Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 10.1
Edición Especial XI 2026
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LAVADO DE ACTIVOS EN CRIPTOBIENES: RETOS DE REGULARIZACIÓN
NOTARIAL ECUATORIANA
MONEY LAUNDERING THROUGH CRYPTO-ASSETS: CHALLENGES FOR
ECUADORIAN NOTARIAL REGULATION
Autores: ¹Andrés Martín García Plaza, ²Ana Cristina Villafuerte Pilligua y ³Noadis Milán
Morales.
¹ORCID ID: https://orcid.org/0009-0000-2984-0482
²ORCID ID: https://orcid.org/0009-0003-7038-2294
³ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0417-932X
¹E-mail de contacto: amgarciap_a@ube.edu.ec
²E-mail de contacto: acvillafuertep@ube.edu.ec
³E-mail de contacto: nmilanm@ube.edu.ec
Afiliación: ¹²³Universidad Bolivariana del Ecuador, Maestría en Derecho Notarial y Registral, Durán, (Ecuador).
Artículo recibido: 8 de Octubre del 2026.
Artículo revisado: 25 de Octubre del 2026.
Artículo aprobado: 25 de Octubre del 2026.
¹Maestrante en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Bolivariana del Ecuador (Ecuador).
²Maestrante en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Bolivariana del Ecuador (Ecuador).
³Docente de la Maestría en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Bolivariana del Ecuador (Ecuador).
Resumen
El creciente uso de criptobienes en las
relaciones patrimoniales y comerciales plantea
desafíos para la prevención del lavado de
activos y la seguridad jurídica en Ecuador. Esta
investigación tiene como objetivo analizar los
criterios jurídicos aplicables a la actuación del
notario ecuatoriano frente a operaciones que
involucren criptobienes, considerando las
dificultades para identificar a los participantes,
determinar al beneficiario final y verificar el
origen de los recursos. Se plantea un enfoque
cualitativo y jurídico documental, mediante
métodos analíticos, hermenéuticos y
comparativos, con revisión de legislación
nacional, doctrina, estándares internacionales y
normativa extranjera. El análisis comparado
comprende los marcos de la Unión Europea,
España y México. Como técnica
complementaria, se prevé la posibilidad de
realizar entrevistas semiestructuradas con
expertos en derecho notarial y prevención del
lavado de activos. La investigación busca
identificar vacíos regulatorios y formular
criterios relativos a la debida diligencia, la
identificación de los intervinientes y
beneficiarios finales, la trazabilidad de las
transacciones y el reporte de operaciones
sospechosas. Asimismo, propone que el uso de
criptobienes como forma de pago se documente
expresamente y que, cuando los factores de
riesgo lo justifiquen, se recabe información
adicional mediante procedimientos reforzados.
La contribución esperada consiste en fortalecer
la función preventiva del notario mediante
reglas claras y herramientas jurídicas
adecuadas, sin atribuirle un control técnico de
la tecnología blockchain ni funciones propias
de los proveedores de servicios de activos
virtuales.
Palabras clave: Lavado de activos,
Criptobienes, Función notarial, Prevención
del lavado de activos, Seguridad jurídica,
Blockchain.
Abstract
The growing use of crypto-assets in property
and commercial transactions poses challenges
for money laundering prevention and legal
certainty in Ecuador. This research aims to
analyze the legal criteria applicable to
Ecuadorian notaries when dealing with
transactions involving crypto-assets,
considering difficulties in identifying the
parties and beneficial owners and verifying the
origin of funds. A qualitative, legal-
documentary approach is proposed, using
analytical, hermeneutic, and comparative
methods to examine national legislation, legal
scholarship, international standards, and
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foreign regulations. The comparative analysis
covers the European Union, Spain, and
Mexico. Semi-structured interviews with
experts in notarial law and money laundering
prevention may be conducted as a
complementary technique. The research seeks
to identify regulatory gaps and formulate
criteria concerning due diligence, identification
of the parties and beneficial owners, transaction
traceability, and the reporting of suspicious
transactions. It also proposes expressly
documenting the use of crypto-assets as a
means of payment and obtaining additional
information through enhanced procedures
when warranted by the risk factors involved.
The expected contribution is to strengthen the
preventive role of notaries through clear rules
and appropriate legal tools, without assigning
them technical control over blockchain
technology or functions belonging to virtual
asset service providers. These criteria seek to
support legal certainty and the adaptation of
existing preventive mechanisms to transactions
involving digital assets.
Keywords: money laundering, crypto-
assets, notarial practice, anti-money
laundering, legal certainty, blockchain.
Sumário
O uso crescente de criptoativos nas relações
patrimoniais e comerciais apresenta desafios
para a prevenção da lavagem de dinheiro e a
segurança jurídica no Equador. Esta pesquisa
tem como objetivo analisar os critérios
jurídicos aplicáveis à atuação do notário
equatoriano em operações que envolvam
criptoativos, considerando as dificuldades para
identificar os participantes e os beneficiários
finais e verificar a origem dos recursos.
Propõe-se uma abordagem qualitativa e
jurídico-documental, mediante métodos
analíticos, hermenêuticos e comparativos, com
revisão da legislação nacional, da doutrina, de
padrões internacionais e de normas
estrangeiras. A análise comparada abrange os
marcos da União Europeia, da Espanha e do
México. Como técnica complementar, prevê-se
a possibilidade de realizar entrevistas
semiestruturadas com especialistas em direito
notarial e prevenção da lavagem de dinheiro. A
pesquisa busca identificar lacunas regulatórias
e formular critérios relativos à diligência
devida, à identificação dos intervenientes e
beneficiários finais, à rastreabilidade das
transações e à comunicação de operações
suspeitas. Também propõe documentar
expressamente o uso de criptoativos como
forma de pagamento e, quando os fatores de
risco justificarem, obter informações
adicionais mediante procedimentos reforçados.
