Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 2.2
Edición Especial II 2026
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MARCO JURÍDICO ECUATORIANO VERSUS CONVENIO DE BUDAPEST: ANÁLISIS
COMPARATIVO DE LA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL EN PHISHING
TRANSFRONTERIZO DURANTE EL PERÍODO 2020-2024
ECUADORIAN LEGAL FRAMEWORK VERSUS BUDAPEST CONVENTION:
COMPARATIVE ANALYSIS OF DIGITAL EVIDENCE COLLECTION IN CROSS-
BORDER PHISHING DURING THE PERIOD 2020-2024
Autores: ¹Dayanara Jacqueline Reyes Quezada y ²Cristian Andrés Palacios Rodas.
¹ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-8197-9751
²ORCID ID: https://orcid.org/0009-0006-2380-138X
¹E-mail de contacto: dayirq@gmail.com
²E-mail de contacto: cristian.palacios@ucacue.edu.ec
Afiliación:
1*2*
Universidad Católica de Cuenca, (Ecuador).
Artículo recibido: 15 de Febrero del 2026
Artículo revisado: 18 de Febrero del 2026
Artículo aprobado: 23 de Febrero del 2026
¹Licenciatura o Ingeniería, y mención o especialización adquirida egresado (a) de la nombre de la institución (país de la institución) con
años de experiencia laboral .Magister y mención o especialización adquirida egresado (a) de la nombre de la institución (país de la
institución) en caso de encontrarse cursando una maestría; Maestrante de la maestría en especialidad, nombre de la institución, (país de la
institución). Phd. y mención o especialización adquirida egresado (a) de la nombre de la institución (país de la institución) en caso de
encontrarse cursando un doctorado; Doctorante en especialidad, nombre de la institución, (país de la institución)
²Abogado Licenciado en Ciencias, Políticas y Sociales y Abogado de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador. Magíster en
Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Central del Ecuador, (Ecuador). Magíster en Derecho Administrativo por la
Universidad de Cuenca, (Ecuador).
Resumen
El estudio tuvo como finalidad analizar la
regulación del phishing transfronterizo y la
recolección de evidencia digital en el marco
jurídico ecuatoriano, contrastándolo con los
estándares internacionales del Convenio de
Budapest, a fin de identificar vacíos normativos
y limitaciones en la aplicación práctica. Se
realizó investigación cualitativa documental
mediante búsqueda sistemática en bases de
datos Scielo, Redalyc, Google Scholar y
repositorios universitarios ecuatorianos,
período enero 2020-diciembre 2024. Términos
de búsqueda: "phishing Ecuador", "evidencia
digital", "Convenio Budapest",
"ciberdelincuencia" en español e inglés.
Criterios de inclusión: artículos peer-reviewed,
tesis maestría/doctorado, documentos oficiales.
Exclusión: fuentes sin validación académica,
anteriores a 2020. El análisis evidenció que el
COIP tipifica conductas asociadas al phishing,
pero mantiene un enfoque sancionatorio sin
lineamientos técnicos claros para la
recolección y preservación de evidencia digital.
Por otro lado, el Convenio de Budapest
establece mecanismos avanzados de
cooperación y conservación de datos que
resultan más efectivos frente a la volatilidad de
la información. También se identificaron
vacíos normativos en la normativa ecuatoriana,
especialmente en materia de jurisdicción y
coordinación interinstitucional. Se concluye
que Ecuador enfrenta limitaciones estructurales
y normativas para la persecución del phishing
transfronterizo. La adhesión al Convenio de
Budapest surge como una alternativa viable,
siempre que se complemente con reformas
internas, fortalecimiento institucional y
desarrollo de protocolos técnicos que
garanticen la validez de la evidencia digital en
procesos judiciales internacionales.
Palabras clave: Phishing transfronterizo,
Evidencia digital, Cooperación
internacional.
Abstract
This research aimed to analyze regulations of
transnational phishing and the collection of
digital evidence within the Ecuadorian legal
framework, contrasting them with the
international standards of the Budapest
Convention, to identify normative gaps and
limitations in practical application. A
qualitative documentary study was conducted
through a systematic search in databases such
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as SciELO, Redalyc, Google Scholar, and
Ecuadorian university repositories, during the
period January 2020-December 2024.
Searching terms included “phishing Ecuador,”
digital evidence,” “Budapest Convention,” and
“cybercrime,” in Spanish and English.
Inclusion criteria: peer-reviewed articles,
Master’s degree/PhD theses, and official
documents. Exclusion: sources lacking
academic validation, before 2020. This
analysis revealed that the Comprehensive
Organic Penal Code (COIP, by its Spanish
acronym) criminalizes behavior associated
with phishing, but maintains a punitive
approach without clear technical guidelines for
the collection and preservation of digital
evidence. On the other hand, the Budapest
Convention establishes advanced mechanisms
for cooperation and data preservation that are
more effective against the volatility of
information. Additionally, regulatory gaps
were identified in Ecuadorian legislation,
particularly regarding jurisdiction and inter-
institutional coordination. The conclusion is
that Ecuador faces structural and regulatory
gaps for the prosecution of transnational
phishing. Adherence to the Budapest
Convention emerges as a viable alternative,
provided it is complemented by local reforms,
institutional reinforcement, and the
development of technical protocols that
guarantee the validity of digital evidence in
international judicial proceedings.
Keywords: Transnational phishing, digital
evidence, International cooperation.
Sumário
This study aimed to analyze the regulation of
cross-border phishing and the collection of
digital evidence within the Ecuadorian legal
framework, comparing it with the international
standards of the Budapest Convention, in order
to identify regulatory gaps and limitations in
practical application. Qualitative documentary
research was conducted through a systematic
search of the Scielo, Redalyc, and Google
Scholar databases, as well as Ecuadorian
university repositories, covering the period
from January 2020 to December 2024. Search
terms included "phishing Ecuador," "digital
evidence," "Budapest Convention," and
"cybercrime" in both Spanish and English.
Inclusion criteria included peer-reviewed
articles, master's/doctoral theses, and official
documents. Exclusion criteria included sources
without academic validation and those
published before 2020. The analysis revealed
that the Comprehensive Organic Criminal
Code (COIP) criminalizes conduct associated
with phishing but maintains a punitive
approach without clear technical guidelines for
the collection and preservation of digital
evidence. On the other hand, the Budapest
Convention establishes advanced mechanisms
for cooperation and data preservation that are
more effective in the face of information
volatility. Regulatory gaps were also identified
in Ecuadorian legislation, especially regarding
jurisdiction and inter-institutional
coordination. It is concluded that Ecuador faces
structural and regulatory limitations in
prosecuting cross-border phishing. Adherence
to the Budapest Convention emerges as a viable
alternative, provided it is complemented by
internal reforms, institutional strengthening,
and the development of technical protocols that
guarantee the validity of digital evidence in
international legal proceedings.
