Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 545
LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL PROCESO CIVIL
ECUATORIANO, QUE EQUILIBREN TÉCNICA JURÍDICA Y COMPRENSIÓN
CIUDADANA
THE MOTIVATION BEHIND JUDICIAL DECISIONS IN THE ECUADORIAN CIVIL
PROCESS, BALANCING LEGAL TECHNIQUE AND CITIZEN UNDERSTANDING
Autores: ¹Génesis del Carmen Alcívar Junco y ²Marlón Miguel Estrella Cedeño.
¹ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0003-8045-6437
²ORCID ID: https://orcid.org/0009-0002-5961-5627
¹E-mail de contacto galcivarj@unemi.edu.ec
²E-mail de contacto: ub.marlonec31@uniandes.edu.ec
Afiliación: ¹*Universidad Estatal de Milagro, (Ecuador). ²*Universidad Regional Autónoma de Los Andes, (Ecuador).
Artículo recibido: 1 de Noviembre del 2025
Artículo revisado: 3 de Noviembre del 2025
Artículo aprobado: 10 de Noviembre del 2025
¹Abogada graduada de la Universidad Autónoma de los Andes, (Ecuador), con seis años de experiencia en el libre ejercicio profesional.
Magíster en Derecho Procesal por la Universidad Tecnológica, (Ecuador), con tres años de experiencia en el ámbito jurídico procesal.
Actualmente, curso la Maestría en Educación con mención en Docencia e Investigación en Educación Superior en la Universidad Estatal
de Milagro, (Ecuador).
²Abogado graduado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, (Ecuador). Posee un Máster en Derecho con mención en Derecho
de Empresa por la Universidad Espíritu Santo, (Ecuador) y Máster en Derecho Administrativo con mención en Contratación Pública por
la Universidad Espíritu Santo, (Ecuador). Doctorando en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (Argentina).
Resumen
El presente artículo analiza la motivación de las
resoluciones judiciales en el proceso civil
ecuatoriano desde un enfoque cualitativo
aplicado al estudio de veinticinco sentencias
emitidas entre 2018 y 2024, integrando
revisión documental, análisis hermenéutico y
análisis de contenido. El objetivo principal fue
evaluar la suficiencia normativa, probatoria,
interpretativa y comunicacional de la
motivación judicial, identificando avances y
debilidades estructurales dentro del sistema
civil. Los resultados más significativos revelan
que, aunque el 72% de las decisiones identifica
adecuadamente el problema jurídico, solo el
52% justifica de manera clara la norma
aplicada, lo que evidencia persistencia del
formalismo y una insuficiente articulación
constitucional. En la motivación probatoria, se
identificó que los documentos y testimonios
reciben mayor análisis, mientras que los
peritajes y la evidencia digital presentan
debilidades críticas, con un 44% y un 52% de
valoración parcial respectivamente, afectando
la reconstrucción racional de los hechos. En el
ámbito comunicacional, se detectó un uso
excesivo de lenguaje técnico, con un 72% de
resoluciones que dificultan la comprensión
ciudadana, confirmando la necesidad de
adoptar lineamientos de lenguaje claro. En
relación con la interpretación jurídica,
predominó el método literal con un 68%, lo que
limita la integración de principios
constitucionales y de técnicas hermenéuticas
avanzadas. Se concluye que la motivación
judicial requiere fortalecer la argumentación, la
valoración probatoria y la claridad
comunicacional para consolidar un modelo de
justicia coherente con el Estado constitucional
ecuatoriano.
Palabras clave: Motivación judicial, Proceso
civil, Argumentación jurídica.
Abstract
This article analyzes the reasoning behind
judicial decisions in Ecuadorian civil
proceedings from a qualitative perspective,
applying a study of twenty-five judgments
issued between 2018 and 2024. The analysis
integrates documentary review, hermeneutical
analysis, and content analysis. The main
objective was to evaluate the normative,
evidentiary, interpretative, and communicative
sufficiency of judicial reasoning, identifying
advances and structural weaknesses within the
civil system. The most significant results reveal
that, although 72% of the decisions adequately
identify the legal issue, only 52% clearly justify
the applied legal norm, demonstrating
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 546
persistent formalism and insufficient
constitutional articulation. Regarding
evidentiary reasoning, documents and
testimonies received more thorough analysis,
while expert opinions and digital evidence
exhibited critical weaknesses, with 44% and
52% of cases, respectively, receiving only
partial evaluation, thus hindering the rational
reconstruction of the facts. In the area of
communication, an excessive use of technical
language was detected, with 72% of rulings
hindering public understanding, confirming the
need to adopt plain language guidelines.
Regarding legal interpretation, the literal
method predominated at 68%, limiting the
integration of constitutional principles and
advanced hermeneutical techniques. It is
concluded that judicial reasoning requires
strengthening argumentation, evidentiary
assessment, and communication clarity to
consolidate a justice model consistent with the
Ecuadorian constitutional state.
Keywords: Judicial reasoning, Civil
procedure, Legal argumentation.
Sumário
Este artigo analisa o raciocínio por trás das
decisões judiciais em processos cíveis
equatorianos a partir de uma perspectiva
qualitativa, aplicando um estudo de vinte e
cinco sentenças proferidas entre 2018 e 2024. A
análise integra revisão documental, análise
hermenêutica e análise de conteúdo. O principal
objetivo foi avaliar a suficiência normativa,
probatória, interpretativa e comunicativa do
raciocínio judicial, identificando avanços e
fragilidades estruturais no sistema cível. Os
resultados mais significativos revelam que,
embora 72% das decisões identifiquem
adequadamente a questão jurídica, apenas 52%
justificam claramente a norma jurídica aplicada,
demonstrando formalismo persistente e
articulação constitucional insuficiente. No que
diz respeito ao raciocínio probatório,
documentos e depoimentos receberam análise
mais aprofundada, enquanto pareceres de
especialistas e provas digitais apresentaram
fragilidades críticas, com 44% e 52% dos casos,
respectivamente, recebendo apenas avaliação
parcial, o que dificulta a reconstrução racional
dos fatos. Na área da comunicação, detectou-se
o uso excessivo de linguagem técnica, com 72%
das decisões dificultando a compreensão
pública, o que confirma a necessidade de
adoção de diretrizes de linguagem clara. Quanto
à interpretação jurídica, predominou o método
literal, com 68%, limitando a integração de
princípios constitucionais e técnicas
hermenêuticas avançadas. Conclui-se que o
raciocínio jurídico requer o fortalecimento da
argumentação, da avaliação probatória e da
clareza na comunicação para consolidar um
modelo de justiça consistente com o Estado de
direito equatoriano.
Palavras-chave: Raciocínio jurídico,
Processo civil, Argumentação jurídica.
Introducción
La motivación de las resoluciones judiciales
constituye un componente esencial para
asegurar la transparencia, la razonabilidad y la
legitimidad en el Estado constitucional de
derechos, particularmente en un sistema
jurídico como el ecuatoriano que, desde la
Constitución de 2008, reconoce este elemento
como una garantía fundamental del debido
proceso. La motivación no solo permite
verificar que la decisión judicial se funda en
normas aplicables y en hechos debidamente
comprobados, sino que también asegura que la
ciudadanía comprenda las razones que
justifican la actuación jurisdiccional,
reduciendo la arbitrariedad y reforzando la
confianza institucional (Larrea, 2019). Este
derecho implica que los jueces expliquen de
manera clara el razonamiento lógico que
conecta la valoración probatoria con la
interpretación normativa, de modo que las
partes puedan comprender cómo se arriba a una
conclusión jurídica específica. No obstante,
persisten dificultades en el sistema judicial
ecuatoriano debido a la presencia de discursos
excesivamente técnicos o a la falta de una
estructura argumentativa ordenada que facilite
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 547
la comprensión ciudadana. Este escenario
demuestra que la motivación judicial no es
únicamente un requisito formal, sino un
instrumento de democratización del derecho
que permite legitimar la autoridad del juez y
garantizar la tutela judicial efectiva.
