Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 8.1
Edición Especia VIII
Página 962
GARANTÍAS Y LIMITACIONES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
ECUADOR
GUARANTEES AND LIMITATIONS OF CITIZEN PARTICIPATION IN ECUADOR
Autores: ¹Emily Gabriela Lema Maldonado y ²Fernando Guillermo Garay Delgado.
¹ORCID ID: https://orcid.org/0009-0008-0727-2953
²ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3908-4734
¹E-mail de contacto: e1720834785@live.uleam.edu.ec
²E-mail de contacto: fernando.garay@uleam.edu.ec
Afiliación:
1*2*
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, (Ecuador).
Articulo recibido: 18 de Agosto del 2026.
Articulo revisado: 20 de Agosto del 2026.
Articulo aprobado: 20de Agosto del 2026.
¹Estudiante egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, (Ecuador).
²Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, graduado de la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo, (Ecuador),
con 16 años de experiencia laboral. Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, (Ecuador)
y especialista en Gestión Pública por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, (Ecuador). Doctorando en Ciencias Sociales y Jurídicas
en la Universidad de Córdoba, (España).
Resumen
La participación ciudadana se consolida en el
Ecuador como un derecho fundamental
orientado a fortalecer la democracia a través de
la intervención de la ciudadanía en los asuntos
públicos; sin embargo, su ejercicio efectivo
enfrenta desafíos derivados del funcionamiento
institucional del organismo encargado de
garantizarla. En este sentido, la investigación
tiene como objetivo analizar las garantías
constitucionales y legales del derecho a la
participación ciudadana, así como las
limitaciones que afectaron el desempeño del
Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social y su incidencia en el fortalecimiento de
la democracia. Para ello, se desarrolló un
estudio cualitativo de alcance analítico-
descriptivo, fundamentado en los métodos
bibliográfico-documental, dogmático-jurídico,
exegético y comparado, mediante el análisis de
la normativa ecuatoriana, doctrina
especializada y la comparación con los
modelos de Colombia y México. Los
resultados evidencian que el ordenamiento
jurídico ecuatoriano establece un amplio marco
de garantías para la participación ciudadana; no
obstante, la concentración de competencias, la
influencia de intereses políticos y las
limitaciones en la autonomía institucional
afectan el cumplimiento de las funciones
asignadas al organismo responsable del
control, debilitando la confianza ciudadana.
Estos hallazgos permiten determinar que el
reconocimiento normativo, por sí solo, no
garantiza el ejercicio efectivo del derecho a la
participación ciudadana, por lo que se
identifica la necesidad de fortalecer la
independencia institucional, perfeccionando
los mecanismos de designación de autoridades
y promover modelos de participación
centralizados e inclusivos que contribuyan al
fortalecimiento de la democracia en Ecuador.
Palabras clave: Participación Ciudadana,
Derechos constitucionales, Democracia,
Garantías, Limitaciones
Abstract
Citizen participation is consolidating in
Ecuador as a fundamental right aimed at
strengthening democracy through the
involvement of citizens in public affairs;
however, its effective exercise faces challenges
arising from the institutional functioning of the
body responsible for guaranteeing it. In this
sense, the research aims to analyze the
constitutional and legal guaranties of the right
to citizen participation, as well as the
limitations that affected the performance of the
Council for Citizen Participation and Social
Control and its impact on the strengthening of
democracy. To this end, a qualitative study of
an analytical-descriptive nature was developed,
based on bibliographic-documentary,
dogmatic-legal, exegetical, and comparative
methods, through the analysis of Ecuadorian
regulations, specialized doctrine, and
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comparison with the models of Colombia and
Mexico. The results show that the Ecuadorian
legal system establishes a broad framework of
guaranties for citizen participation; however,
the concentration of competencies, the
influence of political interests, and the
limitations on institutional autonomy affect the
fulfillment of the functions assigned to the
body responsible for oversight, weakening
public trust. These findings allow us to
determine that normative recognition, by itself,
does not guaranty the effective exercise of the
right to citizen participation, thus identifying
the need to strengthen institutional
independence, improve the mechanisms for
appointing authorities, and promote centralized
and inclusive participation models that
contribute to the strengthening of democracy in
Ecuador.
Keywords: Citizen participation,
Constitutional rights, Democracy,
Guarantees, Limitations.
Sumário
A participação cidadã se consolida no Equador
como um direito fundamental orientado a
fortalecer a democracia através da intervenção
da cidadania nos assuntos públicos; no entanto,
seu exercício efetivo enfrenta desafios
derivados do funcionamento institucional do
organismo encarregado de garanti-la. Nesse
sentido, a pesquisa tem como objetivo analisar
as garantias constitucionais e legais do direito à
participação cidadã, bem como as limitações
que afetaram o desempenho do Conselho de
Participação Cidadã e Controle Social e sua
incidência no fortalecimento da democracia.
Para isso, foi desenvolvido um estudo
qualitativo de alcance analítico-descritivo,
fundamentado nos métodos bibliográfico-
documental, dogmático-jurídico, exegético e
comparado, mediante a análise da normativa
equatoriana, doutrina especializada e a
comparação com os modelos da Colômbia e do
México. Os resultados evidenciam que a ordem
jurídica equatoriana estabelece um amplo
marco de garantias para a participação cidadã;
no entanto, a concentração de competências, a
influência de interesses políticos e as limitações
na autonomia institucional afetam o
cumprimento das funções atribuídas ao
organismo responsável pelo controle,
enfraquecendo a confiança cidadã. Esses
achados permitem determinar que o
reconhecimento normativo, por si só, não
garante o exercício efetivo do direito à
participação cidadã, pelo que se identifica a
necessidade de fortalecer a independência
institucional, aperfeiçoando os mecanismos de
designação de autoridades e promovendo
modelos de participação centralizados e
inclusivos que contribuam para o
fortalecimento da democracia no Equador.
Palavras-chave: Participação cidadã,
Direitos constitucionais, Democracia,
Garantias, Limitações.
