Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 6.1
Edición Especial II 2025
Página 875
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE DERECHO:
OPORTUNIDADES, VENTAJAS Y RIESGOS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UNIVERSITY LAW EDUCATION: OPPORTUNITIES,
ADVANTAGES AND RISKS
Autores: ¹Ariel Jhordan Tinitana Martínez y ²Luis Mauricio Maldonado Ruiz.
¹ORCID ID: https://orcid.org/0009-0006-9031-2287
²ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0956-7869
¹E-mail de contacto: arieltinitana10@gmail.com
²E-mail de contacto: maldonadoluismauricio@gmail.com
Afiliación:
1*2*3*4*
Universidad Internacional del Ecuador, (Ecuador).
Artículo recibido: 5 de Agosto del 2025
Artículo revisado: 7 de Agosto del 2025
Artículo aprobado: 9 de Agosto del 2025
¹Estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador, (Ecuador).
²Abogado graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja, (Ecuador). Master in Criminal Justice - Criminal Justice And
Criminology graduado en la Universidad del Este, (Argentina).
Resumen
La inteligencia artificial está transformando la
educación jurídica universitaria, ofreciendo
oportunidades para personalizar el aprendizaje,
optimizar la enseñanza y facilitar el acceso a
información jurídica compleja. Su integración
permite a los estudiantes desarrollar
competencias esenciales como pensamiento
crítico, análisis de datos y habilidades prácticas
mediante simulaciones y entornos interactivos.
Sin embargo, también plantea riesgos
significativos: sesgos algorítmicos, falta de
transparencia en decisiones automatizadas,
vulneración de la privacidad, disminución de la
interacción humana y aumento del plagio.
Estos desafíos exigen un uso ético y
responsable, evitando que la tecnología
sustituya el juicio humano. La educación
jurídica debe adaptarse incorporando la IA de
forma transversal en el currículo, abordando
tanto su aplicación técnica como sus
implicaciones éticas y sociales. Las facultades
tienen el deber de preparar abogados híbridos,
capaces de combinar conocimientos jurídicos
sólidos con competencias tecnológicas y un
manejo crítico de estas herramientas. Para ello,
se requieren políticas institucionales claras,
capacitación docente continua y cooperación
interdisciplinaria. La clave del éxito radica en
equilibrar innovación y principios
fundamentales del derecho, garantizando
transparencia, equidad y responsabilidad. Bien
utilizada, la IA no sustituye al profesional, sino
que lo fortalece, preparándolo para liderar en
un contexto legal cada vez más digitalizado y
complejo. Más que reemplazar al abogado del
futuro, la IA puede ser la herramienta que lo
acompañe, apoyando su formación y
preparación para enfrentar los retos del
ejercicio profesional.
Palabras clave: Inteligencia artificial,
Educación universitaria, Derecho,
Oportunidades, Ventajas, Riesgos.
Abstract
Artificial intelligence is transforming
undergraduate legal education, offering
opportunities to personalize learning, optimize
teaching, and facilitate access to complex legal
information. Its integration allows students to
develop essential competencies such as critical
thinking, data analysis, and practical skills
through simulations and interactive
environments. However, it also poses
significant risks: algorithmic biases, lack of
transparency in automated decisions, violations
of privacy, decreased human interaction, and
increased plagiarism. These challenges require
ethical and responsible use, preventing
technology from replacing human judgment.
Legal education must adapt by incorporating
AI transversally into the curriculum,
addressing both its technical application and its
ethical and social implications. Faculties have
a duty to prepare hybrid lawyers, capable of
combining solid legal knowledge with
technological competencies and a critical
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handling of these tools. This requires clear
institutional policies, ongoing faculty training,
and interdisciplinary cooperation. The key to
success lies in balancing innovation and
fundamental legal principles, ensuring
transparency, equity, and accountability. When
used properly, AI does not replace
professionals, but rather strengthens them,
preparing them to lead in an increasingly digital
and complex legal environment. Rather than
replacing the lawyer of the future, AI can be the
tool that accompanies them, supporting their
training and preparation to face the challenges
of professional practice.
Keywords: Artificial intelligence, University
education, Law, Opportunities, Advantages,
Risks.