A contribuição esperada consiste em fortalecer
a função preventiva do notário por meio de
regras claras e ferramentas jurídicas adequadas,
sem lhe atribuir controle técnico da tecnologia
blockchain nem funções próprias dos
prestadores de serviços de ativos virtuais.
Palavras-chave: lavagem de dinheiro,
criptoativos, função notarial, prevenção da
lavagem de dinheiro, segurança jurídica,
blockchain.
Introducción
El desarrollo de tecnología en el sector de
finanzas ha cambiado la forma en que se hacen
transacciones en todo el mundo. En la economía
de la información, los activos en formato de
datos ya forman parte de el flujo de patrimonio
en la actualidad, creando formas de mover el
valor. Si bien el notario ecuatoriano
actualmente cumple obligaciones de prevención
como sujeto obligado ante la UAFE, estas
obligaciones no fueron diseñadas
específicamente para operaciones que
involucren criptobienes. Esto puede generar
dificultades para determinar el origen de los
fondos, identificar adecuadamente a los
intervinientes y establecer quiénes son los
verdaderos beneficiarios de una transacción
En este sentido, una de las principales
conclusiones de la investigación es que los
mecanismos actuales de debida diligencia
notarial deberían adaptarse a este tipo de
operaciones. Cuando dentro de una transacción
la forma de pago, total o parcial, se realice
mediante criptobienes, esta circunstancia
debería constar expresamente en el formulario
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de conocimiento del cliente o en los
mecanismos de debida diligencia que utilice el
notario. Asimismo, en estos casos podría
resultar necesario aplicar una debida diligencia
reforzada o un formulario ampliado que permita
obtener información adicional sobre las partes,
el origen y destino de los activos y,
especialmente, la identificación del beneficiario
final de la operación. De esta manera, se
buscaría reducir los riesgos derivados del
seudonimato o de la dificultad de identificación
que puede presentarse en determinadas
transacciones realizadas mediante criptobienes
o tecnología blockchain
El análisis comparado también permite observar
que la Unión Europea y España, así como
México, han avanzado en la incorporación de
mecanismos específicos relacionados con
activos virtuales, identificación de proveedores,
conocimiento del cliente y prevención del
lavado de activos. Estos elementos pueden
servir como referencia para determinar qué
medidas podrían adaptarse al sistema jurídico
ecuatoriano. Por lo tanto, se concluye que el
Ecuador requiere una regulación más clara que
permita vincular el uso de criptobienes con los
mecanismos ya existentes de prevención de
lavado de activos, sin que esto implique
modificar la naturaleza propia de la función
notarial.
La intervención del notario puede constituir un
mecanismo adicional de prevención y control
frente a los riesgos que presentan estas
operaciones, siempre que cuente con reglas
claras y herramientas adecuadas que le permitan
identificar a los intervinientes, conocer el origen
de los recursos y determinar quién es el
beneficiario final de la transacción. La
investigación se justifica por el creciente uso de
criptobienes en transacciones económicas y por
los desafíos jurídicos que estos generan para los
sistemas de control y prevención del lavado de
activos. Sus características, especialmente la
descentralización y las dificultad que puede
existir en identificar a los intervinientes, así
como rastrear determinadas operaciones,
plantean nuevos riesgos frente a los
mecanismos tradicionales de debida diligencia
y control.
En el ámbito ecuatoriano, esta problemática es
especial relevancia debido a que no existe una
regulación específica que determine el
tratamiento jurídico de los criptobienes ni
establezca lineamientos claros para su uso en
actos celebrados ante notarios públicos. Esta
ausencia normativa genera incertidumbre en los
controles que deben aplicarse cuando una
operación o su forma de pago involucra activos
digitales. Diversos estudios han analizado el
empleo de criptoactivos como instrumentos
para transferir, convertir u ocultar fondos de
origen ilícito y han advertido los riesgos
derivados de la falta de regulación y de las
limitaciones para su supervisión (Lamas
Suárez, 2020; Menacho Inga, 2022; Romero
Arévalo, 2021; Chimborazo, 2023). De igual
manera, organismos internacionales han
señalado la necesidad de adaptar los
mecanismos de detección, investigación y
prevención del lavado de activos a las
particularidades de los activos virtuales (Basel
Institute of Governance, s.f.; SEON, s.f.).
Sin embargo, gran parte de estos estudios se ha
concentrado en los ámbitos financiero y penal,
dejando menos desarrollado el análisis de la
función preventiva del notario. En Ecuador, el
notario forma parte del sistema de prevención
del lavado de activos y está sujeto a
obligaciones de debida diligencia,
identificación y reporte de determinadas
operaciones (Función Judicial del Ecuador,
s.f.). Pese a ello, no existen criterios específicos
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que determinen cómo deben aplicarse estas
obligaciones cuando una operación notarial
involucra criptobienes.
En este contexto, la investigación busca analizar
los retos que el uso de criptobienes plantea para
la función notarial ecuatoriana, identificar los
principales vacíos normativos y riesgos
asociados a estas operaciones, y establecer
criterios jurídicos que puedan orientar la
actuación del notario en materia de debida
diligencia y prevención del lavado de activos.