Introducción
La participación ciudadana constituye uno de
los pilares esenciales del Estado constitucional
y democrático del Ecuador, al reconocer a la
ciudadanía como un actor activo en la
formulación, planificación, ejecución y control
de los asuntos públicos. En este aspecto,
Medina y Torres (2024) la definen como “el
involucramiento activo y consciente de los
ciudadanos en las decisiones y políticas
públicas que se relacionan con sus vidas y
comunidades” (p.295). Esta concepción
reconoce que el ejercicio de este derecho
permite a la ciudadanía intervenir de manera
permanente en los asuntos de interés público,
fortaleciendo su incidencia en la gestión estatal
y consolidando el poder ciudadano como
elemento esencial del sistema democrático.
El reconocimiento del derecho a la
participación ciudadana no constituye una
concesión estatal, sino el resultado de un
prolongado proceso de luchas sociales y
movilizaciones impulsadas por sectores
históricamente excluidos de la vida política y
social del país, entre ellos los pueblos indígenas
y diversas organizaciones sociales. Estos
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colectivos reivindicaron mejores condiciones
de vida, exigieron ser escuchados y
visibilizaron las necesidades, reclamos y
desigualdades generadas por un modelo de
democracia representativa que limitaba su
participación en la toma de decisiones públicas.
En tal sentido, estas movilizaciones sociales
sentaron las bases para el desarrollo de la
participación ciudadana, al promover la
incorporación de amplios sectores de la
población en la vida social y política del país
(Carrera, 2015, p. 50). La entrada en vigor de la
Constitución de la República del Ecuador de
2008 representó un cambio trascendental al
consolidar un modelo de democracia
participativa que reconoce el derecho a la
participación ciudadana como derecho
fundamental y principio rector de la
organización estatal. Bajo este modelo
constitucional, la participación ciudadana
constituye un mecanismo orientado a fortalecer
el ejercicio democrático, promover el equilibrio
entre los poderes del Estado y garantizar el
control social sobre la gestión pública (García,
2025, p. 2108).
Como parte de esta transformación
constitucional, se establece la Función de
Transparencia y Control Social como una de las
funciones o el denominado quinto poder del
Estado, dentro de la cual se crea el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, este
organismo autónomo se diseña para fortalecer
el poder ciudadano, combatir la corrupción y
garantizar procesos transparentes en la
designación de autoridades de las principales
autoridades de control del Estado (Jara, 2022, p.
3). La presente investigación busca responder la
siguiente interrogante: ¿De qué manera las
limitaciones institucionales influyen en el
Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social en el ejercicio efectivo del derecho a la
participación ciudadana y el fortalecimiento de
la democracia en el Ecuador? Por lo tanto, para
esta investigación se analizará el ejercicio del
derecho a la participación ciudadana en
Ecuador, considerando su reconocimiento
constitucional y legal, así como las limitaciones
institucionales y prácticas que afectan el
ejercicio efectivo de este derecho y su
incidencia en el fortalecimiento de la
democracia ecuatoriana. Además, se examinará
el marco constitucional y legal que regula el
derecho, se investigará los mecanismos
institucionales que lo materializan mediante el
análisis del rol desempeñado por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social y se
identificará las limitaciones que afectan a este
organismo en el ejercicio efectivo del derecho a
la participación ciudadana, así como el impacto
que genera en la confianza de la ciudadanía.
Materiales y Métodos
La presente investigación se lleva a cabo bajo
un enfoque cualitativo con alcance analítico-
descriptivo, orientado a interpretar y evaluar la
brecha existente entre el diseño del marco
normativo y la práctica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social. Así
pues, se adoptó por un método dogmático-
jurídico, el cual facilitó el análisis de las normas
constitucionales, los fundamentos doctrinales y
criterios jurídicos relacionados con la
legitimidad y efectividad del modelo
ecuatoriano de participación ciudadana. De
igual modo, se estructuró como una
investigación de tipo descriptivo, lo que ayudó
a reconocer la evolución del derecho a la
participación ciudadana y revisar la estructura
de la Función de Transparencia y Control Social
por medio del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social. Este diseño
metodológico facilitó la descripción y el
análisis de los procesos institucionales en su
contexto jurídico, delimitando la información
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recopilada sin intervenir ni alterar los elementos
objeto de estudio. La recopilación de la
información se realizó mediante la aplicación
de métodos y técnicas de investigación que
permitieron dar cumplimiento a los objetivos
planteados. Primero, se empleó el análisis
bibliográfico-documental para identificar,
seleccionar y sistematizar normas
constitucionales, disposiciones legales y
estudios académicos relacionados con el
derecho a la participación ciudadana y su
desarrollo en el ordenamiento jurídico
ecuatoriano. Segundo, se empleó el método
dogmático-jurídico, el cual ayudó a examinar la
estructura, jerarquía y contenido de las normas
que regulan las competencias del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Mediante el apoyo de tablas sinópticas para
ordenar y organizar la información.
Tercero, se aplicó el método exegético para
analizar las disposiciones constitucionales y
legales relativas al derecho a la participación
ciudadana y a la forma en que opera el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, a
fin de entender sus implicaciones legales en el
sistema ecuatoriano. Cuarto, se aplicó el
método comparado con el propósito de
examinar las diferencias y semejanzas
existentes entre los modelos institucionales de
Ecuador, Colombia y México, identificando
elementos que contribuyeron al análisis de las
fortalezas y limitaciones del sistema
ecuatoriano de la participación ciudadana.
Al tratarse de una investigación cualitativa de
carácter jurídico, la validez y confiabilidad del
proceso metodológico se sustentaron en el
criterio de triangulación de fuentes y métodos,
en lugar de pruebas estadísticas. Sobre la
validez, se compararon sistemáticamente la
Constitución, las leyes, los aportes doctrinales y
el funcionamiento institucional del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social,
permitiendo tener una visión completa de lo
investigado. Por otra parte, la confiabilidad se
aseguró al organizar y ordenar de manera
rigurosa las fuentes usadas, detallando también
el procedimiento metodológico aplicado para
que otros investigadores puedan revisarlo y
usarlo en futuros estudios de naturaleza similar.
