Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 9.2
Edición Especial III 2025
Página 569
CONTROL DE PROPAGANDA ELECTORAL EN REDES SOCIALES
CONTROL OF ELECTORAL PROPAGANDA ON SOCIAL NETWORKS
Autores: ¹Ruth Elizabeth Ordoñez Cuñez, ²Joel Joel Jácome Mora y
3
Nadia Wendoline Villón
Rodríguez y
4
María José Alvear Calderón.
¹ORCID ID: https://orcid.org/0009-0003-4105-3694
²ORCID ID: https://orcid.org/0009-0007-4198-4527
3
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5815-6815
4
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0008-5084-2990
¹E-mail de contacto: reordonezc@ube.edu.ec
²E-mail de contacto: jjjacomem@ube.edu.ec
3
E-mail de contacto: nwvillonr_a@ube.edu.ec
4
E-mail de contacto: mjalvearc@ube.edu.ec
Afiliación:
1*2*3*4*
Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).
Artículo recibido: 1 de Septiembre del 2025
Artículo revisado: 17 de Septiembre del 2025
Artículo aprobado: 20 de Septiembre del 2025
¹Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República de la Universidad Central del Ecuador, (Ecuador). Estudiante de Maestría de la
Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).
²Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Estudiante de Maestría de la
Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).
3
Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador graduada de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Licenciada en
Ciencias de la Educación mención Educación Primaria de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Magíster en Ciencias Internacionales
y Diplomacia de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Particular de
Especialidades Espíritu Santo, (Ecuador). Magíster en Derecho Deportivo graduada de la Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).
4
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República graduado de la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo, (Ecuador).
Magíster en Derecho Constitucional graduado de la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo, (Ecuador).
.
Resumen
El presente artículo analiza las formas jurídicas
de control y monitoreo de campañas electorales
en redes sociales que garantizan transparencia
y competencia justa. Desde el ámbito
constitucional existen elementos clave que
logran un desarrollo equitativo durante los
procesos electorales, fortaleciendo la
democracia y la solidez institucional mediante
la observancia del derecho. Se examinan los
procesos electorales digitales regulados por el
Código de la Democracia y cómo el Consejo
Nacional Electoral (CNE) realiza seguimiento
imparcial para obtener una competencia
igualitaria entre candidatos. La metodología
emplea epistemología situada y la etnografía
digital, permitiendo comprender la realidad
democrática ecuatoriana y la percepción de la
ciudadanía sobre la propaganda publicitaria de
los candidatos en plataformas virtuales. El
estudio identifica como el derecho prohíbe y
mitiga prácticas de riesgo y sesgos durante
períodos electorales que impulsan
competencias desleales. Se concluye que gran
parte de la población ecuatoriana desconfía de
las figuras políticas y la democracia debido a
campañas de desprestigio en redes sociales,
además que persiste la violencia hacia los
votantes de grupos históricamente oprimidos o
de atención prioritaria. Finalmente, el Estado
debe articular mecanismos de prevención para
evitar el uso desmedido de recursos que tiene
como objetivo desacreditar la imagen de los
candidatos, reconociendo que las plataformas
digitales constituyen entornos fértiles que
afectan la imagen pública de candidatos por ser
espacios frecuentados por votantes de diversos
grupos etarios.
Palabras clave: Campañas electorales,
Redes sociales, Democracia, Constitucional,
Transparencia.
Abstract
This article analyzes the legal forms of control
and monitoring of electoral campaigns on
social media that guarantee transparency and
fair competition. From a constitutional
perspective, there are key elements that achieve
equitable development during electoral
processes, strengthening democracy and
institutional solidity through observance of the
law. The article examines the digital electoral
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processes regulated by the Code of Democracy
and how the National Electoral Council (CNE)
conducts impartial monitoring to ensure equal
competition among candidates. The
methodology employs situated epistemology
and digital ethnography, allowing for an
understanding of Ecuadorian democratic
reality and citizens' perceptions of candidates'
advertising on virtual platforms. The study
identifies how the law prohibits and mitigates
risky and biased practices during electoral
periods that foster unfair competition. It
concludes that a large portion of the Ecuadorian
population distrusts political figures and
democracy due to smear campaigns on social
media, and that violence against voters from
historically oppressed or priority groups
persists. Finally, the State must implement
preventive mechanisms to avoid the excessive
use of resources aimed at discrediting
candidates' image, recognizing that digital
platforms constitute fertile environments that
affect candidates' public image because they
are spaces frequented by voters of diverse age
groups.