La doctrina latinoamericana ha insistido en que
la motivación constituye un control epistémico
y democrático del ejercicio judicial, dado que
obliga al juez a hacer explícitas las razones que
fundamentan su decisión, evitando actuaciones
arbitrarias y asegurando que la interpretación
normativa sea verificable y racional. En el
ámbito ecuatoriano, la Corte Constitucional ha
desarrollado una jurisprudencia robusta que
establece estándares mínimos de motivación,
exigiendo que las resoluciones incluyan un
examen exhaustivo de los hechos probados, la
identificación clara del problema jurídico y una
argumentación lógica que muestre el vínculo
entre la norma aplicada y el resultado obtenido
(Corte Constitucional del Ecuador, 2018). Sin
embargo, estudios recientes han evidenciado
que un porcentaje relevante de las sentencias
civiles presenta motivaciones insuficientes,
fragmentadas o con terminología altamente
especializada que dificulta su comprensión para
personas sin formación jurídica (Salcedo &
Ordóñez, 2022). Esta realidad pone de
manifiesto la necesidad de que la motivación
combine rigor técnico con accesibilidad
lingüística, garantizando así que el
razonamiento jurídico no se convierta en una
barrera para el ejercicio de derechos por parte
de la ciudadanía.
La implementación del Código Orgánico
General de Procesos (COGEP) introdujo un
cambio estructural en la justicia civil
ecuatoriana al incorporar un sistema
principalmente oral, que exige que los jueces
expresen motivaciones inmediatas, claras y
verificables durante las audiencias. Este cambio
procesal ha generado nuevas exigencias
comunicativas y argumentativas para los
operadores judiciales, quienes deben exponer
decisiones complejas de manera comprensible
sin sacrificar la coherencia técnico-jurídica
exigida por el derecho procesal (Reyes &
Zambrano, 2020). La oralidad, aunque
promueve mayor dinamismo y transparencia,
también ha evidenciado carencias en la
formación discursiva de algunos operadores,
especialmente en la capacidad para estructurar
argumentaciones accesibles en tiempo real.
Además, la ciudadanía demanda explicaciones
claras sobre la valoración probatoria, la
ponderación de principios y la selección de
fuentes normativas, lo que obliga a los jueces a
incorporar técnicas discursivas que faciliten la
comprensión sin debilitar la fundamentación
jurídica. Analizar la motivación judicial en este
contexto permite comprender los avances y
desafíos que enfrenta el sistema procesal civil
en su transición hacia una justicia más abierta,
técnica y comunicacionalmente equilibrada.
A nivel comparado, diversas investigaciones
han demostrado que la claridad argumentativa
en las resoluciones judiciales incrementa la
credibilidad institucional, favorece el
cumplimiento voluntario de las decisiones y
fortalece la predictibilidad jurisprudencial, un
elemento fundamental para un sistema jurídico
estable y eficiente. En países europeos y
latinoamericanos se han implementado modelos
de “sentencias claras” que combinan estructura
técnica, lenguaje accesible y estrategias de
comunicación jurídica orientadas a la
ciudadanía, demostrando que es posible
mantener rigor doctrinal sin renunciar a la
claridad expositiva (Taruffo, 2019). De acuerdo
con estudios contemporáneos, la ciudadanía
comprende y acoge mejor una decisión cuando
el juez expone de forma ordenada los hechos
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 548
relevantes, explica cómo se valoró la prueba y
detalla las razones interpretativas que sustentan
la conclusión (Gascón & Vázquez, 2021). Esta
evidencia internacional resulta especialmente
valiosa para el contexto ecuatoriano, donde
diversas encuestas han revelado que la
ciudadanía percibe las resoluciones judiciales
como textos inaccesibles o excesivamente
técnicos. Incorporar estas experiencias
comparadas permite proponer mejoras
aplicables al proceso civil ecuatoriano con el fin
de fortalecer la legitimidad de la función
jurisdiccional.
En este sentido, la presente investigación se
propone analizar la motivación de las
resoluciones judiciales en el proceso civil
ecuatoriano desde un enfoque integrador que
combine la exigencia del rigor jurídico con las
demandas actuales de claridad, accesibilidad y
transparencia comunicacional. El objetivo es
determinar en qué medida las decisiones
judiciales logran equilibrar estos dos
componentes esenciales y cuáles son las
principales dificultades que enfrentan los jueces
al estructurar argumentaciones comprensibles
sin sacrificar la precisión doctrinal. Asimismo,
se busca examinar los estándares
constitucionales y jurisprudenciales vigentes,
así como las prácticas observadas en sentencias
civiles, para evaluar el grado de cumplimiento
de los parámetros de motivación exigidos por el
ordenamiento ecuatoriano. El análisis también
considera la formación de los operadores de
justicia, el impacto de la oralidad procesal y las
necesidades comunicacionales de la ciudadanía,
con el propósito de identificar oportunidades de
mejora. En conjunto, esta investigación aspira a
contribuir al fortalecimiento de la
administración de justicia civil mediante un
enfoque que armonice técnica jurídica,
argumentación sólida y comprensión
ciudadana.
La motivación judicial constituye un elemento
esencial del Estado constitucional de derechos,
en tanto garantiza que toda decisión emitida por
un juez responda a criterios verificables y no a
actos discrecionales o arbitrarios. Desde la
doctrina garantista, se sostiene que la
motivación es la principal forma de control
democrático del poder judicial, pues obliga a
justificar las conclusiones mediante razones
fácticas y normativas claras y suficientes
(Ferrajoli, 2018). En Ecuador, esta exigencia
adquirió un rol protagónico desde la
Constitución de 2008, que establece la
obligación de que toda resolución sea motivada
de manera explícita, respondiendo a los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y
coherencia. Este mandato constitucional
reconoce que entender las razones de una
decisión es tan importante como la decisión
misma, ya que permite a las partes evaluar su
legitimidad y ejercer mecanismos de
impugnación. En el proceso civil, donde se
resuelven controversias de alto impacto social y
económico, la motivación se convierte en un
derecho fundamental del justiciable. Por ello, su
estudio reviste especial importancia para
fortalecer la transparencia y la confianza
institucional.
La teoría de la argumentación jurídica se ha
consolidado como el marco conceptual más
influyente para evaluar la calidad de la
motivación judicial, debido a que proporciona
criterios para determinar la validez lógica y
discursiva de las sentencias. Autores como
Alexy (2019) sostienen que la motivación debe
reflejar un razonamiento estructurado, donde
las premisas fácticas y normativas conduzcan
de manera transparente a la conclusión. Desde
esta visión, la motivación no puede limitarse a
la simple cita de normas, sino que debe explicar
cómo se interpretan y por qué resultan
aplicables al caso. La Corte Constitucional del
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 549
Ecuador ha incorporado estos criterios en su
jurisprudencia, exigiendo que las sentencias
identifiquen claramente el problema jurídico,
valoren la prueba conforme a estándares
objetivos y justifiquen la interpretación
normativa adoptada (Corte Constitucional del
Ecuador, 2018). Este enfoque revaloriza el
papel argumentativo del juez en el proceso civil.
Así, la teoría de la argumentación contribuye a
evaluar si la motivación cumple los estándares
constitucionales de racionalidad y congruencia.
Por ello, se convierte en un pilar central dentro
del análisis teórico.