Resultados y Discusión
La participación ciudadana en Ecuador ha
experimentado una evolución significativa
desde finales del siglo XX, impulsada por el
creciente cuestionamiento al modelo tradicional
de democracia representativa y por la
movilización de pueblos indígenas,
organizaciones sociales y otros sectores
ciudadanos. Este proceso comenzó a
consolidarse con la Constitución de 1998 y
alcanzó mayor desarrollo con la Constitución de
2008, que reconoció la participación como un
derecho fundamental y como uno de los ejes del
Estado constitucional ecuatoriano (Carrera,
2015, p. 50). En este sentido, Galiano Maritan
et al. (2023) destacan que la Constitución
vigente sustituyó la tradicional denominación
de derechos políticos por la noción más amplia
de participación ciudadana, incorporando
disposiciones destinadas a garantizar una
intervención más activa de la población en los
asuntos públicos (p. 9).
La Constitución de 2008 amplió así la
concepción de democracia, superando su
vinculación exclusiva con los procesos
electorales para reconocer la participación
ciudadana como una práctica permanente en la
formulación, ejecución, fiscalización y control
de las decisiones públicas. Este cambio se
integró a un catálogo más amplio de derechos
relacionados con el buen vivir, los grupos de
atención prioritaria, las comunidades y
nacionalidades, la naturaleza, la libertad, la
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protección y la participación (Carrera, 2015, p.
52). De manera específica, el artículo 95
establece que las personas, individual o
colectivamente, pueden intervenir en la toma de
decisiones, la planificación, la gestión de los
asuntos públicos y el control popular de las
instituciones estatales y sus representantes
(Constitución de la República del Ecuador,
2008). En correspondencia con ello, Dután et al.
(2022) sostienen que este marco constitucional
convierte a la ciudadanía en un actor político
dentro de la organización, planificación, gestión
y control de lo público (p. 11).
Esta transformación también modificó la
organización estatal mediante la incorporación
de la Función de Transparencia y Control
Social, concebida para fortalecer la
participación, la transparencia, el control social
y la lucha contra la corrupción (Dután et al.,
2022, p. 10). De acuerdo con el artículo 204 de
la Constitución, esta función se integra por el
Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría
General del Estado y las superintendencias. A
su vez, el artículo 207 atribuye al CPCCS
responsabilidades relacionadas con la
promoción de los derechos de participación y la
designación de determinadas autoridades
conforme a los procedimientos constitucionales
y legales (Constitución de la República del
Ecuador, 2008). Desde esta perspectiva, la
participación ciudadana constituye un
componente esencial de la democracia
contemporánea, pues complementa la
representación política mediante una
intervención más directa de la ciudadanía en la
gestión de los asuntos públicos (Almache y
Antúnez, 2020, pp. 8-13). El Código de la
Democracia desarrolla este marco al regular los
derechos de participación política y los
procesos electorales. Entre sus disposiciones se
encuentra la participación del CPCCS en la
designación, mediante concursos públicos de
oposición y méritos, de los integrantes del
Consejo Nacional Electoral y del Tribunal
Contencioso Electoral, procurando que estos
procedimientos se desarrollen bajo criterios de
mérito, transparencia e igualdad (Código de la
Democracia del Ecuador, 2009).
El poder ciudadano representa, por tanto, uno de
los pilares del modelo de democracia
participativa ecuatoriano. Zazo Moratalla
(2018) lo vincula con una redistribución del
poder que permite incorporar a grupos
tradicionalmente excluidos de los procesos
políticos y económicos, favoreciendo su
participación en las decisiones colectivas (p. 5).
En esta misma línea, el poder ciudadano no se
limita a intervenir en la gestión pública, sino
que comprende la facultad de ejercer control
social sobre las autoridades y las instituciones
estatales, promoviendo la transparencia, la
rendición de cuentas y la defensa del interés
colectivo (Galiano Maritan et al., 2023, p. 511).
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana
materializa estas disposiciones constitucionales
mediante mecanismos como audiencias
públicas, cabildos populares, silla vacía,
veedurías ciudadanas, observatorios y consejos
consultivos. Estas herramientas permiten que la
ciudadanía intervenga de manera más directa en
los asuntos de interés público y ejerza control
sobre la gestión estatal, mientras que el CPCCS
tiene la responsabilidad de promover y
fortalecer su utilización (Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, 2010). De esta
manera, el ordenamiento jurídico ecuatoriano
configura un modelo en el que la soberanía
popular se expresa no solamente mediante el
sufragio, sino también a través de mecanismos
permanentes de participación y control social.
Dentro de este modelo, el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social
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constituye una de las principales innovaciones
institucionales introducidas por la Constitución
de 2008. Sus antecedentes se encuentran en la
Comisión Nacional Anticorrupción, creada en
1997, y en la Comisión de Control Cívico de la
Corrupción, reconocida por la Constitución de
1998. A partir de esta evolución, el CPCCS fue
concebido como un organismo destinado a
fortalecer la participación, el control social, la
transparencia, la prevención de la corrupción y
la designación de determinadas autoridades de
control (Gavilanes, 2021, p. 58).
Desde el ámbito jurídico, el CPCCS es una
entidad de derecho público dotada de
autonomía administrativa, financiera,
presupuestaria y organizativa. Sus
competencias pueden agruparse en cuatro
ámbitos principales: promoción de la
participación ciudadana y formación cívica;
fortalecimiento de los mecanismos de rendición
de cuentas; promoción de la transparencia y
lucha contra la corrupción; y designación de las
autoridades previstas constitucionalmente
(Medina y Torres, 2024, p. 111).
Tabla 1. Promoción de la participación y
formación ciudadana.
