Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 2
Edición Especial II 2026
Página 748
ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA REDUCIR LA VIOLENCIA EN
ECUADOR
HIGHER EDUCATION STRATEGIES TO REDUCE VIOLENCE IN ECUADOR
Autores: ¹Jeanneth del Rocío Vargas Hernández y ²Egidio Yobanny Salgado Chévez.
¹ORCID ID: https://orcid.org/0009-0008-8384-6189
²ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4130-0566
¹E-mail de contacto: jvargash3@unemi.edu.ec
²E-mail de contacto: echevez@unemi.edu.ec
Afiliación:
1*2*
Universidad Estatal de Milagro, (Ecuador).
Articulo recibido: 08 de Marzo del 2026
Articulo revisado: 10 de Marzo del 2026
Articulo aprobado: 12 de Marzo del 2026
¹Ingeniera Comercial de la Universidad Nacional de Loja, (Ecuador).
2
Profesor de Segunda Enseñanza en la especialización de Físico Matemáticas de la Univesidad de Guayaquil, (Ecuador) con 15 años de
experiencia laboral. Licenciado en Ciencias de la Educación mención Físico Matemática graduado de la Universidad Estatal de Milagro,
(Ecuador). Licenciado en Psicología, Universidad Estatal de Milagro, (Ecuador). Magíster en Educación Básica de la Universidad Estatal
de Milagro, (Ecuador). Magíster en Educación de Bachillerato con mención en Pedagogía de la Matemática, Universidad Estatal de
Milagro, (Ecuador). Docente investigador de la Universidad Estatal de Milagro Facultad de Posgrado, (Ecuador).
Resumen
Ecuador atraviesa una grave crisis de seguridad
pública sin precedentes: en 2025 se registraron
aproximadamente 9.000 homicidios
intencionales, con una tasa de 52 muertes por
cada 100.000 habitantes, posicionando al país
como el sexto con mayor violencia extrema a
nivel mundial según el Índice de Conflictos de
la Armed Conflict Location and Event Data. En
este contexto, las políticas públicas han
privilegiado respuestas militares y policiales,
relegando el rol estratégico del sistema de
educación superior como agente de prevención
social. El presente estudio, de diseño mixto con
triangulación concurrente (DITRAC), analiza
de qué manera las funciones universitarias de
docencia, investigación y vinculación con la
sociedad pueden contribuir a la reducción del
crimen violento en Ecuador. Se realizó una
encuesta con escala de Likert de 11 ítems
(n=110) e entrevistas estructuradas a expertos
en seguridad pública y criminología. Los
resultados cuantitativos evidencian una visión
social crítica acerca del crimen organizado
(M=4,32; s=0,98) y la violencia en general
(M=4,24), contrastada con un escaso
conocimiento ciudadano de la oferta académica
en materia de seguridad (M=2,15; s=0,91) y
baja accesibilidad percibida (M=2,33). El
instrumento demostró tener una fiabilidad
aceptable (alfa=0,744). El análisis cualitativo
revela una brecha estructural de triple
desvinculación: los ciudadanos no conocen, no
están familiarizados ni pueden acceder a la
formación universitaria especializada en estas
áreas. Entre las principales limitaciones del
estudio se señalan el muestreo no probabilístico
por conveniencia y el alcance exploratorio de la
muestra, que restringen la generalización de los
hallazgos. Sobre la base de los resultados de
estas investigaciones, se proponen tres líneas
estratégicas: la inclusión educativa de los
grupos vulnerables, la producción de
conocimientos científicos aplicados al
fenómeno criminal y la transferencia directa de
conocimientos a los territorios con alta
violencia mediante proyectos universitarios con
participación comunitaria.
Palabras clave: Educación Superior, Violencia,
Crimen organizado, Ecuador, Seguridad
pública, Criminología.