La dimensión epistemológica de la motivación
judicial analiza cómo los jueces construyen
conocimiento a partir de la prueba y cómo
justifican la aceptación o rechazo de
determinados hechos. Taruffo (2019) destaca
que la motivación no solo debe indicar qué
hechos fueron considerados probados, sino
explicar por qué un medio probatorio merece
credibilidad frente a otros. Esta visión exige que
la sentencia revele el razonamiento inferencial
adoptado, evitando apreciaciones intuitivas o
subjetivas. En el proceso civil ecuatoriano,
donde la valoración probatoria se basa en la
sana crítica, la motivación probatoria debe
incorporar criterios de lógica, experiencia y
conocimiento científico. Una motivación
incompleta o genérica puede vulnerar el
derecho a la defensa y generar inseguridad
jurídica. Por ello, el análisis epistemológico
fortalece los parámetros con los que debe
evaluarse la motivación en el proceso civil. En
este sentido, la motivación probatoria se
configura como uno de los componentes más
relevantes del razonamiento judicial.
La comprensión ciudadana de las resoluciones
judiciales constituye un aspecto fundamental
del acceso a la justicia, ya que una sentencia
jurídicamente correcta pierde eficacia si no
puede ser comprendida por las partes. Estudios
en comunicación jurídica señalan que el uso de
estructuras desordenadas, tecnicismos
excesivos y argumentaciones fragmentadas
dificulta la lectura y comprensión de las
decisiones judiciales (Gascón & Vázquez,
2021). En Ecuador, este problema se manifiesta
con frecuencia en el proceso civil, donde la
mayoría de los usuarios no poseen formación
jurídica especializada. La Corte Constitucional
ha señalado que la motivación debe ser clara y
coherente, de modo que las partes comprendan
por qué se decide de una manera y no de otra.
Esta dimensión comunicacional no es
incompatible con la técnica, sino que la
complementa. En efecto, una motivación clara
fortalece la legitimidad institucional y reduce la
percepción de opacidad judicial. Por ello, el
equilibrio entre técnica jurídica y comprensión
ciudadana constituye un eje central de la
motivación contemporánea.
El movimiento internacional por el lenguaje
claro ha propuesto lineamientos para redactar
sentencias comprensibles sin sacrificar rigor
técnico, promoviendo estructuras ordenadas,
argumentación coherente y uso moderado de
terminología especializada. Investigadores
afirman que el lenguaje claro mejora la
transparencia judicial, facilita el cumplimiento
voluntario de las decisiones y fortalece la
confianza ciudadana (Espinoza & Martínez,
2021). Países como Canadá, España y
Argentina han adoptado estrategias
institucionales para fomentar prácticas de
redacción clara en el ámbito judicial. Estas
experiencias demuestran que es posible
equilibrar técnica y claridad mediante cambios
en la organización textual, la explicación de
conceptos complejos y la eliminación de
expresiones innecesariamente crípticas. Para
Ecuador, estas prácticas comparadas
representan una oportunidad para modernizar la
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 550
motivación judicial civil. En consecuencia, el
lenguaje claro se integra como un componente
teórico fundamental para analizar la calidad
comunicativa de las resoluciones.
La incorporación de la oralidad a través del
Código Orgánico General de Procesos
(COGEP) transformó sustancialmente la forma
en que se motiva en el proceso civil ecuatoriano,
ya que ahora el juez debe explicar su decisión
durante la audiencia y luego plasmarla por
escrito. Esta doble exigencia demanda
habilidades discursivas más complejas que las
requeridas en el modelo escrito tradicional
(Reyes & Zambrano, 2020). La oralidad implica
inmediatez, claridad y coherencia, lo que obliga
al juez a estructurar una argumentación lógica
en tiempo real. Sin embargo, estudios empíricos
señalan que persisten debilidades en la
exposición oral de la motivación, pues algunos
operadores aún recurren a formulaciones
improvisadas o excesivamente técnicas que
dificultan la comprensión de las partes (Salcedo
& Ordóñez, 2022). Esta situación evidencia la
necesidad de fortalecer la formación
comunicativa y argumentativa de los jueces
civiles. Por ello, la oralidad procesal constituye
un eje teórico para analizar la calidad
motivacional.
La jurisprudencia constitucional ecuatoriana
ofrece lineamientos claros sobre lo que
constituye una motivación suficiente,
convirtiéndose en una fuente teórica ineludible.
La Corte Constitucional ha señalado que una
decisión motivada debe identificar el problema
jurídico, valorar la prueba, justificar la
interpretación normativa y explicar la
conclusión, evitando fórmulas mecánicas o
superficiales (Corte Constitucional del
Ecuador, 2018). Estos criterios operan como
estándar de control para evaluar la validez de las
decisiones civiles, especialmente cuando existe
vulneración del derecho a la defensa. La Corte
también ha destacado que la ausencia de
motivación genera la nulidad del fallo, lo que
evidencia su carácter imprescindible. En este
sentido, la jurisprudencia constitucional no solo
orienta la labor judicial, sino que configura un
marco teórico indispensable para el análisis
académico de la motivación. Su influencia se
extiende a todos los niveles del sistema judicial.
Por ello, su estudio es fundamental para
comprender la motivación en el proceso civil.
La predictibilidad judicial constituye otro
componente teórico relevante, puesto que se
refiere a la capacidad de anticipar el sentido
probable de una decisión con base en criterios
jurídicos estables y consistentes. Estudios
doctrinales afirman que la motivación clara y
coherente contribuye a construir precedentes
que orientan a los jueces y a los ciudadanos,
fortaleciendo la seguridad jurídica (Walker,
2019). En el contexto ecuatoriano, aunque el
precedente no tiene carácter vinculante
absoluto, la Corte Nacional y la Corte
Constitucional han promovido la consistencia y
uniformidad como valores esenciales del
sistema jurídico. La motivación es el vehículo a
través del cual se expresan los criterios
jurisprudenciales, lo que la convierte en un
instrumento clave para la predictibilidad. En
consecuencia, una motivación insuficiente
afecta no solo a las partes, sino a la coherencia
del sistema jurídico. Por ello, la predictibilidad
constituye un componente fundamental del
marco teórico de la motivación judicial civil.
a interpretación jurídica ocupa un lugar central
en la motivación judicial, dado que las normas
no se aplican de manera automática, sino que
requieren un proceso interpretativo que debe ser
explícitamente justificado. La hermenéutica
contemporánea sostiene que el juez debe
explicar por qué selecciona una determinada
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 551
interpretación frente a otras posibles,
especialmente cuando existen ambigüedades o
tensiones normativas (Guastini, 2020). En el
contexto ecuatoriano, la supremacía
constitucional obliga a que toda interpretación
se realice a la luz de los principios y derechos
establecidos en la Constitución, lo que exige
que la motivación incorpore razonamientos que
vayan más allá de la literalidad normativa.
Cuando el juez no explicita su proceso
interpretativo, se afecta directamente la
transparencia y se incrementa la percepción de
arbitrariedad. Por ello, la motivación debe
describir el método interpretativo empleado y
justificar su adecuación al caso concreto. En
consecuencia, la hermenéutica jurídica
constituye un pilar clave para comprender la
calidad de la motivación en el proceso civil
ecuatoriano.
La valoración de la prueba en el proceso civil
representa uno de los aspectos más delicados de
la motivación judicial, ya que determina la
reconstrucción de los hechos y, por ende, la
validez misma de la decisión. La doctrina señala
que los jueces deben justificar por qué ciertos
medios probatorios merecen mayor credibilidad
que otros, utilizando criterios de lógica,
experiencia y principios de la sana crítica
(Montero, 2019). Esta exigencia es
especialmente relevante en el Ecuador, donde la
diversidad de medios probatorios requiere un
análisis minucioso y explicaciones detalladas
sobre la fiabilidad de peritajes, testimonios o
documentos controvertidos. Una motivación
probatoria insuficiente puede vulnerar el
derecho a la defensa y afectar la legitimidad del
proceso, pues impide a las partes comprender
por qué se consideraron probados determinados
hechos. La Corte Constitucional ha insistido en
que la motivación probatoria debe ser clara y
específica, evitando afirmaciones genéricas o
tautológicas. En este sentido, la valoración de la
prueba constituye un eje teórico indispensable
para analizar la motivación de las decisiones
civiles.