Su aporte radica en vincular el derecho notarial
con una realidad tecnológica y financiera cada
vez más presente, contribuyendo al
fortalecimiento de la seguridad jurídica, la
transparencia de las transacciones y los
mecanismos preventivos dentro del sistema
jurídico ecuatoriano.
El desarrollo de tecnologías financieras ha
transformado las transacciones económicas.
Los criptobienes permiten transferencias de
valor mediante blockchain sin intermediarios
tradicionales. Sin embargo, sus características,
descentralización, anonimato relativo y
transferencias internacionales pueden facilitar
su utilización para ocultar el origen ilícito de
recursos económicos. Esto genera nuevos
desafíos para los sistemas jurídicos y para la
función notarial en el control preventivo del
lavado de activos.
Por lo anterior descrito, se plantea como
interrogante: ¿Qué criterios jurídicos resultan
aplicables para orientar la actuación del notario
ecuatoriano frente a operaciones que involucren
criptobienes dentro del sistema de prevención
del lavado de activos y de protección de la
seguridad jurídica? La actuación del notario
frente a operaciones que involucren
criptobienes requiere la aplicación de criterios
jurídicos específicos y el fortalecimiento de los
mecanismos de debida diligencia, a fin de
prevenir riesgos asociados al lavado de activos
y garantizar la seguridad jurídica en el ejercicio
de la función notarial dentro del ordenamiento
jurídico ecuatoriano. La investigación aporta
una visión del derecho a estudiar la labor de
prevención del notario de Ecuador en
transacciones con criptobienes dentro del
sistema de prevención de lavado de activos. La
doctrina del país y del extranjero ha estudiado
mucho los riesgos que generan los criptoactivos
desde la perspectiva del castigo, del dinero y de
la tecnología. Hay una escasez de
investigaciones que analicen la actuación del
notario ante las operaciones con criptoactivos.
El estudio integra el análisis del derecho
notarial con las dinámicas de la economía de
internet. El estudio identifica los desafíos que la
utilización de criptobienes crea para que el
notario cumpla con los deberes de diligencia. El
estudio indica que el notario debe cumplir con
el control de prevención dentro del sistema de
Ecuador para la prevención del lavado de
activos. Por consiguiente, el objetivo del
estudio se centró en analizar los criterios
jurídicos aplicables a la actuación del notario
ecuatoriano frente a operaciones que involucren
criptobienes dentro del sistema de prevención
del lavado de activos y de protección de la
seguridad jurídica.
Materiales y Métodos
Investigación jurídica documental basada en el
análisis de normas, doctrina jurídica y literatura
académica relacionada con criptobienes, lavado
de activos y función notarial. Enfoque
cualitativo: análisis jurídico e interpretación del
fenómeno del lavado de activos relacionado con
el uso de criptobienes y su incidencia en el
control notarial dentro del marco normativo
ecuatoriano. Método hermenéutico:
interpretación de la normativa ecuatoriana sobre
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prevención de lavado de activos y función
notarial frente a operaciones que involucren
criptobienes.
Método comparativo: Se aplicará mediante el
análisis comparativo del ordenamiento jurídico
ecuatoriano con marcos normativos extranjeros
que presentan un mayor desarrollo en materia
de criptoactivos y prevención del lavado de
activos. En el ámbito europeo, se examinará el
marco regulatorio de la Unión Europea,
particularmente el Reglamento (UE) 2023/1114
sobre los mercados de criptoactivos (MiCA) y
el Reglamento (UE) 2023/1113 relativo a la
información que acompaña a las transferencias
de fondos y determinados criptoactivos,
complementando dicho análisis con la
legislación española en materia de prevención
del blanqueo de capitales.
En el ámbito latinoamericano, se analizará la
legislación mexicana, particularmente la Ley
para regular las Instituciones de Tecnología
Financiera y su régimen aplicable a los activos
virtuales, conjuntamente con las disposiciones
relacionadas con la prevención e identificación
de operaciones con recursos de procedencia
ilícita. El contraste permitirá identificar
criterios relacionados con la debida diligencia,
identificación de los intervinientes y
beneficiarios finales, verificación del origen de
los fondos, trazabilidad de las operaciones y
mecanismos de prevención del lavado de
activos que puedan servir como referencia para
fortalecer la actuación preventiva del notario
ecuatoriano.
Análisis documental de normativa jurídica,
doctrina, artículos científicos y documentos
institucionales relacionados con la prevención
del lavado de activos y los criptobienes.
Asimismo, se utilizará la técnica de entrevista
abierta o semiestructurada dirigida a expertos
en derecho notarial y prevención de lavado de
activos, con el fin de obtener criterios
especializados sobre la actuación del notario
frente a operaciones que involucren activos
digitales.
Resultados y Discusión
Hay que entender la infraestructura tecnológica
que permite que los criptobienes existan y
circulen en el mercado. En particular, hay que
diferenciar el activo virtual, el criptoactivo y la
tecnología blockchain. También hay que
identificar las características que afectan el uso
de los criptobienes y los riesgos que están
ligados a la prevención del lavado de activos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) define el activo virtual como “a digital
representation of value that can be digitally
traded, or transferred, and can be used for
payment or investment purposes” (Financial
Action Task Force [FATF], 2019, p. 58). En
español, eso es una representación digital de
valor que se puede negociar o transferir.