Abstract
Ecuador is experiencing an unprecedented
public security crisis: in 2025, there were
approximately 9,000 intentional homicides,
with a rate of 52 deaths per 100,000 inhabitants,
placing the country sixth in the world in terms
of extreme violence according to the Armed
Conflict Location and Event Data Index. In this
context, public policies have favored military
and police responses, relegating the strategic
role of the higher education system as an agent
of social prevention. This study, using a mixed
design with concurrent triangulation
(DITRAC), analyzes how the university
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functions of teaching, research, and engagement
with society can contribute to the reduction of
violent crime in Ecuador. An 11-item Likert
scale survey (n=110) and structured interviews
with experts in public safety and criminology
were conducted. The quantitative results show a
critical social view of organized crime
(M=4.32; s=0.98) and violence in general
(M=4.24), contrasted with limited public
knowledge of academic offerings in the field of
security (M=2.15; s=0.91) and low perceived
accessibility (M=2.33). The instrument proved
to have acceptable reliability (alpha=0.744).
Qualitative analysis reveals a structural gap of
triple disconnection: citizens are unaware of,
unfamiliar with, and unable to access
specialized university education in these areas.
Based on the results of this research, three
strategic lines are proposed: the educational
inclusion of vulnerable groups, the production
of scientific knowledge applied to the
phenomenon of crime, and the direct transfer of
knowledge to areas with high levels of violence
through university projects with community
participation.
Keywords: Higher education, Violence,
Organized crime, Ecuador, Public safety,
Criminology.
Resumo
O Equador atravessa uma grave crise de
segurança pública sem precedentes: em 2025,
foram registados aproximadamente 9.000
homicídios intencionais, com uma taxa de 52
mortes por cada 100.000 habitantes,
posicionando o país como o sexto com maior
violência extrema a nível mundial, de acordo
com o Índice de Conflitos da Armed Conflict
Location and Event Data. Neste contexto, as
políticas públicas têm privilegiado respostas
militares e policiais, relegando o papel
estratégico do sistema de ensino superior como
agente de prevenção social. O presente estudo,
de desenho misto com triangulação concorrente
(DITRAC), analisa de que forma as funções
universitárias de ensino, investigação e ligação
com a sociedade podem contribuir para a
redução da criminalidade violenta no Equador.
Foi realizada uma pesquisa com escala Likert de
11 itens (n=110) e entrevistas estruturadas com
especialistas em segurança pública e
criminologia. Os resultados quantitativos
evidenciam uma visão social crítica sobre o
crime organizado (M=4,32; s=0,98) e a
violência em geral (M=4,24), contrastando com
um escasso conhecimento dos cidadãos sobre a
oferta académica em matéria de segurança
(M=2,15; s=0,91) e uma baixa acessibilidade
percebida (M=2,33). O instrumento demonstrou
ter uma fiabilidade aceitável (alfa=0,744). A
análise qualitativa revela uma lacuna estrutural
de tripla desconexão: os cidadãos não
conhecem, não estão familiarizados nem têm
acesso à formação universitária especializada
nessas áreas. Com base nos resultados destas
investigações, são propostas três linhas
estratégicas: a inclusão educativa de grupos
vulneráveis, a produção de conhecimentos
científicos aplicados ao fenómeno criminal e a
transferência direta de conhecimentos para
territórios com elevada violência através de
projetos universitários com participação
comunitária.
Palavras-chave: Ensino superior, Violência,
Crime organizado, Equador, Segurança
pública, Criminologia.
Introducción
En Ecuador, el nivel de violencia en los últimos
años se ha incrementado exponencialmente. El
gobierno, ante el escenario de violencia
criminal de enero de 2024, reconoció la
existencia de un conflicto armado interno y
dispuso la movilización de la fuerza pública
para la protección de la integridad de las
personas y sus bienes, denominando como
terroristas y estructuras beligerantes a 23 grupos
de delincuencia organizada transnacional.
Como resultado, en 2024 se logró una reducción
del 15 % de los homicidios intencionales, que
alcanzaron 7.063, en comparación con los 8.248
registrados en 2023 (Presidencia de la
República del Ecuador, 2024). Sin embargo, el
año 2025, de acuerdo con el Observatorio
Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO,
2025), es el más violento de la historia con
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aproximadamente 9.000 homicidios
intencionales y una tasa situada en 52 muertes
por cada 100.000 habitantes, una de las más
altas de la región. La Armed Conflict Location
& Event Data (ACLED, 2025), en su Índice de
Conflictos 2025, ubica al Ecuador en el sexto
puesto mundial como país con un nivel de
violencia extrema ligado a la acción de grupos
de delincuencia organizada.