Palavras-chave: Cross-border phishing,
Digital evidence, International cooperation..
Introducción
En la actualidad, el phishing transfronterizo se
ha establecido como uno de los peligros
cibernéticos más relevantes, caracterizado por
utilizar técnicas fraudulentas para obtener
claves y datos personales. Este delito no
solamente genera un deterioro financiero en las
víctimas, sino también se presenta como un reto
para la justicia penal, ya que la evidencia digital
puede estar distribuida en distintas
jurisdicciones y su conservación rápida es
fundamental para la acción procesal. En
Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal
(COIP, 2014), establece como delito situaciones
relacionadas con la estafa digital, el ingreso a
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sistemas y la intervención ilegal de
información. Sin embargo, el marco penal
vigente todavía demuestra vacíos y carencias en
los procesos técnicos para recolectar, conservar
y acceder a pruebas digitales, lo cual es una
barrera para la comprobación de evidencia en
los procedimientos legales cuando los ataques
son ocasionados fuera del ámbito ecuatoriano.
Por su parte, el Convenio de Budapest (2001),
plantea normas concretas para la conservación
inmediata de datos y al mismo tiempo buscando
la cooperación internacional relacionada con
delitos informáticos. Estas acciones han
reforzado la veracidad y el seguimiento de
pruebas en situaciones transnacionales. Pese a
ello, el Ecuador no ha implementado estas
reglamentaciones, lo cual demuestra la
importancia de analizar jurídicamente ambos
cuerpos legales. Bajo este contexto, la
importancia de la presente investigación se
encuentra en que el phishing transfronterizo no
solamente es un problema técnico, sino también
representa un desafío en el ámbito jurídico que
requieren respuestas sincronizadas. La
comparación entre el sistema penal de Ecuador
y el Convenio de Budapest posibilitará la
identificación de oportunidades estratégicas, las
cuales servirán como un esquema sólido para
optimizar la normativa ecuatoriana.
A través de esta problemática, se origina la
pregunta de investigación: ¿Cuáles son las
principales brechas y desafíos del marco
jurídico ecuatoriano en la recolección de
evidencia digital para casos de phishing
transfronterizo, en comparación con los
estándares y principios clave del Convenio de
Budapest durante el periodo 2020-2024? En
relación con el objetivo general del estudio, se
busca analizar la comparación de ambos marcos
jurídicos para identificar los vacíos y las buenas
prácticas de la investigación penal. Además, por
medio de los objetivos específicos se busca
identificar las disposiciones normativas,
describir los principios y estándares específicos
del Convenio de Budapest relativos a la
recolección y preservación de evidencia digital
transfronteriza y analizar las brechas y
convergencias entre el marco jurídico
ecuatoriano y los principios del Convenio de
Budapest para observar las fortalezas y
debilidades del sistema nacional.
En cuanto a la metodología, la investigación
adopta un enfoque cualitativo, descriptivo-
explicativo y comparativo para contrastar la
legislación y práctica ecuatoriana con el
Convenio de Budapest. Se aplicará un método
jurídico-comparativo para establecer
similitudes, diferencias, brechas y
convergencias entre la normativa. Dogmático-
Jurídico para el análisis profundo de la
normativa ecuatoriana y los artículos
específicos del Convenio de Budapest
relacionados con la recolección de evidencia
digital. Finalmente, documental para la
recopilación y análisis crítico de jurisprudencia
nacional relevante y doctrina especializada
sobre el tema. Finalmente, el desarrollo del
estudio está estructurado en cinco ítems claves
como la evolución del phishing transfronterizo
como delito cibernético, el marco jurídico
ecuatoriano, los estándares internacionales del
Convenio de Budapest, comparación de ambos
marcos normativos y la demostración de casos
relacionado con el tema abordado. De tal
manera, el artículo proporciona un rol
académico significativo y práctico enfocado
para mejorar la respuesta de casos nacionales
frente a los ciberdelitos.
De acuerdo con Clancy (2023), el phishing
transfronterizo tuvo sus primeras apariciones en
la década de los noventa a través de e-mail que
tienen como finalidad estafar a las personas con
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enlaces engañosos. Ahora bien, el crecimiento
del comercio digital y la ampliación
internacional de la web 2.0 expandieron
significativamente la cobertura de estas
prácticas. Además, la evolución del phishing
transfronterizo no solamente demuestra la
perfección de los métodos digitales, sino
también la programación del internet y la
carencia de regulaciones ante esta problemática
a nivel global. Por consiguiente, la limitación de
controles en el contexto internacional posibilitó
que actos ilícitos simples proviniera de una
amenaza global, lo que impidió actuar de
manera rápida a los cuerpos jurídicos
tradicionales.
Posteriormente Casey (2011) señaló que la
evolución de phishing transfronterizo apareció
con el surgimiento de sitios web maliciosos
parecida a páginas en líneas certificadas,
enfocadas en persuadir a los usuarios. En
particular, con la expansión de las redes sociales
y la comunicación rápida por medio de
mensajería, los ciberdelincuentes desarrollaron
nuevos métodos para el obtener datos.
Asimismo, aunque los organizamos mejoraron
sus mecanismos de defensa, los delincuentes
aplicaron software malicioso para conseguir
información de las víctimas en tiempo real.
Desde este criterio, lo más fundamental no
solamente es la evolución de la tecnología, sino
también la manera en que los atacantes
informáticos mejoraron la forma de interacción
digital para tener un mayor alcance en la
sociedad. De este modo, el uso de plataformas
multimedia y de correo electrónicos generó las
rutas necesarias para el robo de datos de los
usuarios. Esto demuestra que esta problemática
no se enfoca en sistemas vulnerables, sino en
cómo se manipula al usuario.
De igual forma, un estudio realizado por las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODD, 2022), detalló que otra etapa de la
evolución del phishing transfronterizo se
distingue por la expansión de técnicas como el
smishing (mensajes de texto) y el vishing
(llamadas automatizadas). A la par, los
ciberdelincuentes acuden a la clonación de
plataformas online y a la utilización de bitcoin
para disimular las transacciones. Esto
demuestra que los métodos estratégicos
defensivos progresan, mientras que los hackers
demuestran adaptarse a nuevas situaciones para
realizar sus ataques. Pese a lo anterior, se
muestra que las respuestas de organismos no se
han adelantado con la misma agilidad. Por otra
parte, detectar nuevos métodos como la
utilización de criptomonedas no soluciona
problemas como la deficiencia en las
regulaciones y la sincronización de las
entidades gubernamentales para afrontar este
impacto. Esto demuestra que esta problemática
no radica solamente en la innovación de los
ciberdelincuentes para cometer el robo de datos
digitales, sino también en el retraso de las
normativas para responder a este tipo de
situación.