Sumário
A inteligência artificial está transformando o
ensino de graduação em Direito, oferecendo
oportunidades para personalizar o aprendizado,
otimizar o ensino e facilitar o acesso a
informações jurídicas complexas. Sua
integração permite que os alunos desenvolvam
competências essenciais, como pensamento
crítico, análise de dados e habilidades práticas,
por meio de simulações e ambientes
interativos. No entanto, também apresenta
riscos significativos: vieses algorítmicos, falta
de transparência em decisões automatizadas,
violações de privacidade, diminuição da
interação humana e aumento de plágio. Esses
desafios exigem uso ético e responsável,
impedindo que a tecnologia substitua o
julgamento humano. O ensino jurídico deve se
adaptar, incorporando a IA transversalmente ao
currículo, abordando tanto sua aplicação
técnica quanto suas implicações éticas e
sociais. As faculdades têm o dever de preparar
advogados híbridos, capazes de combinar
sólidos conhecimentos jurídicos com
competências tecnológicas e um manejo crítico
dessas ferramentas. Isso requer políticas
institucionais claras, treinamento contínuo do
corpo docente e cooperação interdisciplinar. A
chave para o sucesso está em equilibrar
inovação e princípios jurídicos fundamentais,
garantindo transparência, equidade e
responsabilização. Quando usada
corretamente, a IA não substitui os
profissionais, mas os fortalece, preparando-os
para liderar em um ambiente jurídico cada vez
mais digital e complexo. Em vez de substituir o
advogado do futuro, a IA pode ser a ferramenta
que o acompanha, apoiando sua formação e
preparação para enfrentar os desafios da prática
profissional.
Palavras-chave: Inteligência artificial,
Ensino superior, Direito, Oportunidades,
Vantagens, Riscos.
Introducción
La inteligencia artificial (IA) está
transformando profundamente la educación,
proporcionando herramientas que permiten
adaptar el aprendizaje (Creswell y Creswell,
2018; Flick, 2022) a las necesidades
individuales y renovar las metodologías de
enseñanza. Su presencia en la educación
superior, y especialmente en las facultades de
derecho, se vuelve cada vez más significativa.
Investigaciones recientes, como la llevada a
cabo en la Universidad Autónoma de Querétaro,
México, revelan que muchos estudiantes ya
recurren a soluciones basadas en IA, lo que
también genera debates sobre ética, privacidad
(UNESCO, 2021; Galiana, 2024) y los límites
del aprendizaje asistido por tecnología. La IA
debe actuar como un complemento que
fortalezca las competencias del estudiante, sin
sustituir el razonamiento crítico ni comprometer
sus valores éticos.
En el ámbito jurídico, el cambio no depende de
si la IA influirá en la práctica legal, sino de
cómo lo hará. Aunque no reemplazará a los
abogados, quienes no integren estas
herramientas en su labor podrían quedar en
desventaja. Así, se perfila un nuevo perfil
profesional: juristas híbridos, capaces de
combinar un conocimiento profundo del
derecho con habilidades tecnológicas
avanzadas y un manejo ético y crítico de la IA,
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(Lazar, 2025). La enseñanza del derecho debe
adaptarse a esta realidad, incorporando la
tecnología de manera transversal en el
currículo, más allá de cursos específicos. En la
actualidad, las facultades de derecho tienen el
deber de preparar profesionales capaces de
comprender, evaluar y emplear la inteligencia
artificial de forma ética y estratégica (Ricciardi,
2025; Heuser, 2025). Este trabajo examina las
oportunidades, beneficios y riesgos que la IA
plantea en la educación jurídica y plantea
estrategias para su incorporación responsable,
con el fin de capacitar a los futuros abogados
para liderar en un contexto legal cada vez más
digitalizado.
El uso de tecnologías avanzadas está ofreciendo
múltiples oportunidades para enriquecer la
formación jurídica, desde adaptar el aprendizaje
a cada estudiante hasta optimizar procesos
docentes y fomentar habilidades esenciales para
el ejercicio profesional moderno. (Creswell y
Creswell, 2018; Flick, 2022). Las herramientas
digitales permiten que la educación se adapte a
las necesidades particulares de cada estudiante,
facilitando una comprensión más rápida y
profunda de los contenidos. Los profesores
pueden diseñar actividades interactivas,
resolver dudas de manera más ágil y ofrecer
retroalimentación inmediata, enfocándose en
los aspectos que requieren mayor atención. Por
ejemplo, instituciones como el Tecnológico de
Monterrey utilizan plataformas que permiten
ajustar los contenidos a cada alumno y evaluar
su desempeño en tiempo real, mejorando tanto
la experiencia de aprendizaje como la eficiencia
de los profesores. (Ramos, 2024)
El acceso a grandes volúmenes de información
jurídica se ha simplificado, permitiendo
búsquedas más rápidas y análisis de datos
complejos (Ratti, 2025). Esto ayuda a los
estudiantes y profesionales a desarrollar
estrategias legales más precisas y
fundamentadas. Además, el uso de estas
herramientas contribuye a reducir las barreras
de acceso a la justicia, ya que permite diseñar
recursos que acercan la información legal a
quienes lo necesitan, fortaleciendo la función
social de la educación jurídica. El uso de la
tecnología en el aprendizaje impulsa el
pensamiento crítico (Pant et al., 2022) y la
habilidad para analizar la información con rigor.