La transparencia judicial es otro componente
teórico fundamental que se vincula
estrechamente con la calidad de la motivación,
puesto que implica que las decisiones sean
accesibles, claras y comprensibles para la
ciudadanía. Investigaciones recientes sostienen
que la transparencia contribuye a disminuir la
percepción de corrupción y arbitrariedad en los
sistemas judiciales, fortaleciendo la confianza
pública (Eisenberg & Miller, 2020). En el
contexto ecuatoriano, la oralidad introducida
por el COGEP potencia esta exigencia, ya que
obliga al juez a justificar sus decisiones en
audiencias públicas. Una motivación
transparente no se limita a explicar la decisión,
sino que garantiza que la ciudadanía pueda
evaluar la corrección del razonamiento judicial.
Cuando las decisiones son opacas o
excesivamente técnicas, se debilita el carácter
democrático de la justicia. Por ello, la
transparencia judicial debe considerarse un
elemento teórico transversal del estudio de la
motivación. Su fortalecimiento contribuye a
consolidar un sistema judicial más abierto,
participativo y confiable.
El análisis sociojurídico evidencia que la
calidad de la motivación judicial no depende
únicamente de la formación doctrinal del juez,
sino también de las condiciones institucionales
en las que se desarrolla su labor. Factores como
la sobrecarga procesal, la falta de recursos
tecnológicos, la presión por plazos breves y la
ausencia de equipos de apoyo influyen
directamente en la capacidad del juez para
elaborar decisiones detalladas y coherentes
(Dahl, 2020). En Ecuador, diversos informes
institucionales han señalado que algunos
juzgados civiles enfrentan altos niveles de
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 552
congestión, lo que limita el tiempo disponible
para construir motivaciones elaboradas. Estos
elementos configuran un contexto en el que la
calidad de la motivación no puede ser entendida
únicamente como una responsabilidad
individual, sino como un fenómeno
condicionado por el entorno judicial. El análisis
sociojurídico permite comprender por qué, pese
a las obligaciones constitucionales, algunas
decisiones presentan motivaciones
insuficientes. Por ello, este enfoque constituye
un aporte teórico relevante para el estudio del
proceso civil ecuatoriano.
La cultura jurídica también influye
profundamente en la forma en que los jueces
motivan sus decisiones, ya que las prácticas
argumentativas se construyen a partir de
tradiciones, estilos y modelos aprendidos en la
formación profesional. En muchos países
latinoamericanos, incluida Ecuador, persisten
rasgos del formalismo clásico, en el cual la
motivación se limita a la cita de normas o
precedentes sin un análisis exhaustivo del
razonamiento subyacente (Cáceres, 2018). Esta
tradición formalista puede llevar a motivaciones
superficiales, repetitivas o carentes de
explicaciones contextualizadas. La cultura
jurídica también moldea la percepción que los
propios jueces tienen de su función, influyendo
en su disposición a innovar o fortalecer la
claridad comunicacional. Por ello, analizar la
motivación judicial desde la perspectiva de la
cultura jurídica permite identificar barreras
institucionales y pedagógicas que afectan la
calidad de las resoluciones. Este enfoque aporta
una dimensión sociocultural que complementa
la dogmática jurídica tradicional. En
consecuencia, se convierte en un componente
teórico esencial del presente estudio.
La formación en argumentación jurídica
constituye un factor determinante para mejorar
la calidad de la motivación, dado que permite a
los jueces desarrollar habilidades para
estructurar razonamientos claros, coherentes y
fundamentados. Investigaciones educativas
señalan que la formación jurídica tradicional en
América Latina ha priorizado el aprendizaje
memorístico de normas y doctrinas, dejando en
segundo plano el desarrollo de competencias
argumentativas y comunicacionales (Nogueira,
2019). En Ecuador, aunque existen esfuerzos
por introducir cursos de argumentación y
razonamiento probatorio en escuelas judiciales,
todavía persisten brechas significativas en la
formación continua. La transición hacia la
oralidad exige nuevas habilidades discursivas
que no siempre forman parte del entrenamiento
profesional de los jueces civiles. Por ello, la
formación en argumentación jurídica constituye
un eje teórico crítico para comprender las
variaciones en la calidad motivacional.
Fortalecer estas competencias permitiría
mejorar no solo la claridad de las sentencias,
sino también la confianza ciudadana en la
administración de justicia.
La psicología jurídica ofrece otro marco teórico
relevante para comprender la motivación
judicial, especialmente en lo que respecta a la
percepción de justicia por parte de los
ciudadanos. Investigaciones realizadas por
Tyler (2019) muestran que las personas aceptan
más fácilmente una decisión, incluso cuando les
resulta desfavorable, si consideran que el
procedimiento fue justo y que comprendieron
las razones que la sustentan. Esto implica que la
claridad, coherencia y estructura de la
motivación tienen un impacto directo en la
legitimidad percibida de la decisión. En el
proceso civil ecuatoriano, donde las
controversias suelen involucrar aspectos
familiares, económicos y contractuales, la
percepción de justicia procedimental adquiere
una relevancia especial. Cuando las partes
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 553
entienden la motivación, disminuye la
resistencia al cumplimiento del fallo y aumenta
la confianza institucional. Por ello, la psicología
jurídica complementa el análisis doctrinal
aportando una visión centrada en la experiencia
del usuario del sistema judicial. Este enfoque
amplía la comprensión de la motivación como
acto comunicativo.
La visión interdisciplinaria permite integrar
todos los enfoques previamente desarrollados y
comprender la motivación judicial como un
fenómeno complejo que articula dimensiones
doctrinales, comunicacionales,
epistemológicas, sociológicas y psicológicas.
La motivación no puede ser vista únicamente
como un requisito procesal, sino como una
práctica discursiva que revela los valores
democráticos del sistema jurídico y la calidad
institucional de la administración de justicia. En
el proceso civil ecuatoriano, esta visión
interdisciplinaria permite analizar cómo
convergen la oralidad, la argumentación, el
lenguaje claro, la cultura jurídica y las
condiciones institucionales. También posibilita
identificar cuáles son los principales desafíos
que enfrenta la motivación y qué estrategias
podrían implementarse para mejorarla. De esta
manera, el marco teórico se consolida como una
base conceptual robusta que orienta el análisis
posterior de los resultados de la investigación.
En conjunto, esta perspectiva integral fortalece
el entendimiento de la motivación judicial como
garante de la transparencia, la legitimidad y la
eficacia del sistema civil ecuatoriano.
Materiales y Métodos
La presente investigación adopta un enfoque
cualitativo con sustento documental y análisis
interpretativo, orientado a comprender de
manera profunda las características, alcances y
limitaciones de la motivación de las
resoluciones judiciales en el proceso civil
ecuatoriano. Este enfoque resulta pertinente
debido a que el objeto de estudio involucra
procedimientos, discursos jurídicos, estructuras
argumentativas y criterios normativos que
requieren interpretación sistemática más que
medición cuantitativa (Hernández-Sampieri &
Mendoza, 2018). En el contexto de la
Universidad Estatal de Milagro (UNEMI),
donde la presente investigación se desarrolla, el
enfoque cualitativo permite articular teoría,
jurisprudencia, normativa y percepciones
académicas relacionadas con la calidad de la
motivación judicial. La elección de este enfoque
facilita analizar la naturaleza discursiva,
hermenéutica y argumentativa de las
resoluciones, permitiendo un examen profundo
del fenómeno jurídico. Además, el enfoque
cualitativo ofrece flexibilidad para integrar
perspectivas interdisciplinarias vinculadas con
la comunicación jurídica, la epistemología de la
prueba y la argumentación judicial. En razón de
ello, constituye la estrategia metodológica más
adecuada para los objetivos planteados.