Ejes estratégicos de
implementación
Mecanismos e instancias legales
incluidas
Espacios de diálogo local
Asambleas ciudadanas locales
(GAD-Municipales, prefecturas y
Juntas parroquiales)
Organización de base
Consejos Barriales y Recintales
(integrados en los GAD-
Municipales)
Capacitación continua
Fortalecimiento de las escuelas de
formación ciudadana
Mecanismos normativos
Consejos ciudadanos sectoriales,
audiencias
públicas, presupuestos
participativos, silla vacía
Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en esta primera tabla, se
implementa dentro de la estructura del CPCCS,
la Dirección Nacional de Promoción de la
Participación como la instancia encargada de
difundir hacia la ciudadanía y las instituciones
públicas en cuanto a los mecanismos de
participación ciudadana enfocándose en 4 ejes
principales; el primero en asambleas ciudadanas
locales como los GAD Municipales,
prefecturas, juntas parroquiales para fomentar
el diálogo entre las autoridades y los gobiernos
locales; como segundo los consejos barriales y
recintales, mismo que deberán ser incluidos
dentro de los GAD municipales; como tercero,
el fortalecimiento de las escuelas de formación
ciudadana y capacitación.
Tabla 2. Mecanismo de rendición de cuentas.
Dimensión
Enfoque operativo
Especificaciones técnicas y
alcance
Fundamento
democrático
Control social directo
de la gestión pública
Elemento estructural de la
democracia participativa para la
fiscalización ciudadana
Sujetos
obligados
Entidades públicas e
actores privados con
financiamiento estatal
Instituciones del Estado y
empresas privadas que
administren o gestionen fondos
públicos
Objetivo
operativo
Justificación del uso de
recursos
Obligación de explicar, detallar y
justificar la administración y
destino de los bienes públicos
Atributos de
la
información
Calidad, claridad y
accesibilidad de los
datos
Entrega de datos cuantitativos y
cualitativos suficientes,
simplificados y de fácil
comprensión
Principios
del proceso
Criterios
metodológicos de
ejecución
Intervención universal/inclusiva,
periodicidad regular, oportunidad
(momento justo) y transparencia.
Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en esta segunda tabla, los
mecanismos constituyen un elemento
fundamental en la democracia participativa, ya
que gracias a ellos los ciudadanos pueden
ejercer un control directo a cerca de lo que
realizan las entidades públicas y también de
aquellas empresas privadas que manejan dinero
del Estado. Con el fin de que las personas que
intervengan en el manejo de lo público tienen
que hacerse cargo de explicar, detallar y
justificar ante los ciudadanos sobre cómo y para
qué usan los bienes públicos que están bajo su
mando. También aclara que todo este proceso
debe realizarse con la intervención de todos,
con regularidad, en el momento justo, de forma
clara, entregando datos suficientes, sencillos y
fáciles de entender para los ciudadanos.
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Tabla 3. Estructura Normativa e Institucional para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Dimensión Institucional
Mecanismos Legales
Alcance y especificación
Gobernanza y coordinación
Comité de coordinación de la Función de
Transparencia y Control Social (FTCS)
Instancia creada conforme a los art.6 y 7 de la LOFTCS para
articular las políticas de control interinstitucional
Instrumento estratégico
Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la
Corrupción
Mecanismo viable y diseño por el Comité de Coordinación para
mitigar riesgos de corrupción a nivel sistémico
Instancia operativa de control
Secretaría Técnica de Transparencia y lucha
contra la Corrupción
Órgano técnico-administrativo del CPCCS encargado de viabilizar
la lucha anticorrupción desde el enfoque de la participación
ciudadana.
Mecanismo de activación ciudadana
Recepción y trámite de pedidos y quejas
Canal formal mediante el cual la ciudadanía ejerce su derecho
denuncia y control social ante presuntos actos de corrupción
Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en esta tercera tabla, conforme
lo establece la LOFTCS se desarrolla un Comité
de Coordinación de la Función de
Transparencia y Control Social con el fin de
establecer mecanismos viables como la
creación de un Plan Nacional de Prevención y
Lucha contra la Corrupción. Y bajo estas
atribuciones, el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, a través de la
Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha
contra la corrupción, atiende los pedidos y
quejas de la ciudadanía.
Tabla 4. Mecanismos de Designación de Autoridades de Control por el CPCCS.
Dimensión
constitucional
Mecanismo de selección
Autoridades designadas
Alcance operativo
Facultad Nominadora
directa
Evaluación de terna
presidencial
Procurador General del Estado
Superintendente
El CPCCS procesa y designa de manera directa a partir de una
terna de candidatos propuesta por el presidente de la
República
Facultad nominadora
por competencia
Concurso público de méritos
y oposición
Contralor General del Estado
Fiscal General del Estado
Defensor del Pueblo
Defensor Público
La designación se ejecuta de manera privativa tras agotar las
etapas de postulación, evaluación de méritos, examen de
oposición y control social
Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en esta cuarta tabla, los
miembros del CPCCS cuentan con la facultad
de realizar el proceso de designación de las
siguientes autoridades: el Procurador General
del Estado y Superintendentes de entre una
terna propuesta por el presidente, en el caso del
Defensor del Pueblo, Defensoría Pública,
Fiscalía General del Estado y Contraloría
General del Estado la designación se realiza
luego de agotar el proceso correspondiente, de
concurso de méritos y oposición (impugnación
ciudadana). Las reformas constitucionales
representaron un gran paso al fortalecimiento de
un sistema de democracia donde la ciudadanía
participe activamente y decida directamente, al
incorporar mecanismos que permitan una
mayor intervención de los ciudadanos en los
asuntos públicos. Así mismo, la inclusión de
instrumentos de control social para ser
utilizados en el control de la gestión
gubernamental fue trascendental para el
empoderamiento ciudadano. No obstante, en la
aplicación práctica de este diseño constitucional
se puede evidenciar una persistente brecha entre
el marco normativo del derecho a la
participación ciudadana y la realidad
institucional. Por lo que el CPCCS ha sido
objeto de constantes cuestionamientos
relacionados con su legitimidad, la incidencia
de intereses políticos en el ejercicio de sus
funciones y las dificultades para mantener una
actuación plenamente autónoma e
independiente. Como consecuencia, la
efectividad de los mecanismos de participación
y control social se ha visto limitada, reduciendo
su capacidad para fortalecer el ejercicio efectivo
de los derechos participativos y la confianza de
la ciudadanía en esta institución (García, 2025,
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p. 2108). De igual modo, Álvarez Resabala et
al. (2024) señalaron que “el desempeño del
Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social ha generado controversias significativas,
especialmente en torno a su legitimidad,
politización y efectividad” (p.140). A partir de
una revisión de distintos aportes doctrinales,
otros autores sistematizaron las principales
limitaciones estructurales que afectan el
funcionamiento del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS). En este
sentido, García Soto y Sánchez (2021; como se
citó en Álvarez et al, 2024) sostuvieron que, si
bien el principio constitucional de la
participación ciudadana pretende garantizar la
inclusión de la sociedad en la toma de
decisiones públicas, su materialización a través
del CPCCS se ha visto condicionada por
dinámicas políticas internas que han limitado el
ejercicio independiente de sus competencias.