Varias facultades han incorporado simulaciones
de juicios, negociaciones y desarrollo de
aplicaciones legales, brindando a los
estudiantes la oportunidad de vivir experiencias
cercanas a la realidad en un entorno seguro y de
adquirir competencias que los capaciten para
desenvolverse en un contexto profesional cada
vez más exigente. La integración de estas
herramientas redefine la relación entre docente
y estudiante. Los profesores pasan de ser
transmisores de conocimiento a facilitadores y
mentores, centrados en diseñar experiencias de
aprendizaje complejas y evaluar la interacción
tecnológica. Los estudiantes, a su vez, dejan de
ser receptores pasivos para convertirse en
participantes activos, capaces de guiar y
analizar los resultados de estas herramientas,
desarrollando habilidades que ninguna
tecnología puede reemplazar: pensamiento
crítico (Pant et al., 2022), creatividad y juicio
ético.
La incorporación de la tecnología en la
educación jurídica constituye un factor
determinante en la transformación de los
procesos formativos, puesto que posibilita
nuevas dinámicas de enseñanza, investigación y
práctica profesional. En primer lugar, la
personalización del aprendizaje se presenta
como un eje fundamental, ya que permite la
adaptación de los contenidos a las necesidades
individuales de cada estudiante, favoreciendo
una retroalimentación más precisa y el diseño
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de actividades ajustadas a sus capacidades y
ritmos de estudio. En el ámbito de la
investigación jurídica, la tecnología se erige
como un recurso de gran relevancia, dado que
facilita el acceso ágil a información
especializada, posibilita el análisis de datos
complejos y contribuye a la construcción de
estrategias legales más sólidas, lo cual optimiza
tanto la labor académica como la profesional.
Del mismo modo, la automatización docente se
convierte en un soporte clave para la gestión
académica, al permitir la creación eficiente de
cuestionarios, rúbricas y materiales educativos.
Este proceso libera tiempo significativo para
que el docente se concentre en actividades de
mayor valor pedagógico, como la orientación
personalizada y la interacción directa con el
alumnado.
Por otra parte, el fortalecimiento de las
habilidades prácticas mediante la tecnología
resulta indispensable en la formación de futuros
profesionales del derecho. A través de
simulaciones de juicios, procesos de
negociación y el desarrollo de aplicaciones
legales, los estudiantes pueden aproximarse a
escenarios que reproducen la realidad jurídica,
lo que favorece una preparación más integral.
Adicionalmente, el análisis del aprendizaje
basado en herramientas tecnológicas permite
evaluar de manera sistemática el progreso
estudiantil y diseñar rutas de aprendizaje
diferenciadas. Este enfoque contribuye a la
mejora continua del proceso educativo y
asegura un mayor nivel de eficiencia en la
adquisición de competencias jurídicas.
Finalmente, la tecnología se vincula
estrechamente con el acceso a la justicia, ya que
impulsa el desarrollo de instrumentos que
facilitan la comprensión de los derechos y
promueven la equidad legal. En este sentido, no
solo beneficia la formación académica, sino que
también fortalece la responsabilidad social de
las instituciones jurídicas y educativas, al
acercar el conocimiento legal a la ciudadanía en
general. Por los motivos anteriormente
expuestos, el objetivo se centró en analizar las
oportunidades, riesgos y lineamientos éticos
para la integración de la inteligencia artificial en
la educación universitaria de Derecho en
Ecuador, considerando la normativa vigente y
las buenas prácticas internacionales. Además
de, identificar las principales aplicaciones y
beneficios de la IA en la formación universitaria
de Derecho; examinar los riesgos éticos,
pedagógicos y legales asociados a su uso en el
contexto académico; revisar la normativa
vigente en Ecuador y compararla con marcos
regulatorios internacionales sobre IA y
educación, y; proponer estrategias y
lineamientos para una integración responsable y
ética de la IA en las facultades de Derecho.