Bajo regímenes de estado de excepción, las
respuestas del gobierno se limitan a operaciones
militares y policiales. Asimismo, el crimen
organizado se expande a la extorsión, al
secuestro, a los delitos violentos, a la
subversión, a la corrupción, a la minería ilegal
y al contrabando (Dammert, 2025), lo que
genera otras formas de violencia; interpersonal,
de género, digital, sexual, de circulación,
patrimoniales, que las instituciones no abordan
de forma adecuada. La educación universitaria
es fundamental para el avance de una sociedad,
sin embargo, su contribución a la violencia en
sus diversas manifestaciones y su vínculo con
las políticas públicas de seguridad es escasa y
poco articulada, lo cual ha limitado a las
universidades en sus funciones de docencia,
investigación y vinculación con la sociedad, a
tener un impacto en disminuir las violencias en
el Ecuador.
El fenómeno de las violencias produce
incertidumbre y miedo en la sociedad. Las
políticas de violencia que se han llevado a cabo
han sido escasamente eficaces, es necesario el
estudio de otros mecanismos que se establezcan
de forma institucional ante este fenómeno. En
este marco, el estudio examina el sistema de
educación universitaria planteando la siguiente
interrogante: ¿Qué acciones desde la educación
superior pueden disminuir el crimen violento en
Ecuador a través de la inclusión social, la
investigación, y la vinculación con las
comunidades más vulnerables? La
investigación es pertinente porque la violencia
es un fenómeno multicausal que requiere de un
abordaje integral que vaya más allá de las
acciones operativas. El análisis de las funciones
de la educación superior apunta al desarrollo de
estrategias en docencia, investigación y
vinculación para facilitar la prevención de la
violencia, promover la convivencia pacífica y
fomentar una cultura de paz. La investigación
desde la perspectiva académica, estimula la
producción de conocimiento en áreas poco
exploradas como la criminología, el control
social y la seguridad integral y las instituciones
de educación superior actúan como agentes de
transformación en zonas de alta violencia desde
el punto de vista social.
La violencia, en su multicausalidad, es de
fundamental importancia para los Estados por
su impacto social, cultural y económico.
Dammert (2025, p. 24) señala que la violencia
se ha convertido en la forma central de resolver
conflictos, emergiendo en espacios públicos y
generando ambientes de desconfianza. Según
Velasco (2021, p. 15), su génesis radica en el
homicidio como conducta de supervivencia en
sociedades nómadas; con el sedentarismo, hace
10.000 años, surgió la integración social que
transformó progresivamente las expresiones
violentas. Desde la psicología evolutiva,
Papacchini (2023, p. 54) sugiere que la
agresividad posee componentes heredados que
responden a mecanismos de selección natural,
aunque Brignoni et al. (2022, p. 141) señalan
que esta conducta se ha modificado mediante la
cultura y la educación. Desde la antropología
criminal, Lombroso (1835–1909) formuló la
teoría del atavismo, argumentando que el
delincuente nace con características
predisponentes. En contraposición, Lacassagne
(1843–1924) propuso que la criminalidad se
origina en el entorno social (Moya y Romero,
2020, p. 83). Bergman (2023, pp. 44–45) señala
que el fenómeno posee un comportamiento
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heterogéneo: en algunos países se ha reducido,
mientras que en Ecuador su aumento ha sido
considerable.
Una primera aproximación concibe la violencia
como cualquier conducta llevada a cabo con la
intención de causar daño a otro individuo
(Geen, 1990 y Berkowitz, 1993, en Moya y
Romero, 2020, p. 31). La OPS (2022, p. 3)
define este término como «el empleo deliberado
de la fuerza física o poder, ya sea en forma
directa o a través de algún medio, que produzca
lesiones o muertes, amenazas u otros tipos de
daños a la persona, a sí mismo o a un grupo
social, que resultan en trastornos físicos o
psicológicos, en un desarrollo saludable o
privaciones». Por su parte, Carrión (2024, p. 28)
habla de las violencias en plural: «actores,
tecnologías e instrumentalidades diversas;
conductas sociales; propuestas políticas e
ideologías; procesos históricos; y factores
económicos y culturales», entre otras
consideraciones. Moya y Romero (2020)
presentan una clasificación multidimensional
según el sujeto del acto (autoinfligida,
interpersonal, colectiva), la edad (infantil,
juvenil, adulta), las características del acto
(física, sexual, psicológica, negligencia) y el
nivel de causalidad (estructural, institucional,
interpersonal, individual). La OPS (2022, p. 35)
señala que estos tipos pueden combinarse
durante el ciclo vital, como se muestra en la
Tabla 1.