El tipo de estudio corresponde a una
investigación descriptiva–analítica, debido a
que busca caracterizar los elementos
estructurales de la motivación judicial,
describiendo sus componentes normativos,
argumentativos y comunicacionales dentro del
proceso civil ecuatoriano. Asimismo, se adopta
un análisis crítico que permite identificar las
deficiencias recurrentes en la motivación de
sentencias civiles y las tensiones entre técnica
jurídica y comprensión ciudadana. Este tipo de
estudio es coherente con el interés de la UNEMI
por promover investigaciones orientadas al
fortalecimiento de la justicia y la cultura
jurídica en Ecuador, en correspondencia con las
líneas institucionales de innovación normativa
y fortalecimiento institucional. La fase
descriptiva permite sistematizar la normativa,
doctrina y jurisprudencia relevante, mientras
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 554
que la fase analítica posibilita examinar cómo
se aplican estos criterios en la práctica judicial.
De esta manera, se genera un cuerpo de
conocimiento sólido que articula teoría y
realidad institucional.
El diseño metodológico adopta un carácter no
experimental y transversal, debido a que analiza
documentos, sentencias y fuentes teóricas sin
manipular variables y sin intervenir en los
procesos judiciales. Este diseño permite
observar el fenómeno tal como ocurre en su
contexto natural, analizando resoluciones
emitidas por órganos jurisdiccionales en
materia civil dentro del período 2018–2024. El
carácter transversal se fundamenta en la
necesidad de realizar un análisis sincrónico del
estado actual de la motivación judicial en
Ecuador, considerando el marco normativo
vigente y los criterios jurisprudenciales
consolidados. En el contexto de la UNEMI, este
diseño se ajusta a los estándares académicos
institucionales que privilegian investigaciones
éticas, observacionales y orientadas a la
comprensión profunda del fenómeno estudiado.
La estructura no experimental también permite
integrar un análisis teórico-jurídico con la
revisión de casos seleccionados por su
relevancia doctrinal y práctica, lo que enriquece
los resultados. De esta forma, el diseño
contribuye a garantizar rigurosidad
metodológica.
Las técnicas de investigación utilizadas
incluyen la revisión documental, el análisis de
contenido y el análisis hermenéutico de
sentencias y normas. La revisión documental
incorpora textos constitucionales, leyes
procesales, doctrina jurídica y estudios
especializados sobre argumentación y
motivación judicial. El análisis de contenido se
aplica a un conjunto seleccionado de
resoluciones civiles emitidas por las cortes
provinciales y la Corte Nacional, permitiendo
identificar patrones argumentativos, criterios de
valoración de la prueba y niveles de claridad
expositiva. Por su parte, el análisis
hermenéutico se emplea para interpretar los
criterios normativos y jurisprudenciales
vinculados con la motivación judicial,
articulando los elementos conceptuales con los
resultados observados. Estas técnicas han sido
ampliamente utilizadas en investigaciones
jurídicas cualitativas, debido a su capacidad
para profundizar en el significado y coherencia
de los discursos judiciales (Ruiz, 2020). Su
aplicación permite obtener una comprensión
rica y rigurosa del fenómeno. En conjunto, estas
técnicas garantizan una exploración exhaustiva
del objeto de estudio.
La población considerada corresponde al
universo de resoluciones judiciales emitidas en
el ámbito civil ecuatoriano entre 2018 y 2024,
mientras que la muestra está constituida por un
conjunto intencional de 25 sentencias
seleccionadas bajo criterios de pertinencia,
accesibilidad, relevancia argumentativa y
diversidad temática. La selección intencional es
coherente con el propósito cualitativo de la
investigación, ya que permite escoger
resoluciones que representen distintos estilos,
estructuras y niveles de motivación judicial. En
el contexto de la UNEMI, esta estrategia de
muestreo es pertinente para investigaciones
jurídicas orientadas al análisis estructural y
doctrinal, donde la calidad del contenido es más
relevante que el tamaño probabilístico de la
muestra. Las sentencias seleccionadas incluyen
casos sobre contratos, responsabilidad civil,
derechos reales y procesos ejecutivos, lo que
garantiza heterogeneidad temática. Este diseño
muestral permite observar diferencias y
similitudes en la manera en que los jueces
aplican el deber de motivar en diversas
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 555
materias. Así, se fortalece la validez
interpretativa del estudio.
El procedimiento de análisis se desarrolla en
tres fases: sistematización, codificación y
categorización. En la primera fase se organiza
la normativa, doctrina y jurisprudencia
relevante, permitiendo establecer los
parámetros teóricos que guiarán la
interpretación. En la segunda fase, las
sentencias se someten a un proceso de
codificación abierta identificando unidades
argumentativas asociadas a la motivación
normativa, probatoria, hermenéutica y
comunicacional. En la tercera fase, estas
unidades se agrupan en categorías analíticas que
permiten establecer patrones, deficiencias y
buenas prácticas en la motivación judicial
ecuatoriana. Este procedimiento se inspira en
técnicas de análisis cualitativo ampliamente
reconocidas en las ciencias sociales y jurídicas
(Strauss & Corbin, 2015). En el contexto de la
UNEMI, dicho procedimiento responde a los
estándares institucionales que exigen procesos
sistemáticos, verificables y éticos en la
investigación académica. Esta metodología
posibilita una comprensión profunda del
fenómeno estudiado y orienta el desarrollo de la
discusión de resultados. Con ello, se garantiza
coherencia metodológica y rigor científico.
Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos del análisis cualitativo
de las 25 resoluciones seleccionadas permiten
identificar patrones, regularidades y
deficiencias en la motivación judicial del
proceso civil ecuatoriano. Se lograron
sistematizar elementos clave de la
argumentación normativa, probatoria,
hermenéutica y comunicacional presentes en las
sentencias, lo que permitió establecer
tendencias coherentes con los criterios
constitucionales e institucionales de la UNEMI.
Las tablas presentadas muestran los hallazgos
más relevantes del estudio, acompañados de una
interpretación exhaustiva que integra criterios
doctrinales, jurisprudenciales y metodológicos.
Asimismo, se observó que la calidad
motivacional varía considerablemente entre
judicaturas, lo que evidencia la necesidad de
fortalecer estándares uniformes en la
administración de justicia. Estos resultados
constituyen la base para la discusión posterior.
Tabla 1. Cumplimiento de la motivación
normativa en sentencias civiles (2018–2024)
Categoría
evaluada
Cumplimien
to adecuado
Cumplimien
to parcial
Incumplimien
to
Identificación
del problema
jurídico
72%
20%
8%
Fundamentaci
ón normativa
explícita
64%
28%
8%
Justificación
de la norma
aplicada
52%
36%
12%
Aplicación de
principios
constitucional
es
48%
40%
12%
Fuente: Elaboración propia
El análisis evidencia un nivel aceptable de
cumplimiento en cuanto a la identificación del
problema jurídico y la fundamentación
normativa básica; sin embargo, se observan
debilidades significativas en la justificación de
la norma aplicada, especialmente en casos que
requieren interpretación compleja o
ponderación constitucional. Esta situación
demuestra que algunos jueces tienden a
transcribir normas sin explicar su pertinencia, lo
que afecta la solidez argumentativa de la
decisión. También se evidencia un uso limitado
de principios constitucionales, pese a ser una
exigencia del modelo garantista vigente. Esto
revela la necesidad de reforzar la formación en
argumentación constitucional dentro del
sistema judicial ecuatoriano. Los resultados
confirman las tensiones ya descritas en el marco
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 556
teórico respecto a la coherencia normativa y la
claridad motivacional.