Materiales y Métodos
Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque
cualitativo, basado en la revisión y el análisis de
literatura académica, normativa y documentos
institucionales vinculados al uso de la
inteligencia artificial (IA) en la enseñanza
universitaria del Derecho. La elección de este
enfoque se sustenta en que el propósito central
es comprender los fenómenos, identificar sus
implicaciones éticas y proponer lineamientos
estratégicos, más que cuantificar datos o
efectuar mediciones estadísticas (Hernández et
al., 2021). El estudio es de tipo descriptivo y
exploratorio, ya que busca caracterizar las
oportunidades, riesgos y estrategias asociadas a
la integración de IA en la educación jurídica,
considerando la realidad ecuatoriana y el
contexto global. Asimismo, posee un carácter
documental, puesto que se basa en la revisión de
bibliografía especializada, informes de
organismos internacionales y normativa
vigente. El estudio sigue un diseño no
experimental y transversal, ya que se basa en la
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revisión de documentos y datos previamente
recopilados durante un período determinado
(2020-2025), sin intervenir ni manipular las
variables, y se centra en describir la situación en
un momento específico.
Resultados y Discusión
Riesgos y desafíos de la integración
tecnológica en la educación jurídica
universitaria
Aunque la incorporación de tecnologías
avanzadas en la educación jurídica ofrece
múltiples beneficios, también plantea desafíos
importantes que requieren un enfoque
cuidadoso y reflexivo.
Consideraciones éticas y protección de datos
El uso de herramientas tecnológicas basadas en
datos históricos puede reproducir o intensificar
sesgos existentes, generando desigualdades si la
información utilizada no es representativa o si
existe acceso desigual a la tecnología. En el
contexto legal, los sistemas que predicen
resultados judiciales deben ser monitoreados de
manera rigurosa para evitar la reproducción de
discriminación por razones de género, raza o
condición socioeconómica. Además, la
opacidad de algunos algoritmos dificulta la
comprensión de cómo se toman ciertas
decisiones, lo que entra en conflicto con
principios fundamentales del derecho, como la
transparencia, la rendición de cuentas y el
derecho a recibir explicaciones claras. La
educación jurídica debe formar profesionales
capaces de reconocer los límites de estas
herramientas, usarlas de manera ética y saber
cuándo abstenerse de aplicarlas, priorizando
siempre el juicio humano y la reflexión ética por
encima de la eficiencia tecnológica. El
tratamiento de grandes cantidades de datos de
los estudiantes conlleva también riesgos
relacionados con la privacidad. Sin la
implementación de protocolos de seguridad
apropiados y el consentimiento informado, la
información sensible podría ser utilizada de
manera indebida o quedar expuesta, generando
incertidumbre sobre la responsabilidad frente a
errores o decisiones automatizadas.
Efectos en el pensamiento crítico y
habilidades humanas
El uso excesivo de tecnología puede afectar la
capacidad de análisis, resolución de problemas,
creatividad y expresión individual. Cuando los
estudiantes dependen demasiado de resultados
automatizados, su aprendizaje se vuelve
superficial y pasivo. Asimismo, disminuyen las
interacciones presenciales, esenciales para el
desarrollo socioemocional y colaborativo, así
como para la construcción de relaciones
significativas con los docentes. Como advierte
Rocío Ramírez, solo un juicio jurídico sólido
puede cuestionar de manera crítica los
resultados automatizados, y alcanzar este nivel
de competencia requiere tiempo y esfuerzo. La
educación jurídica debe resistir la tentación de
soluciones rápidas y fomentar el desarrollo de
habilidades cognitivas superiores, exponiendo a
los estudiantes a la ambigüedad y a la toma de
decisiones complejas.
Plagio y ética académica
La posibilidad de generar contenido de forma
automatizada ha incrementado los casos de
plagio y la dependencia de la tecnología
(Hanna, 2025), lo que repercute en el desarrollo
del pensamiento crítico (Pant et al., 2022). En
respuesta, las universidades han implementado
políticas que regulan el uso de estas
herramientas, considerándolo una forma de
deshonestidad académica cuando se emplean
sin autorización. No obstante, una prohibición
absoluta podría ser injusta para quienes carecen
de apoyo externo, por lo que la estrategia más
adecuada es aquella que combine formación,
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supervisión y fomento de un uso responsable y
ético de la tecnología.
Desafíos de implementación y capacitación
docente
La integración tecnológica enfrenta barreras
culturales y de formación. Muchos docentes
reconocen su potencial, pero carecen de
capacitación adecuada, mientras que algunos
estudiantes sienten que su formación no los
prepara suficientemente para usar estas
herramientas. Además, la adopción implica
costos iniciales altos y colaboración con
especialistas, lo que demanda planificación y
recursos sostenidos. Para afrontar estos
desafíos, resulta esencial invertir en la
formación continua del profesorado, no solo
enfocada en el uso de las herramientas, sino
también en la comprensión de sus implicaciones
éticas, pedagógicas y profesionales. En
definitiva, la capacitación de los docentes
constituye la pieza clave para garantizar la
pertinencia y la calidad de la educación jurídica
en el futuro.