Tabla 1. Tipos de violencia según ciclo vital
0 a 5 años
6 a 10 años
11 a 17 años
+18
años
Maltrato Infantil
Acoso
Escolar
Violencia
Juvenil
Violencia de
Pareja
Violencia Sexual
Violencia Psicológica, Física y Testigo de
actos de violencia
Fuente: Elaboración propia a partir de OPS
(2022, p. 9).
Latinobarómetro (2024) señala que el 48,6 % de
los ecuatorianos identificó la delincuencia como
el problema más importante del país, el 49,9 %
señaló la violencia de calle como la más
frecuente y el 39,9 % indicó a la delincuencia
organizada. Por otro lado, Redondo y Garrido
(2023, p. 155) distinguen factores de riesgo
emocionales-cognitivos; actitud negativa,
impulsividad, ausencia de empatía, y
demográficos-sociales; pobreza, desempleo,
exclusión social, maltrato familiar, consumo de
sustancias. Los factores de protección incluyen
asertividad, apoyo familiar, cohesión social,
acceso al ámbito laboral y, de manera
destacada, la adquisición de un nivel formal de
educación (Redondo y Garrido, 2023, pp. 160–
162). Torrente, en Fernández et al. (2025, p.
157), afirma que la corrupción, la impunidad y
la fragilidad estatal son factores preponderantes
en la dinámica del crimen organizado que crean
un campo fértil de penetración institucional.
Materiales y Métodos
El tipo de investigación es mixto con alcance
exploratorio, cuya finalidad es la integración de
los métodos cuantitativo y cualitativo para una
mayor comprensión del problema (Molina et
al., 2024, p. 15). El diseño utilizado es el de
triangulación concurrente (DITRAC), que
consiste en la recolección simultánea de
información cuantitativa y cualitativa en
espacio-tiempo para ser contrastados e
integrados en la discusión (Hernández y
Mendoza, 2023, pp. 659–661). Para el enfoque
cuantitativo se utilizaron estadísticas oficiales
del Ministerio del Interior (MDI) y del Consejo
de Educación Superior (CES), aplicando una
encuesta la misma que tiene la escala de Likert
con cinco puntos (1=muy bajo/escaso, 5=muy
alto/amplio) la encuesta cuenta con 11 ítems
organizados en tres dimensiones: percepción de
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la violencia (P1–P4), conocimiento y
accesibilidad de la oferta académica (P5–P7) y
valoración del rol universitario en la prevención
(P8–P11). El instrumento se envió por medio de
Google Forms a través del correo electrónico y
la aplicación WhatsApp. Para el enfoque
cualitativo se aplicó una entrevista estructurada
con preguntas específicas dirigida a
profesionales expertos en seguridad,
criminología y educación superior,
implementada de manera presencial o mediante
correo electrónico (Ramírez y Calles, 2021, p.
26).
La encuesta fue aplicada a 110 participantes
(N=110) mediante muestreo no probabilístico
por conveniencia. El perfil sociodemográfico de
los encuestados incluyó personas mayores de 18
años, residentes en distintas provincias del
Ecuador, con niveles de instrucción que van
desde secundaria completa hasta posgrado. La
distribución por género fue aproximadamente
equilibrada (52 % hombres, 48 % mujeres), con
edades comprendidas entre los 20 y los 65 años,
y una mayor concentración en el rango de 25 a
45 años. En cuanto a los expertos entrevistados,
se seleccionaron con base en criterios de
experiencia profesional mínima de cinco años
en los ámbitos de seguridad pública,
criminología o educación superior, así como
producción académica o gestión institucional en
dichas áreas. Se priorizó la diversidad de
perfiles: académicos universitarios,
funcionarios de organismos de seguridad del
Estado y profesionales del sector social. El
análisis estadístico incluyó distribuciones de
frecuencia, estadísticos descriptivos y fiabilidad
mediante el Alfa de Cronbach. Los datos
cualitativos fueron procesados con análisis de
contenido por categorización temática.
