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interrelacionados, ya que comparten el mismo
objetivo de optimizar la gestión en las
organizaciones y asegurar el logro de metas
estratégicas. Además, la auditoría interna se
comporta como un reflejo de la efectividad de
los procesos de control de riesgo, brindando una
evaluación objetiva que permite identificar
debilidades y áreas que requieren atención. A su
vez, un sistema de control de riesgo sólido
proporciona a la auditoría interna la
información necesaria para llevar a cabo su
trabajo de manera eficaz, asegurando que se
traten los riesgos más críticos. De esta manera,
ambos elementos generan un ciclo de mejora
continua que fortalece la capacidad de la
organización para enfrentar desafíos y
capitalizar oportunidades (Gutierrez, 2023).
Este enfoque no solo contribuye al
fortalecimiento de los controles existentes, sino
que también propicia la creación de un entorno
más seguro y eficiente, donde las decisiones se
fundamentan en información clara y precisa.
Así, se convierten en pilares fundamentales para
el éxito organizacional, promoviendo una
cultura de mejora constante y adaptabilidad ante
los retos del entorno (Flores, 2023). A nivel
internacional, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) estima que el 60% de las
empresas en todo el mundo carecen de un
sistema eficaz de auditoría interna, dejándolas
vulnerables a riesgos operativos y financieros.
Esta falta de supervisión podría traducirse en
pérdidas significativas, tanto en términos
económicos como en reputación y confianza del
cliente (Ilostat, 2023). Además, un estudio
global de PwC sobre Auditoría Interna (2023)
señala que, a pesar de la creciente interconexión
de los riesgos en el mundo actual, la
complejidad y la rapidez del cambio dificultan
la concentración y la claridad sobre lo que
realmente importa, ya que muchas
organizaciones aún operan con silos funcionales
rígidos y difíciles de romper, lo que genera
información y datos inaccesibles y poco
confiables, afectando así el comportamiento
organizacional.
En Ecuador, se han observado progresos en la
relación de las empresas con la auditoría interna
y el control de riesgos. La Controlaría General
del Estado (CGE), conforme al artículo 16 de la
ley, tiene la obligación de ofrecer asesoría y
asistencia técnica a las unidades de auditoría
interna, así como orientar y coordinar la
elaboración de su Plan Anual de Trabajo, el cual
debe ser presentado al Organismo Técnico de
Control (Dirección Nacional Jurídica, 2021). Es
importante señalar que, en el país, las empresas
del sector privado requieren asesores externos
para reducir errores organizativos o riesgos,
mientras que las entidades del sector público
están sujetas a auditorías internas realizadas por
la CGE, como parte de una función
sancionadora de responsabilidades
administrativas y civiles, lo que reduce la
autonomía de estos entes públicos dentro del
marco organizacional (Vasquez et al., 2023). En
Quito, la situación de las auditorías internas en
las empresas es preocupante. Según un estudio
de la Cámara de Comercio de Quito (2021) solo
el 45% de las empresas realiza auditorías
internas de manera regular, lo que las deja
expuestas a riesgos operativos y financieros.
Además, el 60% de las organizaciones
encuestadas admitieron no contar con personal
capacitado en esta área, lo que limita la
efectividad de los controles internos. Esta
situación subraya la necesidad urgente de
reforzar las prácticas de auditoría interna, ya
que su ausencia puede incrementar los riesgos y
comprometer la sostenibilidad y el crecimiento
de las empresas en un entorno competitivo.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, este
estudio resulta fundamental para entender cómo