Keywords: Electoral campaigns, Social
media, Democracy, Constitutional law,
Transparency.
Sumário
Este artigo analisa as formas legais de controle
e monitoramento de campanhas eleitorais nas
mídias sociais que garantem transparência e
concorrência leal. Do ponto de vista
constitucional, existem elementos-chave que
permitem o desenvolvimento equitativo dos
processos eleitorais, fortalecendo a democracia
e a solidez institucional por meio da
observância da lei. O artigo examina os
processos eleitorais digitais regulamentados
pelo Código de Democracia e como o Conselho
Nacional Eleitoral (CNE) realiza um
monitoramento imparcial para garantir a
igualdade de concorrência entre os candidatos.
A metodologia utiliza epistemologia situada e
etnografia digital, permitindo compreender a
realidade democrática equatoriana e as
percepções dos cidadãos sobre a publicidade
dos candidatos em plataformas virtuais. O
estudo identifica como a lei proíbe e mitiga
práticas arriscadas e tendenciosas durante
períodos eleitorais que fomentam a
concorrência desleal. Conclui que grande parte
da população equatoriana desconfia de figuras
políticas e da democracia devido a campanhas
de difamação nas mídias sociais e que a
violência contra eleitores por parte de grupos
historicamente oprimidos ou prioritários
persiste. Por fim, o Estado deve implementar
mecanismos preventivos para evitar o uso
excessivo de recursos que visem desprestigiar
a imagem dos candidatos, reconhecendo que as
plataformas digitais constituem ambientes
férteis que afetam a imagem pública dos
candidatos por serem espaços frequentados por
eleitores de diversas faixas etárias.
Palavras-chave: Campanhas eleitorais,
Mídias sociais, Democracia, Direito
constitucional, Transparência.
Introducción
El presente articulo examina de forma socio-
jurídica la realidad de las campañas electorales
en las plataformas digitales más concurrentes en
las últimas elecciones en Ecuador, con la
finalidad de comprender como la competencia
desleal y de desinformación afectan la imagen
pública del candidato, aumentando la
inseguridad de los votantes y el riesgo de
desconfianza a la figura presidencial,
reconociendo que constitucionalmente existen
elementos jurídicos que garantizan la
competencia igualitaria y el proceso
transparente, esto no ocurre durante la época
electoral donde los diversos partidos políticos
en lugar de asegurar propuestas firmes, se
empeñan en desprestigiar al resto de oponentes
electorales mediante el uso de diversos recursos
tecnológicos que generen una imagen negativa
de su oponente. Los efectos dominantes en este
sentido son, por un lado, la utilización de las
instituciones para fines diferentes de los que
guían su concepción formal, y, por otro, la
estructuración de un conjunto de relaciones y
procedimientos ajenos a los que rigen en el
sistema político. En síntesis, se trata de una
práctica de despojo del sistema político y de su
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transformación en un cascarón vado. En el
trasfondo de esto se encuentra una compleja
articulación de hechos y relaciones, que es
preciso reseñar (Cañete, 2020, p. 145).
Como se indicó anteriormente, la tensión
política que existe en el país afecta de forma
desmedida la seguridad de los votantes,
produciendo inseguridad e indecisión al
momento de votar. Todo esto es causado por la
propaganda electoral en redes sociales, la cual,
de forma cruda y visceral ataca repetitivamente
a la imagen de los diversos candidatos.
Generando un sistema articulado de
desinformación donde se ridiculiza las
propuestas presentadas por los candidatos, se
cuestiona la capacidad de gobernar, buscando
recordar a las votantes los nexos con la
corrupción y su mala gestión en puestos
púbicos. Según la Fundación Konrad Adenauer
Stiftung (2023), en pleno siglo XXI, la
digitalización de las actividades cotidianas ha
tomado fuerza. Especialmente, en los procesos
colectivos de comunicación que se encuentran a
un clic de distancia, donde la política ha
traspasado estos espacios, particularmente
durante las campañas electorales con la
finalidad de obtener más votantes. Todo esto
mediante actividades tendencias, videos virales
y dinámicas para lograr el voto de los usuarios
digitales. Aunque es una estrategia brillante
para evitar gastar desmedidamente los recursos
económicos entregados por el CNE, de forma
paralela se genera un ambiente propicio para
desacreditar, desinformar y usar contenido
malicioso para perjudicar a sus adversarios.