Transfieren la información digitalmente. Usan
la información para pagos o inversiones. La
definición del GAFI es muy útil para esta
investigación porque se hace con un enfoque
práctico y de riesgo. No solo señala una
tecnología concreta, el GAFI mira si el activo
puede representar valor, si el activo puede
transferirse digitalmente y si el activo puede
usarse en pagos o en inversiones. El GAFI dice
que los activos virtuales no incluyen las
versiones digitales de monedas fiduciarias, de
valores u de otros activos financieros que ya
están regulados en otras categorías (FATF,
2019, p. 58).
Desde la perspectiva del Derecho de la Unión
Europea, el Reglamento (UE) 2023/1114 regula
los mercados de criptoactivos (MiCA). El
Reglamento define al criptoactivo como una
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representación digital de un valor o de un
derecho. La representación digital del
criptoactivo puede transferirse y almacenarse
electrónicamente mediante tecnología de
registro distribuido o una tecnología similar
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión
Europea, 2023, art. 3.1.5). Esta definición no
limita el concepto a una representación digital
de valor. La definición también permite que el
criptoactivo sea un derecho.
Los términos activo virtual y criptoactivo no
son iguales. El activo virtual es una categoría
que usa el GAFI para prevenir lavado de dinero
y financiamiento del terrorismo. El criptoactivo
tiene una normativa dentro del marco
regulatorio europeo. En esta investigación
usamos el término criptobienes para referirnos
a los bienes y a las representaciones en formato
de datos con valor de la economía o del
patrimonio que se apoyan. Trabajo en la
tecnología criptográfica. Trabajo en el sistema
de registro distribuido.
El Banco Central Europeo señala que la
blockchain es el tipo de registro distribuido más
conocido (European Central Bank, s. f.). Con
esa precisión vemos que la blockchain
pertenece a una categoría tecnológica más
amplia. También vemos que no toda la DLT
(Distributed Ledger Technology) o Tecnología
de Registro Distribuido, usa la estructura de una
cadena de bloques. El Bank for International
Settlements describe la DLT como un conjunto
de protocolos e infraestructura que permite a
computadores en distintos lugares proponer y
validar transacciones y actualizar registros al
mismo tiempo dentro de una red (Bank for
International Settlements [BIS], 2017). Con este
modelo, en algunas configuraciones, ya no es
necesario que toda la información se guarde
solo en una base de datos central. La
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos ha dicho también que
las criptomonedas usan la tecnología
blockchain y que la tecnología blockchain se
puede diseñar sin que el objetivo sea crear o
usar una criptomoneda (Organisation for
Economic Co-operation and Development
[OECD], 2018, p. 5). Por eso, igualar
blockchain con criptomoneda reduciría el
alcance de la tecnología, porque la tecnología
tiene los usos que van más allá de las
criptomonedas
La tecnología blockchain tiene que
diferenciarse de las criptomonedas y de los
criptoactivos. La blockchain constituye una
infraestructura tecnológica. Las criptomonedas
y los criptoactivos son las aplicaciones de dicha
tecnología. El Banco Central Europeo explica
que la tecnología de registro distribuido,
también llamada Distributed Ledger
Technology o simplemente DLT, permite
gestionar y mantener una base de datos
descentralizada.
Entre las características más relevantes de los
sistemas blockchain se encuentran la
descentralización, el seudonimato y la
trazabilidad. Estas propiedades tienen especial
importancia jurídica debido a que modifican la
forma tradicional en que se identifican los
participantes, se registran las operaciones y se
verifica la circulación de activos. En cuanto a la
descentralización, la OCDE advierte que los
sistemas DLT pueden estructurarse mediante
diferentes modelos de gobernanza, desde
esquemas centralizados hasta configuraciones
en las cuales no existe control por parte de una
autoridad central (OECD, 2022, p. 5). En
consecuencia, no puede afirmarse que toda
blockchain sea absolutamente descentralizada;
el grado de descentralización dependerá de la
arquitectura y de las reglas de gobernanza de
cada red. El seudonimato se relaciona con el
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hecho de que las operaciones efectuadas en
determinadas redes blockchain pueden estar
asociadas a direcciones o claves públicas, en
lugar de identificar directamente a las personas
mediante sus nombres u otros datos civiles. Sin
embargo, seudonimato no equivale
necesariamente a anonimato. La existencia de
una dirección digital puede permitir el
seguimiento de determinadas operaciones y,
mediante información adicional obtenida de
intermediarios, plataformas o proveedores de
servicios, puede ser posible relacionarla con una
persona determinada.
La trazabilidad constituye precisamente otra de
las características de especial relevancia. La
OCDE señala que blockchain y otras
tecnologías de registro distribuido pueden
facilitar registros trazables respecto de la
transferencia de valor y datos (OECD, 2022, p.
5). Esto permite advertir una aparente paradoja:
mientras la identificación inmediata del titular
de una dirección digital puede resultar
compleja, las operaciones realizadas en una
blockchain pública pueden dejar registros
persistentes que facilitan reconstruir el
recorrido de determinados activos.
Las características antes señaladas adquieren
especial relevancia al analizar los criptobienes
desde la perspectiva de la prevención del lavado
de activos. El alcance transfronterizo de las
operaciones, la velocidad con la que pueden
efectuarse transferencias y las diferencias
regulatorias entre jurisdicciones son elementos
que han sido identificados por el GAFI como
factores relevantes dentro del análisis de riesgos
vinculados con los activos virtuales (FATF,
2019). La utilización de criptobienes plantea
desafíos que no se agotan en la verificación de
una transacción. Desde una perspectiva jurídica
y preventiva, pueden resultar relevantes
aspectos como la identificación del titular real
del activo, el origen de los fondos, la
trazabilidad de las operaciones, la identificación
de las direcciones de billeteras digitales y la
intervención de proveedores de servicios de
activos virtuales.