En esa línea, un informe de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol,
2024), demostró que los ciberdelincuentes que
aplican el phishing transfronterizo operan en
diversas jurisdicciones donde coordinan con
servidores de diferentes naciones para realizar
sus ataques en distintas regiones de un país,
aprovechándose de las carencias normativas y
la falta de sincronización de los Estados ante
este tipo de situación. Si bien suele sostenerse
que el origen del phishing transfronterizo se
origina por las deficiencias normativas y en la
evolución digital, tal enfoque es limitado debido
a que excluye otros factores como la educación
y capacitación tecnológica para la prevención
de ataques digitales. En este contexto, enfocarse
solamente en elementos jurídicos y técnicos
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reduce la responsabilidad social en el desarrollo
de conciencia en relación con este tipo de
delitos. En definitiva, la efectividad para
contrarrestar esta situación en la sociedad
dependerá de la formación proporcionada a los
usuarios, lo cual ayudará a identificar los
riesgos y prevenir caer en estos engaños
digitales. Por tanto, enfocar únicamente esta
problemática a lo legal y tecnológico encamina
a un entiendo parcial de este fenómeno.
Cabe destacar que la Constitución de la
República del Ecuador (2008), asegura proteger
los datos personales, el acceso a la información,
a la intimidad y el respeto al debido proceso de
los ciudadanos. Estos principios plantean que
obtener y valorar las pruebas deberán ejecutarse
con argumentos de legalidad y confiabilidad, lo
cual significa una relevancia en enfoques
digitales donde el phishing transfronterizo pone
en riesgo los datos personales y existe
directrices rigurosas en la obtención de
evidencia digital. Por otra parte, en el contexto
penal ecuatoriano el Código Orgánico Integral
Penal (COIP, 2014), expone las conductas en
las que surgen de manera sospechosa los
sistemas informáticos o de telecomunicación
para adueñarse o traspasar bienes sin
consentimiento, lo cual significa un atentado
ante la confianza en las plataformas digitales.
Esta norma se tiene el enfoque más cercano al
phishing transfronterizo dentro de la
jurisdicción del país, ya que demuestra el
aprovechamiento ilícito de datos personales de
usuario para actos indebidos (Art.190).
Ahora bien, esto refleja una dificultad
importante, debido a que la normativa
ecuatoriana no establece claramente la
dimensión territorial de su aplicación. En casos
de phishing transfronterizo, los ataques
informáticos suelen aparecer mediante
servidores u otros factores como responsables
fuera del país, lo cual dificultan con exactitud
que la normativa resulte competente para
procesar estos ataques digitales. En
consecuencia, el sistema penal del país
demuestra limitaciones y carencias para
penalizar casos phishing transfronterizo, lo que
demuestra la importancia de cooperación con
organismos internacionales que fortalezcan la
eficiencia de la norma ecuatoriana. Asimismo,
dentro de la misma normativa se identifican
otros actos ilícitos como la usurpación, donde el
COIP (2014), busca resguarda la propiedad de
los ciudadanos y al mismo tiempo proporcionar
estabilidad social ante la apropiación indebida
de inmuebles y de los derechos reales
correspondientes (Art. 200).
En este enfoque, se demuestra que el sistema
normativo está desactualizado al limitarse
únicamente a bienes patrimoniales y no abordar
contextos tecnológicos, donde en situaciones de
phishing transfronterizo los robos se relacionan
directamente con el despejo de cuentas
bancarias o de datos personales. De ahí que esta
limitación debilita el sistema penal ecuatoriano
ante estos casos, dejando vacíos que podrían
sancionar a personas involucradas a ciberdelitos
en el Ecuador. En concordancia con lo
analizado, el Código Orgánico Integral Penal
(2014), penaliza la divulgación ilícita de
información encontrada en archivos o en bases
de datos, cuando esta es dispersada sin
consentimiento y con el objetivo de atentar
contra la intimidad de una persona. Esta
disposición demuestra las intenciones de los
delitos cibernéticos, los cuales buscan
conseguir de manera inadecuada los datos
privados de usuarios para ser usadas con fines
maliciosos, afectando así de manera directa los
derechos claves en el ámbito digital (Art. 229).
A pesar de lo anterior, el artículo se limita es
castigar la propagación y robo de datos sin
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establecer mecanismos que garanticen proteger
de manera eficaz la intimidad de las personas en
contextos internacionales. En situaciones de
phishing transfronterizo, la información
extraída puede expandirse de manera masiva en
redes internacionales, vulnerando a los usuarios
a riesgos donde sus datos personales pueden ser
utilizados con fines maliciosos. Por lo tanto,
esta carencia de alcance jurídico minimiza la
capacidad del sistema penal de Ecuador para
resguardar los derechos de las víctimas ante la
obtención ilegal de datos. En este sentido, el
COIP (2014), tipifica como delito la
intercepción ilícita de datos en diversas
modalidades, desde la clonación de tarjetas, el
desarrollo de páginas web falsas y el desvío de
conversaciones para el espionaje. Estos actos se
relacionan directamente con los métodos
aplicados por los ciberdelincuentes en el
phishing transfronterizo (Art. 230).
Aunque la normativa penaliza explícitamente
estos actos, todavía se presenta una limitación
para las sanciones al no plantear directrices para
preservar y resguardar la evidencia digital en el
contexto ecuatoriano. En casos de phishing
transfronterizo es muy complicado asegurar la
autenticidad de los datos interceptados o sitios
engañosos desarrollados en estructuras digitales
internacionales dentro de un procedimiento
judicial de Ecuador. Así, este vacío en la
jurisdicción ecuatoriana minimiza la eficiencia
de esta disposición ante la complejidad de estos
casos. Como fase subsiguiente, el mismo marco
normativo determina el acceso no autorizado a
sistemas digitales, donde describir la conducta
de intervenir sin autorización o apropiarse de
información en contra de la voluntad del usuario
(Código Orgánico Integral Penal, 2014, Art
234). Este tipo de acceso es la que genera los
casos phishing transfronterizo, en el que,
mediante la usurpación de datos personales, los
ciberdelincuentes suelen vaciar cuentas
bancarias o divulgar o vender datos de los
ciudadanos a otras entidades.
Sin embargo, el enfoque del artículo carece de
previsiones acerca de la cooperación
internacional, la cual es fundamental para el
rastreo de robos tecnológicos en que en
contextos de phishing transfronterizo se
originan en direcciones IP extranjeras. La falta
de mecanismos procesales de sincronización
representa una barrera para la validación de
pruebas digitales cuando los ataques de
phishing vienen de diversas jurisdicciones. Esto
refleja una vacío que limita la eficacia de la
norma penal ecuatoriana ante este tipo de caso.