Sin embargo, esto supone que las prácticas
electorales desleales tienen un impacto
significativo en el desarrollo axiológico de los
derechos fundamentales. Aunque el Ecuador
todavía no ha articulado expresamente normas
para regular las actividades electorales dentro
de los medios digitales, no significa que este
tipo de prácticas no afecte el libre ejercicio de
los derechos y sus garantías. Aunque dentro del
Poder Constituyente Originario no se
contemplara los derechos de cuarta generación,
existen de derechos personales como la
integridad personal y el buen nombre. En
consecuencia, el Estado tiene la responsabilidad
de proteger y promover los derechos
fundamentales también en los entornos
digitales. Esta obligación se interconecta con
los derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición), de carácter personal,
los cuales han sido incorporados en diversos
cuerpos normativos internos. El uso de estos
derechos debe alinearse con principios éticos y
valores sociales ampliamente aceptados (Lanas,
2023).
Esta problemática tiene un trasfondo más
profundo en la realidad constitucional, que
requiere un análisis detallado de los elementos
jurídicos que regulan los derechos colectivos e
individuales durante los periodos electorales.
Siendo que, las acciones violentas en los medios
digitales vulneran estos derechos impactando
negativamente en el tejido social. Uno de los
principales factores es la falta de debida
diligencia por parte del Estado ecuatoriano en
garantizar una participación ciudadana
informada y segura. Por lo que, es necesario
reconstruir el sentido del derecho digital, para
construir procesos electorales éticos, donde los
actores sociales participen desde la
corresponsabilidad (Transparencia Electoral,
2025). Primero, es necesario analizar cómo esta
competencia maliciosa afecta a los derechos
individuales. En la Constitución de la República
del Ecuador (2008), específicamente en el
Capítulo Cuatro titulado "Derechos de
Libertad", se reconoce un conjunto de derechos
orientados a proteger la vida privada, el honor y
la buena honra, elementos fundamentales de la
integridad personal. No obstante, durante los
procesos electorales, estos derechos suelen ser
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vulnerados e invisibilizados por parte de los
partidos políticos, quienes utilizan datos
personales sin escrúpulos para dañar la imagen
de sus oponentes. Esta práctica no solo afecta la
dignidad del candidato atacado, sino también
impacta negativamente en su entorno familiar
(Constitución de la República del Ecuador,
2008).
El Estado a través de la Constitución, garantiza
el efectivo goce de los derechos fundamentales
del ser humano entre estos, el derecho a la
intimidad personal y familiar, el derecho a la
protección de datos de carácter personal, entre
otros, que están siendo violentados, a través del
mal uso de las redes sociales que violentan el
derecho a la intimidad de las personas, actos que
legalmente se convierten en delitos como:
secuestros, extorsión, fraudes, acoso,
intimidación, suplantación de identidad, el uso
del software malicioso, violación de intimidad,
hackeos de sitios web y más delitos, el derecho
a la intimidad que debe delimitarse para
diferenciarse de otros bienes y derechos
fundamentales (Carvajal, 2022, p.1).
Como consecuencia de estas prácticas, la
privacidad y la intimidad son vulneradas,
porque la vida cotidiana y familiar son
expuestas en medios digitales. Esta explosión
repercute en su modo de vida, además, de
generar daños irreversibles de su imagen en la
sociedad. Estos actos desmedidos tienen efectos
significativos y permanentes en los derechos,
causados por un rechazo estructural por parte de
la ciudadanía, y posiciona al candidato y a su
familia como enemigos del país. Generando
entornos violentos para las y los candidatos, y
favoreciendo a crear un proceso de
deshumanización legitimado para el odio
colectivo. Por lo que, es necesario que se
materialicen acciones efectivas que eviten este
tipo de prácticas, cuyas secuelas trasciendan la
época electoral, perjudicando de forma futura a
los candidatos y sus familias. Por otro lado, la
ideología política afecta de manera negativa a la
cohesión social, produciendo barreras invisibles
entre distintos sectores de la ciudadanía. Esta
situación produce conflictos internos, división
regional y segregación electoral. Causando
violencia simbólica, partidismo, movilización
de manifestantes y grupos sociales, además, de
abuso desmedido de elementos de propaganda
física y ataques digitales entre votantes. Todo
esto contribuye a la ruptura del tejido social y
marcan diferencias significativas con base en la
afiliación política personal (Carrera, 2023).