Mismo que ha influido en la operatividad
institucional y ha generado cuestionamientos
sobre su viabilidad y pertinencia como
mecanismo destinado a fortalecer la
participación ciudadana y el control social.
Uno de los principales factores que han
influenciado el debilitamiento institucional del
CPCCS es la creciente politización, la cual ha
comprometido la independencia con la que debe
ejercer las competencias que le fueron
atribuidas. Esta situación refleja que, en los
procesos de designación de las autoridades,
cuya trasparencia e imparcialidad han sido
objeto de constantes cuestionamientos debido a
la influencia de intereses políticos. En tal
sentido, Moncayo (2020) y Gordón (2022;
como se citó en Álvarez et al, 2024) concuerdan
en que la intervención partidista en estos
procesos ha afectado la credibilidad del CPCCS
y ha debilitado su legitimidad como organismo
encargado de promover la participación
ciudadana y el control social. La pérdida de
legitimidad institucional del CPCCS también
influye en la percepción ciudadana sobre la
eficacia de los mecanismos de participación y
control social. Al respecto, Lema (2021; como
se citó en Álvarez Resabala et al, 2024) sostuvo
que la falta de legitimidad democrática provoca
una reacción en cadena que termina debilitando
la confianza de la ciudadanía en la participación
como mecanismo efectivo de control público.
Y, en consecuencia, el CPCCS deja de ser
percibido como un organismo autónomo e
imparcial y comienza a asociarse con intereses
de carácter político, afectando la credibilidad
del modelo constitucional de participación
ciudadana. La falta de independencia impacta
directamente en el cumplimiento de sus
funciones de control social y prevención de la
corrupción asignadas al CPCCS. Además,
Gutiérrez (2021; como se citó en Álvarez et al,
2024) sostuvo que, pese a las competencias
otorgadas en cuanto a la lucha contra la
corrupción, su eficacia se ha visto limitada por
la ausencia de mecanismos que garanticen la
independencia de los procesos de designación,
así como las dificultades de coordinación con
otras funciones del Estado. Dando como
resultado que estas limitaciones contribuyan al
incremento del escepticismo ciudadano con
respecto a la capacidad del CPCCS para ejercer
el control efectivo sobre la administración
pública y cumplir con los objetivos para los
cuales fue creado.
La efectividad del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social permite advertir
que el cumplimiento de sus funciones no
depende únicamente del amplio marco
normativo que regula su organización y
competencias, sino también de la existencia de
condiciones institucionales que garanticen su
independencia y autonomía. En este sentido,
López (2024) señaló que el CPCCS fue
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concebido normativamente como una entidad
autónoma con autonomía administrativa y
financiera, cuyas atribuciones se orientan a
promover la participación y formación
ciudadana, fortalecer mecanismos de rendición
de cuentas, investigar actos de corrupción y
participar en la designación de autoridades (p.
52). No obstante, el mismo autor advirtió que la
eficacia de estas competencias exige una
autonomía real frente a cualquier forma de
intervención política, puesto que las presiones
externas y los intereses partidistas afectan la
operatividad y transparencia con que el
organismo ejerce sus funciones (p. 76). En el
análisis de las tensiones que enfrenta el CPCCS,
la politización institucional constituye uno de
los factores que mayor incidencia ha tenido en
el cumplimiento de sus objetivos
constitucionales. En este contexto, Moncayo
Vives (2020) en su estudio “Participación
ciudadana y politización institucional: veinte
años de un dicotómico quinto poder en
Ecuador”, sistematizó las principales
consecuencias provenientes de este fenómeno y
las agrupó en dos niveles de análisis: i) a nivel
de organización burocrática y su legitimidad; y
ii) en el ejercicio del derecho a la participación
de la ciudadanía en general (pp.130-131). Con
el propósito de facilitar la comprensión de estas
tensiones y evidenciar su impacto en el
funcionamiento del organismo, a continuación,
se presentan de forma sistematizada los
principales efectos identificados por el autor.
Tabla 5. Sistematización de los efectos de la politización en el CPCCS.
Nivel de afectación
Problema identificado
Dimensión operativa
A nivel de la organización burocrática y su
legitimidad
La corporativización
Los consejeros priorizan la defensa de intereses particulares y agendas
de grupos de poder sobre el mandato de representación ciudadana
Régimen presidencialista reforzado
Subordinación indirecta al ejecutivo y poderes fácticos, quienes buscan
instrumentalizar al CPCCS para controlar la designación de autoridades
de control
Sustracción de atribuciones
Conflicto institucional y tensión latente con la Asamblea Nacional
debido al desplazamiento de la facultad legislativa de designación hacia
el CPCCS
Alta burocratización
Reducción de la participación ciudadana a procesos excesivamente
administrativos, rígidos y de carácter técnico-burocrático
Corrupción institucional
Debilita el cumplimiento de su función de combatir la corrupción y
genera una brecha entre la Constitución y su desempeño en la práctica
En el ejercicio del derecho de participación
ciudadana
Falta de representatividad
Los siete consejeros no representan adecuadamente la diversidad social,
cultural y de territorial del país
Participación limitada
La participación y la transparencia puede utilizarse para aparentar,
mientras que las decisiones se mantienen limitadas y poco visibles
Deficiente rendición de cuentas
Desviación del mecanismo de control social, confundiéndolo u
homologándolo erróneamente con estrategias de mercadotecnia
publicitaria.