De manera complementaria el Código Orgánico
Integral Penal (2014), penaliza la falsificación
digital, enfocadas en la eliminación o
modificación de contenido tecnológico con el
objetivo de desarrollar archivos no genuinos o
introducir errores en las relaciones jurídicas
(Art. 234.1). En este sentido, la normativa
tampoco plantea cómo debe validarse la
autenticidad de archivos digitales demostrado
como una evidencia. En contextos de phishing
transfronterizo, estos casos adquieren gran
importancia, ya que los documentos pueden ser
modificados o clonados en diversos aspectos
tecnológicos, solicitando así pericias elaboradas
en sincronización con organismos
internacionales que ayuden a la certificación de
validez en los procesos jurídicos del país.
Desde una perspectiva procesal, el COIP
(2014), establece las atribuciones que tiene el
fiscal, donde se resalta la preservación
obligatoria de evidencia digital por medio
cadena de custodia relacionados a casos de
allanamiento de dispositivos tecnológicos. Esto
demuestra un avance fundamental debido a que
proporciona una normativa adecuada para
asegurar los indicios digitales, a pesar de
aquello, su eficacia es cuestionado cuando las
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pruebas son identificadas en el extranjero (Art.
444). En consecuencia, la normativa no
desarrolla procesos explícitos para contextos en
que las pruebas se encuentran en servidores
internacionales, lo cual restringe su eficiencia
ante el phishing transfronterizo. En este tipo de
situación, la cooperación y sincronización
internacional es necesaria para resguardar la
verificación de registros. Por ello, aunque se
reconoce lo fundamental que es la cadena de
custodia, su uso práctico en casos iliciticos
globales aun demuestra carencias.
En primera instancia, el Convenio de Budapest
(2001), establece la conservación inmediata de
datos digitales, incluyendo el registro de tráfico
tecnológico, con la finalidad de evitar que las
pruebas desaparezcan o sean manipuladas antes
que los organismos especializados puedan
utilizarlas (Art.16). Conviene subraya que, al
movilizar esta acción a la práctica, en especial
en situaciones de phishing transfronterizo,
aparecen inconvenientes relacionados a la
desigualdad de los Estados para llevar un
ordenamiento ejecutivo rápido para conservar
datos. Esta diferencia conlleva el peligro en que
la evidencia no se establezca de forma adecuada
o incluso pueda perderse en normativas con
menor eficacia en ámbitos tecnológicos.
Seguidamente, en este tratado internacional se
regula la conservación y revelación inmediata
de la información traficada de manera digital
(Convenio de Budapest, 2001, Art. 17). Esta
resolución ayudará a la identificación de los
proveedores de servicios que suelen intervenir
en las conversaciones y seguir la ruta de esta
mediante diversas redes. Su contribución es
fundamental en casos de phishing
transfronterizo, debido a que brinda la ruta
necesaria para desarrollar la cadena de
transmisión y al mismo tiempo poder identificar
a los actores que posibilitan el robo y la
divulgación de datos digitales. En tal sentido,
este modelo mejora la cooperación y
sincronización inmediata entre los organismos
internacionales y las entidades de un país,
facilitando así penalizar los casos de robos
cibernéticos, siendo una herramienta crucial
para coordinación conjunto ante este tipo de
persecución.
De forma complementaria, dentro de esta
misma normativa internacional, se plantea que
todas las autoridades podrán intervenir en
tiempo real el contenido de las comunicaciones
digitales que se encuentren relacionadas con
actos ilícitos graves (Convenio de Budapest,
2001, Art 21). Esta disposición proporciona a
los Estados la posibilidad de aplicar métodos
técnicos y de reclamar la cooperación de
proveedores en servicios digitales, con términos
de confidencialidad. La aplicación de esta
disposición adquiere relevancia ante en caso de
phishing transfronterizo, debido a que ayudará
a los organismos a capturan rápidamente los
datos que son intercambiados mediante la
ejecución de los ataques informáticos. De tal
modo, se proporciona al estudio una ventaja
significativa que posibilitará una reacción
rápida ante los delitos cibernéticos
internacionales, optimizando la prevención y
los métodos para evitar las acciones ilegales que
por su dinámica podrían desaparecer
inmediatamente. Adicionalmente, el Convenio
de Budapest (2001), incorpora los principios
que buscan las asistencias de indagación
internacional. Estos engloban desde la
utilización equipos de comunicación rápidos y
seguros hasta la necesidad de reducir las
barreras que podrían retrasar la cooperación
entre países (Art. 25).
En situaciones de phishing transfronterizo, esta
disposición adquiere gran relevancia práctica al
plantear rutas legales y procesos reconocidos
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que ayuden a los organismos intercambiar
evidencias digitales de manera válida. Con estos
procesos se podrá impedir que las pruebas
tecnológicas queden en la impunidad y se
asegure que pueda ser usada de eficientemente
en actuaciones judiciales internacionales. De
igual modo, el tratado internacional de
ciberseguridad y delincuencia dispone la
confidencialidad y al mismo tiempo restringir la
utilización de datos repartidos entre Estados
(Convenio de Budapest, 2001, Art. 28). En este
sentido la normativa plantea que la divulgación
de información debe condicionarse a su uso
exclusivo para el proceso que pueda solicitarse,
asegurando así su carácter hermético.
En este contexto, la previsión toma gran
importancia al implementarse en situaciones de
phishing transfronterizo, donde la confianza
jurídicos entre los países dependerá de la
seguridad donde los datos o información no
sean aplicada de manera inadecuada. La
carencia de estas garantías puede deteriorar la
cooperación internacional y poner en peligro la
validez de las evidencias como la credibilidad
de los procedimientos normativos. Por otra
parte, de forma puntual en contexto de
cooperación, el Convenio de Budapest (2001),
otorga a los países la posibilidad de solicitar a
otra la conservación inmediata de información
de datos almacenados y obtenido dentro de un
territorio (Art. 29). Esto demuestra que la parte
requerida tiene la responsabilidad de resguardar
la información mediante un tiempo inicial, con
el objetivo de impedir su pérdida mientras se
establece los procedimientos de asistencia
mutua entre el organismo internacional y el país
que lleva el caso de ciberdelincuente.
No obstante, al movilizar el contexto del
artículo de phishing transfronterizo aparecen
diversas dudas acerca de su eficacia real. El
mecanismo dependerá que los Estados pueda
actuar de manera inmediata y cuente con las
herramientas técnicas necesaria, lo cual en
ciertas ocasiones no suele ocurrir. Cuando
existen limitaciones burocráticas o la carencia
de entidades políticas, la conservación de
información de datos podría volverse
inoperante y comprometer las evidencias
claves. En última instancia, el Convenio de
Budapest (2001), como instrumento
internacional dispone que cuando los Estados
puedan detectar proveedores internacionales en
la transmisión de una comunicación, los
organismos deberán demostrar rápidamente los
datos claves para interceptarlo (Art. 30).
