,
porción conyugal, cuotas y compensaciones. En
la dimensión personal, conviene una relación de
coasignatarios con sus documentos de respaldo
y forma de intervención. La constancia de
información debe registrar las consecuencias
relevantes, especialmente cuando alguien recibe
menos que su participación inicial o realiza una
disposición adicional. Estas herramientas se
proponen como medios de cumplimiento y
prueba; no se presentan como formularios
oficiales actualmente obligatorios. La Tabla 2
sistematiza los componentes del expediente
preventivo propuesto a partir de la síntesis
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normativa y doctrinal. En el plano regulatorio,
una reforma podría precisar documentos
mínimos, mecanismos de consulta
interoperable, tratamiento de inconsistencias y
causas de abstención, con resguardo de la
información personal. La publicidad
complementaria puede contribuir a detectar
interesados, pero no debería convertir su
silencio en consentimiento ni extinguir sus
derechos. Las reglas técnicas que se dicten
deben respetar la reserva legal: un protocolo
administrativo no puede habilitar al notario para
resolver controversias o autorizar particiones
que el Código Civil reserva al juez.
La propuesta debe evaluarse atendiendo a
errores detectados antes de autorizar, claridad
del cálculo, costos del trámite y litigios
posteriores, sin equiparar rapidez con calidad.
Su principal límite es que esta revisión no
examina una muestra de protocolos ni
sentencias indemnizatorias por errores de
legítimas; por ello, no demuestra cuántas
notarías omiten controles ni cuánto
disminuirían los litigios. Futuros estudios
podrían contrastar expedientes anonimizados y
criterios judiciales para distinguir fallas
documentales, errores de interpretación y
conductas fraudulentas, así como valorar si los
controles sugeridos son proporcionados y
efectivos.
Conclusiones
La responsabilidad civil del notario por errores
en la partición extrajudicial cuenta con
fundamentos en el ordenamiento ecuatoriano.
Su procedencia exige identificar el deber
incumplido, la culpa o el dolo, el daño cierto y
la relación causal. La existencia de una escritura
inválida o de una adjudicación desigual no
reemplaza esa demostración, y la participación
de otros profesionales tampoco excluye
automáticamente el deber personal de control
del notario. La determinación de legítimas
requiere depurar el acervo, identificar a los
legitimarios, atender al título sucesorio y
distinguir la cuota mínima protegida de la
participación final. La porción conyugal debe
analizarse desde su procedencia al fallecimiento
y sus imputaciones; no constituye una suma
automática a los gananciales o a cualquier
derecho hereditario del sobreviviente. La
explicación documental de estas operaciones
permite prevenir tanto el perjuicio a los
descendientes como la desprotección del
cónyuge.
La posesión efectiva no sustituye la
concurrencia válida de todos los coasignatarios
para la partición convencional. La ausencia
física puede resolverse mediante mecanismos
de participación y representación legalmente
admisibles, pero la falta de consentimiento, los
supuestos de protección judicial y las
controversias sucesorias requieren la respuesta
correspondiente. Una publicación, una reserva
de cuota o una cláusula de exoneración no
permiten disponer del derecho de quien no
intervino. Los vacíos identificados se
concentran en la articulación procedimental y la
trazabilidad del control. Un expediente con
respaldo familiar y patrimonial, verificación de
representación, liquidación comprensible e
información adaptada puede fortalecer la
prevención y facilitar la valoración posterior de
la diligencia. Su desarrollo normativo debe
respetar los límites de la función notarial y
acompañarse de evidencia sobre su eficacia,
evitando confundir una propuesta de mejora con
una obligación ya establecida.
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