Fuente: Elaboración propia.
Uno de los principales focos de tensión
institucional del CPCCS se encuentra en el
ejercicio de su competencia para designar
autoridades mediante concursos públicos de
méritos y oposición. Aunque en el
ordenamiento jurídico establece que estos
procedimientos deben desarrollarse con base a
principios de transparencia, igualdad e
imparcialidad; en la práctica diversos procesos
ha sido objeto de cuestionamientos debido a
presuntas irregularidades, conflictos de interés
y la intervención de intereses políticos en la
selección de autoridades. Resultando esta
situación especialmente relevante si se toma en
cuenta que el Código de la Democracia prohíbe
que los consejeros mantengan afiliación política
o estén bajo el respaldo de organizaciones
políticas, esto con el propósito de preservar la
independencia institucional de esta institución
(Rojas y Espinoza, 2025, p. 82). Un ejemplo
representativo de estas tensiones institucionales
fue el caso denominado "Liga Azul",
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conformado por consejeros del CPCCS
vinculados al movimiento político Revolución
Ciudadana. De acuerdo con la fuente
periodística PRIMICIAS (2025), este grupo
habría impulsado una estrategia con el
propósito de influir en la designación de
autoridades de instituciones estratégicas del
Estado, entre ellas la Superintendencia de
Bancos, el Consejo de la Judicatura, la
Defensoría Pública y el Tribunal Contencioso
Electoral (TCE). Posteriormente, el Tribunal
Contencioso Electoral dentro de la sentencia
Nro. 123-2024-TCE (ACUMULADA)
conocida como el caso “Liga Azul”, ratificó la
destitución de los consejeros involucrados al
determinar la existencia de infracciones
electorales muy graves relacionadas con el uso
de patrocinios políticos durante su campaña
electoral, conducta incompatible con las
exigencias de independencia previstas para
quienes integran el CPCCS. Desde una
perspectiva jurídico-institucional, este caso
evidencia cómo la intervención de intereses
partidistas puede desnaturalizar las funciones
constitucionales del organismo, comprometer
su independencia y debilitar la confianza
ciudadana en los mecanismos de participación y
control social (Rojas y Espinoza, 2025, p. 84).
En las últimas décadas, los mecanismos
institucionales de participación ciudadana en
América Latina han experimentado una
importante expansión normativa; sin embargo,
su efectividad continúa condicionada por
profundas desigualdades sociales, económicas
y políticas que limitan el acceso equitativo de la
ciudadanía a los espacios de deliberación
pública. En relación con ello, Noto (2014; como
se citó en Moncayo Vives, 2020) menciona que
“la desigualdad sigue siendo el gran escollo
para superar, con unos resabios que aún afectan
el modo en que la gente participa políticamente”
(p. 124). Estas condiciones estructurales
dificultan que los mecanismos de participación
alcancen los objetivos para los cuales fueron
concebidos. En consecuencia, el análisis
comparado de los modelos implementados en
Colombia y México permite identificar
similitudes, diferencias y experiencias que
contribuyen a comprender los desafíos que
enfrenta el modelo ecuatoriano en la garantía
efectiva del derecho a la participación
ciudadana.
En Colombia, la Constitución de 1991 marcó un
precedente al reconocer formalmente el derecho
de la ciudadanía a participar en la vida política,
económica y social del país mediante un
conjunto amplio de mecanismos de
participación. Además del voto como
instrumento representativo tradicional, el
ordenamiento jurídico incorporó mecanismos
propios de la democracia directa, como el
plebiscito, la consulta y la iniciativa populares
ciudadana, con el propósito de fortalecer la
intervención de la población en las decisiones
públicas (Valderrama, 2024, p. 5). Sin embargo,
se observa que ni el reconocimiento normativo,
ni la aplicación de este aseguran una
participación efectiva.
En la práctica, mecanismos como las audiencias
públicas y los cabildos abiertos han presentado
limitaciones, especialmente con lo que respecta
a la representatividad y la inclusión de grupos
marginados, creando así una brecha entre las
garantías previstas en la norma y su aplicación
en la sociedad (p.8). Además, la participación
en estos espacios tiende a ser dominada por
grupos con mayor capacidad organizativa, más
recursos o acceso de cómo llegar a las
instituciones, lo que limita la diversidad de
perspectivas y pone en duda la validez de los
procesos (p. 9). Por su parte, en México la
participación ciudadana no ha sido reconocida
expresamente como un derecho fundamental en
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el texto de la Constitución Política de los
Estados Unidos de mexicanos. Sin embargo, el
país ha experimentado un desarrollo progresivo
de mecanismos institucionales orientados a
fortalecer la intervención ciudadana en los
asuntos públicos (Palacios, 2024). Un ejemplo
representativo fue la primera consulta nacional
de revocación de mandato realizada en el año
2022, mediante el cual la ciudadanía fue
convocada para decidir sobre la continuidad o
el cese de las funciones del presidente de la
República. A pesar de ello, este mecanismo
registró una participación equivalente del
17,77% del padrón electoral, lo que, de acuerdo
con las cifras oficiales del Instituto Nacional
Electoral, señaló un nivel bajo de
involucramiento ciudadano. Por lo tanto, el
desarrollo de la participación de los ciudadanos
ha mejorado a nivel estatal, con siete entidades
federativas la consideran un derecho humano y
mientras que las demás han implementado
varias maneras para asegurar su ejercicio
(p.262). En este contexto, dichos mecanismos
se distribuyen en tres segmentos: i) aquellos
presentes en todos los Estados de la República,
como el plebiscito, referéndum y la iniciativa
ciudadana; ii) los que están en al menos 30% de
los Estados, que abarca la consulta popular,
revocación de mandato, presupuesto
participativo, asamblea ciudadana y audiencia
pública; y iii) los que tienen presencia en un
número menor del 30% de los Estados, como la
contraloría social, rendición de cuentas,
recorridos de la autoridad, colaboración
ciudadana, cabildo abierto y consejos
consultivos ciudadanos (Palacios Montes, 2024,
pp. 263 - 267). Con el propósito de sintetizar los
resultados obtenidos, la tabla 6 sistematizó los
principales modelos de participación ciudadana
de Ecuador, Colombia y México, considerando
su marco constitucional, diseño institucional y
las limitaciones identificadas en su aplicación
práctica.