Es necesario analizar cómo la política y los
medios digitales, operan en la vida cotidiana de
los votantes, desembocando en vulneraciones
graves a los preceptos constitucionales,
particularmente por la ideología política o
formar parte de un partido. Por un lado, esta
situación genera violencia entre las diversas
líneas políticas, afectando su derecho a la
dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.
En cambio, la difusión de información irreal,
falsa y manipulada viola el derecho colectivo a
la información de calidad y verificada. Aunque
el Consejo Nacional Electoral (CNE) está
obligado a garantizar el cumplimiento de la
Carta Fundamental que, durante todo el proceso
electoral, omite realizar el control dentro de los
entornos digitales e invisibiliza este problema
social creciente en el país.
La Carta Fundamental del Ecuador (2008)
reconoce los derechos digitales mediante
disposiciones normativas como el artículo 384,
que garantiza el acceso a las tecnologías de la
información, y el artículo 66 numeral 19, que
protege la privacidad en los medios de
comunicación. En relación con ello, se
promulgó la Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales (2021), que tiene la finalidad
de proteger la información personal y garantizar
la confidencialidad de información intima en
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entornos digitales. Sin embargo, todavía existen
barreras significativas para su efectiva
materialización, como la falta de autoridad
competente y deficiencia de sistemas
informáticos internos en el país (Erazo, 2022).
En los últimos años ha mejorado el acceso a
internet de forma considerable especialmente en
zonas periféricas. Sin embargo, todavía persiste
una brecha de accesibilidad en zonas rurales y
marginales. Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2023),
aproximadamente el 70% de los hogares
urbanos cuentan con conexión a internet,
mientras que en la ruralidad solamente es del
40%. Esta realidad limita el libre ejercicio de los
derechos particularmente en la participación
ciudadana digital, en donde el acceso a
oportunidades se me limitado por su realidad
social, particularmente en su representatividad
en la toma de decisiones (Instituto Nacional de
Estadística y Censos, 2023).
No obstante, aunque la Constitución
ecuatoriana salvaguarda el derecho a la libertad
de expresión, este derecho enfrenta una
dicotomía sustancial. Durante los anteriores
gobiernos del Ecuador, se evidencio el uso de la
censura como arma para silenciar a opositores y
activista de derechos humanos. En este
contexto, las plataformas digitales se convierten
en espacios en donde el odio y desinformación
se vuelven discursos cotidianos, siendo
consecuencia del uso de información personal
de forma mediática, la cual vulnera derechos
individuales. A pesar de que existe una
regulación por el Estado y sus instituciones
todavía se mantiene los procesos de filtración de
información (Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, 2022). Aunque, el Ecuador ha
implementado mecanismos digitales para
fortalecer la eficiencia en los procesos de
participación ciudadana como la creación de
entorno virtuales como "Gobierno En Línea"
para promover la transparencia, todavía
persisten desafíos para su uso cotidiana. Entre
ellos destacan, la desconfianza y el mal uso de
las plataformas, lo cual representa una barrera
para lograr mayor incidencia en la participación
ciudadana. Siendo necesario la implementación
de mecanismos más inclusivos e informados
que se adapten a todos y a la vez sea amigable
para todos los nuevos usuarios, de esta manera
se transforma en una herramienta digital
adecuada dentro de los procesos de
participación ciudadana y la rendición de
cuentas (Ministerio de Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información, 2022).