Resultados y Discusión
La distribución de P1 presenta una media de
3,21 y una mediana de 3,00, con la moda en el
nivel 3 (34,5 %). Los niveles 4 y 5 acumulan el
40,0 %, demostrando que una parte significativa
de los encuestados perciben su entorno como
inseguro, frente al 25,5 % en los niveles bajos.
La desviación estándar de 1,118 indica una
dispersión moderada.
Tabla 2. Percepción del nivel de inseguridad en
el lugar de residencia (P1)
Nivel
n
%
1 – Muy bajo
8
7,3
2 – Bajo
20
18,2
3 – Moderado
38
34,5
4 – Alto
29
26,4
5 – Muy alto
15
13,6
Fuente: Elaboración propia
Cualitativamente, esta concentración refleja una
vulnerabilidad territorial consistente con los
altos índices de victimización del OECO
(2025), confirmando que la inseguridad varía
según la zona geográfica y del nivel
socioeconómico.
Tabla 3. Percepción del nivel de violencia y
delito en Ecuador en los últimos cinco años
(P2)
Nivel
n
%
1 – Muy bajo
3
2,7
2 – Bajo
5
4,5
3 – Moderado
10
9,1
4 – Alto
37
33,6
5 – Muy alto
55
50,0
Fuente: Elaboración propia
El ítem P2 es el que presenta la segunda media
más alta (M=4,24), con una mediana de 4,50 y
moda en 5. El 83,6 % está en los niveles 4 y 5 y
los niveles bajos apenas llegan al 7,2 %. La
desviación estándar de 0,985, muestra que
existe un alto consenso. La convergencia
perceptiva muestra, cualitativamente, que el
fenómeno de la violencia ha pasado de ser una
experiencia individual a ser un hecho social
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estructuralmente reconocido, en coherencia con
la escalada de la tasa de homicidios de 6 a 52
por cada 100 mil habitantes entre 2017 y 2025
(OECO, 2025).
Tabla 4. Percepción del nivel de violencia
criminal organizada (P3)
Nivel
%
1 – Muy bajo
3,6
2 – Bajo
2,7
3 – Moderado
6,4
4 – Alto
32,7
5 – Muy alto
54,5
Fuente: Elaboración propia
La media más alta del instrumento la registró el
P3 (M=4,32), con mediana de 5,00 y moda en
5. Con s=0,976, el 87,2 % de los participantes
concentró sus respuestas en los niveles 4 y 5. El
consenso cualitativo muestra que el crimen
organizado –narcotráfico, sicariato, extorsión–
ha penetrado a la cultura como la amenaza más
seria, acorde con la ubicación de Ecuador en el
ACLED (2025). Este resultado cuestiona al
sistema de educación superior sobre la
necesidad de realizar investigación aplicada y
capacitación especializada en función del
tamaño del problema.
Tabla 5. Percepción del nivel de violencia
intrafamiliar o de género (P4)
Nivel
%
1 – Muy bajo
3,6
2 – Bajo
10,0
3 – Moderado
26,4
4 – Alto
50,9
5 – Muy alto
9,1
Fuente: Elaboración propia
P4 tiene una media de 3,52 y su moda es el nivel
4 (50,9 %). Los niveles 3 y 4 ascienden al 77,3
%. Cualitativamente, la valoración moderada-
alta podría evidenciar que el eclipsamiento
provocado por la violencia criminal de alto
impacto mediático se estaría llevando el foco
institucional de otros fenómenos de violencia
no menos relevantes. El dato del 26% que
indicó el malestar por violencia contra la mujer
en Latinobarómetro (2024) apoya esta
presunción.