Tabla 6. Análisis comparativo de la participación ciudadana en Ecuador, Colombia y México.
Criterio/País
Ecuador
Colombia
México
Reconocimiento constitucional
Derecho fundamental transversal y pilar
de la democracia participativa
(Constitucional 2008)
Derecho formal de intervención en la vida
política, económica y social (Constitución
de 1991)
No reconocido explícitamente como
derecho fundamental a nivel
constitucional federal
Diseño institucional y
estructura
Modelo institucionalizado y centrado a
través del quinto poder CPCCS
Modelo garantista estándar basado en
mecanismos tradicionales y de
democracia directa
Modelo heterogéneo y subnacional
reconocido como derecho humano solo en
siete entidades federativas
Mecanismos principales
CPCCS, veedurías, rendición de cuentas,
silla vacía, presupuestos participativos y
audiencias
Plebiscito, consulta popular, iniciativa
ciudadana, audiencias públicas y cabildos
abiertos
Nivel nacional: revocación de mandato
Nivel estatal: plebiscito, referéndum,
iniciativa y presupuestos participativos
Desafíos estructurales y
limitaciones
Paradoja de captura: inferencia partidista,
politización de autoridades y pérdida de
neutralidad
Brecha de representatividad:
monopolización de espacios por élites
organizadas o grupos con mayores
recursos económicos
Baja participación nacional: escasa
convocatoria en ejercicios federales
(17,77% en la revocatoria del 2022)
Nivel de efectividad práctica
Alta burocratización y desconfianza
ciudadana por conflictos políticos e
inferencias fácticas
Exclusión persistente de sectores
históricamente marginados y brecha entre
la norma y la realidad
Desigualdad en la aplicabilidad según el
estado, aunque con mayor participación a
nivel local/subnacional
Fuente: Elaboración propia.
La comparación de estos países muestra que, si
bien Ecuador, Colombia y México reconocen
normativamente la participación ciudadana
como un aspecto clave para el fortalecimiento
democrático, cada uno tiene un marco
institucional con características y retos propios.
Las diferencias más notables son las relativas al
nivel de concentración, la forma en que están
organizadas las instituciones y la manera de
implementar dichos mecanismos de
participación en la práctica. En Ecuador, su
sistema se caracteriza por contar con un nivel
alto de institucionalización y centralización,
apoyado por un amplio marco constitucional
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como legal, y además por contar con el CPCCS
como organismo especializado para impulsar
esta participación ciudadana y el control social
(Galiano et al, 2023, p. 20). Por otro lado,
Colombia y México cuentan con sistemas
donde algunas formas de participación están
más distribuidas, evidenciando que, más allá de
las nomas que tiene cada país, el principal reto
es asegurar que estas formas de participación
funcionen de forma efectiva, sin excluir ni
dejarse influenciar por terceros.
Los resultados obtenidos en esta investigación
permiten sostener que existe una marcada
brecha entre las garantías constitucionales que
reconoce el derecho a la participación
ciudadana y la forma en que el CPCCS
desarrolla sus competencias en la práctica.
Aunque la Constitución de la República del
Ecuador incorpora un amplio marco garantista
y reconoce la participación ciudadana como un
derecho fundamental, el análisis realizado
evidencia que dicho diseño normativo no ha
logrado materializar plenamente los objetivos
para los que fue concebido. Esta situación
permite afirmar que la institucionalización del
derecho a la participación ciudadana, por si
sola, no garantiza un fortalecimiento efectivo
del poder ciudadano.
Por el contrario, la concentración de
atribuciones relacionadas con la designación de
autoridades en un único organismo ha
favorecido escenarios de conflictividad política
que desnaturaliza la finalidad del CPCCS como
mecanismo de control social y lucha contra la
corrupción. Por consiguiente, cuando la
independencia institucional se ve condicionada
por intereses externos, se debilita la
imparcialidad democrática, la confianza
ciudadana y la efectividad de los mecanismos
de participación previstos en el ordenamiento
constitucional. Al contrastar los hallazgos
obtenidos con bibliografías especializadas, se
identificó una importante coincidencia con
investigaciones previas sobre las limitaciones
institucionales que enfrenta el CPCCS. Los
resultados obtenidos concuerdan con lo que
García y Álvarez señalaron, quienes mencionan
que la crisis de legitimidad en la institución se
debe a factores estructurales que impactan su
debido funcionamiento. Además, las
limitaciones identificadas en los procesos de
designación de autoridades coinciden con lo
analizado por Moncayo Vives y Gordón
Posligua, ya que demuestran que las influencias
políticas de por medio limitan la transparencia
como la objetividad de los concursos públicos.
Dicha interpretación cuenta con el respaldo de
la causa Nro. 123-2024-TCE (denominado
como Liga Azul), el cual constituye un ejemplo
representativo de cómo la influencia partidista
puede afectar el cumplimiento de las funciones
constitucionales asignadas al CPCCS.