Dentro de la práctica, el desafío principal ante
los casos de phishing transfronterizo no es
solamente la inmediatez en la proporcionalidad
de la información, sino también en la carencia
de garantías acerca de la completitud, debido a
que los proveedores en diversas jurisdicciones
trasladan datos en partes. Por tal motivo, es
complicado reconstruir de forma íntegra el
camino del ataque ante este tipo de problema,
por lo cual se debilitaría la solidez de las
evidencias digitales.
Tabla 1. Conservación
Procedimiento
Marco legal
Ecuador
Marco legal
Budapest
Análisis técnico–
jurídico
Conservación de datos
Art. 444 COIP: El
fiscal puede solicitar
al juez la orden para la
preservación de
evidencia digital en
dispositivos
incautados,
garantizando la
cadena de custodia.
Art. 230 COIP:
Penaliza la
interceptación ilegal
de datos. Art. 234
COIP: Sanciona el
acceso no consentido
a sistemas
informáticos.
Art. 16:
Conservación
inmediata de datos
electrónicos hasta 90
días. Art. 17:
Revelación rápida
de datos de tráfico.
Art. 29: Solicitudes
de conservación
entre Estados parte.
El COIP exige
incautación física y
autorización judicial, lo
que retrasa la
preservación de datos.
El Convenio de
Budapest permite
conservación remota,
inmediata y
transfronteriza,
reduciendo el riesgo de
pérdida de evidencia.
Fuente: Elaboración propia
Para elaborar el análisis comparativo de los
procesos de recolección se tomaron en
consideración las fases de conservación, acceso
y cooperación prevista en el Código Orgánico
Integral Penal y el Convenio de Budapest, lo
que permitió visualizar como cada cuerpo
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jurídico estructura el manejo de la información
digital. La conservación de datos en el ámbito
de Ecuador demuestra un esquema limitado
ante los dinamismos vigentes de la
ciberdelincuencia, ya que se prioriza un enfoque
que busca responder rápidamente lo que
requiere el ámbito digital actualmente. Es
importante mencionar que esta rigidez ocasiona
vacíos en el cuidado y protección de las
pruebas, en especial cuando son datos
almacenados en el exterior.
Tabla 2. Acceso
Procedimiento
Marco legal
Ecuador
Marco legal
Budapest
Análisis técnico–
jurídico
Acceso a sistemas
Art. 234 COIP tipifica
como delito el acceso
no consentido a un
sistema informático o
telemático,
sancionando la
intrusión con pena
privativa de libertad.
Art. 234.1 sanciona la
falsificación
informática mediante
la manipulación o
creación de datos
digitales no genuinos.
Art. 21 del Convenio
de Budapest faculta a
las autoridades a
obtener datos en
tiempo real y obliga a
los proveedores a
colaborar en la
interceptación o
acceso autorizado.
El COIP penaliza la
intrusión, pero no
otorga
procedimientos ágiles
de acceso controlado
para la investigación.
El Convenio de
Budapest, en cambio,
establece mecanismos
inmediatos y
cooperación
obligatoria de
proveedores, lo que
facilita la obtención
oportuna de
evidencia.
Fuente: Código Orgánico Integral Penal (2014);
Convenio de Budapest (2001).
El acceso a sistemas digitales establece un
dilema entre la protección de derechos claves y
la eficiencia en la persecución penal
ecuatoriana. De tal manera que las normativas
nacionales suelen basarse en sancionar la
intrusión, al mismo tiempo demuestran
debilidades al no estructurar rutas rápidas que
ayuden a las autoridades actuar eficazmente.
Tabla 3. Cooperación
Procedimiento
Marco legal
ecuatoriano
Marco legal
Budapest
Análisis técnico-
jurídico
Cooperación
internacional
Art. 448 COIP
establece que la
Fiscalía dirige el
sistema de
investigación con
apoyo de la
Policía, pero la
cooperación con
otros Estados
depende de
tratados
bilaterales y
suele ser lenta.
Art. 25 del Convenio
de Budapest obliga a
las Partes a prestarse
asistencia mutua en
investigaciones de
delitos informáticos.
Art. 28 y 29 permiten
confidencialidad y
conservación rápida
de datos entre
Estados.
El COIP carece de
mecanismos ágiles y
depende de trámites
diplomáticos
tradicionales, lo que
retrasa la obtención de
pruebas. El Convenio
de Budapest prevé
cooperación
inmediata y
estandarizada,
facilitando la
respuesta a delitos
transfronterizos.
Fuente: Código Orgánico Integral Penal (2014);
Convenio de Budapest (2001).
La cooperación internacional en materia
tecnológica sigue siendo una de las carencias
principales dentro del sistema penal
ecuatoriano, ya que los procedimientos se
enfocan en realizar trámites diplomáticos que
disminuyen la calidad de la investigación. Esta
lentitud se diferencia con la dinámica acelerada
de los delitos digitales, donde las pruebas
pueden desaparecer inmediatamente.
Durante el mes de agosto de 2023, ESET
(Seguridad Esencial Contra Amenazas en
Evolución) Latinoamérica advirtió acerca de
una amplia campaña de suplantación de
identidad que impactaba a usuarios
ecuatorianos de la plataforma de correo Zimbra
Collaboration (Primicias, 2023). El ataque
mediante la entrega de correos electrónicos que
contenían archivos HTML (Lenguaje de
Marcado de Hipertexto) a modo de archivo
adjunto que llevaban a páginas web
fraudulentas, con el fin de obtener credenciales
y nombres de usuario. Como consecuencia de la
situación anterior, la Fiscalía General del
Estado emprendió una investigación previa a fin
de determinar posibles responsabilidades
penales. Desde el inicio de la actuación, la
propia institución encontró problemas a la hora
de poder acceder a los datos digitales, ya que
estos se encontraban en servidores de terceros
situados en otras jurisdicciones, fuera de la
normativa procesal de Ecuador.
Con vistas a superar estos límites, la Fiscalía se
ocupó debidamente de solicitar asistencia
internacional, si bien la respuesta tardó más de
lo que hubiera sido deseable y sobrepasó los
plazos útiles para la conservación de las
evidencias. Mientras tanto, buena parte de los
registros electrónicos se sobrescribió o bien se
borró, lo que arruinó el sustentado probatorio.
El final fue un archivo de la causa por
insuficiencia probatoria, en resumen, no se
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había sido capaz de preservar de forma oportuna
la evidencia digital y, además, no existen
mecanismos normativos para la cooperación
inmediata como los previstos en el Convenio de
Budapest. Ese desenlace quiere poner en
evidencia cómo las barreras legales afectan
directamente a la efectividad de la investigación
en casos de ciberdelincuencia transfronteriza.