Los derechos humanos y la democracia se
constituyen como pilares fundamentales en las
sociedades contemporáneas. Esta relación se
polariza en los medios digitales, modificando
las relaciones sociales y fomentando nuevas
formas de pensamiento. Los medios digitales
han democratizado las fuentes de información,
permitiendo que más ciudadanos formen parte
de espacios de debate, exijan transparencia y
fiscalicen tanto al gobierno como a los
candidatos. Sin embargo, esto produce nuevos
desafíos sobre la democracia digital, entre ellos,
la desinformación, la manipulación de
opiniones y la perdida de la confianza en los
procesos electorales (Torres, 2020). Utilizar un
enfoque de derechos para acercarse al estudio
de la ciudadanía digital permite converger los
desarrollos teóricos y prácticos respecto a lo que
constituirá la ciudadanía digital, que serán
explicados en la siguiente sección, con los
avances que la comunidad internacional y los
países han realizado en términos normativos
para establecer estándares para una vida digna y
de bienestar para todos (Santana, 2022, p.13). El
avance progresivo de la sociedad y el desarrollo
de medios tecnológicos reafirman el
compromiso con la democracia y los derechos
humanos La inteligencia artificial y otras
herramientas digitales, aplicadas en el contexto
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electoral pueden mejorar la transparencia,
facilita la rendición de cuentas y fomenta la
participación ciudadana más crítica e
informada. Aunque también nace nuevos
desafíos, los cuales pueden ser combatidos
mediante la colaboración y la cooperación entre
gobiernos, empresas y sociedad civil, es
necesario garantizar la participación colectiva.
El Ecuador tiene la responsabilidad de generar
marcos legales que protejan los derechos
fundamentales digitales para fomentar la
democracia y la participación activa de los
ciudadanos
Las últimas elecciones en el Ecuador se han
transformado en espacios marcados por el
debate político y violencia digital hacia los
candidatos, sus familias y entre los votantes.
Las redes sociales se han transformado en
plataformas donde los candidatos promocionan
sus propuestas, muchas veces de forma
desmedida, acompañado de campañas con
mensajes agresivos, desinformación y de
desprestigio. Estas prácticas no solo afectan la
estabilidad del país, sino que también vulneran
preceptos constitucionales. Aunque, estás
acciones no son nuevas durante la época
electoral, al trasladarse hacia los entornos
digitales, donde amplifican su impacto, produce
un efecto negativo en la dignidad personal y al
goce de los derechos. La viralización de
contenido manipulado impulsado por compañas
amarillistas perjudica la transparencia y la
competencia justa entre candidatos (Rodríguez,
2022). Además, uno de los problemas más
preocupantes en los procesos electorales
recientes es el uso indebido de recursos públicos
para financiar campañas digitales agresivas, en
lugar de destinarlos a la promoción de
propuestas, planes de trabajo y estrategias que
respondan a las necesidades reales de la
ciudadanía. Es evidente que parte del
presupuesto asignado para las elecciones se
utiliza para dañar la imagen de los adversarios
políticos, a través de trolls, bots y agencias de
marketing oscuro. Estas prácticas no solo
distorsionan la competencia leal y transparente,
sino que también generan dudas sobre la gestión
ética de los fondos públicos, los cuales deberían
emplearse exclusivamente en campañas
responsables y propositivas (Burgos, 2023).
Materiales y Métodos
La investigación se enmarca en un enfoque
cualitativo, la cual permite la recopilación de
datos calificativos no numéricos sobre la
muestra de la investigación, además de
recopilar datos, informes o elementos que la
validen. Por otro lado, el nivel de investigación
es el explicativo permitiendo, desmembrar las
variables y factores fácticos de la investigación
logrando identificar los elementos comunes de
las variables (Arias, 2006). Además, de
implementar la epistemología situada
particularmente en los medios digitales donde el
conocimiento nace de los contexto social,
cultural, histórico y geográfico en el que se
produce. Esta perspectiva, permite comprender
como el desarrollo epistémico y ontológico se
gesta por el actuar colectivo, permitiendo
analizar como la ciencia, la filosofía o la vida
cotidiana, son alterados y producen nuevos
conocimientos, permitiendo la construcción de
nuevas bases teóricas y su impacto en la
investigación (Fleisner, 2023). Por otro lado, se
implementó la técnica de la etnografía digital,
que adapta los procesos clásicos de la
investigación etnográfica pero dentro de las
diferentes plataformas digitales, ya que analiza
las interacciones, prácticas y significados en las
redes sociales como memes, comunidades
online, activismos virtuales o dinámicas de
poder en plataformas. Permite recopilar
información sobre cómo los medios digitales
transforman la vida social contemporánea,
articulando nuevas formas de relación y
conexión (Hine, 2006).