Tabla 2. Calidad de la motivación probatoria
en las resoluciones analizadas
Elemento
probatorio
Análisis
detallado
Análisis
parcial
Sin
análisis
Testimonios
56%
32%
12%
Documentos
68%
24%
8%
Peritajes
44%
40%
16%
Evidencia
digital
28%
52%
20%
Fuente: Elaboración propia
Los resultados muestran que el análisis
probatorio presenta debilidades estructurales,
especialmente en lo referente a la valoración de
peritajes y evidencia digital, donde predominan
explicaciones incompletas o genéricas. Los
jueces suelen otorgar validez a estos medios sin
justificar adecuadamente su rigor
metodológico, lo que puede afectar la
credibilidad de los hechos establecidos. El
análisis documental es el más sólido,
probablemente porque su valoración es más
tradicional en el derecho civil. En el caso de
testimonios, persisten deficiencias relacionadas
con la falta de explicitación de criterios de
credibilidad, afectando la potencia
argumentativa de la motivación. Estos
hallazgos evidencian la importancia del
fortalecimiento de la epistemología probatoria
en la capacitación judicial. Además, se
confirma una baja adaptación al tratamiento
jurídico de evidencia digital, aspecto clave en
contextos contemporáneos.
Tabla 3. Claridad comunicacional de las
resoluciones
Criterio de claridad
Adecuada
Parcial
Deficiente
Orden lógico
60%
32%
8%
Lenguaje comprensible
48%
40%
12%
Explicación contextual
44%
40%
16%
Uso de lenguaje técnico
moderado
36%
44%
20%
Fuente: Elaboración propia
Los datos muestran que, aunque la mayoría de
las sentencias siguen un orden lógico básico,
todavía existen importantes deficiencias en la
claridad y comprensión comunicacional. El
lenguaje técnico excesivo aparece como una de
las barreras más significativas para la
ciudadanía, lo que confirma la urgencia de
incorporar lineamientos de lenguaje claro en el
sistema judicial ecuatoriano. Las resoluciones
con mayor claridad son aquellas que explican
conceptos jurídicos mediante analogías o
fundamentos accesibles, mientras que las demás
recurren a fórmulas rígidas y estructuras poco
didácticas. Estos resultados respaldan lo
expuesto en el marco teórico respecto a la
importancia de integrar estrategias
comunicacionales en la motivación judicial. El
porcentaje de deficiencia comunicacional
evidencia una brecha institucional relevante
dentro del proceso civil.
Tabla 4. Métodos de interpretación jurídica
utilizados
Método
interpretativo
Frecuencia
alta
Frecuencia
media
Frecuencia
baja
Literal
68%
24%
8%
Sistemático
40%
44%
16%
Teleológico
32%
40%
28%
Ponderación
constitucional
20%
44%
36%
Fuente: Elaboración propia
El predominio del método literal muestra la
persistencia del formalismo clásico en el
razonamiento jurídico civil ecuatoriano, lo que
limita la construcción de argumentos complejos
orientados a la justicia material. La baja
frecuencia del uso de la ponderación
constitucional evidencia dificultades en la
aplicación práctica del modelo garantista
establecido por la Constitución de 2008.
Asimismo, aunque el método sistemático
aparece en niveles medianos, su aplicación no
siempre se explica en la motivación de manera
detallada. La interpretación teleológica, clave
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 557
para la resolución de conflictos sociales,
evidencia una presencia insuficiente. En
conjunto, estos hallazgos confirman que la
motivación judicial requiere un enfoque
hermenéutico más robusto e integrado con los
principios constitucionales.
Tabla 5. Nivel de congruencia y coherencia
argumentativa
Indicador
Alto
Medio
Bajo
Relación hechos–decisión
56%
32%
12%
Relación normas–decisión
52%
36%
12%
Coherencia interna del razonamiento
48%
40%
12%
Ausencia de contradicciones
72%
20%
8%
Fuente: Elaboración propia
Los resultados muestran que, aunque la mayoría
de las sentencias mantienen una estructura
argumentativa coherente y libre de
contradicciones, existen deficiencias en la
conexión explícita entre las pruebas y la
decisión final. En algunos casos, los jueces
mencionan hechos relevantes, pero no explican
su incidencia directa sobre la resolución
adoptada, lo que afecta la consistencia lógica
del fallo. El análisis evidencia también que el
52% de sentencias establece una adecuada
relación entre normas y decisión, aunque el
nivel medio-nulo refleja que aún persisten
motivaciones con escasa fundamentación
jurídica real. La coherencia interna del
razonamiento aparece como un elemento en
desarrollo, pero todavía insuficiente. Estos
datos coinciden con estudios regionales que
advierten la necesidad de fortalecer
competencias argumentativas en el sistema
judicial.
La tabla 6 permite identificar con claridad las
deficiencias más recurrentes en las resoluciones
civiles ecuatorianas, siendo el exceso de
lenguaje técnico la más frecuente, lo que
refuerza las conclusiones sobre la necesidad de
implementar estrategias de lenguaje claro en la
administración de justicia. Asimismo, se
observa una importante falta de justificación
normativa y deficiencias probatorias, lo que
demuestra que las sentencias no siempre
desarrollan el análisis requerido para garantizar
la legitimidad constitucional. La ausencia de
interpretación constitucional confirma la
limitada aplicación práctica del modelo
garantista. Estos resultados reflejan la
necesidad urgente de fortalecer la formación en
argumentación jurídica, hermenéutica y
motivación probatoria dentro del sistema
judicial ecuatoriano. Tales hallazgos serán
profundizados en la discusión.
Tabla 6. Identificación de principales
deficiencias motivacionales
Tipo de deficiencia
Frecuencia
Exceso de lenguaje técnico
72%
Falta de justificación normativa
48%
Motivación probatoria insuficiente
44%
Ausencia de interpretación constitucional
40%
Estructura desordenada
28%
Fuente: Elaboración propia
Los resultados evidencian que la motivación
judicial en el proceso civil ecuatoriano presenta
avances en la identificación del problema
jurídico y en la estructura básica del
razonamiento, pero mantiene vacíos
significativos en la justificación normativa y en
la articulación argumentativa. Esto confirma lo
señalado por Ferrajoli (2018), quien sostiene
que la simple cita de normas no puede
considerarse motivación suficiente si no existe
una explicación racional que vincule esas
disposiciones con los hechos del caso. Las
tablas permiten observar que un número
importante de jueces continúa reproduciendo
criterios formalistas, lo cual coincide con lo
señalado por Cáceres (2018), quien advierte que
el formalismo latinoamericano dificulta la
transición hacia un modelo constitucional
garantista. El hallazgo de que muchos fallos
omiten justificar la pertinencia de la norma
aplicada revela dificultades metodológicas en la
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 558
construcción del razonamiento jurídico. Esto
demuestra que la motivación normativa aún no
se integra plenamente con los estándares
constitucionales establecidos por la Corte
Constitucional del Ecuador (2018). En
consecuencia, se confirma que el razonamiento
judicial debe fortalecerse mediante técnicas
argumentativas más profundas y orientadas por
principios constitucionales.
En cuanto a la motivación probatoria, los
resultados muestran que persisten tensiones
entre la valoración adecuada de pruebas
tradicionales y la dificultad para analizar
peritajes y evidencia digital de manera rigurosa.
Esto coincide con los planteamientos de Taruffo
(2019), quien explica que la valoración de la
prueba debe basarse en criterios
epistemológicos claros que permitan justificar
por qué ciertos elementos probatorios merecen
credibilidad. La evidencia recogida demuestra
que, aunque los documentos y testimonios
reciben un tratamiento más detallado, las
resoluciones suelen omitir explicaciones
profundas sobre peritajes técnicos, lo que afecta
la racionalidad de la reconstrucción de los
hechos. Esta insuficiencia probatoria guarda
relación con las advertencias de Montero
(2019), quien señala que la falta de
explicitación de los criterios de sana crítica
conduce a razonamientos deficientes y
potencialmente arbitrarios. En el contexto
ecuatoriano, donde la prueba digital adquiere
una presencia creciente, la ausencia de análisis
argumentativo sobre este tipo de evidencia
representa una brecha significativa. Los
resultados confirman que la motivación
probatoria requiere un fortalecimiento teórico y
metodológico urgente para garantizar
decisiones más verificables y coherentes.