Tabla 2. Principales riesgos y desafíos éticos en
la educación jurídica
Riesgo/Desafío
Descripción y Implicaciones
Sesgos
Algorítmicos
Riesgo de perpetuar desigualdades (género,
raza, socioeconómicas) en sistemas
predictivos.
Falta de
Transparencia
Dificultad para entender decisiones
automatizadas, afectando la rendición de
cuentas.
Privacidad y
Protección de
Datos
Uso indebido o exposición de información
personal y académica.
Impacto en el
Pensamiento
Crítico
Reducción de habilidades analíticas,
creatividad y autonomía del estudiante.
Menor Interacción
Humana
Disminución del aprendizaje colaborativo y
afectación de relaciones profesor-alumno.
Plagio y Ética
Académica
Aumento del plagio y dependencia de
resultados automatizados.
Responsabilidad
Legal
Dificultad para asignar responsabilidad ante
errores o negligencias de la herramienta.
Barreras de
Implementación
Resistencia cultural, falta de capacitación
docente y altos costos de adopción.
Fuente: elaboración propia
Estrategias para una integración
responsable y ética de tecnologías avanzadas
en la educación jurídica
Para aprovechar plenamente las oportunidades
que las tecnologías avanzadas ofrecen y, al
mismo tiempo, minimizar sus riesgos, es
necesario un enfoque estratégico que abarque el
diseño curricular, las políticas institucionales, la
capacitación continua y la colaboración
interdisciplinaria. En cuando al desarrollo
curricular y políticas institucionales, es esencial
incorporar desde los primeros años de la carrera
cursos obligatorios que aborden no solo el uso
de herramientas tecnológicas, sino también sus
implicaciones éticas, sociales y profesionales.
La integración debe ser transversal, de manera
que los estudiantes puedan aplicar y evaluar
críticamente estas herramientas en distintos
contextos legales, manteniendo un fuerte
énfasis en los fundamentos de la investigación
jurídica, el razonamiento legal y las habilidades
humanas esenciales. Paralelamente, las
instituciones deben establecer políticas claras y
códigos de conducta que regulen el uso de estas
tecnologías en tareas, exámenes y proyectos
académicos, definiendo de manera explícita lo
que constituye un uso autorizado y lo que se
considera deshonestidad académica. La
tendencia va de políticas restrictivas iniciales
hacia marcos de "integración regulada",
reconociendo que la tecnología forma parte
inevitable del entorno jurídico y debe enseñarse
su uso responsable. Además, la creación de
marcos regulatorios internos y externos debe
garantizar principios como ética, transparencia,
equidad, privacidad y responsabilidad social.
La formación continua de docentes y personal
administrativo es indispensable. Los programas
de desarrollo profesional deben permitir
comprender las aplicaciones tecnológicas y sus
implicaciones pedagógicas y éticas, así como
promover metodologías que fomenten el
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pensamiento crítico (Pant et al., 2022) y la
evaluación rigurosa de los resultados generados
por las herramientas digitales. La ética debe ser
un componente transversal del currículo: cada
aplicación tecnológica en investigación,
redacción o análisis legal debe acompañarse de
discusión sobre sesgos, transparencia,
supervisión humana y responsabilidad
profesional. Esto asegura que los estudiantes
desarrollen competencias digitales sólidas y una
conciencia profunda de su impacto moral y
social, formando abogados capaces de aplicar la
tecnología de manera crítica y responsable.
Fomentar la cooperación con expertos en
tecnología, empresas legales y otras disciplinas
permite enriquecer el currículo y desarrollar
soluciones innovadoras. La creación de
laboratorios o centros de innovación
tecnológica dentro de las facultades de derecho
facilita la experimentación, la investigación y la
implementación de proyectos piloto antes de su
adopción generalizada. La educación en
Derecho debe evolucionar hacia un espacio
caracterizado por la flexibilidad y el
dinamismo, en el que la innovación y la
constante actualización sean elementos
fundamentales. Esto requiere que el plan de
estudios se mantenga en revisión continua, de
modo que pueda incorporar de forma oportuna
los avances tecnológicos y responder
adecuadamente a las transformaciones y
exigencias propias del ejercicio jurídico.