En 2025, la Unidad Nacional de Ciberdelitos de
la Policía Nacional del Ecuador se pronunció
sobre un nuevo y arriesgado tipo de phishing
transfronterizo que amenazaba a los empleados
de sectores estratégicos a través de la utilización
de datos de carácter personal como nombres y
cédulas, mediante el envío de mensajes de
ciberataques con links o archivos para la
instalación de troyanos (Gómez, 2025). La
Fiscalía General del Estado, siendo un
organismo del Estado, procedió a la apertura de
una investigación previa bajo los preceptos del
COIP. Dispuestas las diligencias pertinentes,
aparecieron los primeros inconvenientes en la
acción, debido a que los primeros dispositivos
afectados para la investigación habían sido
dañados o limpiados, lo que dificultó la
obtención de imágenes forenses para poder
sostener la acusación.
Debido a la complejidad del caso, la Fiscalía
requirió la colaboración de proveedores de
mensajerías y correos corporativos localizados
en el exterior de territorio ecuatoriano, lo que
motivó procesos de cooperación internacional
que duraron vario meses, cuya duración
dificultó preservar los registros electrónicos
íntegros, por lo cual la prueba fue declarada
irrelevante. En fin, de cuentas, el proceso fue
sobreseído por falta de prueba suficiente por las
lagunas que le son inherentes al marco jurídico
nacional para abordar ataques que traspasan
fronteras, existiendo la necesidad de
herramientas internacionales como el Convenio
de Budapest.
En el año 2024, el Ministerio de
Telecomunicaciones y Servicios Postales del
Ecuador (2024) avisó a la población acerca de
campañas de phishing que hacían uso de
direcciones falsas, haciéndose pasar por el
organismo oficial de envíos. La Fiscalía
General del Estado efectúo la apertura de la
investigación previa una vez presentada la
correspondiente denuncia, rigiéndose, en el
presente caso, por la figura del fraude
electrónico tipificada en el COIP. El reto
procesal estuvo dado por la capacidad de
identificar y de conservar registros DNS
(Sistema de Nombres de Dominio) y logs
(archivos de registro) asociados a los dominios
alojados en servidores internacionales, pues
limitó la capacidad de las autoridades de
procurarse las pruebas de forma inmediata para
la determinación de los responsables de la
estafa. Lo anterior muestra la dependencia al
uso de la cooperación con los registradores
externos, que sólo fueron capaces de responder
cuando los ataques ya habían tenido lugar,
limitándose a las pruebas una vez que la
información ya estaba alterada o dada de baja.
Durante la tramitación la fiscalía requirió
medidas técnicas consistentes en auditoría
informática entre ellas certificación de URLS
(Localizador Uniforme de Recursos)
fraudulentas, capturas del tráfico de red,
preservaciones de certificados SSL (Capa de
Conexión Segura). En el desarrollo del proceso
judicial la carencia de protocolos
estandarizados para la autenticación de la
evidencia digital en tiempo real en
consecuencia de que gran parte de ésta no haya
podido ser presentada en juicio. En segunda se
expone la falta de progreso y el archivo del
asunto por infracción de pruebas y por la
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informalidad de dicha prueba por tenerla la
existencia de falta de integridad y cadena de
custodia. Esta situación ponía de manifiesto la
urgencia de contar.
Materiales y Métodos
La presente investigación se desarrolló bajo un
diseño metodológico de naturaleza cualitativa,
ya que busca comprender en profundidad los
fenómenos jurídicos, tecnológicos y sociales
involucrados en la recolección de evidencia
digital transfronteriza y su impacto en el debido
proceso penal. Por otra parte, también se
encuentra catalogado dentro de un enfoque
descriptivo-explicativo para caracterizar los
desafíos y comprender las relaciones causales
entre la dificultad de obtención de evidencia y
las afectaciones al debido proceso. Además, se
emplea un enfoque comparativo para contrastar
la legislación y práctica ecuatoriana con el
Convenio de Budapest. El tipo y método de
investigación utilizado para el proyecto es
jurídico-comparativa para establecer
similitudes, diferencias, brechas y
convergencias entre la normativa ecuatoriana y
el Convenio de Budapest. Procedimiento: Se
definirá un conjunto de categorías y principios
clave de la recolección de evidencia digital y se
compararán sus tratamientos en ambos cuerpos
normativos.
Además, el método dogmático-jurídico ayudó
al análisis de manera profunda de la normativa
ecuatoriana (COIP, y del Convenio de
Budapest) y los artículos específicos del
Convenio de Budapest relacionados con la
recolección de evidencia digital y documental
para la recopilación y análisis crítico de
jurisprudencia nacional relevante y doctrina
especializada sobre el tema. Las técnicas
utilizadas incluyeron el análisis contenido
cualitativo aplicado a las normativas, sentencias
y doctrina, para identificar categorías, patrones,
brechas y convergencias en la recolección de
evidencia digital. La elaboración de matrices
comparativas siendo una técnica clave para
contrastar de manera estructurada los artículos
y principios del marco ecuatoriano y el
Convenio de Budapest en relación con la
recolección de evidencia y la revisión
bibliográfica sistemática para identificar y
seleccionar la doctrina y jurisprudencia más
relevante y actualizada.
Los instrumentos utilizados para el proyecto
investigativo es la matriz análisis normativo la
cual sirvió para desglosar y comparar artículos
específicos del COIP y del Convenio de
Budapest en cuanto a procedimientos,
requisitos y principios de recolección de
evidencia digital. Incluirá columnas para la
norma/artículo, descripción, procedimiento,
requisitos, y su paralelo/contraste con el otro
marco. Además, de la ficha de análisis
jurisprudencial/doctrinal para extraer
información relevante de sentencias y textos
académicos que aborden la recolección de
evidencia digital en phishing transfronterizo,
identificando criterios de aplicación, desafíos y
limitaciones. El universo de estudio para esta
investigación está formado por el conjunto de
normativas legales ecuatorianas relevantes para
la evidencia digital y el proceso penal como es
el caso del Código Orgánico Integral Penal. Así
también, con estudios relacionados con
ciberdelitos y evidencia digital, además del
Convenio de Budapest sobre
Ciberdelincuencia, y la doctrina jurídica y
académica nacional e internacional publicada
en el ámbito del derecho informático, procesal
penal y cooperación internacional en
ciberdelincuencia en los últimos cuatro años.
Dada a la naturaleza documental de la
investigación, no se seleccionará una muestra
cómo se acostumbra de manera estadística
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tradicional. En su lugar, se realizará una
selección intencional y profunda de la literatura
más relevante y actualizada en del periodo
2021-2025 que aborde los desafíos de la
evidencia digital transfronteriza, el impacto en
el debido proceso penal, y el rol del Convenio
de Budapest. Esto incluirá artículos de revistas
científicas indexadas, informes de organismos
internacionales como es el caso del Consejo de
Europa, el UNODC, la INTERPOL, y
normativas ecuatorianas que traten sobre la
obtención de evidencia digital. En relación con
el análisis de datos, se codificó la información
investigada mediante triangulación, fuentes
revisadas enfocadas en doctrinas y normativas
aplicando comparación para identificar los
elementos y patrones jurídicos. Finalmente, se
incorporaron una narrativa de manera coherente
y lógica.