La tecnología blockchain puede permitir la
ejecución y validación de operaciones sin la
intervención de un intermediario tradicional.
Sin embargo, dicha validación tecnológica no
reemplaza necesariamente los controles
jurídicos de identidad, capacidad, legalidad,
licitud del origen de los fondos y prevención del
lavado de activos que determinados
ordenamientos jurídicos atribuyen a sujetos
obligados o a autoridades investidas de fe
pública.
Esto resulta particularmente relevante para el
análisis de la función notarial. La posible
incorporación de criptobienes en negocios
jurídicos patrimoniales obliga a examinar de
qué manera los mecanismos tradicionales de
debida diligencia, conocimiento del cliente y
verificación del origen de fondos pueden
adaptarse a operaciones realizadas mediante
tecnologías descentralizadas. De este modo, el
estudio de los criptobienes y de la tecnología
blockchain constituye el punto de partida para
analizar posteriormente los riesgos de lavado de
activos y el eventual fortalecimiento de la
función preventiva del notario dentro del
ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Los criptobienes no tienen forma física y se
presentan en formato digital. El Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) llama
activo virtual a una representación digital de
valor que se puede vender o transferir por
medios digitales y que se usa para pagos o para
inversión. El activo virtual, como los
criptobienes, depende de la tecnología para
existir, para circular y para ser controlado
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(GAFI, 2021). Los criptobienes pueden
representar el valor y pueden formar parte del
patrimonio de una persona o entidad. Las partes
pueden transferir los criptobienes. Los usuarios
pueden negociar los criptobienes. Los usuarios
pueden invertir en los criptobienes. Los
criptobienes también pueden servir para las
garantías o la custodia. El artículo 3, numeral 1,
punto 5 del Reglamento (UE) 2023/1114
relativo a los mercados de criptoactivos
conocido como MiCA define al criptoactivo
como una representación del valor o del derecho
que puede transfrirse y almacenarce
electrónicamente, mediante la tecnología de
registro distributivo o tecnología simirlar.
Una característica de los criptobienes es que los
criptobienes permiten transferir valor entre
personas usando sistemas de datos. En ese
contexto el concepto de control del activo
digital tiene importancia porque el control del
activo digital depende del manejo de las claves
de criptografía y de los mecanismos de
tecnología. Los Principios de UNIDROIT sobre
Activos Digitales y Derecho Privado estudian el
control, la transferencia, la custodia y los
derechos del activo digital (UNIDROIT, 2023).
Muchos criptobienes funcionan mediante redes
distribuidas en las que no existe necesariamente
una autoridad central encargada de registrar o
validar cada operación. Las transacciones
pueden ser verificadas mediante mecanismos de
consenso entre los participantes de la red. Esta
característica modifica los esquemas
tradicionales de intermediación y plantea
interrogantes jurídicos acerca de la
responsabilidad de los participantes y de la
autoridad competente para controlar
determinadas operaciones. No obstante, debe
precisarse que no todos los criptobienes
funcionan necesariamente bajo estructuras
completamente descentralizadas (CPMI-BIS,
2017). Estas características permiten observar
que los criptobienes no constituyen únicamente
una innovación tecnológica, sino que
representan también un desafío jurídico. En
particular, el seudonimato, la transnacionalidad
y la ausencia de intermediarios tradicionales
pueden dificultar la identificación del titular
real y la determinación del origen de los
recursos utilizados en una operación. Estas
circunstancias resultan especialmente
relevantes para analizar después el papel
preventivo que podría desempeñar el notario
frente a operaciones patrimoniales en las que
intervengan criptobienes.
Finalmente, los criptobienes poseen una
marcada dimensión transfronteriza. Una
transferencia puede realizarse entre sujetos
ubicados en distintas jurisdicciones sin que
necesariamente intervenga el sistema financiero
tradicional. Precisamente por esta razón,
organismos internacionales han promovido
estándares comunes de control en materia de
prevención de lavado de activos. (GAFI, 2021).
El lavado de activos mediante criptobienes
consiste en la utilización de activos virtuales
para convertir, transferir, ocultar o integrar
recursos de origen ilícito, con la finalidad de
dificultar la identificación de su procedencia y
otorgarles apariencia de legitimidad. Las
criptomonedas presentan riesgos relevantes en
materia de lavado de activos debido a su
funcionamiento descentralizado y a las
dificultades que existen para identificar a los
participantes de las transacciones dentro de las
redes blockchain (Menacho, 2022). Además,
otras características, como su alcance
transfronterizo, la posibilidad de realizar
transferencias sin intermediarios tradicionales,
el uso de direcciones digitales y la rapidez de las
operaciones, pueden ser aprovechadas para
ejecutar esquemas de lavado de activos. Entre
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las modalidades más frecuentes se encuentran la
conversión de dinero ilícito en criptomonedas,
las transferencias sucesivas entre diferentes
billeteras, el intercambio entre distintos activos
virtuales y su posterior conversión nuevamente
a moneda fiduciaria o bienes.
En este contexto, el GAFI (2023) advierte que
los activos virtuales pueden presentar riesgos
relevantes de lavado de activos cuando los
proveedores de servicios no aplican
adecuadamente medidas de debida diligencia y
monitoreo de las transacciones. Esta
circunstancia refuerza la necesidad de
establecer mecanismos de identificación,
conocimiento del cliente y seguimiento de las
operaciones vinculadas con criptobienes. De
igual manera, Chimborazo (2023) señala que
los criptoactivos pueden ser utilizados tanto
para actividades económicas legítimas como
para operaciones destinadas a ocultar recursos
ilícitos, especialmente cuando intervienen
plataformas con controles regulatorios
limitados o mecanismos tecnológicos que
dificultan la identificación de los participantes.