Tabla 6. Conocimiento sobre programas del
SES orientados a la prevención de la violencia
(P5)
Nivel
n
%
1 – Muy bajo
25
22,7
2 – Bajo
51
46,4
3 – Moderado
22
20,0
4 – Alto
7
6,4
5 – Muy alto
5
4,5
Fuente: Elaboración propia
El P5 tiene la segunda media más baja
(M=2,24), con mediana en 2,00. El 69,1 % se
concentra en los niveles 1 y 2, mientras que sólo
el 10,9 % tiene alto conocimiento.
Cualitativamente, casi siete de cada diez
encuestados desconocían programas
universitarios de prevención de la violencia, lo
que reveló una debilidad estructural en la
comunicación y la pertinencia social de las
iniciativas universitarias.
Tabla 7. Familiaridad con la oferta académica
en violencia, seguridad y criminología (P6)
Nivel
n
%
1 – Muy bajo
28
25,5
2 – Bajo
46
41,8
3 – Moderado
30
27,3
4 – Alto
4
3,6
5 – Muy alto
2
1,8
Fuente: Elaboración propia
P6 presenta el menor promedio del instrumento
(M=2,15), mediana de 2,00 y s=0,907, el mayor
consenso negativo. El 67,3% de los sujetos se
ubica en niveles inferiores y solo el 5,4% en
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niveles altos. Cualitativamente, la oferta
académica de educación formal en seguridad y
criminología presenta la menor difusividad
social de todas las variables medidas. La
contradicción institucional más llamativa es que
el 83,6% de los sujetos (P2) afirma percibir un
nivel de violencia alto, mientras que el 67,3%
desconoce la existencia de una oferta académica
profesional especializada en seguridad.
Tabla 8. Accesibilidad percibida de la oferta
académica en seguridad y criminología (P7)
Nivel
%
1 – Muy bajo
17,3
2 – Bajo
42,7
3 – Moderado
31,8
4 – Alto
6,4
5 – Muy alto
1,8
Fuente: Elaboración propia
P7 presenta una media de 2,33 y el 60,0 % en
los niveles 1 y 2. Cualitativamente, se
confirman barreras estructurales de carácter
económico, geográfico y modal. Los ítems P5,
P6 y P7 configuran una brecha de triple
desvinculación: el ciudadano no conoce los
programas, no está familiarizado con su
contenido y percibe que no podría acceder a
ellos.
Tabla 9. Importancia atribuida a la investigación
universitaria sobre causas y soluciones de la
violencia (P8)
Nivel
%
1 – Muy bajo
9,1
2 – Bajo
29,1
3 – Moderado
30,0
4 – Alto
14,5
5 – Muy alto
17,3
Fuente: Elaboración propia
P8 obtuvo una media de 3,02 y la dispersión
mayor del instrumento (s=1,226). Los niveles
bajos concentran el 38,2 %, los moderados el
30,0 % y los altos el 31,8 %. En términos
cualitativos, la dispersión elevada indica
posiciones divididas: alrededor de un tercio
valora la investigación universitaria como
herramienta para la solución, mientras que otro
tercio la considera poco relevante y prefiere
respuestas operativas a corto plazo.
Tabla 10. Importancia atribuida a alianzas
entre universidades y comunidades para
prevención de la violencia (P9)
Nivel
n
%
1 – Muy bajo
9
8,2
2 – Bajo
35
31,8
3 – Moderado
30
27,3
4 – Alto
19
17,3
5 – Muy alto
17
15,5
Fuente: Elaboración propia
P9 presenta una media de 3,00 y moda en 2. El
40,0 % se concentra en los niveles bajos, el 27,3
% en el moderado y el 32,8 % en los altos. La
distribución polarizada podría reflejar
desconfianza institucional hacia la universidad
como actor de cambio social, fundamentando la
necesidad de fortalecer y visibilizar la función
de vinculación con la sociedad.
Tabla 11. Importancia atribuida a la formación de
profesionales especializados en seguridad y
prevención (P10)
Nivel
n
%
1 – Muy bajo
6
5,5
2 – Bajo
33
30,0
3 – Moderado
29
26,4
4 – Alto
20
18,2
5 – Muy alto
22
20,0
Fuente: Elaboración propia
En la P10 se obtiene una media de 3,17, y los
niveles altos (38,2 %) superan ligeramente a los
bajos (35,5 %), lo que señala una tendencia
favorable hacia la profesionalización. En
Ecuador la formación en criminología y
seguridad pública es incipiente frente a
Colombia, España o México, lo que hace de esta
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área una demanda latente con potencial de
crecimiento.