Asimismo, es esencial promover una cultura
académica que valore el aprendizaje
permanente y la capacidad de adaptación, ya
que ambas competencias resultan
imprescindibles para que los futuros abogados
enfrenten con éxito los retos de una profesión
en constante cambio. A continuación, se
muestran las estrategias claves para una
integración responsable:
Tabla 2. Estrategias clave para una integración
responsable de tecnologías en derecho
Estrategia
Descripción y Acciones Recomendadas
Desarrollo
Curricular
Adaptativo
Cursos obligatorios sobre tecnologías y ética,
integración transversal en materias, equilibrio
entre fundamentos legales y habilidades
tecnológicas.
Políticas
Institucionales
Claras
Códigos de conducta y directrices de uso,
incluyendo límites, regulación de datos y
privacidad.
Capacitación y
Alfabetización
Integral
Formación continua para docentes, personal y
estudiantes en competencias digitales y uso ético
de la tecnología.
Fomento del
Pensamiento
Crítico
Actividades y evaluaciones que desarrollen
razonamiento autónomo, supervisión humana y
juicio profesional.
Colaboración
Interdisciplinaria
Alianzas con expertos, empresas y otras
facultades para enriquecer el currículo y generar
innovación.
Monitoreo y
Adaptación
Continua
Evaluación constante de políticas y currículo,
ajustando a avances tecnológicos y necesidades
del mercado legal.
Promoción de la
Integridad
Académica
Implementación de herramientas antiplagio y
promoción de una cultura de uso ético y
responsable.
Fuente: elaboración propia
La inteligencia artificial se concibe como un
conjunto de sistemas informáticos capaces de
ejecutar tareas que requieren inteligencia
humana, tales como el razonamiento, la
comprensión del lenguaje, el aprendizaje y la
resolución de problemas (Flick, 2022). En el
ámbito educativo, su integración se ha traducido
en la creación de entornos de aprendizaje
adaptativos, asistentes virtuales, herramientas
de evaluación automatizada y sistemas de
análisis predictivo que buscan potenciar la
experiencia formativa. En el caso de la
educación jurídica, su impacto adquiere una
doble dimensión: por un lado, se presenta como
herramienta pedagógica que permite
personalizar la enseñanza, facilitar el acceso a
bases de datos jurídicas y simular procesos
judiciales; por otro, se convierte en objeto de
estudio al exigir que los futuros abogados
comprendan sus fundamentos, alcances,
limitaciones y riesgos, con el fin de garantizar
su aplicación y regulación bajo principios
éticos. Desde la perspectiva constructivista, el
aprendizaje se concibe como un proceso activo
mediante el cual el estudiante construye su
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propio conocimiento a partir de experiencias
previas y la interacción con su entorno. La
inteligencia artificial puede potenciar este
proceso al proporcionar recursos
personalizados y entornos interactivos que
promuevan un aprendizaje más autónomo y
significativo. Sin embargo, su aplicación no
debe ser concebida como un sustituto de la labor
docente, sino como un complemento de apoyo
que permita al profesor desempeñar su rol de
facilitador. El riesgo de dependencia
tecnológica es un aspecto que merece especial
atención, pues el uso acrítico de estas
herramientas podría debilitar la capacidad
reflexiva y el razonamiento crítico que son
inherentes a la formación de juristas.
En este sentido, resulta pertinente advertir que
la incorporación de la inteligencia artificial en
la educación jurídica también plantea riesgos
éticos y jurídicos que deben ser objeto de
reflexión. La dependencia excesiva de sistemas
automatizados puede limitar el desarrollo de
competencias esenciales como la
argumentación, la interpretación de normas y el
análisis crítico de la realidad jurídica. Además,
la opacidad de ciertos algoritmos genera
cuestionamientos sobre la transparencia, la
rendición de cuentas y la responsabilidad en la
toma de decisiones, aspectos que constituyen
principios fundamentales del derecho moderno
(Denzin y Lincoln, 2018). Estos dilemas ponen
de manifiesto la necesidad de una regulación
adecuada que garantice tanto el uso ético de la
tecnología como la preservación de las
competencias humanas indispensables para el
ejercicio profesional. En el contexto
ecuatoriano, aunque no existe una ley específica
que regule de manera integral la inteligencia
artificial, sí se dispone de marcos normativos
que inciden indirectamente en su aplicación
dentro de la educación superior y, por ende, en
la formación de abogados (OCDE, 2019). La
Constitución de la República del Ecuador de
2008 reconoce el derecho a la protección de
datos personales en su artículo 66, numeral 19,
y dispone en el artículo 385 que el sistema de
educación superior debe garantizar la formación
académica con pertinencia social y tecnológica.