Sin embargo, el uso de blockchain no implica
necesariamente anonimato absoluto, ya que
muchas redes mantienen un registro permanente
de las transacciones. El principal desafío radica
en identificar a la persona que controla
determinada dirección o billetera digital y
verificar el origen lícito de los fondos,
especialmente cuando intervienen plataformas
extranjeras o mecanismos destinados a
dificultar la trazabilidad. Este riesgo hace
necesaria la aplicación de medidas de debida
diligencia, identificación del beneficiario final,
conocimiento del cliente y verificación del
origen de los fondos, aspectos que adquieren
especial relevancia cuando los criptobienes
intervienen en negocios jurídicos susceptibles
de formalización notarial. El sistema
ecuatoriano de prevención del lavado de activos
se estructura a partir de un conjunto de normas,
instituciones y sujetos obligados destinados a
prevenir, detectar y reportar operaciones que
puedan estar relacionadas con recursos de
origen ilícito. Dentro de este sistema, la Unidad
de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
cumple un papel central como entidad
encargada de recibir, procesar y analizar
información financiera y económica
relacionada con posibles operaciones
sospechosas.
Para el cumplimiento de esta función, la UAFE
se alimenta principalmente de la información
proporcionada por los denominados sujetos
obligados a reportar, entre los que se encuentran
las instituciones del sistema financiero y de
seguros, bolsas y casas de valores,
administradoras de fondos y fideicomisos,
empresas de transferencia de dinero,
determinadas compañías dedicadas a
actividades inmobiliarias, construcción,
comercialización de vehículos, joyas y metales
preciosos, así como notarías y registros de la
propiedad y mercantiles, entre otros sectores.
Estos sujetos deben aplicar procedimientos de
debida diligencia y remitir a la UAFE los
reportes establecidos por la normativa,
especialmente cuando detecten operaciones
sospechosas.
De esta manera, el sistema preventivo
ecuatoriano funciona mediante una red de
información y control, en la cual los sujetos
obligados constituyen una fuente esencial para
que la UAFE pueda identificar patrones,
operaciones o movimientos económicos que
presenten indicios de lavado de activos.
Tradicionalmente, la función del notario
ecuatoriano se ha desarrollado alrededor de la fe
pública, el control de legalidad y la autorización
de los actos, contratos y declaraciones que se
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celebran ante él, conforme a las atribuciones
previstas en la Ley Notarial. Sin embargo, con
el desarrollo del sistema de prevención del
lavado de activos se incorporó al ejercicio
notarial una función adicional, distinta de
aquellas que caracterizaron su actividad: la de
colaborar en la prevención y detección de
operaciones relacionadas con el lavado de
activos.
Esta obligación surgió de la normativa especial
en materia de prevención de lavado de activos.
En particular, mediante la Resolución No.
UAF-DG-2011-0033, de 5 de mayo de 2011,
publicada en el Registro Oficial No. 455 de 24
de mayo de 2011, la entonces Unidad de
Análisis Financiero (UAF) notificó a los
notarios del país como sujetos obligados a
informar. De manera similar, los registradores
de la propiedad y mercantiles fueron
incorporados mediante la Resolución No. UAF-
DG-2011-0062. Posteriormente, esta condición
fue recogida expresamente por la legislación
nacional de prevención del lavado de activos.
Por tanto, junto con su función tradicional de
otorgar fe pública y proporcionar seguridad
jurídica a los actos que autoriza, el notario
cumple actualmente una función preventiva en
materia antilavado, que implica deberes
adicionales de identificación de los
intervinientes, conocimiento del cliente,
determinación del beneficiario final, análisis de
determinadas operaciones y reporte de
información a la Unidad de Análisis Financiero
y Económico (UAFE).
Esta diferenciación resulta importante, pues la
función preventiva antilavado no constituye
propiamente una manifestación de la fe pública
notarial, sino una obligación de colaboración
con el sistema estatal de prevención y detección
del lavado de activos impuesta por legislación
especializada. Esta función adquiere particular
importancia frente a nuevas formas de
circulación patrimonial, como los criptobienes,
respecto de las cuales el notario puede enfrentar
mayores dificultades para verificar la
procedencia de los recursos, identificar a sus
titulares y determinar la trazabilidad económica
de una operación.
La condición del notario como sujeto obligado
implica su incorporación al sistema ecuatoriano
de prevención del lavado de activos y,
consecuentemente, el cumplimiento de deberes
específicos de información, control y debida
diligencia frente a la Unidad de Análisis
Financiero y Económico (UAFE). La propia
UAFE identifica actualmente a las notarías
dentro de los sectores obligados a proporcionar
información conforme a la normativa vigente.
Esta condición obliga al notario a identificar
adecuadamente a los usuarios e intervinientes,
conocer al cliente, establecer cuando
corresponda al beneficiario final, examinar la
información relacionada con determinadas
operaciones y efectuar los reportes exigidos por
la normativa antilavado. De esta manera, el
notario se convierte en una fuente de
información relevante para la UAFE,
particularmente respecto de actos y contratos
que involucran transferencias patrimoniales o
movimientos económicos susceptibles de
análisis.