La dimensión comunicacional resulta
especialmente problemática, pues las tablas
reflejan que una porción considerable de
resoluciones utiliza un lenguaje excesivamente
técnico, estructuras rígidas y poca claridad
expositiva. Esta situación coincide con las
observaciones de Gascón y Vázquez (2021),
quienes sostienen que el lenguaje jurídico
oscuro constituye una barrera directa al acceso
a la justicia. La falta de claridad comunicacional
no solo afecta la comprensión de las partes, sino
que debilita la legitimidad institucional, como
señala Tyler (2019), al indicar que la percepción
de justicia depende en gran medida de la
comprensión del proceso y de la explicación
ofrecida por el juez. Aunque algunas sentencias
presentan avances en el uso de explicaciones
contextuales y definiciones comprensibles, la
tendencia predominante confirma que la cultura
jurídica ecuatoriana aún mantiene un estilo
formalista y poco accesible. Esto se
corresponde con los análisis de Espinoza y
Martínez (2021), quienes señalan que el
lenguaje claro es una herramienta
imprescindible para democratizar la justicia.
Los resultados evidencian que es necesario
incorporar lineamientos de lenguaje claro para
mejorar la comunicación judicial y fortalecer la
confianza ciudadana.
El análisis hermenéutico muestra que el método
interpretativo predominante es el literal, lo cual
coincide con lo expuesto por Guastini (2020),
quien advierte que una interpretación limitada
al texto legal no responde adecuadamente a los
desafíos del constitucionalismo moderno. La
baja utilización de métodos sistemáticos,
teleológicos y de ponderación confirma que
muchos jueces aún no articulan su
razonamiento con los principios
constitucionales, lo que afecta la coherencia y
suficiencia de la motivación. Este hallazgo
coincide con las observaciones de Alexy
(2019), quien señala que la argumentación
jurídica requiere una estructura justificativa
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 559
completa que permita entender las razones que
sustentan la elección interpretativa del juez. En
el caso ecuatoriano, la Corte Constitucional
(2018) ha reiterado que toda decisión debe
incorporar un análisis interpretativo explícito,
especialmente cuando existen tensiones
normativas o principios en conflicto. No
obstante, los resultados demuestran que esta
exigencia aún no se encuentra consolidada en el
razonamiento civil. Esto reafirma la necesidad
de fortalecer la formación hermenéutica para
alcanzar un nivel argumentativo acorde con el
modelo constitucional ecuatoriano.
La coherencia argumentativa presenta un
comportamiento intermedio, pues si bien la
mayoría de las decisiones evita contradicciones
internas, aún se observan fallos en la
articulación explícita entre los hechos probados,
las normas aplicadas y las conclusiones
adoptadas. Esto coincide con los
planteamientos de MacCormick (2005), quien
indica que la coherencia es el componente
esencial de un razonamiento jurídico sólido. En
muchos casos, los jueces presentan hechos
relevantes o citan normas aplicables, pero no
desarrollan la relación lógica entre estas
premisas y la decisión final, lo que afecta la
transparencia y dificulta la verificación de la
racionalidad judicial. Este fenómeno se ha
identificado en la región latinoamericana como
parte de una tradición formalista que privilegia
la estructura formal sobre el razonamiento
sustantivo (Cáceres, 2018). Los resultados
revelan que es necesario fortalecer la capacidad
de los jueces para construir cadenas
argumentativas sólidas, lo que permitiría
mejorar la calidad de las resoluciones y
garantizar un mayor nivel de tutela judicial
efectiva. La coherencia, por tanto, debe
consolidarse como un criterio central en la
evaluación de sentencias.
Las deficiencias motivacionales identificadas
muestran que el sistema judicial ecuatoriano
enfrenta desafíos que van más allá del ámbito
técnico y se relacionan con condiciones
institucionales, culturales y pedagógicas. La
sobrecarga laboral, la limitación de recursos y
la insuficiente capacitación continua coinciden
con los hallazgos descritos por Dahl (2020),
quien sostiene que las condiciones
institucionales afectan directamente la calidad
de la argumentación judicial. La persistencia del
formalismo clásico y la falta de integración del
modelo constitucional también evidencian que
la cultura jurídica necesita transformaciones
profundas para alinearse con los valores
democráticos actuales. En el contexto de la
UNEMI, estos resultados representan una
oportunidad para fortalecer programas de
formación judicial en argumentación,
hermenéutica, epistemología de la prueba y
lenguaje claro. Se concluye que mejorar la
motivación judicial requiere un enfoque integral
que combine reformas formativas,
metodológicas e institucionales, lo cual
permitiría avanzar hacia un sistema judicial más
transparente, eficiente y coherente con los
estándares contemporáneos de razonamiento
jurídico. En suma, la motivación judicial debe
consolidarse como una práctica técnica,
comunicacional y ética indispensable para
garantizar justicia efectiva en el Ecuador.
Conclusiones
La presente investigación permite concluir que
la motivación de las resoluciones judiciales en
el proceso civil ecuatoriano constituye un
componente esencial para garantizar la
transparencia, racionalidad y legitimidad del
sistema jurídico, especialmente en un Estado
constitucional de derechos como el que
establece la Carta Magna vigente. El análisis
realizado demuestra que, aunque los jueces
logran cumplir formalmente con la obligación
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 560
de motivar, aún persisten debilidades
estructurales que afectan la calidad
argumentativa e interpretativa de las decisiones.
El estudio permitió identificar tensiones entre el
formalismo clásico que aún predomina en
muchas judicaturas y el modelo garantista que
exige explicaciones amplias, coherentes y
articuladas con los principios constitucionales.
Asimismo, se constató que la motivación, en
varios casos, se limita a la transcripción literal
de normas sin un razonamiento profundo que
justifique su aplicación al caso concreto. En este
sentido, se hace evidente que fortalecer la
motivación judicial implica promover una
transformación conceptual y metodológica que
permita integrar razonamientos normativos,
probatorios, hermenéuticos y comunicacionales
de manera coherente. El proceso civil
ecuatoriano requiere, por tanto, avanzar hacia
un modelo de motivación sustantiva que
responda a las exigencias constitucionales y a
las demandas sociales contemporáneas.
Los hallazgos también permiten concluir que la
motivación probatoria continúa siendo uno de
los aspectos más frágiles de las resoluciones
judiciales, ya que se evidencia una tendencia a
valorar ciertos medios de prueba sin
proporcionar explicaciones detalladas que
permitan comprender la razón de su
credibilidad o pertinencia. Esta situación afecta
directamente la reconstrucción racional de los
hechos y, en consecuencia, debilita la solidez de
la decisión judicial. La falta de explicitación de
los criterios de valoración probatoria demuestra
que aún persisten prácticas subjetivas e
intuitivas que no se corresponden con los
principios de sana crítica exigidos por el
proceso civil. Además, se constató que nuevos
tipos de prueba, como la evidencia digital, no
reciben un tratamiento argumentativo
adecuado, lo que revela una brecha entre la
evolución tecnológica y la capacidad
interpretativa del sistema judicial. Esto obliga a
replantear la formación y actualización
profesional de los jueces para que incorporen
herramientas epistemológicas rigurosas que
fortalezcan la motivación probatoria. En
definitiva, mejorar este componente es
imprescindible para garantizar decisiones
coherentes, verificables y ajustadas a la realidad
judicial contemporánea.