A ello se suma la Ley Orgánica de Protección
de Datos Personales de 2021, que regula el
tratamiento de la información bajo principios de
consentimiento informado, seguridad y
responsabilidad proactiva. Asimismo, la Ley
Orgánica de Educación Superior establece la
obligación de las universidades de incorporar
innovaciones tecnológicas en sus procesos
académicos, mientras que el Código Orgánico
Integral Penal sanciona los delitos informáticos
y la vulneración de datos personales en sus
artículos 230 a 233.
A nivel internacional, diversos instrumentos
han sido aprobados con el objetivo de orientar
el desarrollo y la utilización responsable de la
inteligencia artificial en ámbitos sociales y
educativos. Entre ellos, destaca la
Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia
Artificial de la UNESCO (2021), que constituye
el primer marco normativo global destinado a
garantizar que el desarrollo tecnológico respete
los derechos humanos y promueva la
sostenibilidad. De manera complementaria, la
Carta de Derechos Digitales de España (2021)
reconoce principios vinculados a la educación
digital y a la transparencia algorítmica.
Asimismo, el Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea
(2016) regula de forma estricta el tratamiento de
datos personales, lo cual resulta aplicable a los
sistemas de inteligencia artificial que gestionan
información estudiantil. Finalmente, los
Principios de la OCDE sobre Inteligencia
Artificial (2019) promueven la transparencia, la
responsabilidad y la seguridad como ejes
fundamentales en su desarrollo.
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La integración de la inteligencia artificial en la
educación jurídica universitaria abre múltiples
oportunidades que pueden contribuir
significativamente a la calidad formativa de los
estudiantes de Derecho. Una de las principales
ventajas es la personalización del aprendizaje,
ya que las plataformas educativas potenciadas
con IA pueden adaptar los contenidos, el ritmo
de avance y las evaluaciones a las
características individuales de cada estudiante,
incrementando la comprensión de materias
complejas como el derecho constitucional y el
procesal (Ramos, 2024; Creswell y Creswell,
2018). De igual modo, la inteligencia artificial
favorece la investigación jurídica al permitir un
acceso más ágil a jurisprudencia, doctrina y
legislación, reduciendo tiempos de búsqueda y
posibilitando análisis comparados en lapsos
reducidos. Herramientas como ROSS
Intelligence o Harvey AI ofrecen resúmenes y
estrategias legales, aportando un valor
significativo tanto para docentes como para
estudiantes.
Además de estos aportes, la inclusión de la
inteligencia artificial en las dinámicas
educativas fomenta el desarrollo de
competencias digitales que resultan
imprescindibles en el ejercicio profesional
contemporáneo. El mercado laboral demanda
cada vez con mayor insistencia abogados
capaces de manejar datos legales, identificar
sesgos algorítmicos y proponer soluciones
legaltech. Estas habilidades no solo enriquecen
el perfil profesional, sino que también amplían
las posibilidades de innovación dentro del
campo jurídico. Sin embargo, las ventajas
descritas deben ser consideradas en conjunto
con los riesgos que emergen de un uso
desmedido o inadecuado de la tecnología, pues
solo de esta manera es posible diseñar
estrategias equilibradas que potencien sus
beneficios y reduzcan sus amenazas.
Dentro de los riesgos más relevantes se
encuentran aquellos relacionados con la
limitación del pensamiento crítico. Una
dependencia excesiva de la inteligencia
artificial puede inducir a los estudiantes a
replicar resultados automatizados sin
cuestionarlos, lo que debilita competencias
esenciales como la argumentación jurídica y la
interpretación normativa (Pant et al., 2022;
Flick, 2022). A esto se suma la preocupación
por el plagio académico, ya que el uso
inadecuado de generadores de texto ha
incrementado los casos de conductas
deshonestas en el ámbito universitario.
Instituciones como la Universidad de Buenos
Aires han establecido protocolos específicos
para diferenciar el uso legítimo de la
inteligencia artificial de las prácticas que
transgreden la integridad académica.
Finalmente, la privacidad y seguridad de los
datos representan otro desafío crucial, puesto
que las plataformas basadas en IA requieren
grandes volúmenes de información personal
que, en caso de no estar debidamente protegidos
conforme a la LOPDP y el RGPD, pueden poner
en riesgo derechos fundamentales de los
estudiantes.
La educación jurídica en Ecuador enfrenta el
desafío de integrar la inteligencia artificial en
sus procesos formativos sin sacrificar los
valores esenciales de la profesión, entre ellos la
ética, el pensamiento crítico y el compromiso
con la justicia (Pant et al., 2022). La experiencia
internacional ha demostrado que la prohibición
absoluta del uso de estas tecnologías en
entornos educativos resulta ineficaz, por lo que
lo más adecuado es propiciar una integración
regulada que asegure un aprovechamiento
responsable y orientado al fortalecimiento de la
formación profesional. Esta integración debe
comprenderse como un proceso gradual en el
que se garantice tanto la innovación pedagógica
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como la preservación de las competencias
humanas fundamentales en el Derecho. En este
marco, la formación de los futuros abogados
debe incorporar módulos obligatorios de
alfabetización tecnológica y ética legal, donde
los estudiantes adquieran la capacidad de
evaluar la transparencia, la explicabilidad y los
riesgos asociados a las herramientas utilizadas.