La importancia de esta obligación radica en la
posición que ocupa el notario dentro de
determinadas operaciones jurídicas, pues su
intervención le permite acceder a información
sobre las partes, el objeto del negocio, su
cuantía y la forma en que se realiza una
transacción. Esta posición resulta
especialmente relevante frente a operaciones
que involucren criptobienes, debido a las
dificultades adicionales que pueden presentarse
para determinar la titularidad efectiva de los
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activos y establecer el origen y trazabilidad de
los recursos. En este sentido, el GAFI (2023)
reconoce la importancia de que los
profesionales jurídicos que intervienen en
determinadas transacciones apliquen medidas
de debida diligencia y evaluación de riesgos,
particularmente en operaciones relacionadas
con bienes, gestión de activos o estructuras
jurídicas, con el fin de evitar que estos servicios
sean utilizados para el lavado de activos.
En el caso ecuatoriano, estas obligaciones se
complementan con la normativa nacional de
prevención del lavado de activos, que exige a
los sujetos obligados implementar
procedimientos de debida diligencia, identificar
a sus clientes, verificar el origen de los recursos
utilizados en las transacciones y reportar a la
UAFE aquellas operaciones que presenten
características inusuales o injustificadas. La
regulación notarial ecuatoriana enfrenta
actualmente diversos vacíos frente al uso de
criptobienes. Aunque el notario cumple
funciones de control de legalidad, identificación
de comparecientes y prevención del lavado de
activos, no existe una regulación notarial
específica que establezca cómo deben
verificarse, documentarse o valorarse
operaciones en las que intervengan
criptobienes.
Uno de los principales vacíos se relaciona con
la acreditación de la titularidad de los activos
virtuales, ya que la posesión o control de una
billetera digital no siempre permite identificar
de manera directa a su verdadero titular o
beneficiario final. A ello se suma la dificultad
para verificar el origen de los fondos, la
trazabilidad de determinadas operaciones y el
valor económico del criptobien al momento de
celebrarse el acto jurídico. También existe un
reto respecto de los procedimientos de debida
diligencia aplicables a este tipo de operaciones.
La normativa antilavado impone al notario
obligaciones de conocimiento del cliente y
análisis de operaciones, pero no desarrolla
parámetros específicos para situaciones en las
que el pago, contraprestación o fuente de
recursos provenga de criptobienes.
Esta problemática ha sido advertida también en
la doctrina ecuatoriana. Chimborazo Castillo
(2023) sostiene que la ausencia de una
normativa específica sobre el uso de
criptomonedas genera un escenario de
inseguridad jurídica y evidencia la necesidad de
establecer parámetros claros para su utilización,
supervisión y prevención de riesgos asociados
al lavado de activos. En consecuencia, el reto de
la regulación notarial consiste en adaptar los
mecanismos tradicionales de seguridad jurídica
y prevención del lavado de activos,
estableciendo criterios claros para identificar
titulares, verificar el origen de los recursos,
documentar las operaciones y determinar
cuándo una transacción con criptobienes
presenta factores de riesgo que requieran
controles adicionales.
Estos vacíos justifican la necesidad de acudir al
derecho comparado para identificar soluciones
normativas que puedan ser adaptadas al sistema
jurídico ecuatoriano. En este sentido, el análisis
posterior de la regulación existente en España,
dentro del marco de la Unión Europea, y en
México permitirá examinar mecanismos de
identificación, debida diligencia, supervisión y
control aplicables a operaciones con activos
virtuales, con el objeto de determinar cuáles de
estas experiencias podrían ser adaptadas al
ámbito notarial ecuatoriano. La Unión Europea
ha desarrollado un marco normativo dirigido a
reducir los riesgos de lavado de activos en el uso
de criptobienes. En este contexto, el
Reglamento MiCA (UE) 2023/1114 regula a los
proveedores de servicios de criptoactivos y los
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somete a mecanismos de autorización y
supervisión. Adicionalmente, el Reglamento
(UE) 2023/1113 exige información sobre el
ordenante y beneficiario en determinadas
transferencias de criptoactivos, fortaleciendo su
trazabilidad.
El Reglamento (UE) 2024/1624 incorpora a los
proveedores de servicios de criptoactivos dentro
del sistema europeo de prevención del lavado de
activos, imponiendo obligaciones de debida
diligencia, identificación del cliente y del
beneficiario efectivo. En España, estas
obligaciones se complementan con la Ley
10/2010, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, la
cual incorporó expresamente como sujetos
obligados a los proveedores de servicios de
cambio entre monedas virtuales y moneda
fiduciaria, así como a los proveedores de
custodia de monederos electrónicos. Estos
operadores quedan sometidos a obligaciones de
identificación, debida diligencia y control de
operaciones sospechosas y, adicionalmente,
deben cumplir con un régimen específico de
registro ante el Banco de España. Este
tratamiento evidencia la incorporación de las
actividades vinculadas con activos virtuales al
sistema tradicional de prevención del lavado de
activos. Este modelo resulta relevante para
Ecuador porque demuestra que las operaciones
con criptobienes pueden ser sometidas a
controles de identificación, trazabilidad y
prevención, elementos que pueden servir como
referencia para fortalecer la función preventiva
del notario ecuatoriano.
En el caso de México incorporó los activos
virtuales a su marco financiero mediante la Ley
para Regular las Instituciones de Tecnología
Financiera (Ley Fintech), que establece que las
instituciones de tecnología financiera requieren
autorización para realizar determinadas
operaciones con estos activos. La regulación se
complementa con disposiciones del Banco de
México, particularmente la Circular 4/2019, que
regula las operaciones de las instituciones
financieras con activos virtuales.