Tabla 12. Necesidad percibida de proyectos
comunitarios universitarios en zonas
vulnerables (P11)
Nivel
%
1 – Muy bajo
5,5
2 – Bajo
24,5
3 – Moderado
25,5
4 – Alto
18,2
5 – Muy alto
26,4
Fuente: Elaboración propia
P11 muestra una media de 3,35. Los niveles
altos acumulan el 44,6 %, la mayor valoración
positiva del bloque estratégico. La ciudadanía
valora más las intervenciones concretas y
territorialmente ancladas que las formas
abstractas de contribución universitaria. La
función de vinculación con la sociedad emerge
como el mecanismo con mayor legitimidad
social para articular la universidad con la
realidad de la violencia.
Estadísticos descriptivos globales
Tabla 13. Estadísticos descriptivos del
instrumento (N=110)
Estadístico
P
1
P
2
P
3
P
4
P
5
P
6
P
7
P
8
P
9
P
10
P1
1
N
Váli
do
11
0
11
0
11
0
11
0
11
0
11
0
11
0
11
0
11
0
11
0
11
0
Media
3,
21
4,
24
4,
32
3,
52
2,
24
2,
15
2,
33
3,
02
3,
00
3,
17
3,
35
Mediana
3,
00
4,
50
5,
00
4,
00
2,
00
2,
00
2,
00
3,
00
3,
00
3,
00
3,
00
Moda
3
5
5
4
2
2
2
3
2
2
5
Desv.
1,
12
0,
99
0,
98
0,
93
1,
02
0,
91
0,
90
1,
23
1,
20
1,
22
1,
26
Var.
1,
25
0,
97
0,
95
0,
86
1,
05
0,
82
0,
81
1,
50
1,
45
1,
48
1,
59
Fuente: Elaboración propia.
El análisis estadístico pone de manifiesto tres
dimensiones diferenciadas. Primera: los ítems
con mayor valor son P2 (M=4,24) y P3
(M=4,32), ambos con s<1, lo que indica que
existe alto consenso respecto a la gravedad del
crimen organizado. Los ítems con las medias
más bajas, P5 (M=2,24), P6 (M=2,15) y P7
(M=2,33), muestran una gran consistencia
(s<1,05) lo que confirma el conocimiento
limitado y la poca accesibilidad percibida de la
oferta académica en seguridad. Tercero: los
ítems P1, P4 y P8–P11 muestran medias medias
(3,00–3,52) con desviaciones estándar más
elevadas (s>1,20), lo cual apunta a posiciones
divididas con una tendencia moderada hacia el
fortalecimiento del rol universitario.
Fiabilidad del instrumento
Tabla 14. Estadísticas de fiabilidad del instrumento
Alfa de Cronbach
Alfa estandarizada
N de
elementos
0,744
0,740
11
Fuente: Elaboración propia
El análisis muestra un Alfa de Cronbach de
0,744 y un Alfa basado en elementos
estandarizados de 0,740, ambos sobre el umbral
aceptado de 0,70 para investigaciones sociales
y perceptuales (Hernández y Mendoza, 2023).
La diferencia mínima entre ambas alfas (0,004)
demuestra homogeneidad de varianzas y
confirma la coherencia interna del instrumento.
Los resultados cuantitativos revelan una
percepción social de la violencia que alcanza
sus valores más altos en el crimen organizado
(M=4,32; s=0,98), con notable coherencia
frente a los datos objetivos: la tasa de
homicidios se multiplicó por ocho en menos de
una década, de 6 a 52 por cada 100.000
habitantes (OECO, 2025), y el Índice ACLED
(2025) posicionó a Ecuador entre los seis países
con mayor violencia extrema. Las
observaciones presentan convergencias que
avalan lo planteado por Carrión (2024) respecto
a la heterogeneidad del fenómeno en América
Latina, consenso (s<1,0 en P2 y P3) que podría
interpretarse como un síntoma de la
trasversalidad del fenómeno, el cual trasciende
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al sector más vulnerable convirtiéndose en una
experiencia colectiva transversal.