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Resultados y Discusión.
Tabla 1. Plan de Entrenamiento Funcional de Tren Superior y Tren Inferior
Categoría
Tácticas
documentadas
Actores
principales
Plataformas
Impacto en
DDHH
Ejemplo/Caso
reciente (2023–
2025)
Riesgo 2025
Discurso de
odio
Mensajes racistas
contra
afrodescendientes,
xenofobia contra
migrantes; misoginia
contra candidatas;
ataques a líderes
indígenas y sociales.
ADN, RC5,
PSC, MC25,
operadores
anónimos.
Facebook, X
(Twitter),
TikTok,
Instagram,
YouTube.
Vulnera igualdad
y no
discriminación;
derecho a vivir
libre de
violencia; libre
desarrollo de la
personalidad.
Campañas contra
Leonidas Iza y
Mónica Palacios:
“Indios vagos”,
“histeria
feminista”.
Uso de IA
generativa para
crear contenido
discriminatorio;
campañas
anónimas y
amenazas en
redes.
Acoso a
periodistas
Violencia digital
recurrente: doxing,
mass reporting,
lawfare digital.
ADN, PSC,
trolls afines a
partidos,
operadores
políticos.
Telegram,
X,
WhatsApp,
Facebook,
Instagram,
YouTube.
Censura en redes;
autocensura;
exilio forzado de
periodistas.
Caso Alondra
Santiago,
restricciones a
información en
medios
convencionales.
Aumento de
división
partidista y
polarización
política regional.
Fake news
Frecuencia de
deepfakes, audios
falsos, hashtags
manipulados y
noticias falsas.
RC5, ADN,
operadores
externos,
usuarios
anónimos.
TikTok,
WhatsApp,
Instagram,
X, YouTube.
Aumento de
desinformación;
alteración
intencional de
informes y
procesos
electorales.
Espacios
publicitarios con
mensajes falsos
de desprestigio a
candidatos
(2023).
Creciente uso de
IA para crear
videos, imágenes
y audios falsos.
Uso de
bots/IA
Multiplicación de
cuentas falsas,
microtargeting,
manipulación de
engagement.
RC5, ADN,
activistas
políticos,
usuarios
anónimos.
TikTok,
WhatsApp,
Instagram,
X, Meta
Ads,
YouTube.
Distorsiona la
opinión pública;
manipula
percepciones de
apoyo político.
Observadores
internacionales
(2023)
reportaron 40%
de interacción
artificial en
cuentas de RC y
ADN.
Bots que simulan
debates,
amplifican
ataques
cibernéticos y
manipulan
tendencias.
Violencia
de género
Sexualización,
memes machistas,
amenazas y
misoginia política.
ADN, cuentas
anónimas,
sectores
conservadores,
trolls.
Instagram,
Facebook,
TikTok, X,
Telegram.
Atenta contra
derecho a la
participación
política, libertad
de expresión y
derecho a vivir
libre de violencia.
Caso de
candidata de
RC5 ridiculizada
con frases: “No
puede gobernar
si está
menstruando”.
Noticias falsas e
imágenes
generadas por IA
que cosifican a
mujeres y
refuerzan
estereotipos de
género.
Persecución
a minorías
Discurso anti-
LGBTIQ+,
xenofobia contra
personas en
movilidad humana,
racismo contra
pueblos originarios.
ADN, grupos
ultrarreligiosos,
influencers
conservadores.
WhatsApp,
Instagram,
Facebook,
TikTok, X,
Telegram.
Incremento de
odio y
estigmatización;
vulnera derecho a
la igualdad y no
discriminación.
Casos 2023–
2024: “No a la
ideología de
género”, “Los
que roban son los
venezolanos”,
“Indios quieren
otro paro”.
Campañas
masivas contra
minorías; memes
y grupos en redes
que legitiman
violencia y
discriminación.
Fuente: Organización de los Estados Americanos (2025); Fundamedios (2025); Transparencia Electoral
(2025); Corporación Participación Ciudadana (2025). Además de revisión digital en redes sociales
(2025).