El ordenamiento mexicano integra estas
operaciones dentro de mecanismos de
identificación del cliente, conocimiento del
origen y destino de los recursos, control de
operaciones y reporte de actividades
susceptibles de involucrar recursos de
procedencia ilícita. La legislación mexicana
considera además determinadas actividades
vinculadas con activos virtuales dentro del
régimen de actividades vulnerables previsto por
la normativa antilavado. Este modelo resulta
relevante para Ecuador porque evidencia la
posibilidad de establecer controles específicos
sobre las operaciones con activos virtuales,
combinando regulación financiera,
identificación de los intervinientes y
mecanismos preventivos frente al lavado de
activos.
Del análisis comparado de la normativa de la
Unión Europea, España y México se identifican
elementos comunes que pueden servir como
referencia para el sistema ecuatoriano,
principalmente la identificación de los
intervinientes, la debida diligencia, la
determinación del origen de los fondos, la
trazabilidad de las operaciones y el reporte de
operaciones sospechosas. En el ámbito notarial
ecuatoriano, estos criterios podrían adaptarse
mediante procedimientos específicos aplicables
a actos en los que intervengan criptobienes, sin
que ello implique atribuir al notario funciones
propias de los proveedores de servicios de
activos virtuales. Su función debería
concentrarse en verificar la identidad de las
partes, recabar información sobre la
procedencia y destino de los activos,
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documentar adecuadamente la operación y
evaluar los factores de riesgo asociados. De esta
forma, la experiencia comparada permite
plantear el fortalecimiento de la función
preventiva del notario mediante reglas claras y
específicas para operaciones con criptobienes,
procurando compatibilizar la innovación
tecnológica con las obligaciones de prevención
del lavado de activos.
La investigación mostró que el ordenamiento
jurídico ecuatoriano tiene vacíos en el
tratamiento de los criptobienes dentro de los
mecanismos de prevención del lavado de
activos. Los criptobienes se usan como medio
de pago en las operaciones y, cuando las
operaciones pueden requerir la intervención
notarial, el ordenamiento jurídico ecuatoriano
no tiene reglas para los criptobienes. Se
determinó que los notarios ecuatorianos están
obligados ante la UAFE y deben aplicar los
procedimientos de conocimiento del cliente y
de debida diligencia. Pero las herramientas que
usan ahora no contemplan de forma específica
las particularidades de las operaciones con
criptobienes.
Se vio que el uso de criptobienes genera más
problemas para identificar el origen y el destino
de los recursos. El uso de criptobienes también
dificulta saber con claridad quiénes son los
beneficiarios finales de la operación. Por eso,
los mecanismos de debida diligencia deben
identificar claramente cuándo una transacción
usa criptobienes como forma de pago, total o
parcial. El análisis realizado mostró que, en
estos casos, las entidades deben aplicar una
debida diligencia más fuerte. Para ello, las
entidades usan formularios más grandes o piden
datos extra para conocer mejor a las partes
intervinientes, el origen de los activos y el
beneficiario final de la operación. El análisis
comparado de la normativa de la Unión Europea
y de España, y de la legislación mexicana,
permitió identificar los mecanismos de
regulación y prevención de los activos virtuales.
Los mecanismos pueden servir como referencia
para el sistema ecuatoriano. En particular, los
mecanismos ayudan en la identificación, en el
conocimiento del cliente, en la trazabilidad y en
la prevención del lavado de activos. El resultado
de la investigación determinó que la función de
prevención del notario puede ser un mecanismo
de control contra los riesgos de las operaciones
con criptobienes. La función de prevención del
notario necesita una normativa con claridad y
herramientas que sirvan para aplicar bien los
procedimientos de diligencia.
Conclusiones
El ordenamiento jurídico ecuatoriano presenta
vacíos respecto del uso de criptobienes en las
transacciones económicas. Aunque existen
normas para la prevención del lavado de
activos, no hay una regulación específica que
establezca cómo deben tratarse las operaciones
con criptobienes. El notario ecuatoriano cumple
obligaciones de prevención y debida diligencia
establecidas por la UAFE. Sin embargo, estas
obligaciones no fueron diseñadas
específicamente para operaciones con
criptobienes. Esto puede generar dificultades
para determinar el origen de los fondos o
activos, identificar adecuadamente a los
intervinientes y establecer quién es el
beneficiario final de la operación.
La investigación concluye que los mecanismos
de debida diligencia notarial deben adaptarse a
este tipo de transacciones. Cuando el pago, total
o parcial, se realice mediante criptobienes, esta
circunstancia debería constar expresamente en
el formulario de conocimiento del cliente o en
los mecanismos de debida diligencia utilizados
por el notario. Cuando las características de la
operación lo justifiquen, también podría
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aplicarse una debida diligencia reforzada o
utilizarse un formulario más amplio que permita
obtener información adicional sobre las partes,
el origen y destino de los activos y la
identificación del beneficiario final. De esta
manera, se pueden reducir los riesgos derivados
del seudonimato y de las dificultades de
identificación que pueden presentarse en las
operaciones realizadas mediante criptobienes y
tecnología blockchain. En conclusión, la
función preventiva del notario debe adaptarse a
las nuevas formas de realizar transacciones
patrimoniales. No se trata de que el notario
realice un control técnico de la blockchain, sino
de que cuente con mecanismos jurídicos y de
debida diligencia adecuados para identificar los
riesgos de lavado de activos cuando en una
operación intervengan criptobienes.
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