Otra conclusión importante es que la dimensión
comunicacional de las sentencias todavía
presenta limitaciones que afectan la
comprensión de las partes y la accesibilidad del
sistema judicial. Si bien algunas resoluciones
muestran estructuras ordenadas y explicaciones
claras, una proporción considerable continúa
utilizando lenguaje técnico excesivo, frases
rígidas y estructuras complejas que dificultan la
comprensión ciudadana. Este problema
demuestra que aún no se ha interiorizado la
importancia del lenguaje claro como
herramienta para garantizar el acceso efectivo a
la justicia. La claridad expositiva no implica
renunciar al rigor jurídico, sino facilitar que las
personas puedan entender las razones que
justifican una decisión. En este sentido, la
investigación evidencia que una sentencia clara
no solo mejora la comunicación judicial, sino
que también fortalece la legitimidad
institucional, pues las partes perciben que el
proceso ha sido justo cuando comprenden la
decisión. Por ello, integrar estrategias de
lenguaje claro en la motivación judicial
constituye un desafío urgente para avanzar
hacia una justicia más democrática y accesible.
La dimensión comunicacional debe ser
reconocida como un elemento estructural de la
motivación y no como un aspecto accesorio.
El análisis hermenéutico realizado permite
concluir que los métodos de interpretación
jurídica empleados por los jueces civiles se
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 561
mantienen anclados en un modelo literalista, lo
que limita la capacidad del sistema judicial para
responder a los desafíos del constitucionalismo
contemporáneo. Este predominio del método
literal evidencia que muchos operadores
jurídicos aún no integran de manera plena los
principios constitucionales como eje
interpretativo central. La baja frecuencia del uso
de la ponderación, la interpretación sistemática
y la interpretación teleológica demuestra la
existencia de una brecha significativa entre las
exigencias del modelo constitucional garantista
y la práctica adjudicativa real. Esta situación
tiene implicaciones relevantes, ya que la
interpretación es la base que permite conectar
normas, hechos y decisiones. Cuando la
interpretación es insuficiente, la motivación se
debilita y la justicia material se ve
comprometida. En consecuencia, fortalecer la
hermenéutica constitucional y promover
métodos interpretativos más integrales debe
convertirse en un objetivo prioritario para
mejorar la calidad motivacional. Esto exige
reformas formativas, institucionales y
culturales que impulsen una transformación
profunda del razonamiento judicial en Ecuador.
Asimismo, la investigación permite concluir
que la coherencia argumentativa continúa
siendo un desafío relevante en la redacción de
las resoluciones civiles ecuatorianas. Aunque
una parte de las decisiones muestra
razonamientos estructurados, todavía se
observan inconsistencias en la relación entre los
hechos probados, la valoración de la prueba y
las conclusiones adoptadas. Esta
desarticulación genera que las sentencias
presenten una apariencia de motivación sin que
exista un hilo lógico claro que conecte todos los
elementos del razonamiento judicial. La
coherencia argumentativa no es únicamente un
aspecto formal, sino un requisito sustancial que
garantiza la racionalidad del proceso judicial y
la legitimidad del fallo. Cuando falta
coherencia, se vulnera la tutela judicial efectiva
y se afecta la confianza de las partes en el
sistema judicial. Por ello, resulta indispensable
que los jueces desarrollen estrategias
discursivas que permitan estructurar decisiones
sólidas, coherentes y profundamente
justificadas. La coherencia argumentativa debe
entenderse como una característica esencial de
la motivación y un indicador clave de la calidad
jurisdiccional.
La investigación permite concluir que las
deficiencias motivacionales identificadas no
solo responden a factores técnicos, sino también
a condiciones institucionales, formativas y
culturales que influyen de manera directa en la
labor judicial. La sobrecarga procesal, la falta
de capacitación continua, la persistencia del
formalismo y la escasa integración de enfoques
interdisciplinarios constituyen elementos que
limitan la calidad de la motivación. En el
contexto de la Universidad Estatal de Milagro,
estos hallazgos representan una oportunidad
valiosa para fortalecer la formación académica
y promover líneas de investigación orientadas a
la mejora de la motivación judicial como
práctica técnica, comunicacional y ética. La
justicia civil ecuatoriana necesita avanzar hacia
un modelo que privilegie la argumentación
rigurosa, la claridad expositiva y la
interpretación constitucional como ejes
fundamentales de la motivación. Este estudio
demuestra que fortalecer la motivación judicial
no es únicamente un imperativo técnico, sino
una condición esencial para garantizar una
justicia eficiente, transparente y democrática.
Por tanto, se concluye que la motivación debe
ser entendida como un pilar del Estado
constitucional y una herramienta indispensable
para la consolidación de un sistema judicial
alineado con los principios y valores
contemporáneos.
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 10.2
Edición Especial IV 2025
Página 562
Referencias Bibliográficas
Alexy, R. (2019). Teoría de la argumentación
jurídica. Trotta.
Binder, A. (2020). Derecho procesal civil y
garantías constitucionales. Astrea.
Cáceres, M. (2018). Cultura jurídica
latinoamericana y formalismo judicial.
Revista Latinoamericana de Derecho, 15(2),
45–62.
Corte Constitucional del Ecuador. (2018).
Sentencias y jurisprudencia vinculante
(Colección oficial 2010–2018). Registro
Oficial.
Dahl, R. (2020). Judicial workload and
institutional capacity: Impacts on reasoning
quality. Journal of Judicial Administration,
33(1), 12–25.
Eisenberg, M., & Miller, T. (2020).
Transparency and legitimacy in modern
judicial systems. International Journal of
Law and Society, 7(3), 110–127.
Espinoza, A., & Martínez, R. (2021). Lenguaje
claro en la justicia: avances y desafíos en
Iberoamérica. Revista Iberoamericana de
Comunicación Jurídica, 9(1), 23–40.
Ferrajoli, L. (2018). Derecho y razón: Teoría
del garantismo penal. Trotta.
Gascón, F., & Vázquez, M. (2021).
Comunicación judicial y acceso a la justicia:
un análisis comparado. Revista de Estudios
Jurídicos, 18(2), 79–102.
Guastini, R. (2020). Interpretación y
argumentación jurídica. Marcial Pons.
Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C.
(2018). Metodología de la investigación (6.ª
ed.). McGraw-Hill.
Larrea, M. (2019). La motivación como
garantía del debido proceso en la justicia
constitucional. Revista Ecuatoriana de
Derecho Procesal, 5(1), 55–72.
MacCormick, N. (2005). Razonamiento
jurídico y teoría del derecho. Gedisa.
Montero, A. (2019). Valoración probatoria y
sana crítica en el proceso civil. Revista
Chilena de Derecho y Proceso, 26(3), 122–
140.
Nogueira, H. (2019). Formación jurídica y
argumentación en América Latina. Revista
de Educación y Derecho, 20(1), 44–60.
Reyes, G., & Zambrano, D. (2020). Oralidad,
argumentación y motivación en el COGEP.
Revista Jurídica de la Universidad de
Guayaquil, 12(4), 150–168.
Ruiz, M. (2020). El análisis de contenido en
investigaciones jurídicas. Revista de
Métodos Jurídicos, 11(2), 33–50.
Salcedo, L., & Ordóñez, P. (2022). Desafíos de
la motivación judicial en el Ecuador: análisis
empírico del proceso civil. Revista de
Justicia y Sociedad, 4(1), 66–88.
Taruffo, M. (2019). La prueba de los hechos.
Marcial Pons.
Tyler, T. (2019). Understanding procedural
justice: Legitimacy and acceptance of
judicial decisions. Law & Social Inquiry,
44(4), 897–921.
Walker, L. (2019). Predictability in civil
adjudication: Norms and practices. Journal
of Comparative Law, 14(2), 55–70.
Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons Reconocimiento-No Comercial
4.0 Internacional. Copyright © Génesis del Carmen
Alcívar Junco y Marlón Miguel Estrella Cedeño.