La gran conclusión corresponde a la distancia
abismal entre la alta percepción social del
problema y el nulo conocimiento ciudadano
respecto a la respuesta universitaria: P5
(M=2,24), P6 (M=2,15) y P7 (M=2,33)
conforman una triple desvinculación: diseño
curricular, distribución territorial de los
programas y mecanismos de acceso. Si la
educación formal es el principal factor protector
frente a la violencia (Redondo y Garrido, 2023),
las barreras de acceso que enfrentan los jóvenes
de sectores populares fortalecen
involuntariamente el poder de reclutamiento del
crimen organizado (Torrente, en Fernández et
al., 2025). En los ítems P8-P11 se reflejan
posiciones heterogéneas (medias 3,00-3,35;
s>1,20) acerca del rol activo de la educación
superior. Sin embargo, P11; proyectos
comunitarios en zonas vulnerables, es el que
obtiene mayor valoración positiva (44,6 %),
señalando que la función de vinculación con la
sociedad, cuando se concibe como directa y
territorialmente anclada, obtiene mayor
legitimidad social.
El análisis cualitativo de las entrevistas permitió
identificar tres categorías temáticas emergentes:
(1) Desarticulación institucional, expresada en
afirmaciones como “las universidades diseñan
programas sin consultar a los territorios donde
opera el crimen” y “existe una desconexión total
entre la academia y las necesidades reales de las
comunidades vulnerables”; (2) Demanda de
conocimiento aplicado, reflejada en
expresiones como “necesitamos investigación
criminológica que salga del aula y entre al
barrio” y “los datos que producen las
universidades no llegan a quienes toman
decisiones de seguridad”; y (3) Potencial
transformador de la vinculación comunitaria,
sintetizada en la idea de que “cuando la
universidad entra al territorio con proyectos
reales, los jóvenes en riesgo encuentran
alternativas al crimen”. Estas categorías
articulan y profundizan los hallazgos
cuantitativos, confirmando que la brecha de
triple desvinculación no es solo estadística sino
estructuralmente reconocida por los actores
especializados. Del análisis de resultados se
proponen tres líneas estratégicas de actuación:
(1) Inclusión educativa con enfoque protector y
programas de atención a la población
vulnerable como becas, tutorías y
acompañamiento socioemocional para jóvenes
en riesgo; (2) Formación académica
interdisciplinaria a través de investigación
aplicada mediante observatorios académicos
que integren saberes en criminología,
sociología, derecho y salud pública; y (3)
Vinculación con el entorno y enfoque territorial
a través de proyectos de extensión académica
interdisciplinarios en territorios marcados por la
violencia donde se implementen iniciativas
relacionadas con emprendimiento legal,
habilidades para la vida y cultura de paz.
Conclusiones
Esta investigación demuestra que Ecuador
enfrenta una crisis de seguridad de dimensiones
históricas, plenamente reconocida por la
ciudadanía con alto nivel de consenso (M=4,32
para crimen organizado; s=0,98).
Simultáneamente, el sistema de educación
superior permanece desconectado de esta
realidad en términos de visibilidad,
accesibilidad y pertinencia social de su oferta
académica (M=2,15; s=0,907). El diseño mixto
con triangulación concurrente confirmó que la
brecha identificada es estructural y no
meramente perceptiva. Los tres ejes
estratégicos propuestos; inclusión educativa,
investigación aplicada interdisciplinaria y
vinculación comunitaria territorial, constituyen
una hoja de ruta viable para la educación
superior a fin de que asuma un rol protagónico
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en la reducción del crimen violento. Para que se
lleve a cabo su implementación hacen falta
voluntad política, financiamiento sostenido y
coordinación entre el CES, las universidades y
el Estado central. El instrumento mostró una
fiabilidad aceptable (alfa=0,744) lo que otorga
validez a las conclusiones obtenidas. Estudios
futuros deberán ampliar y estratificar la muestra
por variables sociodemográficas, validar los
instrumentos con diseños probabilísticos y
evaluar longitudinalmente el impacto de las
intervenciones universitarias en territorios de
alta violencia.
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Velasco, P. (2021). Homo criminalis: el crimen
a un clic: los nuevos riesgos de la sociedad
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