Estas competencias no solo permiten un uso
crítico de la inteligencia artificial, sino que
también preparan a los juristas para
desenvolverse en escenarios donde la
tecnología juega un papel decisivo en la
interpretación, aplicación y regulación de
normas jurídicas. Una educación de este tipo
asegura que el estudiante no se limite a
consumir resultados automatizados, sino que
logre cuestionarlos, interpretarlos y
contextualizarlos dentro de un marco ético y
normativo sólido.
La cooperación interinstitucional constituye
otro elemento indispensable para garantizar la
pertinencia de la integración tecnológica en la
educación jurídica. La colaboración con
facultades de informática y con empresas del
sector legaltech representa una oportunidad
para enriquecer los programas académicos y
ofrecer experiencias prácticas en el uso de
herramientas basadas en inteligencia artificial
aplicadas al Derecho. Esta sinergia no solo
fortalece la interdisciplinariedad, sino que
también proporciona al estudiante una visión
más amplia de los retos contemporáneos de la
profesión, al permitirle experimentar de primera
mano los alcances y limitaciones de estas
tecnologías en escenarios reales de análisis y
aplicación normativa. La adopción de
estrategias responsables resulta imprescindible
para asegurar que la implementación de la
inteligencia artificial en la educación jurídica
contribuya a la calidad académica sin
comprometer los principios éticos que rigen la
profesión. Entre estas estrategias destaca el
desarrollo curricular adaptativo, que supone la
incorporación de asignaturas dedicadas a la
intersección entre Derecho y tecnología, con
énfasis en el análisis de jurisprudencia en
materia de inteligencia artificial y derechos
digitales. Asimismo, se requieren políticas
institucionales claras que definan los usos
autorizados, las prohibiciones, las sanciones
aplicables y los mecanismos de supervisión
para garantizar que las actividades académicas
con IA se desarrollen dentro de marcos
normativos adecuados.
De igual forma, la capacitación docente
continua constituye un componente esencial, ya
que la actualización de conocimientos del
profesorado en torno a las competencias
técnicas y éticas relacionadas con la inteligencia
artificial asegura un acompañamiento adecuado
en los procesos de enseñanza. Sin la
preparación pertinente de los docentes, los
riesgos asociados al uso indiscriminado de la
IA, tales como la pérdida de pensamiento crítico
o la dependencia tecnológica, se incrementan
significativamente. Finalmente, resulta
necesario establecer comités internos de
monitoreo y evaluación que revisen
periódicamente los impactos académicos, éticos
y sociales del uso de estas tecnologías en la
formación jurídica. Estos mecanismos de
control permiten detectar a tiempo prácticas
inapropiadas, proponer correctivos y consolidar
un modelo de integración responsable que
combine innovación con valores fundamentales
de la profesión jurídica.
Conclusiones
La sección de Conclusiones en un artículo
constituye una parte esencial para cerrar un
artículo. En esta sección se debe concluir en
forma directa y simple sobre lo encontrado en la
investigación descrita; no se debe discutir nada
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(eso va en la sección de Discusión), no se debe
recapitular el trabajo en forma condensada (eso
va en la sección Resumen), ni se debe presentar
resultados (eso va en la sección Resultados).
Una forma clásica y adecuada, y que muchos
autores(as) prefieren, es escribir una frase de
presentación y luego mostrar las conclusiones
numeradas, como en el siguiente ejemplo. "De
los resultados mostrados, de su análisis y de su
discusión, se pueden obtener las siguientes
conclusiones, sobre la nueva técnica de análisis
de hidrocarburos combustibles: 1) la
característica principal de la metodología
empleada, radica en una reducción significativa
del tiempo de análisis; 2) la técnica propuesta es
fácil de utilizar, ya que basta con seleccionar las
señales adecuadas del espectro infrarrojo e
introducirlas en el modelo presentado; 3) los
resultados del nuevo método y los obtenidos por
la técnica estándar ASTM D1 319 son
comparables dentro de intervalos
estadísticamente aceptables; y 4) la
metodología empleada en las muestras
analizadas puede ser ampliada a otras mezclas
de hidrocarburos".
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