Resultados y Discusión
A través de la búsqueda inicial se pudo
identificar 92 documentos, de los cuales 30
cumplió con los criterios de inclusión
relacionado al tema abordado. La gran cantidad
de los estudios identificados se centraron entre
el periodo 2020 y 2024, con predominio de
investigaciones jurídicas elaboradas en
América Latina (61%) y Europa (26%). Entre
los documentos más importante se encuentran
las normativas como el Convenio de Budapest,
el Código Orgánico Integral Penal e
información proveniente de revistas indexadas
como Redalyc y Scielo. Por medio del análisis
temático se pudo agrupar los hallazgos en
cuatro categorías claves como:
➢ Delitos informáticos relacionados al
phishing transfronterizo (n=8): estudios
enfocados en la apropiación indebida de
datos e información de manera ilegal, así
como la falsificación digital y tecnológica.
➢ Mecanismos internacionales en la
obtención de evidencia tecnológica (n=7):
estudios acerca de las medidas del
Convenio de Budapest como la
conservación de información e
interceptación de datos en tiempo real.
➢ Limitaciones y barreras normativas en
ámbitos transfronterizos (n=9): Estudios
que proporcionan información acerca de a
ausencia de lineamientos técnicos,
sincronización y cooperación en el
contexto ecuatoriano.
➢ Enfoque doctrinarias en relación con la
ciberdelincuencia (n=6): Información que
distinguen el marco jurídico nacional con
las normas internacionales, donde se
muestran vacíos y desafíos en la aplicación
práctica ante casos phishing
transfronterizo.
Se detectó vacíos dentro los estudios
identificados acerca de protocolos preventivos,
preservación y validación de pruebas digitales
en relación con el phishing transfronterizo, así
como cooperación y coordinación internacional
ante este tipo de situaciones. Es importante
mencionar que ciertos estudios presentaron un
enfoque transversal, lo que significa que pueda
vincularse con más de una categoría plateada.
Sin embargo, se realizó la categorización de
cada documento según a la categoría en la cual
se relacionaba. Esto demuestra las
coincidencias numéricas en su totalidad de los
documentos.
Bajo este contexto, se consiguió como resultado
los siguientes hallazgos:
➢ Mediante el análisis documental se
revisaron 30 documentos en su totalidad.
La clasificación fue la siguiente: Normativa
e información de organismos
internacionales: 7 documentos (25%) entre
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los cuales se encuentra el Código Orgánico
Integral Penal, Constitución de la
República del Ecuador, Convenio de
Budapest y otras entidades internacionales
como la UNODC, Iinteropol, FBI y
Council of Europe. Doctrina: 23
documentos (75%), los cuales están
conformados por artículos de revistas
indexadas, ensayos y libros donde abordan
el problema de la ciberdelincuente en
Ecuador y de manera internación.
➢ Vacíos normativos identificados: Se
observaron 15 aspectos puntuales que
carecen en la regulación y sanción
relacionada al phishing transfronterizo en
el Código Orgánico Integral Penal frente al
Convenio de Budapest. Los puntos más
relevantes son los siguientes: Carencia de
normativa clara acerca de la cooperación y
coordinación transfronteriza en tiempo
real. Ausencia de un mecanismo para la
conservación de datos e información de
manera rápida. Deficiencia de estándares
para validar los casos en el ámbito
ecuatoriano al entorno internacional.
➢ Convergencias: Se identificó 8 principios
comunes entre ambas normativas
analizadas entre las cuales se determinó los
siguientes puntos: &Delito informático
como fenómeno global. Tipificación de
conductas relacionadas al acceso sin
consentimiento. Proteger la
confidencialidad y los datos personales de
los usuarios. Regular la interceptación de
comunicación vía online. Importancia de la
cadena de custodia en la evidencia
tecnológica. Responsabilidad de los
proveedores de servicios de internet.
Necesidad de mecanismos de cooperación
judicial. Preservación de los derechos clave
mediante la investigación.
➢ Además, mediante el análisis se pudo
determinar que COIP abordar temas
relacionados con acciones y conductas
informáticas en sus siguientes artículos:
Artículo 190, Artículo 229, Artículo 230,
Artículo 234, Artículo 234.1, Artículo 444,
Artículo 448.
➢ En el Convenio de Budapest se
identificaron 8 artículos, los cuales se
enfocan en la conservación, revelación e
interceptación de información y de datos
digitales en sus siguientes artículos:
Artículo 16, Artículo 17, Artículo 18,
Artículo 21, Artículo 25, Artículo 28,
Artículo 29, Artículo 30.
Los resultados permiten concluir que esta
impunidad organizacional con delitos
informáticos queda incentivada en el marco de
la globalización, es decir, la razonabilidad de
los vacíos del COIP en relación con la
cooperación internacional determina que sea
menos efectiva la respuesta al phishing de orden
transfronterizo (Acosta et al., 2020). Una dosis
de información adicional le da Benavides et al.
(2020), quienes detectaron ciertos patrones en
los ataques que demanda respuestas en la esfera
informacional homogéneas. En este sentido,
Bustillos y Rojas (2023), insisten en que, si no
hay una cultura de ciberseguridad desde donde
aplicar las normas, estas pierden efectividad, lo
cual a su vez conecta con el hallazgo de que el
usuario se comporta como el eslabón más débil.
Campos et al. (2024), subrayan que la ingeniería
social no ha dejado de ser la técnica fundacional
del phishing, lo que sirve para aseverar que las
debilidades no son solo jurídicas, sino también
sociales. Casey (2011), asegura que la
efectividad de la prueba digital debe cumplir
con estándares internacionales regulares, el
problema está íntimamente vinculado a la falta
de protocolos en Ecuador, en función de los
cuales se garantizaría la conservación rápida de
los datos. Clancy (2023), asegura que los
riesgos aumentan en función de la progresiva
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evolución tecnológica, lo que es suficiente para
hacer notar lo que el artículo 229 del COIP
resulta demasiado limitante, sin la adecuada
delimitación internacional de los casos de
ingeniería social.
La normativa ecuatoriana, aunque reconoce
derechos procesales fundamentales, presenta
vacíos en cuanto a la regulación de
procedimientos técnicos orientados a la
preservación de la evidencia digital. Mientras el
Código Orgánico Integral Penal (2014), aborda
ciertas conductas delictivas informáticas, su
alcance resulta limitado frente a las necesidades
de un entorno tecnológico en constante
evolución. En contraste, el Convenio de
Budapest (2001), ofrece directrices más
precisas sobre conservación y cooperación
internacional, estableciendo estándares que
facilitan la investigación de delitos cibernéticos.