El cuadro refleja una violación sistemática de
los derechos fundamentales en la época
electoral del Ecuador (2025) especialmente en
los medios digitales. En la Constitución del
Ecuador (2008), los artículos 11, 61 y 66
garantizan la igualdad, no discriminación y
libertad de expresión, los cuales debe ser
resguardados por el Estado, pero la realidad es
que a través de las redes sociales se fomentan
discursos de odio, rechazo y amenazas latentes
en contra de diversos actores sociales,
particularmente a grupos históricamente
oprimidos. Además, de reformas agresivas
estereotípicas hacia colectivos como los
afrodescendientes, personas en movilidad
humana, mujeres y minorías LGBTIQ+; todo
esto contradice los preceptos constitucionales
de vivir libres de violencia y de forma digna. La
Ley Orgánica Electoral- Código de la
democracia (2009) obliga a los partidos
políticos a garantizar una campaña libre de
violencia, pero la realidad dentro entornos
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digitales son cargados de comentarios
misóginos, violentos y xenófobos
particularmente Facebook y Twitter. Esto
violenta los derechos fundamentales de formas
multidimensionadas, ya que, son dirigidas hacia
votantes, colectivos, defensores, miembros de
los partidos políticos e incluso hacia candidatos
presidenciales, lo que afecta los derechos
fundamentales y genera brechas en el tejido
social siendo esto un incumplimiento grave por
parte del Estado. La competencia leal y
transparente es afectada por diversas acciones
digitales (fase news, deepfakes y
microtargeting) que manipula la opinión
ciudadana y causan una polaridad entre los
actores sociales. Aunque la CRE, el Código de
la Democracia (Art. 208) y el Consejo Nacional
Electoral (CNE), prohíben este tipo de acciones,
no existe un sistema de control efectivo.
Afectando de forma directa el derecho a la
información de calidad plasmada en el artículo
18 de la Carta Fundamental. En los medios
digitales se visualiza los memes, comentarios y
transmisiones en vivo la violencia machista que
opera en los cuerpos especialmente femeninos,
la sexualización y agresión de mujeres en la
vida pública, lo que perjudica su participación y
aumenta la brecha de la desigualdad. Además,
la violencia de género en redes sociales se ha
convertido en un punto críticos para los
derechos humanos. En el Ecuador existe la Ley
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (2018) y la CRE
que garantizan el derecho a vivir libre y
erradicar todas las practicas que fomenten la
violencia de género.
Conclusiones
La protección de los Centros Penitenciarios El
uso de recursos estatales para violentar los
derechos fundamentales en las épocas
electorales son un reflejo de como la falta de
mecanismos de control y monitoreo para
garantizar una competencia justa, transparente y
leal, por parte del Estado permite que las redes
sociales sen entorno prospero para transgredir
las libertades individuales, aunque la normativa
vigente del país prohíbe este tipo de actos
lamentablemente estos son concurrentes,
generando división electoral producida por la
desinformación y que la información alterada o
falsa sea usada para justificar los ataques y
amenazadas. Aunque, dentro del marco legal
tiene elementos normativos para garantizar que
todas las personas puedan realizar sus procesos
vitales y libres de violencia y en las mejores
condiciones, incluido la opinión personal
electoral, los medios digitales se convierten en
espacios de guerra que violenta la dignidad
humana. Finalmente, la violencia interseccional
especialmente de grupos históricamente
oprimidos es particularmente afectados por los
discursos y revelan un clima de intolerancia,
repitiendo estereotipos violentos que
transgreden los derechos a la igualdad y a la no
discriminación, así como el derecho al buen
vivir, aunque se sanciona los actos de odio, esto
no se refleja en las redes sociales. La realidad
digital del país sobre los medios digitales,
especialmente en las épocas electorales debe ser
vista como un entorno de debate transparente y
participación libre de discriminación y odio,
permitiendo que los espacios digitales sean
lugares en donde la opinión personal sea
valorada y aceptada sin ningún tipo de
violencia, logrando alcanzar una dignidad
digital y que la información sea de calidad con
base a datos reales, fomentando el análisis
crítico de los votantes.
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Calderón.