No obstante, la presente investigación aporta
una perspectiva complementaria al incorporar
un análisis comparado entre Ecuador, Colombia
y México. Los resultados permiten advertir que,
aunque los tres países reconocen mecanismos
de participación ciudadana, las dificultades que
enfrentan responden a estructuras
institucionales distintas. En Colombia, las
limitaciones se relacionan con la influencia de
grupos de poder y las dificultades para
garantizar una verdadera participación
representativa; mientras que en México
persisten niveles bajos de participación en
algunos mecanismos nacionales, pese al
desarrollo alcanzado por diversas entidades
federativas en el ámbito local. En contraste, el
caso ecuatoriano evidencia que la concentración
de competencias en un único organismo ha
generado una dependencia institucional que
incrementa los efectos de su pérdida de
legitimidad. Por lo tanto, cuando el órgano
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central encargado de promover la participación
ciudadana pierde credibilidad, también se
debilita la confianza de la ciudadanía en los
mecanismos de control social y, con ello, la
efectividad del propio derecho a la participación
ciudadana.
Desde una perspectiva teórica, los hallazgos
obtenidos aportan nuevos elementos para la
discusión sobre el neoconstitucionalismo y el
diseño institucional de los mecanismos de
participación ciudadana. Particularmente, esta
investigación sostiene que la creación de
organismos especializados en el control social
puede dar lugar a una “paradoja de captura”,
entendida como el fenómeno mediante el cual
la concentración de competencias estratégicas y
el sobre diseño burocrático terminan
favoreciendo la intervención de intereses
políticos y reduciendo los espacios de
participación efectiva de la ciudadanía.
En el ámbito práctico, estos resultados
evidencian la necesidad de impulsar una
reforma integral del modelo institucional
ecuatoriano. En primer lugar, resulta necesario
fortalecer la independencia de los procesos de
designación de autoridades mediante
mecanismos técnicos de selección que reduzcan
la influencia de intereses partidistas. En
segundo lugar, la promoción de la participación
ciudadana requiere avanzar hacia un modelo
centralizado fortaleciendo la aplicación de
mecanismos ya previstos en el ordenamiento
jurídico ecuatoriano, como la silla vacía y los
presupuestos participativos en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, a partir de las
experiencias de organización territorial
identificadas en México. Por ende, es necesario
implementar políticas permanentes para la
inclusión y difusión que garanticen la
participación efectiva de grupos históricamente
excluidos como las zonas rurales, pueblos,
nacionalidades indígenas y las mujeres. Con el
objetivo de que estas acciones ayuden a
contribuir a la legitimación institucional del
CPCCS, recuperar la confianza de la ciudadanía
y consolidar un ejercicio más efectivo del
derecho a la participación ciudadana en el
Ecuador.
Conclusiones
De acuerdo con los objetivos planteados, la
presente investigación tiene como fin examinar
las garantías constitucionales y legales que
respaldan la participación ciudadana en el
Ecuador, además de las limitaciones que
impactan la operatividad del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social,
también su influencia en el fortalecimiento de la
democracia. De esta forma, la investigación
ayuda a revisar el marco jurídico que ampara
este derecho, incluso a determinar el rol
institucional del CPCCS y detectar los
elementos que limitan su ejercicio efectivo. Por
lo tanto, el estudio muestra que, si bien la
Constitución de la República del Ecuador
presenta un amplio marco jurídico para la
participación ciudadana, aún existe una brecha
entre lo que la norma establece y lo que
realmente ocurre, ya que al agrupar las
funciones en una sola entidad se desarrollan
situaciones de influencia política que pone en
riesgo la independencia institucional y
disminuye la confianza de la ciudadanía en el
sistema
Se aporta en esta investigación elementos
relevantes desde tres dimensiones
complementarias. En el ámbito teórico,
contribuye al análisis del constitucionalismo
latinoamericano al explicar como un diseño
institucional centrado puede limitar la
efectividad de un derecho reconocido por el
ordenamiento jurídico. Desde la perspectiva
metodológica, se emplea un enfoque cualitativo
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fundamentado en los métodos bibliográfico-
documental, dogmático-jurídico, exegético y
comparado, los cuales permiten abordar el
fenómeno desde una perspectiva integral y
constatar el modelo ecuatoriano con las
experiencias de Colombia y México. En la
práctica, se ofrece un análisis socio-jurídico que
sienta las bases para poder entender las razones
que afectan la legitimidad del CPCCS y para ser
guía de futuras investigaciones, como de
cambios institucionales enfocados en mejorar y
fortalecer la democracia participativa.
Considerando las limitaciones identificadas,
queda claro que el sistema de participación
necesita ser reforzado a través de la mejora del
marco normativo y la estructura actual. Para
ello, resulta pertinente adecuar el Código de la
Democracia para reforzar la transparencia,
objetividad e independencia de los procesos de
designación de autoridades mediante
procedimientos sustentados en criterios
técnicos de mérito, mecanismos permanentes de
veedurías ciudadana y controles que reduzcan la
incidencia de intereses políticos. Por lo que
resulta necesario establecer restricciones
legales para la postulación de personas con
afiliación o respaldo reciente de organizaciones
políticas, con el propósito de fortalecer la
autonomía e imparcialidad del organismo.
Además, se requiere fortalecer la
implementación de los mecanismos de
participación previstos en la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, garantizando una
aplicación más uniforme y efectiva que
contribuya a consolidar la confianza ciudadana
y la legitimidad del sistema democrático.
Por consiguiente, el fortalecimiento del derecho
a la participación ciudadana requiere consolidar
un sistema institucional más centralizado,
potenciando su aplicación efectiva de
mecanismos ya previstos en el ordenamiento
jurídico ecuatoriano como las sillas vacías y los
presupuestos participativos en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, tomando en
cuenta las experiencias de organización
territorial observadas en México. En síntesis,
fortalecer un sistema que se rija en los
principios de independencia, transparencia y
representatividad es fundamental para recuperar
la credibilidad de dicha institución,
restableciendo la confianza en la ciudadanía y
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la
participación, necesario para el fortalecimiento
del Ecuador como un Estado de derechos y
democrático.
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