En este sentido, Ordóñez (2024), argumenta que
la falta de armonización entre estas normativas
debilita la colaboración judicial y reduce la
eficacia de la evidencia en casos
transnacionales, lo que pone de manifiesto la
urgencia de actualizar el marco legal
ecuatoriano para responder de manera efectiva
a los desafíos digitales.
El Council of Europe (2024), señala que la
cooperación internacional, la cual versa sobre el
conjunto de relaciones que se dan entre los
Estados en las controversias de orden
internacional, es el pilar básico de toda
estrategia contra la ciberdelincugencia, esto se
encuentra en consonancia con la Oficina
Federal de Investigación (FBI, 2025), que por
su parte menciona que, si no se produce una
preservación inmediata, la evidencia digital se
perderá. Flores et al. (2024), argumentan que,
para el caso ecuatoriano, el marco normativo no
se encuentra alineado a marcos de alcance
global, por lo que se acerca a la complejidad del
phishing. Mendoza (2024), se suma al acotar
que, en el marco de Latinoamérica, incluido el
marco ecuatoriano, los marcos normativos están
desfasados con respecto a la evolución criminal,
lo que garantizan vacíos frente a los delitos
tecnológicos. Freire et al. (2024), reafirman que
es indispensable implementar una continua
actualización del marco normativo legal con el
fin de responder a la innovación criminal.
Fuentes (2025), incluso reconoce que el COIP
contempla avances en la tipificación, pero no en
cuanto a los protocolos de cooperación.
Hernández y Baluja (2021), concluyen que las
redes sociales se han determinado como un
canal por excelencia para el phishing (cosa que
indica la insuficiencia de sancionar únicamente
la conducta de interceptar comunicaciones),
mientras que Maldonado y Peña (2023) también
se hacen eco de este argumento al conseguir que
el impacto económico y social de los delitos
informáticos consigan un marco normativo más
robusto.
Morales (2025), sostiene que la brecha
tecnológica entre naciones establece las
condiciones a partir de las cuales pueden ser
eficaces las disposiciones jurídicas; en la misma
línea Maldonado (2025), evidencia el aumento
de ciberataques en Ecuador y la falta de
reformas legales que permitirían combatirlos.
Sin embargo, Ortiz (2020), agrega que la
inflexibilidad del derecho penal ecuatoriano le
impide adaptarse a los avances de las nuevas
modalidades delictivas. En conjunto, los
resultados evidencian un consenso entre los
autores respecto a las deficiencias normativas y
la necesidad de cooperación internacional frente
a los delitos informáticos. Ponce (2024),
advierte que la legislación ecuatoriana no
responde con la rapidez necesaria ante la
evolución de los ataques digitales, lo que genera
vulnerabilidad jurídica. En concordancia, Raza
(2021), enfatiza que la tutela de los datos
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personales debe convertirse en un eje esencial
de la cooperación judicial, pues su adecuada
protección fomenta la confianza transfronteriza.
Esta idea se complementa con Rosas y Pila
(2022), quienes sostienen que la falta de
garantías efectivas en materia de privacidad
debilita dicha confianza entre los Estados,
obstaculizando los esfuerzos colaborativos. En
suma, la interacción de estas perspectivas revela
que la efectividad de la cooperación
internacional depende de la actualización
legislativa y de la consolidación de mecanismos
sólidos de protección de datos personales
La Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODD, 2022), buscar la homologación de
las leyes nacionales con los instrumentos de
naturaleza global, y así refrendar el papel del
Convenio de Budapest (2001), adoptado por el
Consejo de Europa. La Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol,
2024), indica que el phishing se extiende y que
la falta de coordinación entre los países
favorece la impunidad en algún punto de los
tipos penales. La Organización de los Estados
Americanos (OEA, 2020), añade que, en
América Latina, una de las muchas
preocupaciones es que hay una fragmentación
normativa, lo que ha impedido realizar políticas
conjuntas para el control y la respuesta de
incidentes delictivos en línea o delitos
cibernéticos en general. El Ministerio del
Interior (2024), proporciona estadísticas que
evidencian un aumento de los casos de phishing
en Ecuador, dado que no es una problemática
únicamente internacional, sino también
nacional. Estas estadísticas corroboran que los
vacíos del COIP son mucho más que una
cuestión teórica, son vacíos que comportan
consecuencias en la protección de las víctimas.
Los informes internacionales institucionales
avalan estas observaciones. El Council of
Europe (2024) y la European Union Agency for
Criminal Justice Cooperation (2021),
postulaban que la cooperación judicial es
preciso que sea libre de interferencias
burocráticas. Combinada con la Oficina Federal
de Investigación (FBI, 2025) y las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD,
2022), se puede afirmar que sin coordinación
interestatal y sin estándares técnicos comunes,
la normativa nacional pierde su sentido frente a
la globalidad del phishing.
Conclusiones
A través del análisis realizado se pudo
identificar 15 vacíos normativos encontrados en
el Código Orgánico Integral Penal, los cuales
son una barrera para la persecución eficaz del
phishing transfronterizo. Entre los vacíos más
importantes se encuentra la carencia de
mecanismo de conservación de personales de
manera rápida, la carencia de protocolos
adecuados para interceptar ataques en tiempo
real y la inexistencia de rutas de cooperación y
coordinación inmediata entre las jurisdicciones.
En contraste con el Convenio de Budapest
refleja que mientras este organismo
internacional proporciona procesos lógicos y
estructurados, la normativa de Ecuador aún
mantiene un enfoque inadecuado para llevar
casos de delitos informáticos a nivel
internacional. Como resultado, en casos
transfronterizo las pruebas digitales suelen
perderse o no tiene validez procesal en el
contexto ecuatoriano, lo cual debilita la
capacidad para sancionar casos de phishing
transfronterizo en el país.
Para superar estas barreras, es necesario la
modificación de disposiciones del Código
Orgánico Integral Penal, especialmente en su
artículo 444, con el objetivo de aplicar reglas
puntuales acerca de la preservación de pruebas
digitales. Asimismo, es fundamental elaborar
una unidad que se especialice en caso de
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ciberdelitos con enfoque técnico y jurídico, el
cual debería ser respaldado por un presupuesto
adecuado. Es importante mencionar que estos
hallazgos son sustentados mediante la revisión
documental y en análisis de casos en el contexto
ecuatoriano, donde el Ecuador perdió evidencia
fundamental debido a la deficiencia jurídica en
relacionado con el tema abordado. Finalmente,
es necesario que se implemente los estándares
de organismos internacionales como el del
Convenio de Budapest para asegurar
procedimientos judiciales efectivos y una
protección adecuada a los datos de los
ciudadanos en el ámbito digital.
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Jacqueline Reyes Quezada y Cristian Andrés
Palacios Rodas.
